Por Laura Carlsen
Unas 40 personas forman un círculo sobre la hierba seca de finales de verano. Tras días de incertidumbre y miedo, prácticamente incomunicadas entre sí, familias de las comunidades mapuches de la provincia argentina de Chubut se reúnen para hablar de lo que les sucedió el 11 de febrero.
A las 7 de la mañana de este martes, cientos de fuerzas policiales provinciales y federales allanaron sus hogares, rompiendo ventanas, destruyendo sus cosas y llevándose sus pertenencias. Las fuerzas especiales, con rifles de asalto, retuvieron a hombres, mujeres y niños a punta de pistola durante más de diez horas.
En el transcurso de ese día en que las fuerzas de seguridad aterrorizaron a las familias mapuches en 12 operativos simultáneos, la policía se llevó celulares y computadoras, dejando a las comunidades —repartidas a lo largo de kilómetros en las faldas de los Andes— aisladas unas de otras. Confiscaron libros y herramientas agrícolas, obligaron a hombres, mujeres y niños indígenas a dar muestras de ADN, desnudaron parcialmente a mujeres jóvenes y fotografiaron tatuajes y otras marcas corporales, maltrataron a ancianos y separaron a la niñez de sus familias, o les obligaban a presenciar la violencia contra sus madres. En las redadas, la policía también irrumpió en una radio comunitaria mapuche en El Maitén, Radio Petu Mogelein, y destruyó equipos de comunicaciones vitales para su funcionamiento.
Estas comunidades, formadas por pequeños grupos de familias mapuches que sobrevivieron a las sangrientas campañas de genocidio y desplazamiento a lo largo de la historia colonial de Argentina, son ahora el blanco de una nueva ofensiva bajo las políticas “anarcocapitalistas” del presidente Javier Milei. La represión tiene como objetivo despojarlos de lo poco que les queda de su territorio ancestral y ponerlo en manos de algunas de las corporaciones más grandes y de los multimillonarios más ricos del mundo.
Trawun, testimonio
Fuera de una de las casas que fue allanada, integrantes de las comunidades describen la violencia que sufrieron. Entre ellos somos un grupo pequeño de periodistas internacionales y representantes de organizaciones regionales de derechos humanos que observamos el trawun, una reunión comunitaria para compartir información, sanar la comunidad y planificar estrategias. Nos esforzamos por escuchar las palabras de sus testimonios mientras el viento azota los álamos que nos rodean.
Un anciano de 84 años se sube la manga para mostrar los moretones que le quedaron después de que la policía le tirara al suelo. Las mujeres jóvenes describen cómo las obligaron a tumbarse boca abajo en el piso durante horas y cómo la policía las intimidó con sus armas. Las madres cuentan que la niñez presenció escenas de brutalidad que les marcarán de por vida.
Durante horas, las fuerzas de seguridad se negaron a presentar una orden judicial o a informar a las familias indígenas del motivo de la violenta invasión de sus hogares. Las autoridades finalmente presentaron una orden de registro, firmada por el juez Jorge Criado, para investigar un ataque vandálico el 18 de enero en Estancia Amancay, a 80 kilómetros de distancia. Es el mismo juez quien fue formalmente acusado de discriminación racial contra los mapuches en un caso del año 2020.
La policía detuvo a Victoria Núñez Fernández, una mujer de 37 años, integrante de la Lof (comunidad) Pillan Mawiza, que ha vivido y trabajado con la comunidad mapuche durante años. Las pruebas del registro del GPS y varios testimonios demuestran que Núñez Fernández estaba a kilómetros de distancia de la escena en el momento en que se prendió fuego a unos vehículos en la Estación Amancay, pero el juez Criado ordenó 60 días de arresto domiciliario mientras las autoridades gubernamentales seguían declarando su culpabilidad sin respetar los derechos al debido proceso ni la presunción de inocencia.
Los incendios forestales como cortina de humo
Desde que los incendios forestales comenzaron en diciembre, quemando más de 50 000 hectáreas de tierras forestales, en la Patagonia, la propaganda del gobierno argentino ha echado la culpa al Pueblo Mapuche.
Es una triple estrategia–distraer la atención del papel del cambio climático y la negligencia del gobierno en los incendios, desviar la atención de los intereses inmobiliarios que esperan apoderarse de la tierra para megaproyectos, y criminalizar a las comunidades indígenas que son el último baluarte que queda contra la explotación y destrucción masivas de una de las mayores reservas de agua dulce y bosques del mundo.
“Es indignante que se nos culpe de un hecho así cuando en realidad la comunidad mapuche siempre lo que ha hecho es justamente resguardar la vida. En ningún momento pretendemos asesinar a la vida, nosotros somos parte del territorio por lo cual vamos a luchar y vamos a resguardar la vida del río, la vida de la montaña, la del bosque”, me dijo Evis Millán, de la Lof Pillan Mawiza, en una entrevista en su rancho junto al río.
