“Un crimen de lesa humanidad” y “una vergüenza para nuestro gran país”: así fue como el último fiscal superviviente que procesó a los nazis por crímenes de guerra en Nuremberg Benjamín Ferencz, caracterizó a sus 99 años la separación coercitiva de miles de niños inmigrantes de sus padres que buscaban asilo.
El ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein a su vez citó una declaración de la Asociación Pediátrica Americana que la política de separación de familias era una forma de “abuso infantil sancionado por el gobierno”, lo que podría causar “daños irreparables” con “consecuencias por el resto de sus vida”. Añadió: “La idea de que algún Estado buscaría disuadir a los padres infligiendo tal abuso sobre los niños es inconcebible.”
Ahora, un informe de Physicians for Human Rights (Médicos por los derechos humanos) en Estados Unidos plantea cuestiones de responsabilidad penal y rendición de cuentas derivadas de la política. Y apunta a posibles vías para lograr justicia y reparación para las víctimas.
“’Nunca volverá a ver a su hijo’ – Los efectos psicológicos persistentes de la separación familiar” argumenta que la separación de los niños inmigrantes de sus padres por parte de oficiales de los servicios de migración estadounidenses constituye una forma de tortura y desaparición forzada.
La investigación, que documenta las experiencias de familias, incluye las evaluaciones psicológicas realizadas por médicos de PHR de una muestra de solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas de estas personas habían sufrido un promedio de más de 60 días de separación forzada a manos de las autoridades de Estados Unidos.
Antes de salir de América Central, según el estudio, todas las familias ya habían “sufrido traumas” debido a “actos de violencia selectivos”, la mayor parte por actividades pandilleras. Todos los padres temieron por sus hijos y percibieron que al viajar a Estados Unidos se les ofrecería protección.
Sin embargo, al llegar a los EEUU, el tratamiento por parte del gobierno agudizó el dolor. “Los padres informaron que las autoridades de migración forzosamente les quitaron a sus hijos de sus brazos, sacaron a los padres mientras dormían sus niños, o simplemente ‘desaparecieron’ a los niños mientras los padres atendían a los tribunales o recibían atención médica”. La mayoría de los padres indicaron que no se les dio explicación alguna de por qué se llevaron a sus hijos, donde estaban albergados, o en qué momento se reunirían.
Varios diagnósticos de salud mental por expertos médicos concluyeron que casi todas las víctimas sufrían de trastornos de estrés postraumático, y que muchos también cumplieron con los criterios para recibir un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada.
Citando la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, PHR aseveró que “el trato por el gobierno de Estados Unidos de los solicitantes de asilo mediante su política de la separación familiar constituye un trato cruel, inhumano y degradante y, en todos los casos evaluados por los expertos de PHR, alcanza el nivel de tortura.” Encontró que “la política y práctica de la separación familiar también constituye desaparición forzada, la cual ocurre cuando agentes estatales ocultan la suerte o el paradero de una persona privada de libertad”.
El reporte concluye que el gobierno de Estados Unidos es obligado por normas domesticas e internacionales a “proporcionar reparaciones a las víctimas de tortura y malos tratos, incluso en la forma de servicios de rehabilitación; garantizar que las familias de niños desaparecidos sepan la verdad del paradero de sus familiares mediante la dedicación de recursos gubernamentales adecuados para asegurar la reunificación oportuna de todas las familias separadas, incluso los padres deportados; y enjuiciar a funcionarios estadounidenses que hayan violado la ley”.
Donna McKay, directora ejecutiva de Physicians for Human Rights, señaló en un comunicado que las familias que sufrieron de este trato deberían recibir “residencia legal en Estados Unidos”, al igual que atención continua de salud mental, y “reparación en compensación monetaria” como recomendó el informe. McKay instó además al nuevo Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a cumplir con su promesa de que el grupo de trabajo para la reunificación de familias, propuesto por el presidente Joe Biden, explore “vías legales” a la ciudadanía para las familias separadas. En su pedido exigió “una rendición de cuentas para los autores de la política de separación familiar”.
PHR es una organización no gubernamental con sede en Nueva York que compartió el Premio Nobel de la Paz en 1997. Entre el 2017 hasta el 2019, según el informe de PHR, 5,512 niños fueron separados coercitivamente de sus familiares por oficiales fronterizos. De los 1,556 niños separados entre el 1 julio 2017 y el 26 junio 2018, según la American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles), 207 o 13.3 por ciento tenían menos de cinco años.
En 2018, la ACLU presentó una demanda exitosa, Ms. L v. ICE, en la que una corte federal declaró inconstitucional la práctica y exigió al gobernó que reuniera a todas las familias separadas.
