La inseguridad de los migrantes en tiempos de seguridad nacional

Con 1,951 millas de longitud, la frontera entre México y Estados Unidos constituye una línea que transita por regiones físico-geográficas y socioeconómicas muy diversas. Lo único que define casi toda esa línea es el contraste entre el norte y el sur: la marcada desigualdad en términos de desarrollo y bienestar social, mucho más visible en las zonas urbanas.

Resulta también cada vez más impactante la diferencia en infraestructura de seguridad, control y vigilancia fronteriza. Del lado estadounidense, el gobierno ha edificado largos tramos de muro que suman actualmente 651 millas. En algunas zonas metropolitanas, este muro está constituido por tres vallas: una de acero corrugado, otra de elevadas columnas, la tercera de láminas coronadas por alambre de púas. La infraestructura comprende además 33 sistemas de vigilancia por video, detectores de movimientos y 9 drones o aviones no tripulados. Desde 2003 hasta la actualidad, la Patrulla Fronteriza ha doblado el número de agentes y suman actualmente 21,400, el 85% de ellos desplegados en la frontera con México. Otras decenas de agencias del DHS, del Departamento de Defensa y del Departamento de justicia custodian y vigilan la región fronteriza con México[1].

En cambio, del lado mexicano el crimen organizado ha logrado imponer su hegemonía en ciertos lugares y controla territorios asolados donde raramente se aventuran los cuerpos de seguridad.

Desde fines de los años noventa, la intensificación de la vigilancia en las zonas tradicionales de cruce ha obligado a los migrantes a transitar por rutas mucho más largas y por territorios muy peligrosos, tanto por condiciones geográficas y climáticas extremas como por la violencia criminal. Uno de los
resultados más graves de esa estrategia ha sido el aumento de las muertes de migrantes a lo largo de la frontera. Como lo han demostrado varios académicos y numerosos informes de organizaciones de la sociedad civil, este aumento de las muertes está claramente relacionado con el crecimiento de la infraestructura de vigilancia.

De tal manera, a pesar de que en los últimos cinco años los flujos migratorios de México a Estados Unidos han disminuido drásticamente y el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza está a los niveles de la década de 1970, no se han reducido las muertes de personas que cruzan la frontera. Es decir, el cruce se ha vuelto más mortífero que nunca. En el año fiscal 2012 la Patrulla Fronteriza reportó haber encontrado 463 cuerpos de migrantes que intentaban cruzar la frontera, 23% más que en 2011. El crecimiento del número de muertes se debe fundamentalmente a un año particularmente peligroso en el sur de Texas: en el sector de la Patrulla Fronteriza Rio Grande Valley (antes Mc. Allen) se reportaron 150 muertes en 2012, frente a 66 en 2011[2].

Estas muertes son debidas en su mayoría a las condiciones climáticas y del terreno por donde tienen que transitar los migrantes y en segundo lugar por ahogamiento en el Río Bravo. No comprenden los cuerpos que son hallados del lado mexicano.

Como lo han reportado también organizaciones de derechos humanos, México se ha convertido en un territorio extremadamente peligroso para los migrantes. Si bien la mayor parte de los informes se han enfocado en las condiciones de peligrosidad que enfrentan los centroamericanos al transitar por el territorio mexicano, los riesgos de migrantes y deportados mexicanos en la región fronteriza norte del país son también muy altos y han aumentado considerablemente desde 2007.

En 2010, entre los migrantes entrevistados por la Encuesta de Migración en la Frontera Norte (EMIF-Norte) que habían sido devueltos por autoridades estadounidenses, 27.3% dijo haberse enfrentado a una situación que pusiera en riesgo su vida al cruzar la frontera. Esas cifras son mucho más elevadas en el caso de los migrantes que cruzaron por la región sureste de la frontera, en los estados de Coahuila y Tamaulipas. En esta región, el 69.1% percibió que había corrido algún riesgo que pusiera en peligro su vida. Los migrantes señalaban como mayor riesgo el de ahogarse en el río y en segundo lugar, las temperaturas extremas[3].

La llamada guerra contra los cárteles de las drogas, anunciada por el gobierno de Felipe Calderón al poco tiempo de asumir la presidencia, en diciembre de 2006, da una perspectiva totalmente nueva de la migración. Esta guerra provocó un aumento inmediato y acelerado de la inseguridad, la corrupción de autoridades y de cuerpos de seguridad, las violaciones a derechos humanos y la violencia.