“Jamás prenderíamos fuego. Este montaje que está llevando a cabo el gobierno de Chubut junto al gobierno nacional tiene un claro objetivo: buscar un enemigo interno para poder llevar a cabo o blanquear la judicialización de las comunidades mapuche y su desalojo”
Sin juicio ni investigación, al día siguiente de la operación policial, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, presentó un PowerPoint en el que acusó a varias personas de las comunidades mapuches de los incendios y los actos vandálicos. Para crear un espectáculo y dar una muestra de fuerza letal, dio la conferencia de prensa flanqueado por agentes encapuchados con metralletas mientras proyectó los rostros de cuatro mujeres indígenas, a las que llamó “las responsables del ataque [a Amancay]” y dijo estar convencido de que “va a haber una medida ejemplificadora después de tantos años para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y que se pudran en la cárcel, que es donde tienen que estar”. Entre ellas estaban Victoria Núñez Fernández y Moira Millán. Moira Millán es una weychafe mapuche, vive en Pillan Mawiza y es una reconocida defensora de las tierra, novelista y activista a favor de los derechos de la mujer.
La actuación de Torres siguió la línea tirada por el gobierno de extrema derecha de Javier Milei y su ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Bullrich, cuyo ministerio también es responsable de prevenir y controlar los incendios forestales, se ha dedicado a desalojar las comunidades mapuches de sus tierras con argumentos racistas y la violación abierta de sus derechos constitucionales e internacionales para su venta en el mercado internacional. Tras los allanamientos, publicó un video con imágenes de la redada policial en la casa de Millán, en el que afirmaba: “Estos van a ser declarados por el artículo 41 Quinquies: terroristas”.
El gobierno de Milei estableció el marco legal para esta medida extrema pocos días después de las redadas, cuando incluyó a la “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM) como organización terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La RAM es una invención que utiliza el Estado para difamar al pueblo mapuche; las comunidades han declarado repetidamente que no tienen conocimiento ni contacto con ella. Solo hay una persona identificada con la RAM, Facundo Jones Huala. A pesar de que él reivindicó el acto vandálico contra el equipo en Amancay, Jones Huala no ha sido detenido y no hace ningún esfuerzo por esconderse de las autoridades. Mientras tanto, el gobierno sigue armando el caso contra Núñez Fernández, quien salió con libertad condicional, y afirmando de manera insostenible que un puñado de mujeres mapuches incendiaron los bosques en los que viven como acto de venganza contra el gobierno que busca usurpar sus tierras. Los mapuches de la Patagonia señalan a poderosos intereses económicos vinculados al gobierno de Milei como los verdaderos culpables de los incendios.
La venta de la Patagonia
Los incendios forestales que destruyeron miles de hectáreas en los meses de verano están siendo finalmente sofocados por las lluvias de otoño. Los expertos han advertido que las altas temperaturas y las escasas precipitaciones causadas por el cambio climático están detrás del aumento de la destrucción por incendios en la región. Pero los gobiernos locales y el gobierno de Javier Milei, un negacionista del cambio climático, prefieren culpar a los mapuches, mientras se aprovechan de la destrucción para privatizar el territorio indígena en una región codiciada por sus minerales y agua pura, y por su belleza natural y lejanía.
Milei comenzó los preparativos para vender la Patagonia a intereses extranjeros tan pronto como asumió la presidencia. Mediante decretos ejecutivos conocidos como Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), derogó la ley que limitaba la propiedad extranjera de tierras el 21 de diciembre como parte de un paquete de decretos para desregular la economía y promover la venta de recursos a inversores extranjeros.
En lo que parecen ser medidas para aumentar la vulnerabilidad de las reservas naturales protegidas, eliminó el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos y transfirió la responsabilidad al Ministerio de Seguridad Nacional, dejando un enorme vacío en conocimientos, infraestructura y financiación para hacer frente a los incendios forestales, a pesar de que cada año los incendios destruyen más tierras forestales. También recortó el gasto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 81 %.
Milei también anunció la derogación de la ley que prohíbe la venta inmediata de tierras afectadas por incendios para la agroindustria y el desarrollo inmobiliario. Este tipo de ley existe en la mayoría de los países como una salvaguarda necesaria contra los incentivos empresariales para provocar incendios en tierras públicas que les interesa para proyectos privados. Aunque la derogación aún no ha entrado en vigor, recientemente fue aprobada por el comité del Senado y sigue siendo un elemento clave en el plan del gobierno para llevar a cano la venta masiva de tierras patagónicas.
