Por Andrea Medina Rosas y Laura Carlsen
México enfrenta una fuerte crisis humanitaria, y en materia de derechos humanos. Más de cincuenta mil muertos es el saldo de la “guerra contra el narco” del Presidente Felipe Calderón, en solo cinco años. Miles más han sido desplazados, heridos, desaparecidos o han quedado huérfanos. La sociedad mexicana se divide entre los que desde el miedo respaldan a la ofensiva militar para enfrentar el caos, y los que creen que esta ofensiva es por lo menos en parte, la causa del caos. El gobierno calderonista, con el apoyo financiero y político del gobierno de los Estados Unidos, rechaza cualquier crítica o alternativa a la guerra, a pesar de que el costo político del fracaso podría ser muy alto en las elecciones presidenciales de 2012.
La crisis de la violencia ha dejado a la vista una crisis más profunda y más arraigada, que es la crisis institucional. Mientras se cometen miles de crímenenes en el contexto de la guerra y los conflictos entre las cárteles de la droga, el sistema de justicia no logra llevar a sentencia a los culpables en la gran mayoría de los casos. La corrupción, siempre presente, ahora amenaza con sabotear cualquier intento para controlar la situación.
Aunque ahora existe un movimiento para la paz en el país que busca justicia para los y las victimas, dialoga con el gobierno, y exige un fin a la guerra, el número de nuevos casos de violaciones de derechos humanos supera por mucho su capacidad de atenderlos. Los aspectos de género en esta crisis no son visibilizados, a pesar del enorme incremento en la violencia sexual. Las mujeres siguen siendo una proporción relativamente pequeña de los víctimas, sin embargo, son la mayoria de las personas que denuncian, que buscan justicia por la pérdida de sus seres queridos. Estas defensoras se vuelvan blancos, sin efectivas medidas de protección ni apoyo. En sus casos, como en todos, la falta de voluntad política y capacidad institucional es el contexto en que crece la impunidad.
Se resaltan tres elementos útiles para comprender la situación de las defensoras de derechos humanos en México:
1) Instituciones fallidas, corrupción e impunidad. Aunque México no vivió los conflictos armados y las dictaduras militares como otros países de la región, sus instituciones democráticas y de justicia se encuentran débiles e incompletas para cumplir con sus obligaciones. Esto es resultado de 71 años de partido único autoritario (1929-2000) en el poder y la persistencia del sistema de corrupción y de uso de las instituciones del Estado para los intereses de quienes se encuentran en el poder, ya sea institucional, económico o fáctico.
El sistema de la administración de justicia deja impune el 98% de los delitos cometidos, incluyendo los que no se reportan por la falta de confianza en el sistema de justicia, los que no están investigados por las autoridades, y los que no llegan a una condena efectiva. Esta situación propicia la comisión de crímenes políticos, del crimen organizado, de delincuencia común y de género–sin acceso a la justicia, sin castigos y sin transparencia.
La situación es peor aún para las mujeres debido a los sesgos discriminatorios por sexo, clase, etnia y edad (ver abajo). A la discriminación, se suma la falta real de recursos para dar respuesta a las violaciones a derechos humanos. Si antes las instituciones de procuración y administración de justicia estaban limitadas en recursos y capacidades humanas ante la demanda que existía, actualmente en el contexto de la violencia de la guerra contra el narcotráfico están más que rebasadas.
2) Feminicidios, violación de derechos humanos y simulación. Un antecedente importante es el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciados desde el año 1993, caso emblemático, tanto por tratarse de crímenes de género con características comunes de tortura y violencia sexual extremas, como por ser un ejemplo del grave problema de impunidad en México por la falta de voluntad política para investigar y resolver los feminicidios.
En este caso y otros, el gobierno mexicano ha profundizado una manera sofisticada de incumplir sus obligaciones en derechos humanos—“la simulación”—en que realiza acciones formales que publicita desproporcionadamente con el fin de aparentar cumplir con sus obligaciones, tanto internacionales como nacionales, pero en realidad esas acciones no se traducen en un cambio sustantivo de la realidad que mantiene violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera, a pesar de las recientes reformas constitucionales en derechos humanos y que México ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre la materia, la aplicación de la ley es totalmente deficiente debido a la falta de voluntad política en los tres niveles de gobierno.
3) Violencia generalizada y de género en “la guerra contra el narcotráfico”. A partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 por el Presidente Felipe Calderón y promovido por el gobierno de los Estados Unidos, con el despliegue de unos 45,000 miembros de las fuerzas armadas en las calles, la violencia ha aumentado a niveles alarmantes: 50,000 homicidios y miles de desplazados/as y desaparecidos/as. El registro de quejas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad se ha aumentado en 600%. La militarización presenta nuevas amenazas y riesgos adicionales a mujeres defensoras de derechos humanos, sobre todo en regiones indígenas, en el norte del país y en otras zonas de conflicto agudo. Se han denunciado múltiples casos de violación sexual, abuso y asesinato atribuidos a las fuerzas armadas, además de asesinatos y abusos atribuidos a las cárteles de la droga.
