En vísperas de una conferencia que definiría la política del nuevo gobierno de Trump sobre Centroamérica, 37 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron un enfoque de derechos humanos y en las causas profundas en la migración centroamericana.
En cambio, la “Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica” culminó con recomendaciones discursivas, centradas en tres ejes: mejorar las condiciones para la inversión extranjera en el Triángulo Norte, endurecer las fronteras, y lanzar operativos policiacos/militares contra la migración y el narcotráfico, que para los gobernantes y militares presentes vienen siendo prácticamente lo mismo.
La reunión dio lugar a una reafirmación de algunas de las peores políticas de Obama en la región, con un toque Trumpeano. Los derechos humanos ni siquiera estuvieron sobre la mesa.
La carta de los y las Congresistas estadunidenses instó a un cambio inmediato en la política de Estados Unidos, afirmando: “Se ha puesto de manifiesto que sin cambios significativos en la política estadounidense para abordar las causas de la migración en Centroamérica seguirá siendo ineficaz una política de mero intento de impedir que la gente abandone la región, por no hablar de inhumano”. En su lugar, la conferencia dio más de lo mismo, y lo aumentó.
El gobierno mexicano fue co-anfitrión del evento con el gobierno de EEUU, en otro intento de caer en la gracia de Trump antes de las negociaciones del TLCAN. El secretario de Seguridad Interior y ex comandante del Comando Sur, el general John Kelly, dirigió el programa, con el vicepresidente Mike Pence, Sec. de Estado Rex Tillerson, y el Pentágono jugando papeles clave, especialmente tras bambalinas. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el presidente guatemalteco Jimmy Morales, el vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz, observadores e inversionistas participaron con cierta trepidación, en el contexto de importantes recortes a la ayuda estadounidense a la región y el temor de que su pueblo sea deportado y su estatus migratorio temporal (TPS) sea rescindido.
Las vagas declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional hablan de los programas “blandos” de la estrategia estadounidense de la guerra contra las drogas en la región, como la capacitación de elementos policiales y judiciales en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), y la necesidad de aumentar la infraestructura y la integración regional.
El “lado duro” se habla principalmente en eufemismos, pero está muy concentrado en la intensificación de medidas fronterizas dirigidas a detener a las personas inmigrantes. El lenguaje sensacionalista sobre poner fin al narcotráfico, no se dirige a lo que son las amenazas más apremiantes a la sociedad estadounidense. La cocaína es traficada a través de Centroamérica, pero el consumo de cocaína en los Estados Unidos se ha mantenido estable en los últimos años y causa solo la mitad de muertes que la heroína y una fracción de las causadas por los medicamentos legales recetados. Además, todos los estudios apuntan a la inutilidad de abordar el problema del uso de drogas tratando de desmantelar los cárteles en el campo. El modelo militarizado no sólo no funciona, sino desvía fondos necesarios para el tratamiento y la prevención en los Estados Unidos y provoca regresiones en la transición democrática y el estado de derecho en los países remilitarizados.
Eso ya se ve en México. Los miembros de la Cámara de Representantes expresaron su preocupación por los abusos a los derechos humanos en México a través del Plan Frontera Sur, citando “asesinatos ilegales, torturas y desapariciones” por parte de la policía y el ejército mexicanos. Un reporte de Reuters, que recibió notas internas de Estados Unidos sobre la conferencia, dijo que un objetivo importante era aumentar el papel de México en la detención de migrantes en su frontera sur.
La carta del Congreso señala que las deportaciones de centroamericanos de México se duplicaron entre 2013 y 2015, lo que generó preocupación por la violación de los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo. Destaca que los retenes militares y la presencia de fuerzas de seguridad ha forzado a migrantes a zonas remotas y peligrosas, lo que ha provocado un aumento de los ataques. También cita estudios que muestran que hasta el 60% de las mujeres y niñas que migran a través de México son agredidas sexualmente y el 68% de los migrantes sufren ataques violentos. Por último, los congresistas destacan la importancia de que México cumpla plenamente con las normas y leyes internacionales de derechos humanos relativas a los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo.
