La lucha contra el maíz transgénico en México empezó en las comunidades, saltó a las calles y los libros y ahora se dirime en los juzgados.
Es una disputa desigual en la que el ejecutivo federal ha tomado partido activamente por los intereses trasnacionales, en contra de la mayoría de productores y de los consumidores mexicanos. Pero la batalla final parece estarse definiendo a favor del interés general bajo una estrategia que combina eficazmente movilización, campañas informativas y recursos legales.
El debate sobre el maíz transgénico no es un pleito entre seguidores fanáticos y detractores acérrimos sino un juego de intereses en que un bando comprometido con el lucro oculta información, difama investigadores, activistas y jueces, intenta desacreditar estudios serios y miente descaradamente, mientras el otro lado defiende el saber, la autonomía de los campesinos, una vida digna y una agricultura sustentable.
Recientemente, los miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) han sido el gremio más activo en la defensa del maíz mexicano, aunque la invasión transgénica no sea un problema científico esencialmente; de hecho, según la investigadora Elena Álvarez-Buylla no existe más un debate científico debido a “la obsolescencia del paradigma gen ” sostenida por la ingeniería genética al servicio de las trasnacionales. Se trata de un modelo superado aunque las corporaciones multinacionales sigan usando la etiqueta de “científico” para justificar su propaganda.
Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro coordinaron el libro de reciente aparición “El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México”, que reúne a medio centenar de especialistas quienes aportan hechos y elementos de análisis en más de 500 páginas. Su contenido alcanza masa crítica para sostener que si se autorizara el cultivo comercial del maíz de Monsanto, los transgenes se acumularían en los maíces nativos erosionando la economía de los productores, con efectos nocivos en la biodiversidad y la salud de la población.En el prefacio del libro, José Sarukhán, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), afirma que “prácticamente todo el actual territorio nacional” es centro de origen y diversidad genética del maíz, con la presencia de unas 60 razas nativas y miles de variedades, según estudio de la CONABIO concluido en 2011.
Así que los más de 160 permisos para siembras experimentales en el norte del país autorizados por el gobierno federal desde 2009 han puesto ya en riesgo la diversidad genética del maíz nativo y las poblaciones de teocintle (el ancestro del maíz). A partir de 2011 el gobierno autorizó los primeros permisos de siembra en fase piloto y desde 2012 las trasnacionales aumentaron la presión para pasar a la siembra comercial que si fuera autorizada volvería imposible impedir la contaminación transgénica en el país. Las consecuencias de este hecho y los daños documentados que puede generar el maíz transgénico tanto a nivel sub celular, como ambiental, humano y económico, así como consideraciones de índole ética, cultural y política, son algunos de los enfoques del libro.
Desde el año pasado, la unión de científicos ya había puesto en circulación gratuita por internet otro libro: El maíz transgénico en México (en 15 píldoras), un oportuno esfuerzo de divulgación realizado por un grupo de especialistas acerca de la importancia agro genética, económica y cultural de nuestro grano básico y las consecuencias desastrosas que provocaría su contaminación.
La obra fue impresa por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el patronato en defensa del patrimonio cultural presidido por el pintor Francisco Toledo, quien además acaba de lanzar una campaña por un millón de firmas contra el maíz transgénico para persuadir al gobierno federal de desautorizar definitivamente cultivos modificados genéticamente que debido a las patentes acentuarían el monopolio de las semillas.
En una carta al presidente Peña, Toledo hace referencia a la misiva enviada a su vez por el científico David Schubert en octubre al ejecutivo mexicano en la que el reconocido investigador argumenta que no hay necesidad de someter al país a riesgos ambientales cuyas consecuencias serían irreversibles, además de daños a la salud, costos más altos y dependencia social y política que traerían aparejados los cultivos de maíz transgénico.
La galardonada científica y activista Vandana Shiva, en visita reciente, alentó a seguir luchando para que pronto podamos celebrar el fin de los transgénicos. Acompañada por el abogado René Sánchez Galindo, autor de la demanda de acción colectiva que logró en octubre la suspensión de permisos de siembra de maíz transgénico, la luchadora india dio su apoyo a las acciones impulsadas en México para proteger al maíz nativo.
A la fecha, la suspensión se mantiene y el juicio de acción colectiva respaldada por 53 científicos y activistas y 22 organizaciones sigue su curso después de que el Tribunal Unitario ha desechado algunas apelaciones de las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura y de varias empresas. Son 59 recursos, 10 del gobierno y el resto de Monsanto y demás corporaciones que están siendo desahogadas en cinco tribunales: dos jueces federales, dos magistrados de apelaciones y un tribunal colegiado.
El proceso va para largo, dice el abogado y se declara optimista porque la batalla por la opinión pública está siendo perdida por las trasnacionales pero no se hace ilusiones respecto del poder judicial. Aunque los amparos ganados contra Monsanto por comunidades y organizaciones mayas para suspender la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán son un buen telón de fondo, la corporación haciendo alarde de cinismo interpuso en contra del magistrado Jaime Manuel Marroquín un incidente de recusación mediante el cual lo acusa de parcialidad y falta de ética al suspender los permisos de siembra de maíz transgénico. Las tácticas de ablandamiento y las campañas infamantes de la trasnacional son proverbiales.
Sánchez Galindo informó que fue presentada además una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación de garantías a un ambiente sano, a la salud y alimentación.
Mientras tanto, en las comunidades indígenas y campesinas la resistencia es constante y la siembra del maíz nativo continúa.