II. Descripción de los problemas actuales
Las defensoras de derechos humanos en México enfrentan condiciones de amenazas y grave riesgo para llevar a cabo su trabajo y sostener su seguridad e integridad personal. Los responsables principales de tales agresiones son el Estado con sus autoridades y fuerzas de seguridad, los grupos conservadores, los medios de comunicación y los grupos criminales. Los desafíos para la protección de las defensoras implican garantizar su seguridad inmediata a través de sus propias redes sociales y civiles -pues no es posible confiar para ello en las instancias públicas y del Estado- y, al mismo tiempo, exigir y fortalecer el Estado democrático y de derecho para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la integridad y la seguridad de los y las defensoras. Se destacan tres aspectos:
1. Impunidad. A la falta de debida investigación de los casos de violaciones a derechos humanos y de amenazas y violaciones a derechos de las propias defensoras, se suma que no hay sanción, ni reparación alguna por los daños, ni programas de prevención. Estos hechos, bajo la responsabilidad de las autoridades, sostiene que particulares –ya sean empresas, crimen organizados o personas conocidas- continúen e incrementen la violencia contra las mujeres y las defensoras, en clara colusión con las autoridades. Para realizar el trabajo de las defensoras de derechos humanos con mayor seguridad y eficacia, es urgente poner fin a la impunidad, pues sostiene la cadena de violencia contra ellas por exigir justicia y, muchas veces se extiende contra las familias de las víctimas y de ellas.
En alarmante contrapartida de la impunidad de las violaciones de derechos humanas y contra defensoras, se ha incrementado el uso del sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar la movilización social y el trabajo de muchas defensoras y defensores de derechos humanos para reprimirlos.
2. La cultura de discriminación contra las mujeres. La Corte IDH ha sido clara en varias de sus sentencias contra México en afirmar que si existe violencia contra las mujeres, es porque el Estado mexicano a través de sus autoridades, sostiene una cultura de discriminación contra las mujeres. Esta discriminación se exacerba contra mujeres indígenas, jóvenes, migrantes, pobres, lesbianas y contra aquellas que exigen justicia. También sobresalen mayores ataques contra aquellas defensoras que defienden derechos de las mujeres ligados a su sexualidad y reproducción. Aquellas que promueven el derecho a decidir libremente la maternidad y las que defienden a mujeres encarceladas por abortar están siendo atacadas de manera grave por grupos conservadores, así como aquellas que defienden los derechos a la diversidad sexual. La discriminación está presente todavía en leyes y reglamentos, pero sobre todo en prácticas que las autoridades realizan y que tienen por resultado la falta de acceso a la justicia y la preservación de una cultura misógina.
Este aspecto es importante pues en el contexto actual, quienes exigen justicia, buscan a sus familiares y denuncian a los responsables de violaciones a derechos son mayoritariamente mujeres. Son las madres, hermanas, esposas, hijas que están convirtiéndose de manera emergente en defensoras.
3. La falta de una política pública real y efectiva de promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado mexicano.
La situación actual de militarización de amplias zonas del país, así como de vacío del Estado en otras, deja en claro que las acciones realizadas sobre derechos humanos son aisladas, no se coordinan entre los tres niveles de gobierno, ni entre las diversas instancias y poderes. La ciudadanía poco conoce sus derechos y el funcionamiento de las instituciones para hacerlos valer, socialmente hay poca promoción y apoyo a los derechos humanos; peor aún, existe una campaña desde el poder para vincular el trabajo de las y los defensores de derechos humanos a la protección de la delincuencia. Las pocas garantías que se han construido desde las autoridades para dar protección a quienes defienden los derechos humanos, como las medidas cautelares, son inútiles pues no hay presupuesto para implementarlas, y no se coordinan las instituciones para realizarlas.
III. Casos emblemáticos
1. Josefina Reyes: Dirigente social del Valle de Juárez, Chihuahua que luchó por la paz y denunció violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas enviadas a la zona como parte de la guerra contra el narcotráfico. Fue asesinada el 3 de enero de 2010. Después del asesinato, su familia seguía con su trabajo y buscando justicia; varias personas de su familia han sufrido amenazas, agresiones e incluso han sido asesinados: Rubén Reyes (asesinado previamente); María Magdalena Reyes, Elías Reyes y Luisa Ornelas (asesinados en febrero de 2011); Sara Salazar y Saúl Reyes (madre y hermano de Josefina) y un sobrino suyo recibieron amenazas y la quema de su vivienda. Ninguno de los crímenes han sido resueltos.
