El 31 de agosto de 2018, el presidente de Guatemala Jimmy Morales, un cómico de profesión, acompañado de su gabinete y de los altos mandos del ejército, convocó a una conferencia de prensa en donde anunció de manera unilateral que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que a partir del 3 de septiembre de 2019 cesaban sus funciones, constituida mediante un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas en 2006.
La CICIG cumplía con su mandato de acabar con la impunidad y desarticular los cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos, pero a pesar del apoyo internacional y del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no pudo contra el poder de la millonaria elite guatemalteca y en septiembre pasado, fue obligado a terminar su trabajo después de 12 años de labores. Sin embargo, dejó una herencia invaluable, de profundas investigaciones, que junto al Ministerio Público le permitieron llevar a los tribunales a un buen grupo de los intocables. Su trabajo evidenció, además, como la inequitativa situación que viven aproximadamente nueve millones de guatemaltecos que se debaten entre la pobreza y la pobreza extrema, es consecuencia de la cooptación que las elites políticas-económicas lícitas e ilícitas han hecho del Estado guatemalteco, el cual han convertido en una institución a su medida y la han reducido a un botín para su enriquecimiento. El mismo presidente Morales fue investigado por la CICIG y acusado por presunta financiación ilícita durante su campaña, mientras que su hijo y su hermano fueron llevados a los tribunales por fraude al estado por unos $26,000.
Esta toma del Estado y de sus tres pilares—el ejecutivo, legislativo y judicial—a través de las elites políticas y económicas de Guatemala también se replica en los países vecinos, eso explica porqué la firma de los acuerdos de paz en la región centroamericana, en la década de 1990, contrario a lo esperado, trajo consigo el inicio de un éxodo masivo de personas de todas las edades, especialmente de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ese éxodo silencioso y que nadie quiso observar, ha desembocado en la actual crisis humanitaria que vive la frontera entre México y los Estados Unidos que se hizo público en la caravanas iniciadas en octubre de 2018, en donde miles de mujeres, adolescentes, niños y niñas abandonaron sus lugares de origen para intentar llegar, por cualquier medio posible, a los Estados Unidos.
Por un lado, los países centroamericanos poseen poblaciones culturalmente diversas y una riqueza en recursos hídricos, minerales y naturales, pero por el otro lado, son países en donde se ha enraizado una extendida corrupción e impunidad que ha reinado en alianza con el capital tradicional y con capitales emergentes, cada vez más representado en diferentes aristas del crimen organizado, haciendo la vida insostenible para las familias y las y los jóvenes que deciden no aliarse o trabajar para ellos. Además, son países que se caracterizan por una desmedida concentración de la riqueza. En el caso de Guatemala, para el año 2010, el 10 por ciento de la población obtenía el 43.4 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, mientras el 20 por ciento más pobre sobrevivía con el 2.9 por ciento del PIB pero para el 2014 el 10 por ciento de la población llegó a concentrar el 45 por ciento de la riqueza. Un informe de Oxfam del 2016, presentado en 2017 en Guatemala, señala que solo 260 personas concentran 30 billones de dólares.
Lo anterior evidencia el incremento de la concentración de la riqueza en alrededor de 14 corporaciones familiares, ubicándolo como uno de los países más inequitativos solo superado por países africanos. Esta realidad ha obligado a las mayorías pobres a emigrar, aunque simultáneamente también se expulsa a los mejores profesionales, que en cuanto pueden se marchan de Centroamérica.
En Guatemala las viejas y nuevas elites se enriquecieron alrededor del presupuesto general de la nación. Este se convirtió en el principal botín, que terminó siendo controlado por pequeños sectores que excluyeron a las mayorías y generó la agudización de la pobreza y la pobreza extrema que recae principalmente en los pueblos indigenas.
Así el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en diciembre de 2015, que la pobreza aumentó 8.1 puntos porcentuales, llegando a 59.3 por ciento en relación a los datos obtenidos en 2006, y la pobreza extrema nacional se incrementó del 15.3 por ciento en el 2006 a 23.4 por ciento en el 2014. Se estima que actualmente la pobreza nacional afecta a 9.6 millones de guatemaltecos de un total de 16 millones. O sea, cerca del 60 por ciento del total de la población nacional es pobre, de los cuales 3.7 millones viven en extrema pobreza mientras la pobreza general se encontraba para 2016 en el pico más alto de los últimos 15 años.
