Con un inesperado anuncio de cese unilateral de las acciones armadas desde diciembre 19 hasta el 20 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias – FARC, sorprendieron con esta propuesta al inicio las negociaciones de paz que se instalaron en La Habana (Cuba) el pasado 19 de noviembre. En Colombia algunos sectores afirman que la paz está en la voluntad política de las guerrillas ¿Pero qué condiciones existen para el éxito del proceso?
El dialogo de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC se inició con el anuncio formal del Presidente Juan Manual Santos, quien informó públicamente la existencia de acercamientos con las FARC y el inicio de un nuevo proceso de paz en Colombia con una agenda concertada en cinco puntos: a) el desarrollo de una política de desarrollo agrario integral; b) la participación política de miembros de las FARC que dejen las armas; c) poner fin al conflicto armado; d) buscar solución al problema del narcotráfico y; d) la atención por parte del Estado a las víctimas de la violencia. Esta agenda se logró luego de meses de acercamientos y reuniones secretas con las FARC, y puso fin a las especulaciones que de tiempo atrás daban cuenta de la inminencia del proceso de paz.
Una de las lecciones aprendidas del pasado, según el Presidente Juan Manuel Santos, es realizar los diálogos con discreción y sin mayor protagonismo en los medios y para ello se instaló protocolariamente el proceso en Oslo (Noruega) el 17 de octubre y se dio inicio al diálogo en Cuba, estos dos países son los garantes del proceso, mientras que Chile y Venezuela realizarán un rol de acompañamiento.
¿Quiénes conforman el equipo negociador?
El equipo negociador por el gobierno Colombiano lo compone Humberto de La Calle, ex Vicepresidente de Colombia durante el Gobierno de Ernesto Samper; Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz; General Jorge Enrique Mora, excomandante de las Fuerzas Militares; Óscar Naranjo, Exdirector de la Policía Nacional y asesor del recién elegido presidente mexicano Enrique Peña Nieto; Frank Pearl, ex Alto Consejero para la Paz y ex Alto Consejero para la Reintegración (Programa Presidencial de Reinserción de Combatientes); y Luís Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales – ANDI.
Por su parte, el equipo negociador de las FARC está compuesto por Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, miembro del Secretariado y comandante del Bloque Oriental. Otros integrantes designados como voceros plenipotenciarios, son: Luís Alberto Albán, alias “Marco León Calarcá”; Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”; Ricardo González, alias “Rodrigo Granda”. Este equipo tiene además dos miembros de especial peso simbólico para las FARC: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, un asesor financiero con postrado en la Universidad de Harvard, que ingresó a las FARC luego de la persecución que le costó la vida a miles de miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica, actualmente está detenido en una prisión federal en Virginia pero las FARC lo reclaman como su vocero, solicitando su presencia en la mesa de diálogo.
Otra figura mediática para las FARC en el proceso es la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias “Alexandra”, quien se creía secuestrada pero hace algunos años se descubrió uno de sus diarios donde describía aspectos como su ingreso voluntario a las FARC. Se trata de una figura atractiva para los medios en una especie de “Che” Guevara femenino y contemporáneo, lo que entienden las FARC como una oportunidad para renovar su maltrecha imagen internacional.
Los dos equipos negociadores evidencian los extremos de un país que no logra encontrar salida a un largo conflicto social y armado, de un lado están los industriales y militares, del otro una anacrónica guerrilla que se beneficia del mismo narcotráfico que corrompe políticos y militares. En el medio está la sociedad civil que reclama tener un lugar en la mesa de diálogo, pero esta iniciativa, al menos por ahora, ha sido rechazada por el gobierno colombiano.
¿Proceso de paz o entrega incondicional?
Luego del anuncio de la apertura de un proceso de paz, los militares colombianos se pronunciaron el mes de septiembre a través de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), agremiación que tiene un importante peso político al estar integrada por los altos mandos militares en retiro pero con incidencia en las tropas. En su comunicado son enfáticos en cerrar la posibilidad de participación política de los combatientes que dejen las armas y se consideran perseguidos, pese a los miles de casos penales que han demostrado la participación de miembros de las fuerzas militares vinculados en homicidio de civiles o sus nexos con el narcotráfico. Frente a ello señalan: “no queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país”.
También señala el comunicado que cualquier tema referente al presupuesto que se destine a las fuerzas militares, el fuero militar o el régimen especial que gozan en salarios y pensiones, constituyen temas “innegociables”. También pidieron tener presencia en la mesa de dialogo con tres militares, y son dos los que hoy integran el equipo negociador del gobierno colombiano. Los militares ven en el naciente movimiento político y social de izquierda “Marcha Patriótica” una amenaza pues lo señalan de ser el “brazo político de la organización terrorista” y exigen que dicho “movimiento político debe ser liquidado hasta tanto no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado”.