Sin embargo, los daños persisten. A partir de enero de 2021, más de 611 de los niños separados forzosamente aun no habían sido reunificados con sus padres, según el ACLU. Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del ACLU, dijo que incluso después del fallo en Ms. L v. ICE, funcionarios de la administración Trump retrasaron o retuvieron el suministro de datos críticos, y proporcionaron información de contacto obsoleta. Como resultado, algunos niños quedaron separados de sus padres por casi dos años.
Gelernt me contó en un correo electrónico que la organización actualmente presentó una demanda en Arizona de acción de clase civil en contra de personas responsables de la separación familiar para obtener justicia y reparación por daños pendientes.
Valores familiares y alambre de púas
El alcance completo de la separación familiar, sin embargo, es mucho más amplio que solamente las familias desgarradas por Trump. También abarca a centenares de hijos, hijas, padres y madres inmigrantes residentes de EE.UU por varios años, que por deportaciones, encarcelaciones, u otras formas de persecución por razones de estatus migratorio durante las tres previas administraciones llevan varios años separados. Por ejemplo, muchos de los cientos de miles deportados tras redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, mejor conocido como ICE) eran padres cuyos hijos se quedaron atrás, a veces sin un apoyo familiar.
Desde el inicio de la administración Trump, las políticas restrictivas a su vez infligieron daños sobre miles de niños que viajaron solos en búsqueda de asilo. Muchos de los que ya habían sido aceptados al proceso de asilo fueron encarcelados por largos períodos en condiciones insalubres. Decenas de miles de otros se vieron obligados a esperar sus citas frente a los juzgados en campamentos peligrosos en la zonas fronterizas con México. Miles más se encontraron bloqueados de pedir asilo por el sistema de cuotas de solicitudes de asilo, lo cual forzó a los solicitantes a poner sus nombres en listas largas e informales, y esperar en México antes de poder incluso acercarse a los oficiales fronterizos. Muchos otros fueron excluidos por cierres extraoficiales, y luego oficiales, de los cruces de frontera.
Gran parte de este blitzkrieg antinmigrante ha sido duramente criticado por funcionarios internacionales de derechos humanos. Michelle Bachelet, la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, dijo que estaba “profundamente perturbada” por las políticas de Trump que habían reducido drásticamente las protecciones para las familias migrantes. Destacó la separación familiar, los Protocolos de Protección Migratoria (la política de Permanecer en México), “la privación arbitraria de la libertad”, y “la denegación de acceso a servicios y asistencia humanitarios.”
Erika Guevara-Rosas, la directora de Amnistía International para las Américas, aseveró: “Los esfuerzos de Trump para acabar con el asilo son un asalto total a los derechos humanos. … La obligación de proteger los derechos de personas que buscan la seguridad es un principio fundamental del derecho internacional y de EE.UU. – y EE.UU. está fracasando estrepitosamente. La ‘crisis’ en nuestras fronteras no es el resultado de que la gente ‘inunde nuestra frontera’ sino una crisis de políticas xenófobas que se enmascaran como medidas de seguridad y sirven solo para exacerbar el sufrimiento humano.”
El abuso, la tortura y la desaparición de niños y sus familiares no fueron procesos accidentales. Trump, su entonces fiscal general Jeff Sessions, y sus asesores Stephen L. Miller y Steve Bannon fueron impulsados ideológicamente por lo que se podría llamar un sadonacionalismo blanco.
Así como reportó Jen Kirby de Vox, durante una reunión sobre Haití, El Salvador, y países africanos, Trump se quejó: “Porque queremos aquí a esta gente de todos estos países de mierda (shithole countries)? Deberíamos tener más gente de lugares como Noruega.” Aproximadamente cuatro quintas partes de todos los inmigrantes a EE.UU. provienen de América Latina, Asia y África. Así que los operativos de Trump implementaron una serie de prácticas intencionalmente cruel con el objetivo de disuadir cualquier forma de inmigración autorizada o no.
Como si fuera poco, una de las ideas que supuestamente consideraron incluso llego a rozar lo psicótico. Según los periodistas Michael D. Shear y Julie Hirschfeld Davis del New York Times, “En privado, el presidente había hablado a menudo de fortalecer un muro fronterizo con una trinchera llena de agua, repleta de serpientes o lagartos, lo que llevó a sus asistentes a buscar una estimación de costos. Él quería que el muro fuera electrificado, con púas encima, capaz de perforar la carne humana.” También sugirió, según el informe, que los soldados dispararan a los migrantes si lanzaban piedras, pero su personal le dijo que esto sería ilegal. Luego propuso que tiren a los migrantes en las piernas para frenarlos, pero otra vez le dijeron que eso no estaba permitido.