La reunión en Miami obvió los derechos humanos y los derechos de los refugiados. Parece que no hubo discusión de los abusos gubernamentales como resultado de intensas operaciones conjuntas para detener los flujos migratorios a los Estados Unidos, particularmente por las fuerzas de seguridad mexicanas y cada vez más de las fuerzas centroamericanas encargadas de controlar la emigración de su propio pueblo.
En cambio, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur donde se llevó a cabo la parte de seguridad de la reunión, justificó el enfoque militar contra la delincuencia y la migración, señalando que la amenaza del crimen organizado “borra las líneas entre la policía y la defensa nacional.”
El Departamento de Seguridad Interior enfatizó la necesidad de una guerra renovada contra las drogas, usando un lenguaje ominoso para confundir los flujos migratorios con el contrabando:
“Sin preocuparse por la vida humana, las organizaciones criminales transnacionales mueven todo y cualquier cosa a través de sus oscuras redes, incluyendo armas, mercancías falsificadas, y personas traficadas. Desempeñan un papel importante en la epidemia norteamericana de drogas. Esto cobró más de 60.000 vidas en 2016, el nivel más alto de la historia”. Kelly convenientemente omitió mencionar el hecho de que la mitad de las muertes por sobredosis de opioides son de medicamentos recetados por los Estados Unidos.
Al definir los patrones migratorios como parte de las redes ilegales y el contrabando de personas como sinónimo de tráfico de drogas, pero con hombres, mujeres y niños como producto prohibido, la migración entró en el debate como parte del lanzamiento de esfuerzos internacionales para eliminar el crimen organizado. Los “entregables” de la conferencia enumerados por el Departamento de Estado incluyen:
“Los líderes del Triángulo del Norte se comprometieron a apoyar un observatorio de migración apoyado por los Estados Unidos para estudiar y compartir información sobre los flujos migratorios regionales y se comprometieron a explorar la creación de protocolos de alerta temprana sobre el movimiento de drogas, armas, dinero y otros bienes ilícitos. ”
La redacción está diseñada para parecer neutral, pero la yuxtaposición de las dos oraciones es reveladora. La represión de la migración está incluida en la represión de las redes. La ironía es que fue la seguridad reforzada en las fronteras – junto con la falta de reforma migratoria y mecanismos para la movilidad laboral – lo que obligó a los migrantes a recurrir al crimen organizado para el tránsito.
Las organizaciones que trabajan para apoyar a los migrantes ya conocen las cambiantes rutas y flujos migratorios. Un observatorio intergubernamental seguido de “protocolos de alerta temprana” se traduce en un mayor monitoreo y represión de los migrantes.
La lista de “entregables” de la reunión también promete:
“Los gobiernos regionales acordaron explorar las mejoras a la seguridad fronteriza -tanto marítima como terrestre- a través de la cooperación transfronteriza, y para dirigirse contra las organizaciones de tráfico de drogas y las redes de tráfico de personas las redes que trabajan en Centroamérica. Los gobiernos del Triángulo del Norte también acordaron aumentar la coordinación interna entre las instituciones nacionales en los principales puertos de entrada para mejorar los esfuerzos para detectar y decomisar el contrabando, disuadir el contrabando y la trata de personas y mejorar la seguridad regional.”
Aquí el lenguaje juega un papel clave: “Mejoras” es una palabra bonita para las patrullas de militares y policías armados y el equipo de vigilancia estilo gulag. Y el “contrabando humano” es ahora la forma en que los gobiernos hablan del intento desesperado de los seres humanos de huir de la violencia y el hambre y encontrar un lugar donde puedan vivir en paz y criar a sus familias.
La conferencia concluyó con el doble mensaje de que el mercado libre mágicamente mantendrá a las personas en casa a pesar de haber hecho exactamente lo contrario durante los últimos veinte años y que, una vez en el camino, los migrantes son meramente los bienes de redes de tráfico criminal que deben ser atacados en todos frentes.