2. Marisela Escobedo En agosto de 2008 la hija de Marisela, Rubí Frayre desapareció. Después de averiguaciones por parte de la familia, encontraron sus restos y el culpable, su pareja, Sergio Barraza, quién confesó al crimen. Los jueces estatales lo dejaron libre. Después de la indignación publica, fue sentenciado pero ya se encontraba prófugo. Marisela nunca dejó de exigir justicia y el 16 de diciembre, protestando frente al las oficinas estatales en la capital de Chihuahua ella fue asesinada con un tiro a la cabeza. El crimen no ha sido resuelto.
3. Blanca Velásquez: Desde 2008 ha sido atacada sistemáticamente por denunciar las violaciones a los derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas por parte de empresas trasnacionales. Las y los integrantes de su organización, el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), así como integrantes de otras organizaciones nacionales e internacionales que les apoyan han sido amenazados de muerte. Sus instalaciones han sido allanadas, robando todo su archivo, equipo y recursos; han intervenido sus redes de comunicación oficial dañando sus relaciones institucionales. Públicamente los líderes empresariales han nombrado a Blanca como un peligro social y han afirmado estar protegidos por las autoridades mexicanas. Ninguno de los hechos han sido resueltos.
4. Margarita Guadalupe Martínez Martínez, integrante de ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. en Chiapas tiene desde 2010, junto con su esposo Adolfo Guzmán, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas de muerte que ha recibido por su trabajo de promoción de los derechos humanos. Sin embargo esas medidas se han convertido en una manera de ejercer mayor violencia sobre ella por parte de las autoridades, a la par de que las amenazas y las agresiones continúan en su contra.
IV. DATOS
1. Desde 2010, se ha registrado el asesinato de seis defensoras de derechos humanos en México: Chihuahua-Marisela Escobedo, Susana Chávez, Malena Reyes, Luisa Ornelas, Josefina Reyes; Oaxaca: Beatriz Cariño.
2. El 98% de los delitos cometidos en México quedan impunes, es decir, no llegan a una condena efectiva.
3. La guerra contra el narcotráfico ha dejado 50,000 muertos, miles de desplazados, desaparecidos, huérfanos, etc. Las mujeres representan la mayoría de los denunciantes en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.
4. El número de feminicidios en el Estado de Chihuahua desde que se desplegó el ejército en la zona llegó a 837 (2008-2011 junio)—casi el doble del total de los feminicidios 1993-2007.
5. El último informe de la Relatora Especial sobre Defensores y Defensoras reconoce que las amenazas, particularmente las “amenazas de muerte explícitas” contra defensoras de derechos humanos son una de las principales formas de violencia en la región, con más de la mitad de las 292 comunicaciones de América Latina y entre ellos la mayor número de México (27).
IV. Peticiones al gobierno e instancias internacionales
1. Incluir la perspectiva de género en los diagnósticos y análisis de riesgo. Implica estudiar la especificidad, tanto de mujeres como de hombres, de las agresiones y de las medidas que efectivamente protejan de acuerdo a esas necesidades.
2. Medidas de protección efectivas en lo local. Las medidas sólo individuales han mostrado ser contraproducentes, pues en lugar de protección y de modificar la situación de riesgo, éste se incrementa al tener un mayor control por parte del Estado sobre las defensoras limitando o impidiendo su trabajo. Por ello se ha insistido que las medidas de protección deben incluir como mínimo: a) la garantía de la debida investigación para que no exista impunidad en estos casos, incluyendo la sanción a los funcionarios que estén involucrados en el proceso de agresión o discriminación contra las defensoras, b) garantizar el apoyo psicosocial, aún en caso de desplazamiento, c) incluir procesos con los medios de comunicación y con las comunidades afectadas por las agresiones a las defensoras.
3. El monitoreo internacional para la implementación de las medidas de protección. Que la comunidad internacional realice un monitoreo que logre filtrar los engaños que la simulación produce y medir resultados reales. El seguimiento de instancias internacionales de derechos humanos requiere de indicadores de evaluación y mecanismos de monitoreo con la sociedad civil.
4. Centrar los apoyos en las propias organizaciones y defensoras. Si bien las obligaciones de garantía son responsabilidad de los Estados, es fundamental fortalecer a las organizaciones y la articulación entre defensoras con el fin de garantizar su protección de manera inmediata y efectiva.
V. Enlaces y recursos para más información
Para información sobre las propuestas de mecanismos gubernamentales de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, CENCOS http://www.cencos.org/node/26545
Para información sobre el caso de Inés y Valentina, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan http://www.tlachinollan.org/Ines-y-Valentina/ines-y-vale.html
Para información sobre el caso Campo Algodonero http://www.campoalgodonero.org.mx/
Artículos e informes:
El diagnóstico de defensoras en Mesoamérica (en linea aquí 2011 report )
Amnistía Internacional,
Caso Josefina Reyes http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/mexico-urged-protect-activists-after-campaigner-shot-dead-20100106
Caso Margaríta Martínez http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/067/2011/es
The Murdered Women of Juárez
https://www.americas.org/archives/3895