Las empresas mineras, los intereses inmobiliarios, las centrales hidroeléctricas y otros promotores de megaproyectos llevan mucho tiempo esperando hacerse con más tierras en la Patagonia argentina. Milei apuesta a la liquidación de territorios y recursos indígenas para ayudar a pagar la enorme deuda que espera recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de apuntalar el peso argentino y contar con más reservas para evitar el colapso total que se avecina bajo sus políticas radicales de libre mercado.
Neocolonialismo renovado
El gobierno de Milei ha trazado el camino a seguir para la Patagonia, y pasa por encima de los cuerpos y los territorios del pueblo mapuche. Para enmascarar su propia complicidad con los intereses empresariales que esperan quedarse con las tierras afectadas por los incendios, el gobierno de Milei lanzó una estrategia mediática y legal para desviar la atención del vínculo entre los incendios y los cambios en el uso de la tierra que beneficiarán a multimillonarios extranjeros, y utilizar la criminalización, el desalojo y el exterminio para neutralizar al pueblo mapuche-tehuelche que se interpone .
La fórmula no es nueva. Las cruzadas contra los mapuches comenzaron con la conquista de sus tierras ancestrales, a través de la Conquista del Desierto, en el siglo XIX y no han cesado desde entonces. La crisis actual tiene las mismas raíces coloniales que las campañas genocidas anteriores: el racismo y la usurpación de tierras y recursos por la fuerza.
En enero, Bullrich ordenó el desalojo forzoso de la comunidad Lof Pailako en el Parque Nacional Los Alerces. Para evitar el derramamiento de sangre, los miembros de la comunidad abandonaron sus hogares horas antes de la llegada de las fuerzas policiales. Las familias se quedaron sin hogar, los animales sin sustento y los niños sin acceso a vivienda, salud o educación. Bullrich declaró triunfalmente: “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”.
La ministra de Seguridad actúa con el pleno respaldo de los gobiernos federal y provincial. Milei, admirador de Donald Trump y estrella de la extrema derecha internacional, lanzó la ofensiva contra los mapuches con su característico fanatismo por el libre mercado y la supremacía blanca. Mientras daba rienda suelta a los inversores, puso fin a los programas de registro de tierras indígenas y rescindió la Ley 26.160, la Ley de Emergencia Territorial Indígena de 2006 que, al menos nominalmente, suspendía los desalojos de las comunidades indígenas en territorio indígena. A pesar de haber firmado tratados internacionales sobre derechos indígenas, los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, no institucionalizaron el reconocimiento de las tierras y los derechos, allanando el camino para que Milei revirtiera los logros y las protecciones de las comunidades.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la derogación de los derechos indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Relator sobre los Pueblos Indígenas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La bonanza de los multimillonarios
Mientras las familias mapuches son desalojadas violentamente de las pocas hectáreas de tierra en las que viven, multimillonarios internacionales ya poseen, a menudo ilegalmente, millones de hectáreas en la Patagonia argentina y buscan hacerse con más. Los ultra ricos se fijaron en esta tierra hace décadas por sus amplias vistas de los Andes, lagos y ríos cristalinos, y bosques. La región posee gran parte del agua dulce, aire limpio y bosques vírgenes que quedan en la Tierra. Las empresas se han trasladado ahí para explotar los recursos naturales, y los multimillonarios individuales ven la región como su patio de recreo privado y un refugio para cuando el resto del planeta se vuelva inhabitable.
Un ejemplo es el Lago Escondido, propiedad del multimillonario británico Joe Lewis. Lewis posee entre 12.000 y 14.000 hectáreas, incluyendo el lago. Aunque ha recibido en su propiedad a presidentes argentinos y dignatarios extranjeros, lo ha cerrado al acceso público con barreras físicas y guardias armados. Otros intereses extranjeros con grandes propiedades en la Patagonia argentina son la empresa israelí Mekorot, la italiana Benetton, el actor Sylvester Stallone y empresas de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Al igual que Trump, el gobierno de los ricos y para los ricos de Milei ha actuado con rapidez para eliminar las restricciones medioambientales y sociales. Milei instituyó el año pasado un nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece exenciones fiscales, incentivos aduaneros y beneficios de divisas para proyectos de más de 200 millones de dólares que se inicien en un plazo de dos años. La ley promoverá el tipo de proyectos extractivistas a gran escala a los que se han opuesto grupos de ciudadanos y comunidades mapuches por desarraigar a las comunidades y destruir la tierra.
Un análisis del probable impacto del RIGI en Chubut revela que la provincia patagónica podría experimentar un rápido auge de la explotación minera, petrolera y gasífera. Chubut tiene prohibida la minería a cielo abierto, resultado de la movilización popular. Los expertos temen un recurso legal que podría anular la voluntad popular expresada en la prohibición.