Puede ser que la mayoría de los cientos de órdenes ejecutivas y trampas burocráticas que desplegaron los cuadros de Trump no resulten procesables. Pero a todo tipo de inmigrante les infligieron daños gratuitamente, violaron a sus derechos humanos y civiles, e intentaron demonizarlos. Las múltiples “crisis” fronterizas que produjo y dirigió Trump pintaron una imagen de una frontera desbordada por “hombres malos”, de forma calculada para cargar el odio antinmigrante de su base.
El Refugee Act of 1980 (la Ley de Refugiados de 1980) garantiza a los inmigrantes el derecho de solicitar asilo, no solo en los puertos de entrada, sino en cualquier parte de la frontera.
Sin embargo, para cumplir la política de “cero tolerancia”, se armó una trampa. Atrasaron intencionalmente la recepción de los solicitantes de asilo en puertos de entrada oficiales con un sistema de cuotas. Luego, cuando un número creciente de gente, que se vieron obligados a esperar semanas o meses en campamentos peligrosos, comenzaron a cruzar la frontera afuera de los puertos de entrada para pedir asilo a la Patrulla Fronteriza – lo que es su derecho legal – los funcionarios los castigaron como una oleada de “extranjeros ilegales” y los detuvieron. Para obstaculizar aún más el proceso de asilo, Trump implementó su política de Permanecer en México (irónicamente titulada Protocolos de Protección al Migrante), que obligó a más de 70 mil personas a la expectativa de audiencias de asilo en EE.UU a esperar en México. La administración también hizo acuerdos con varios gobiernos centroamericanos para enviar a algunos migrantes de regreso a los mismos lugares de donde habían huido en primer lugar. Los daños acumulativos infligidos por las políticas de Trump eliminaron efectivamente el derecho al asilo.
Pero el número creciente de niños y familias que ahora buscan asilo al llegar a la frontera es impulsado por la desesperación de millares de familias migrantes que han quedado varadas en un limbo durante los últimos dos años. Estos cuellos de botella se han visto exacerbados por los esfuerzos de Trump para socavar muchos programas que previamente habían aceptado e integrado a niños y familias, dejando al personal y la infraestructura en ruinas.
Trágicamente, la mayoría de las crisis y el sufrimiento podrían haberse evitado fácilmente. Todo que tenía que hacer Trump, en vez de declarar “cero tolerancia”, era tratar a los solicitantes de asilo de manera legal y racional. Si, en lugar de redoblar en su estafa de construir un “muro”, de enviar tropas a la frontera, y de llenar cárceles privadas de inmigrantes, Trump se hubiera movido decisivamente para sacar a los solicitantes de asilo de México, traer más agentes de asilo y más administradores de casos a la frontera, expandir los tribunales de inmigración, trabajar con grupos de la sociedad civil para recibir a asilados, y enviar más recurso focalizados a Centroamérica y México, habría habido poco o ningún drama fronterizo y mucho menos desperdicio de recursos públicos. Pero la fabricación de amenazas y crisis, la criminalización de inmigrantes, y la militarización de la frontera fueron precisamente los objetivos.
La separación familiar y otras formas de persecución de inmigrantes no son únicamente equivocadas, crueles y, a menudo, contra la ley. Son además sin sentido. Los solicitantes de asilo, refugiados, y otros inmigrantes – autorizados y no autorizados – no son una amenaza que se debe rechazar. Al contrario, son humanos que merecen aliento y bienvenida, y colegas trabajadores, atrapados en la resaca de las olas de la economía global. Son también un recurso valioso para una población estadounidense nativa envejecida: décadas de evidencia demuestra que los beneficios de la inmigración para el pueblo y la economía de este país superan con creces cualquier costo.
La violación de los derechos de inmigrantes también debilita la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando otros países ven a EE.UU. torturando a niños y padres mientras obstaculiza a solicitantes de asilo y refugiados, la credibilidad de las críticas estadounidenses a los abusos de derechos humanos por otros países se devalúa.
Excavándo entre los escombros
El 20 de enero, un paisaje migratorio bombardeado acogió a la administración entrante del presidente Biden. Su primer día en oficio, el nuevo presidente envió al Congreso un borrador de legislación que establece un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 10.5 a 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Pero la nueva administración aún no ha podido aumentar las capacidades lo suficientemente rápido para manejar el atraso de familias sufridas y niños no acompañados en la frontera, ni para reconstruir o reparar gran parte de lo que Trump desmanteló. Y algunas de las propuestas positivas de Biden parecen estar estancadas en el Congreso debido al agotamiento de las reservas de capital política.
El nuevo grupo de trabajo de reunificación familiar ordenado por Biden y presidido por el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas, se ha puesto a trabajar con prisa. Un expediente judicial reportado por Priscilla Alvarez of CNN mostró que el número de niños y padres todavía separados bajo “cero tolerancia” se había reducido de 611 en enero a 506 a fines de febrero.