La CICIG y el combate a la corrupción
El impacto de la corrupción fue destruir vidas, instituciones y devorar lentamente al país. Ante esto no fue extraordinario que la población guatemalteca de diferentes condiciones sociales se indignara a partir del 16 de abril de 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, reveló una defraudación millonaria de impuestos, encabezada por el Secretario Privado de la Vicepresidenta de la República, Juan Carlos Monzón, que llevaría meses más tarde a acusar al Presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la Vicepresidenta Roxana Baldetti a renunciar y a ser sometidos a los tribunales.
Así la CICIG, que fue establecida por Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2007, ante el nivel de impunidad del país, que supera el 97 por ciento, pasó de ser una de las instituciones más respetadas a ser un ente desconocido en cuanto a sus funciones.
La CICIG a partir de 2013, a cargo del jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, tuvo la responsabilidad de revelar más de 60 complejas líneas criminales que operan en Guatemala. La revelación no pudo ser más inoportuna para el gobierno y oportuna para los ciudadanos en 2015, cuando la CICIG se encontraba a punto de ser cancelada ya que su mandato expiraba en septiembre de ese año. Ante esto, el gobierno de Pérez y Baldetti había sido explícito en afirmar que no renovaría el mandato, al mismo tiempo que minimizaba los logros de la Comisión. El haber revelado la existencia y forma de operación de esta estructura de defraudación aduanera liderada por el propio ejecutivo a cargo de Pérez Molina, fue la pólvora para que diversos sectores se levantaran y protestaran de manera pacífica y multitudinaria en 2015. Hasta el día de hoy no se conoce con exactitud la cifra de lo robado por y en el gobierno de Pérez Molina, los gobiernos anteriores y el actual de Jimmy Morales que fue finalmente el que se negó a ampliar el mandato.
El robo de Pérez y Baldetti puesto en los ojos públicos creó gran indignación en la sociedad guatemalteca, que permitió momentáneamente, de abril a septiembre de 2015, que se hicieran menos confrontadas las divisiones de clase y bajara la tensión respecto a las complejas relaciones étnicas entre la población indígena que vive en el interior y la poblaciones ladinas urbanas. Se realizaran movilizaciones masivas en donde participaron brevemente algunas autoridades indígenas, representantes de organizaciones, lideresas y líderes de algunos pueblos y comunidades al conocer de las estructuras paralelas de corrupción liderada por Pérez y Baldetti.
Las manifestaciones demandaban la renuncia de la Vicepresidenta de la República, Baldetti, la cual se logró a dos semanas de iniciadas las movilizaciones, el 8 de mayo, posteriormente, varios miembros del gabinete de gobierno empezaron a renunciar o fueron removidos por haber sido señalados en investigaciones de acciones corruptas. El Presidente Otto Pérez se aferró al cargo casi cuatro meses pero dependió de un hilo, sostenido por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y de la Embajada de los Estados Unidos. Finalmente, ante los graves señalamientos generados de las investigaciones Pérez dejó el poder el 2 de septiembre de 2015.
Historia de la corrupción
En el caso de Guatemala, la escandalosa corrupción se remonta a la época colonial (1524-1821), pero propongo centrarnos en la época reciente con el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) cuando a la corrupción se le abrieron, casi totalmente, las puertas y fue respaldada con los actos de terror ejecutados durante el conflicto armado, especialmente los de la década de finales de 1970 y principios de 1980 que tuvieron el efecto que los regímenes esperaban. Por ejemplo, “el 21 de mayo de 1981, el profesor de Medicina Arturo Soto Avendaño fue secuestrado cuando se dirigía al lugar en el que supuestamente su padre había sufrido un accidente de tránsito.
Tres días después su cadáver fue arrojado en la entrada de la Ciudad Universitaria, con señales de tortura y cinco balazos en la cabeza.” Con él sumaban más de 150 asesinados entre estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ante este nuevo asesinato, “unas horas más tarde, el decano de la Facultad recibió cartas de más de 50 catedráticos, en las que presentaban su renuncia o pedían permiso para ausentarse de sus labores. Casi el 30 por ciento del cuerpo docente se retiraba amedrentado y, en pocos días el mismo decano, Rolando Castillo Montalvo, dejó su cargo.”
