“Me siento muy feliz…” dijo Alba Lorena Rodríguez, una de las tres mujeres liberadas el 6 de marzo por las autoridades de El Salvador tras pasar años en la cárcel por un caso que se manejó como aborto. Entre lágrimas y alegría, habló mientras se preparaba para salir del reclusorio de mujeres, horas antes de que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Ella, al igual que María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez–las otras dos que también recuperaron su libertad–sufrieron complicaciones extrahospitalarias que derivaron en la muerte de sus bebés durante los partos y sus casos fueron manejados como abortos y fueron condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel por homicidio.
Las mujeres fueron liberadas el jueves, en cumplimiento a una orden de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Según esta resolución, estas mujeres estaban pagando penas “desproporcionales e inmorales”.
El tribunal que aprobó la liberación de las mujeres, también señaló que las tres, “han vivido en condiciones sociales, económicas y familiares inadecuadas” y que sus familias también fueron afectadas con sus condenas, pues “el aporte económico de estas mujeres es fundamental” para ellos.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, compartió la opinión de la Corte Suprema y además dijo, que cuando las mujeres fueron condenadas, el sistema de justicia no tomó en cuenta algunas circunstancias, como la falta de acceso al sistema médico a la hora de emitir su veredicto. La mayoría de casos como estos son mujeres de escasos recursos, con poco acceso a educación, salud y además son de la zona rural del país.
“La razón fundamental son criterios de justicia y de moral. Compartimos el criterio de la Corte Suprema de Justicia, porque no se tomaron en cuenta las situaciones particulares, de total vulnerabilidad, a la hora de valorar y establecer la pena a la que fueron condenadas estas mujeres”, dijo el funcionario salvadoreño.
Morena Herrera de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, organización que acompaña casos de mujeres condenadas por aborto, celebró la decisión de las autoridades salvadoreñas.
“Una mujer que es consideraba sospechosa de aborto es condenada inmediatamente, porque en el país este señalamiento es suficiente para que las salvadoreñas pierdan la presunción de inocencia. Las mujeres llegan al sistema judicial con el estigma de que abortan y la Fiscalía las acusa por homicidio agravado”, explicó Herrera.
Según datos de la organización que dirige Herrera, desde 2009 hasta la fecha, 33 mujeres, condenadas por casos similares a los de estas tres mujeres, que se manejaron como aborto, recuperaron su libertad y otras 20 aún están en prisión por condenas injustas como estas. “Vamos a seguir en la lucha para que no tengamos mujeres en la cárcel por una ley injusta, que violenta sus derechos”, enfatizó la feminista.
Además del apoyo de las organizaciones sociales feministas, que siguieron la causa, para que la Corte Suprema avalara la libertad, las mujeres cumplieron con los requisitos de buena conducta, de participar en programas de reinserción social y de actividades para aprender un oficio.
“Yo me encerraba para no tener problemas, presenté buena conducta y participé en los programas de Yo Cambio, a eso me dediqué para aprender por nueve años. Estuve en un curso de solución de problemas y eso me ayudó mucho a mantenerme”, dijo Lorena Rodríguez, antes de cruzar la puerta de la cárcel para recuperar su libertad.
Afuera del penal de mujeres, muy cerca de la capital, familiares y amigos de las tres esperaban entre lágrimas de alegría y porras, pues las tres han pasado entre 11 y nueve años en la prisión por lo que muchos consideran una condena injusta. “Ellas son libres, ellas son libres, nos faltan muchas, pero hoy ellas son libres”, vitoreaban.
Los casos de estas mujeres sentenciadas por aborto son en su mayoría, mujeres de escasos recursos y de la zona rural del país. Cuando ellas llegan a los hospitales del sistema de salud pública salvadoreño son tratados como posibles casos de aborto provocado aunque hayan sido espontáneos y por lo general son condenadas por la opinión pública antes de llegar al sistema de justicia.
En El Salvador, el aborto es castigado con penas de ocho y diez años de cárcel. El año pasado, el partido de derecha propuso modificar las condenas hasta por 50 años. Mientras tanto y sin el apoyo suficiente, el partido de izquierda, pidió que se eliminara el castigo penal por aborto,en casos de violación o estupro.
En los últimos 10 años, unas 28 mujeres pobres de la zona rural del país que sufrieron complicaciones en las últimas semanas de su embarazo y que además tuvieron partos extrahospitalarios fueron condenadas hasta por 40 años de cárcel por homicidio y sus casos fueron manejados como casos de aborto.
La liberación de las tres mujeres representa una gran victoria para ellas y para las organizaciones feministas y de derechos humanos.