Mayorkas dijo a los medios informativos que se estaban arrancando los esfuerzos para traer de regreso a EE.UU. a los solicitantes de asilo en proceso excluidos bajo la política “Permanecer en México” de Trump, que Biden ha cancelado. El secretario anunció que las admisiones de los afectados por el programa se han ampliado a tres puertos de entrada estadounidenses. La administración espera darles a las familias separadas la opción de donde reunirse, dijo, y si elijen hacerlo en EE.UU., “exploraremos vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y aborden las necesidades familiares.”
Estas compensaciones también deberían ofrecerse a todos los demás que estaban impedido injustamente de solicitar asilo o rechazado de manera equivocado.
La administración Biden también debería asegurarse de que sus políticas fronterizas actuales no estén separando a ninguna familia. Actualmente, las familias con niños e individuales adultos buscando asilo están siendo devueltos sumariamente en la frontera en la mayoría de las zonas bajo el Título 42, un controvertido reglamento de salud pública promulgada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades bajo Trump. Sin embargo, los niños no acompañados están siendo aceptado en el proceso de asilo en la frontera. Debido a esta discrepancia, hacer retroceder a las familias podría incentivarlas a ayudar a los niños mayores a escapar los peligros enviándolos a cruzar solos. Cuanto antes se les permita a esas familias cruzar y solicitar asilo juntas, más rápido se reducirán una fuente de niños que cruzan solos y las consecuentes separaciones familiares.
“Transformar la recepción fronteriza a un modelo humanitario requiere que muchas grandes agencias federales implementen un cambio total de enfoques de corto, medio y largo plazo,” escribió Clara Long de Human Rights Watch. “Mientras la administración ha hecho progreso importante, todavía están atrapados chavalos en cárceles fronterizas porque la administración Trump destruyó lo que existía de un sistema para mantener a los niños a salvo en la frontera. La situación actual requiere una acción urgente y sostenida para abordar este fracaso. Los procedimientos de reunificación seguros y rápidos deben seguir perfeccionándose, desde el momento en que los niños cruzan la frontera.”
Más allá del trabajo del Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar, la administración Biden no debe dejar que lo pasado sea pasado. Debe abrir investigaciones a múltiples niveles sobre abusos de todo tipo de inmigrante por parte de la administración Trump.
El presidente debería ordenar que los inspectores generales de Justicia, Seguridad Nacional, y otros departamentos pertinentes realicen investigaciones internas. Los restantes nombramientos políticos de Trump deberían ser examinados y, si corresponde, despedidos o trasladados a lugares donde no puedan causar más daño. Aquellos que se encuentre han violado leyes o regulaciones deberían estar sujetos a acciones legales o administrativas.
El Congreso podría convocar a un comité investigativo, similar al Comité Church de 1975, para indagar sobre los crímenes y abusos de la administración Trump, particularmente en contra los inmigrantes y refugiados, incluyendo las prohibiciones a viajar contra musulmanes y africanos. El comité además debería tener a su cargo recomendar reformas de gran alcance e investigar a los funcionarios responsables.
Por fin, otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales podrían buscar la posibilidad de presentar cargos contra los responsables de la separación familiar ante órganos internacionales de derechos humanos tal como la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra vía a explorar podría ser acciones en los tribunales de otros países, invocando la jurisdicción universal para los crímenes internacionales graves. Esta es la doctrina utilizada por el magistrado español Baltazar Garzón Real para presentar cargos de derechos humanos contra el dictador chileno general Augusto Pinochet.
Puede ser que Trump, Miller y sus cómplices no acaben siendo enjuiciados adentro de una cabina de vidrio en Tegucigalpa. Pero hay motivos de esperanza para los solicitantes de asilo y los refugiados. Los movimientos sociales que buscan justicia para los inmigrantes y las organizaciones de derechos humanos deberán sostener presión para obtener respuestas receptivas en todos los niveles del gobierno, para desenredar los delitos, sanar las heridas presentes en todas las víctimas, y castigar a los perpetradores – todo frente a las turbas violentas de la xenofobia y el racismo, espoleados por demagogos republicanos. Últimamente, será necesario reinventar las leyes, los reglamentos y las prácticas de inmigración para garantizar que los derechos de asilo y refugio, juntos con todos los demás derechos humanos de los inmigrantes, se respeten plenamente en los Estados Unidos.
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Artículos relacionados
Peter Costantini. “Shelter from the Storm”. Seattle, WA: April 19, 2020.
https://bit.ly/3g2lzfI
Peter Costantini. “In the Footsteps of the Millennium Migration”. Seattle, WA: October 4, 2017.
http://tinyurl.com/y73snqh7
(En inglés)
Peter Costantini. “Was Trump’s Family-Separation Policy Torture?” Seattle, WA: April 12, 2021.
Por Peter Costantini, periodista. Originalmente publicado en inglés en IPS