Esto puede observarse en el rápido crecimiento de la tasa de homicidios, en particular en algunas regiones del norte del país, afectadas por los conflictos entre organizaciones criminales que se pelean el control del territorio fronterizo. Desde 2007 a 2010, el número de homicidios en México pasó de 8 por cada 100 mil a 22.9 por cada 100 mil, de acuerdo con cifras oficiales, y el número de homicidios promedio en ciudades de la frontera norte fue de 96 por cada 100 mil en ese último año. El caso más extremo fue Juárez, con 280 homicidios por cada 100 mil, que fue la ciudad con mayor tasa de homicidios en el mundo[4].

Los migrantes han sido particularmente afectados por el aumento de la criminalidad. Esto se debe, por un lado, a la mayor injerencia de las organizaciones criminales en el tráfico de personas y por el otro, al aumento de los abusos cometidos por las propias autoridades en su despliegue por el territorio nacional. El control territorial por parte de algunas organizaciones criminales ha generalizado la extorsión a los migrantes al transitar por esas regiones o al intentar cruzar la frontera. Por ejemplo, el cruce por la frontera entre  Tamaulipas y el sur de Texas implica el pago de “cuotas” de 300 a 500 dólares por migrante, a los criminales que custodian las orillas del Río Bravo.

Otro delito grave que se ha multiplicado es el secuestro. De tal manera, en su Informe sobre Secuestro de Migrantes de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó en seis meses (de abril a septiembre de 2010) 214 casos de secuestros masivos con un total de 11,333 víctimas.[5]

En la frontera, el secuestro tiene características diferentes según las regiones. Por ejemplo en Baja California, los testimonios de migrantes y entrevistas con miembros de organizaciones civiles y del Grupo Beta (del Instituto Nacional de Migración) indican una alta incidencia de secuestros que consisten en mantener encerrados a los migrantes en casas de seguridad bajo el pretexto de esperar a que se junte un grupo bastante numeroso o a que existan condiciones para realizar el viaje de manera segura. En ocasiones, los coyotes se comunican con los familiares exigiendo el pago del traslado  por adelantado bajo amenaza de dañar, desaparecer o asesinar al migrante. Para las mujeres, estas condiciones de detención pueden resultar también en abuso sexual o violación por parte del coyote o de otros migrantes.

En cambio en Tamaulipas, el secuestro tiene características extremadamente violentas que terminan muchas veces en el asesinato de los migrantes, como se comprobó con las 47 fosas comunes con 196 cadáveres de migrantes mexicanos y extranjeros, halladas en ese estado a lo largo de 2011[6].

En las ciudades fronterizas, los mexicanos deportados se han vuelto también particularmente vulnerables al secuestro y a la extorsión por parte de autoridades, debido a que la mayoría de ellos carece de documentos de identidad. Además, su vestimenta, su gestualidad o sus tatuajes son señas muy visibles de los años que han pasado “al otro lado”.

Resulta preocupante que al tiempo que crece la inseguridad y la violencia en Tamaulipas, las autoridades estadounidenses han aumentado considerablemente las deportaciones por ese estado: mientras que en 2006 sólo el 4.8% de los mexicanos eran repatriados por las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en 2011 estas ciudades recibieron el 30.8% de las repatriaciones de migrantes mexicanos[7].

Los riesgos que corren los migrantes en el cruce de la frontera son construidos por el contexto político, las interacciones sociales y las relaciones de poder a nivel regional y binacional. Participan en esa construcción tanto los Estados como los diversos actores que, de alguna manera, intervienen en el proceso migratorio, tales como organizaciones criminales, transportistas y coyotes. La obsesión de los políticos estadounidenses por “aumentar la seguridad en la frontera” ha provocado un crecimiento sin precedentes de los peligros que acechan a las personas que cruzan la frontera sin autorización.

En ese sentido, la noción de seguridad sobre la que se enfoca la discusión legislativa de la reforma migratoria en Estados Unidos, parece estar reñida con la seguridad de las personas.

María Dolores París Pombo es Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y colaboradora del Programa de las Américas www.americas.org.

Foto: Michal Weres

Editor: Laura Carlsen