Entonces, el asesinato de dos generaciones de mujeres y hombres, líderes, intelectuales, profesores, políticos preparó el espacio para el ingreso de las redes de corrupción que, abusando del poder, sobornando y pervirtiendo, tomaron desde la universidad estatal hasta el resto de instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Llegaron a corromperse hasta los sindicatos, que en la época más cruenta fueron perseguidos, pero que luego de la firma de la paz (1996) se convirtieron en negociadores y operadores. O sea, el sistema político e institucional se fue construyendo alrededor de esquemas corruptos que no llegaban a tocar fondo a pesar de que estaba incrustadas en las diferentes expresiones de la vida diaria y que afectaba a todos los pueblos, las clases sociales y espacios geográficos del país.
En Guatemala, para nadie es un secreto que para ser atendido en cualquier institución publica hay que pagar o tener contactos que permitan la atención, por ejemplo, para recibir cuidados de salud en el área de emergencia o para obtener una de las pocas 200 camas en cualquiera de los 7 hospitales especializados que existen en el país (cuatro en la capital, 1 en Quetzaltenango, 1 en Sacatepéquez y 1 en Izabal). Sin importar el estado de salud en el que se llegue, hay que conocer a alguien que trabaje dentro para recibir servicios médicos estatales, de lo contrario se muere en los pasillos. Para gestionar cualquier servicio en las municipalidades de las principales ciudades del país, hay que “dar mordida” a los encargados de las diferentes áreas si se desea que el trámite se realice normalmente, de lo contrario, debe esperarse entre 12 a 18 meses para que la solicitud sea atendida.
De igual manera, para aplicar a una plaza en cualesquiera de los 14 ministerios que posee el Estado o dentro del Congreso no se necesita mostrar capacidad ni credenciales técnicas, y menos experiencia en el área. Un caso son los contratos bajo los renglones 029 y 022 del Congreso sobre los empleados temporales en donde el exdiputado de partido oficial y ex-presidente del Congreso (2012-2013), Gudy Rivera Estrada, tenía a su servicio 24 plazas, entre ellos siete asistentes, con salarios de un promedio de $1,500.00 mensuales y varios de estos trabajadores nunca se presentaron a trabajar.
Lo anterior evidencia que lo que se requiere para conseguir trabajo en Guatemala es afiliación al partido político que llega al gobierno, o en todo caso tener contactos de alto nivel que van desde acceder a las y los diputados distritales hasta el gobernador departamental para gestionar una posición, y estar dispuesto a dar un porcentaje mensual del salario que va entre un 10 a un 20 por ciento al partido o al político que logra la plaza. Ante esto, la mayoría de burócratas llegan a cargos en donde saben poco de la temática. En parte, esta política de venta y compra de cargos es lo que ha provocado la ineficacia del Estado de Guatemala. De igual manera, las mujeres de cualquier edad, pero especialmente las jóvenes, se ven acosadas y presionadas en muchos casos a ceder favores sexuales a cambio de un empleo.
Así, desde el siglo pasado, el Congreso de la República se convirtió en el principal gestor de empleos en toda la república. Estos procesos de corrupción han fortalecido los cacicazgos nacionales y regionales, con el agravante de que temporalmente endiosan a las y los diputados, quienes se convierten en los servidores públicos con más poder nacional que les facilita la miseria y la corrupción. En los departamentos, pasó a ser una estampa normal ver filas de personas afuera de las viviendas u oficinas de los viejos o nuevos funcionarios, quienes con curriculum en mano y copia de su afiliación al partido en el gobierno, llegaban solicitando empleo para ellos o sus familiares. A tal grado llegaban las demandas de plazas que algunos diputados colocaban rótulos en sus residencias pidiendo que toda solicitud de plazas se realizara directamente en las oficinas departamentales correspondientes y ya no a través de ellos o ellas. De hecho, si se revisaran las plazas públicas asignadas de 1986 a la fecha, que es el inicio de la “era democrática”, se podría obtener datos que mostrarían el porcentaje de puestos que se entregaron por afiliación política y no por capacidad técnica o profesional.
