Abierto el pasado junio, el centro de detención familiar para migrantes centroamericanos del gobierno estadounidense, en Nuevo México, generó una gran controversia. Localizado en las instalaciones de capacitación de las Fuerzas Policiacas Federales en el pequeño pueblo de Artesia, el encierro, eufemísticamente llamado “centro residencial familiar” por la administración de Obama, atrajo protestas y vigilancia por parte de los simpatizantes de los niños y mujeres detenidos en el sitio.
Activistas de los derechos de los inmigrantes aplaudieron el anuncio del cierre del centro en Artesia en diciembre, pero advierten sobre los planes de Washington de abrir un centro de detención familiar aún más grande en Dilley, Texas, donde varios de los antiguos detenidos podrían ser enviados.
Marcela Diaz, directora ejecutiva de Somos un Pueblo Unido, organización de protección de los derechos de inmigrantes y trabajadores con sede en Nuevo México que lideró las protestas en contra de Artesia, se encuentra entre los críticos de una política que cierra un centro sólo para abrir otro.
“Encarcelar niños no está bien”, comentó Diaz. “No puedo imaginar que va a ser mejor en Texas para el sano desarrollo de estos niños.”
Thomas S. Winkowski, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), dijo que el centro Dilley, cuya administración será subcontratada a la Asociación de Correccionales de América, tendrá una capacidad inicial de 480 residentes pero tendrá eventualmente una capacidad para custodiar a 2,400 personas, número equivalente a la preparatoria más grande de los Estados Unidos.
En una declaración, ICE reportó que detuvo la aceptación de nuevas personas en Artesia a partir del 7 de noviembre.
Virtualmente todos los detenidos de Artesia son originarios del Triángulo Norte de Centroamérica- Guatemala, El Salvador y Honduras. La vasta mayoría declaró que estaban buscando refugió de la violencia rampante que afecta sus países.
De acuerdo con Diaz y otros defensores de inmigrantes, la detención de niños y madres centroamericanos no solo pone en peligro la seguridad de los detenidos en un corto plazo, sino que amenaza con causarles un daño psicológico y social a largo plazo.
Opositores al centro Artesia señalan una falta inicial de asistencia legal para los detenidos que buscan asilo político, la anticipada avalancha de deportaciones apresuradas a Centroamérica, la prevalencia de condiciones no confidenciales en las interacciones legales entre abogados y clientes, la separación de los detenidos de sus familiares, y la falta de servicios de educación para los niños.
En consecuencia, la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU), el Gremio Nacional de Abogados y otras organizaciones defensoras entablaron dos demandas contra la administración de Obama relativas a Artesa, disputando las deportaciones aceleradas en primera instancia y demandando la puesta en libertad de información al público relacionada con el procesamiento de migrantes como segundo caso.
Una demanda colectiva de la ACLU contra la administración de Obama en la corte de Distrito estadounidense en Washington fue formalmente entablada el día 16 de diciembre. La demanda pone en tela de juicio a las políticas de detención familiar de la Casa Blanca y va en contra de la “política general de no liberación” que viola la ley y regulación federal de inmigración, la cual prohíbe la “detención general” de los buscadores de asilo con el propósito de ahuyentar a otros en la búsqueda de refugio, en adición a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
“El gobierno no debería estar usando a estas madres y sus niños como peones,” dijo Judy Rabinovitz, directora interina del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU. “Ellos ya han pasado por experiencias devastadoras, y recluirlos por semanas o meses mientras esperan por sus audiencias de asilo es innecesario y traumatizante”.
Para visitar a los detenidos el pasado julio, defensores legales y sociales fueron forzados a obtener una orden de la corte federal de Los Angeles.
En una declaración reciente, ICE sostuvo que sus “centros residenciales” para adultos con niños eran una “alternativa efectiva y humanitaria” para mantener a las familias unidas mientras esperaban, ya sea regresar a sus países de origen o por decisiones legales en las cortes de inmigración.
“ICE asegura que estos centros residenciales operan en un ambiente abierto, que incluye cuidado médico, salas de juego, trabajadores sociales, servicios educacionales y acceso a asesoramiento legal”, comentó la agencia federal.
Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional por los Derechos de la Frontera en Nuevo México del ACLU, argumentó que las declaraciones de ICE se pierden del punto principal.
“La realidad es esta: No importa como arreglas las condiciones. Estos niños y mujeres no deberían ser puestos en un escenario parecido a una cárcel,” comentó Gaubeca. “Casi 90 por ciento tienen parientes en los Estados Unidos. ¿Por qué no pueden estar con ellos? Desde nuestra perspectiva, no tiene sentido encerrar a mujeres y niños cuando ellos están huyendo de la violencia en sus hogares”.
