Para lograr avances en su primera visita a Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris, el próximo 7 de junio, deberá incorporar en su agenda de trabajo reuniones con voces alternas y criticas respecto a como se ha ejercido la política exterior de EE.UU hacia este país. Esto implica reconocer que, para más de 3 millones de familias guatemaltecas, la migración, por cualquiera de sus formas, ha sido el único camino que las condiciones les han dejado y que se ha convertido en una solución que les ha permitido vivir, superar la pobreza extrema, crecer económicamente y escapar de las múltiples violencias contra los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez, la adolescencia y contra las y los defensores de los derechos humanos.
El plan que impulse la vicepresidenta Harris después de su visita a Guatemala deberá ser novedoso y superar el total de las remesas que para el año 2020 fueron $11,340 millones, equivalente al 14.6 del Producto Interno Bruto. Esto ya de por si representa un verdadero desafío, dado que estas cifras indican que la migración sí ha funcionado para este pequeño país centroamericano de 108 mil kilómetros cuadrados. Y esto debe llevar a EE.UU a revisar el aporte que propone para Centroamérica, que apenas es de alrededor de $250 millones. De igual manera, debe promover procesos alternos que no giren exclusivamente alrededor de las donaciones.
A partir de mediados del Siglo XX, concretamente en 1954, con el golpe de estado, apoyado por el gobierno de EE.UU, en contra del presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz Guzmán, la población guatemalteca empezó a vivir procesos de migración forzada como única garantía para sobrevivir tanto política como económicamente. Con su intervención EE.UU. no solo evitó que Guatemala dejara detrás los efectos del colonialismo y el feudalismo que arrastraba, sino que condenó a sus habitantes, especialmente al Pueblo Maya a un genocidio, de cuyos impactos aún no se repone.
A partir de 1954, Guatemala sumida en profundas desigualdades sociales, con derechos retraídos y sin posibilidades de construir su propio destino, empezó a enfrentar la persecución de sus mejores cuadros, acusados de propagar el comunismo, llevándolos a iniciar un conflicto armado que duró hasta 1996. En estos 36 años, el país fue desangrado y algunos sectores asumieron las armas al cerrárseles los espacios democráticos. Esto provocó que más de un millón y medio de guatemaltecos dejaran su tierra. Miles de ellos terminaron migrando a EE.UU.
Para la etapa de posguerra, que inicia en 1997, las y los guatemaltecos siguieron migrando y las comunidades indígenas abrazaron el inicio del Siglo XXI viendo partir a sus seres amados, especialmente a la juventud, de sus comunidades. Y es a partir de la primera década de este siglo que empiezan los niños y adolescentes a migrar, solo o acompañados, su objetivo era evitar unirse a las pandillas o al crimen organizado. A partir del 2014, el presidente Barack Obama levanta la voz de alerta ante los miles de niños que llegaron a la frontera entre México y EE.UU en busca de asilo.
A partir de entonces, con el incremento de la corrupción, la violencia, el desorden político y el feminicidio, se calcula que cada 17 minutos una o un guatemalteco abandona el país e inicia el viaje hacia el norte. La crisis se acrecentó en 2018 cuando las caravanas de migrantes empezaron a organizarse en diferentes regiones de Honduras y se nutrieron de guatemaltecos que veían la oportunidad de poder alcanzar el territorio del norte sin tener que pagar millonarias cuotas a los traficantes y a los carteles mexicanos.
Paralelamente, EE.UU. tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de Guatemala en 2007, cuando la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, inició su trabajo. A partir de 2013 su mandato de perseguir y procesar a las redes licitas e ilícitas que saqueaban al estado, empezó a rendir frutos, bajo la dirección del jurista colombiano Iván Velásquez, quien de la mano de las fiscales Claudia Paz y Paz (2010-2014) y posteriormente de Thelma Aldana (2014-2018) procedieron, luego de agudas investigaciones, a procesar a presidentes, ministros, viceministros, miembros de la cúpula empresarial, militares, miembros del crimen organizados, entre otros delincuentes de cuyo blanco. Sin embargo, en 2019 el mandato de la CICIG no fue renovado, y aquí, el rol del gobierno de EE.UU. fue clave, porque la CICIG de haber tenido su apoyo pudo haber continuado con el trabajo de limpiar y ordenar el país. Sin embargo, la política externa de EE.UU. nuevamente apostó por mantener los privilegios históricos de unos pocos, al permitir la destrucción de la CICIG provocando nuevas olas migratorias que no han dejado de ensancharse.
En este contexto, el acontecimiento que mejor retrató el deterioro del estado guatemalteco es la imagen en donde la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris se reunió con las ex fiscales generales, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, la exjueza Claudia Escobar y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras en Washington, el pasado 19 de mayo. La reunión de trabajo evidencia el fracaso histórico del patriarcado oligárquico nacional. Cuatro mujeres que representan lo mejor que tiene Guatemala, quienes en lugar de estar impartiendo justicia en su propio país, viven refugiadas en EE.UU porque aplicaron, durante el tiempo que ejercieron sus cargos, el principio de que nadie es superior a la ley.
Frente a este panorama complejo, las lecturas y las soluciones a las causas estructurales de la migración no serán sencillas. El equipo de la Vicepresidenta Harris debe tener claro al volver a Washington, que las alternativas no saldrán de petit comités conformados por los mismos responsables de la debacle en la que se encuentra Guatemala. Tampoco en respaldar al actual sistema que se encuentra cooptado por un cuerpo político corrupto y autoritario que tiene la capacidad de autodestruirse, por eso, Guatemala es hoy, el país del que todos sus habitantes quieren huir.