El RIGI y los demás programas para vender la Patagonia a inversores extranjeros preparan el escenario para nuevos conflictos locales por el uso de la tierra y los recursos. Los terratenientes multimillonarios podrán beneficiarse enormemente de las medidas de Milei y ya han elaborado planes para ampliar sus propiedades y operaciones sin preocuparse por la gente que vive allá.. En este contexto, los ataques, las expulsiones y la criminalización de las comunidades mapuches pueden considerarse una medida preventiva para debilitar a las fuerzas que defienden las tierras nativas y la protección del medio ambiente antes de la nueva ola de usurpación extranjera.
Refuerzo del Estado policial
El gobierno federal se ha preparado para acabar con la resistencia legalizando la represión violenta de la oposición local y nacional. El 10 de marzo, el Congreso aprobó la llamada “Ley Antimafias” que establece que todos los miembros de un grupo pueden recibir la misma sentencia que un solo miembro, una ley que las asociaciones internacionales de juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido que esta ley “habilita el estado de sitio”, especialmente diseñada para aplicarse a los más perjudicados por la medida de Milei: los pobres, la oposición política, los sindicalistas y los pueblos indígenas.
El gobierno de Milei también adoptó un “protocolo antipiquete” que criminaliza la protesta. Estas medidas han provocado más de mil heridos entre los manifestantes debido al uso excesivo de la fuerza, según un informe de Amnistía Internacional. Más recientemente, la policía disparó un bote de gas directamente a un fotógrafo durante las protestas del 12 de marzo. El fotógrafo Pablo Grillo, que sufrió una fractura de cráneo, sigue en terapia intensiva.
La restauración de un brutal Estado Policial en Argentina evoca imágenes de la dictadura militar, un período de terrorismo de Estado que duró de 1976 a 1983. Millán advierte que el gobierno de Milei ya es una dictadura y que el país está viendo un retorno al terrorismo de Estado que condujo a miles de asesinatos y desapariciones durante la dictadura militar.
Cuando cuidar la tierra y la cultura significa arriesgar la vida
No es de extrañar que el régimen haya enfocado su campaña de difamación en las mujeres indígenas. Las mujeres son el núcleo de la defensa mapuche del territorio, y de la protección de la tierra y la vida contra los proyectos extractivistas y la privatización. Han trabajado durante décadas para consolidar y restablecer comunidades en tierras ancestrales, enseñar a las nuevas generaciones la lengua y las costumbres mapuches y construir una resistencia pacífica. La última ofensiva del gobierno y las empresas ha puesto en grave peligro sus vidas y su libertad.
“El poder […] —económico, patriarcal, racista— se siente amenazado por la capacidad organizativa y de defensa de la vida que tenemos las mujeres, las diversidades”, explicó Moira en entrevista. El Estado y las corporaciones saben que “las mujeres podemos generar alianzas multisectoriales para defender derechos y necesitan debilitar ese proceso organizativo de fortalecimiento que estamos teniendo en este momento histórico global”. En este contexto, añadió, los ataques abiertamente misóginos del gobierno de Milei son estratégicos, se están incorporando a las políticas públicas y son un foco de las políticas represivas.
A pesar de todas las fuerzas que actúan en su contra, las comunidades mapuches de hoy en día siguen viviendo y cuidando sus tierras. Protegen los ríos y lagos, y gestionan los bosques para mantener los bosques sanos, prevenir los daños causados por los incendios y controlar las especies invasoras. Algunos han vivido en estas tierras de forma continua durante generaciones, otros han regresado de la migración forzada a los barrios marginales urbanos para reconstruir sus vidas, sus tierras y su identidad.
Casi todos los días de nuestra visita, las mujeres salían temprano de casa para hacer ceremonias tradicionales. El idioma, la espiritualidad y los conocimientos y prácticas ancestrales se nutren de la vida cotidiana, la familia y los lazos comunitarios. Incluso después de las campañas genocidas y los discursos dedicados a negar su existencia (el gobierno habla con frecuencia de “pseudo-mapuches”) o a difundir el odio, estas comunidades siguen sobreviviendo y es gracias a ellas que la región conserva su belleza de fama mundial, abundante pesca y paisajes vírgenes.
El poder del ejemplo puede ser más amenazante para el poder ilegítimo que la fuerza. Aquí están en juego dos visiones radicalmente diferentes de la tierra y de la relación de los seres humanos con ella. A medida que avanzan los planes para crear un enclave extractivista a partir de la obra maestra de la naturaleza, Moira Millán lo resumió así: “Nos hemos opuesto de manera férrea contra el proyecto extractivista megaminero que quería explotar toda esta zona, contra las represas, el proyecto hidroeléctrico, que quería asesinar el río para suministrar energía eléctrica a las transnacionales y ahora últimamente contra el acueducto que las empresas petroleras quieren impulsar. […] El pueblo mapuche cuando recupera territorio, reafirma un compromiso con la vida. Entonces, para nosotros lo más importante es la vida. Y esa vida no es solamente la vida humana, sino la vida de todo el entorno.”