Gaubeca destaca la ausencia de procesos adecuados en el tratamiento de migrantes centroamericanos en Artesia, sus críticas comparan la oleada de deportaciones como si cientos de detenidos fueran abordados en aviones y llevados de regreso a países rasgados por la violencia.
En el gran esquema de las cosas, las aceleradas deportaciones de centroamericanos de los Estados Unidos realizadas el pasado verano representaron así el silbatazo final en lo que se ha convertido en una oleada de deportaciones trasnacionales.
El alto comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas manifestó que el 70 por ciento de los niños centroamericanos que han sido detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y que fueron entrevistados más tarde para el estudio, dijeron que ellos no habían recibido información acerca de la reclamación del estado de refugiados, mientras 80 por ciento de los niños indicaron que ellos no sabían de la existencia de una oficina especial de inmigración mexicana dedicada a satisfacer las necesidades de los niños.
De acuerdo con Cimacnoticias en la Ciudad de México, México deportó 22,000 menores migrantes del Triángulo Norte entre el año 2008 y el año 2013.
En los Estados Unidos, la falta de procesos adecuados escenificados en Artesia no significa un episodio aislado. Por ejemplo, un nuevo reporte de la ACLU muestra que los inmigrantes son deportados rutinariamente sin un primer juicio de inmigración o sin que se les sea dada la oportunidad de realizar una caso legal para permanecer en los Estados Unidos.
“Bajo el sistema actual, cientos de personas son sujetas a la voluntad y la misericordia de los oficiales de inmigración quienes actúan como fiscales, jueces y deportadores”, comentó Sarah Menta, investigadora de la ACLU y autora del reporte. “Estos oficiales no están preparados con el conocimiento legal y la experiencia para decidir quién tiene derechos o demandas válidas para entrar y vivir en los Estados Unidos”.
De acuerdo con el reporte de la ACLU, 83 por ciento de las 438,421 deportaciones en 2013 no tuvieron ninguna audiencia o fueron revisadas por un juez. “Antes de 1996, la vasta mayoría de personas que enfrentaba deportaciones de este país tenía audiencias en la corte de inmigración. Ahora la mayoría no las tienen, abriendo el camino para errores y abuso absoluto”, menciona la ACLU en una declaración.
La expansión de una “remoción expedita” es un asunto que ha captado la atención de las Naciones Unidas. En su reporte del mes pasado, el Comité de las Naciones Unidas para la Tortura estableció sus preocupaciones sobre el crecimiento del número de deportaciones que no reconocen las situaciones específicas de los buscadores de asilo “y otras personas que tienen la necesidad de protección internacional”.
Aunque el centro de detención en Artesia será historia pronto, Diaz y Gaubeca mencionan que sus organizaciones continuarán oponiéndose a las políticas de detenciones familiares donde sea que broten, junto con sus aliados como la Red de Vigilancia de Detenciones, la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste y otras organizaciones.
Gaubeca alaba la responsabilidad de la sociedad civil en Nuevo México y Texas a la llegada de migrantes centroamericanos en los primeros meses de este año, felicitando a los “cientos de voluntarios” quienes se unieron a la causa de los detenidos de Artesia o ayudaron a financiar albergues temporales para niños que no fueron encerrados.
Un gesto de solidaridad de la comunidad legal igualmente benefició a los migrantes quienes de otro modo podrían haber sido puestos en un avión y sido enviados rápidamente de regreso al lado sur de la frontera.
“Pienso que ellos tuvieron acceso a abogados porque la Asociación de Abogados de Inmigración Americana hizo un impresionante trabajo consiguiendo abogados voluntarios, pero sin ellos los migrantes no habrían tenido nada”, dijo Gaubeca.
En palabras de la investigadora de la ACLU Sarah Mehta, el respeto por los procesos adecuados en el manejo de las demandas de los migrantes no solo es una cuestión de vida o muerte, sino que sacude a la noción fundamental de justicia.
“Si la legitimidad y la justicia importan, nuestro gobierno tiene que permitir a las personas con solicitudes y derechos permanecer en los Estados Unidos para tener una oportunidad de defender estos derechos,” escribió Mehta. “Nuestro gobierno ha separado familias y deportado personas hacia su muerte cuando nosotros fallamos en darles la oportunidad básica de ser escuchados y defenderse ellos mismos…”