Además, los diputados guatemaltecos, desde hace tiempo han dejado de lado la responsabilidad de legislar para la población y se han convertido en los principales gestores de construcción en el interior del país y para no perder oportunidades de enriquecimiento, crearon sus propias ONG’s que terminaron siendo administradas por sus familiares o amigos, creando así nuevas elites nacionales y locales alrededor de las ganancias que generan las empresas constructoras, cuya objetivo ha sido enriquecerse en el menor tiempo posible con fondos públicos sin importar la calidad y menos la utilidad de las obras. Ante esto, ha sido normal ver que cada vez más las carreteras principales del país se reducen, desde las que se construyen en la capital hasta las del interior del país, y carecen de controles o estudios mínimos en áreas peligrosas en donde no existe semana en que no ocurran accidentes y pérdidas de vidas humanas.
Para los Pueblos Indígenas, es el Estado urbano y ladino el que atraviesa y con sus políticas toca sus vidas cotidianamente, obligando a los más pobres y rurales, especialmente a los niños y adolescentes, a que abandonen sus tierras y opten por intentar llegar a los Estados Unidos. Aunque esto pudiera implicar perder la vida en el intento, total, si ya no tienen esperanza en sus lugares de origen, igual da perder la vida en el intento por alcanzar una vida diferente.
Incapacidad de consolidar un liderazgo nacional
Como producto de los procesos de corrupción y fragmentación impulsado por los partidos políticos, las empresas trasnacionales, las iglesias, el sector privado y el Estado mismo, al momento de la caída de Perez y Baldetti, los pueblos indígenas, el pueblo ladino, mestizo y guatemalteco en general no tenían consolidado un liderazgo nacional que estuviera preparado para articular, negociar y conjugar sus complejas demandas rurales y nacionales en favor de un nuevo proyecto de país, de la defensa de sus vidas, tierras y territorios.
Por eso, siguió a Pérez Molina el gobierno liderado por Morales y su gabinete, que se dedicó desde que tomaron posesión en 2016 hasta septiembre de 2019 a desmantelar a la CICIG. Morales y las elites tradicionales y emergentes crearon un “pacto de corruptos” en septiembre de 2017 en donde participaron funcionarios del ejecutivo, legislativo y judicial, miembros de las elites, políticos y operadores, quienes extendieron sus brazos hasta Washington y el Parlamento Europeo, en donde se dedicaron a realizar lobby que permitiera el cese al apoyo financiero y al mandato de la CICIG en septiembre de 2019. A pesar de frontal apoyo del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la CICIG no pudo sostenerse porque Morales, junto a las elites nacionales, pactó con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de respaldar decisiones que beneficiaran a Trump, como el traslado de la Embajada de Israel a Jerusalén, y convertir a Guatemala en un tercer país seguro para encarcelar a centroamericanos, entre otros apoyos concretos.
Como indica Elisenda Calvet en un análisis de la CICIG, el día que Morales anunciara la no renovación del mandato de la CICIG, recibió una llamada de Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU “manifestando su apoyo al gobierno guatemalteco”, lo cual evidencia que hubieron negociaciones no públicas entre ambos gobiernos y sus presidentes Trump y Morales para desmantelar la CICIG. De haber sido al revés, si EE.UU hubiera apoyado a la CICIG, ésta aún estuviera operando.
Con el fin de la CICIG, pierden las mujeres y hombres honestos, los trabajadores públicos que cumplen, los políticos y funcionarios que han dado su vida por construir otro país, los empresarios que invierten y realizan sus responsabilidades, los pequeños y medianos inversionistas que no se dan por vencidos a pesar de que no pueden competir con los corruptos monopolios, los estudiantes y los trabajadores del campo. Esta fue una oportunidad histórica, respaldada por el 70 por ciento de la población de Guatemala, para realizar una revolución, sin violencia, y sin duda se recordará como hoy se conmemora la Revolución de Octubre de 1944. El trabajo del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez (2013-2019), de las fiscales del Ministerio Público Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018) será un modelo ejemplar a seguir.
Al concluir la CICIG, el mundo centroamericano aprendió que no hay intocables en ningún sector y que las redes económicas y políticas—lícitas e ilícitas— son realmente las responsables de la pobreza, la pobreza extrema y de la imparable migración en que se debate la población guatemalteca.