Así las cosas, para los militares el proceso de paz no solo debe garantizar sus privilegios y la impunidad que ofrece en algunos casos el fuero militar, sino la desmovilización total y entrega de armas por parte de las guerrillas, el desmonte del narcotráfico y la acción penal con castigo a delitos atroces y de lesa humanidad (para las guerrillas). Es obvio que un proceso de paz tiene un costo y ningún ejército dejará las armas sin nada a cambio, y en la mesa de diálogo empezarán rápidamente a verse las fracturas si no se puede garantizar que las partes cedan en sus pretensiones.
El gobierno del Presidente Santos por su parte, también cree que podrá obtener una negociación rápida por la debilidad de la guerrilla y los golpes militares que ha recibido en los últimos años. Es evidente que la acción militar los ha diezmado, pero creer que se puede lograr su desmovilización con la promesa de participación electoral luego del aniquilamiento de la Unión patriótica (surgida precisamente en otro proceso de paz como alternativa pacífica de acceso al poder), es una ingenuidad y un error que puede impedir un real avance.
La orfandad de la sociedad civil en el proceso de paz.
Si bien múltiples organizaciones sociales han solicitado estar en la mesa de diálogo, los protagonistas siguen siendo los ejércitos legales e ilegales, que libran sus guerras sin considerar a las víctimas y civiles. Resulta curioso que sean las FARC las que reclaman la presencia de la sociedad civil, y no el gobierno, quien debería ser el garante desde la constitución de la participación ciudadana en un aspecto tan central para el futuro del país.
Algunas iniciativas ciudadanas compuestas por organizaciones sociales y gremios, piden que su agenda sea considerada por las FARC y el gobierno en los diálogos. A este clamor se suman las víctimas que buscan a sus familiares desaparecidos o secuestrados por las FARC, o quienes están en zonas donde las acciones de guerra siguen cobrando vidas humanas día a día.
Pese a estas manifestaciones de organizaciones sociales y de quienes en carne propia padecen la guerra, para una mayoría urbana de los colombianos el proceso es solo un intento más de varios que se han adelantado en el pasado. No ha sido posible que una amplia mayoría salga de la desconfianza y el cansancio de estos esfuerzos, y exija de una vez por todas un compromiso real del gobierno de alcanzar la paz, no a cualquier precio como señalan los militares, sino precisamente para no seguir pagando un bien invaluable como la vida humana.
El desafío para todas las organizaciones de la sociedad civil es superar la polarización y llegar a un consenso donde más que el tratamiento que se de a los victimarios, lo esencial sea evitar que sigan existiendo víctimas.
Obstáculos estructurales para el éxito del proceso
En los discursos de apertura del proceso en Oslo, el vocero del Gobierno colombiano Humberto de la Calle, afirmó que las FARC estaban intentando incluir aspectos que no estaban contemplados en la agenda, como si el problema agrario por ejemplo, no tuviera tal complejidad que hace necesario tocar puntos como el despojo de tierras, el testaferrato, los gremios económicos beneficiados con las violencias y la oferta de tierras despojadas, el boom de la minería y la presencia de nuevas estructuras paramilitares, así como la acumulación de tierra que involucra a todos los actores violentos incluidas las FARC.
Por otra parte el gobierno se rasga las vestiduras cuando es Iván Márquez quien pone el dedo en la llaga de múltiples reivindicaciones sociales que dicho sea de paso, no deberían ser un discurso de quienes se benefician de las rentas del narcotráfico. La politización y estigmatización como discurso de izquierda de temas tan centrales como el respeto por los derechos humanos, la preservación de los recursos naturales ante el ingreso de una minería que encuentra plegado al estado ante el sueño de un nuevo “dorado”, la profunda corrupción y falta de ética en toda el aparato institucional, son solo algunos de los desafíos para la sociedad colombiana más allá de un desarme de las guerrillas.
Es significativo el gesto de cese unilateral del fuego por parte de las FARC durante dos meses, pero en una dinámica violenta ya se han documentado varias confrontaciones armadas desde su anuncio y se da un cruce de comunicados entre el gobierno y la guerrilla, acusándose mutuamente de los hostigamientos, que hacen muy difícil la construcción de confianzas elementales para el diálogo.
Si las FARC se acabaran hoy mismo, aún tendríamos en Colombia estructuras criminales asociadas al narcotráfico cada vez más sofisticadas y atroces, una impunidad e inoperancia del sistema de justicia que ya completa un mes de paro y no se nota su ausencia, un poder legislativo cooptado por las mafias paramilitares y un ministerio público incapaz de perseguir la rampante corrupción presente en todas las esferas de lo público.
La llave de la paz entonces la tiene la sociedad Colombia, que debe buscar caminos para superar su visceral contienda histórica que solo reconoce opuestos antagónicos y por supuesto de su gobierno, que no ha sido capaz de sortear las profundas brechas sociales que son en últimas el caldo de cultivo de todas las violencias.
Alex Sierra R. Es antropólogo y se ha desempeñado como investigador y consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 12 años. Es columnista mensual con el Programa de las Américas www.americas.org/es
