La industria paralela de las cárceles y sus facilitadores en el gobierno

Tom Barry

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La contratación externa (outsourcing) de responsabilidades gubernamentales a entidades privadas es un hecho de rutina y es alarmante. Los escándalos de Blackwater, Wackenhut, CACI, y Halliburton ponen en evidencia daños ocasionados a nuestros asuntos de relaciones exteriores resultado de depender en contratistas particulares para llevar a cabo misiones esenciales de política exterior fuera del país. Sin embargo, es en casa—en nuestro sistema domestico de crimen y castigo—en donde la contratación privada puede estar causando el mayor daño a nuestro sistema de gobernabilidad.

Elementos de nuestros sistemas de justicia criminal y de control de la inmigración giran peligrosamente fuera del control público. En forma creciente, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) están contratando externamente sus responsabilidades de detención y encarcelamiento a cientos de contratistas y sub-contratistas—con escasa supervisión, poca transparencia, y a menudo con consecuencias trágicas. Teniendo como resultado, abusos a los derechos humanos, despilfarro de los haberes públicos, y el inescrupuloso afán por obtener ganancias ha penetrado y pervertido al sistema estadunidense de crimen y castigo.

Una industria penitenciaria paralela (sombra) se ha extendido por todas las partes del sistema federal de detención y encarcelamiento que está, con unas pocas excepciones, completamente a cargo de la detención y encarcelamiento de los inmigrantes, tanto los consignados por el Departamento de Justicia (DOJ) como los correspondientes al Departamento de Seguridad Interna (DHS). Dado que esta industria paralela ha evolucionado sin ningún plan o estrategia, se ha convertido en un laberinto bizarro y complejo de protagonistas públicos y privados poco entendido y alarmantemente fuera de control.

Los protagonistas principales de la industria penitenciaria paralela

Los outsourcers:

DOJ: USMS, BOP, OFDT

Dentro del Departamento de Justicia, a partir de la mitad de la década de los 90, el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) y el Bureau de Prisiones (BOP) han incrementado la contratación de empresas penitenciarias privadas y a gobiernos locales, para que asuman la responsabilidad de la custodia de detenidos y prisioneros de orden federal. Los centros de detención más grandes y la mayoría de los centros de detención de inmigrantes bajo la responsabilidad del Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) están siendo operados por corporaciones privadas. Desde 1998 el Bureau de Prisiones ha erigido diez grandes prisiones exclusivamente para inmigrantes que son administradas por firmas privadas.

El otro protagonista dentro del Departamento de Justicia en la contratación a externos de los detenidos, es la Oficina de la Administración Federal de Detención (OFDT) creada en 2000 para coordinar y supervisar a una retaceria, penosamente descoordinada y sin supervisión, de cárceles y centros de detención indistintamente operados por gobiernos locales, gobiernos estatales, compañías privadas y agencias federales. En parte a causa de la creación del Departamento de Seguridad Interna en 2003, y en parte por el decreciente desinterés de la Casa Blanca sobre la crisis de los centros de detención, la Oficina de la Administración Federal de Detención (OFDT) al presente, funciona no como una oficina central de supervisión y coordinación para las detenciones de orden federal, sino mas bien como una pequeña agencia del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que da servicio a contratistas de la rama penitenciaria privada en busca de hacer negocio con el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS).

DHS: ICE

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) le ha arrebatado el liderazgo al Departamento de Justicia (DOJ) en la custodia de detenidos de orden federal. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) asumió el legado del Servicio de Inmigración y Naturalización, tomando a su cargo la detención penal y la deportación de inmigrantes. Actualmente ICE mantiene a unos 33,000 inmigrantes por día en su red de 350 centros de detención, -alrededor de 400,000 anualmente.

Propietarios de las cárceles y de los centros de detención:

La propiedad de las cárceles y centros de detención para prisioneros y detenidos federales reviste diversas formas, indistintamente pueden ser propiedad de: 1) las agencias federales (tanto del Departamento de Justicia (DOJ) como del Departamento de Seguridad Interna (DHS)), 2) las compañías penitenciarias privadas, y 3) los gobiernos locales que dispongan de acuerdos y contratos con agencias federales y empresas privadas. Generalmente, tanto si son propiedad directa del gobierno federal o propiedad de los gobiernos locales que tengan acuerdos de custodia con el gobierno federal, los operadores y gestores de las instalaciones son empresas privadas del ramo penitenciario.

Contratistas:

Tres compañías privadas del ramo carcelario—Corrections Corporation of America, el Grupo GEO, y Companias Cornell—son las empresas más grandes que reciben a los presos y los detenidos federales, negocio que constituye la fuente de aproximadamente el 40% de sus ingresos. Otros incluyen a las compañías Management & Training Corporation, Esmeralda Correcciones, y Centros de Educación de la Comunidad. Los contratistas celebran sus contratos bien sea directamente con el Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) y la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), o indirectamente a través de contratos con los intermediarios de los gobiernos locales que tienen acuerdos de custodia con estas tres agencias federales.

Subcontratistas:

Además de proveer a las empresas privadas con un creciente flujo de prisioneros y detenidos federales (junto con el pago del per diem asociado a los “días/hombre”), los outsourcers federales también han creado una industria penitenciaria adjunta de subcontratistas. Estos subcontratistas de servicios incluyen a empresas privadas de seguridad como Akal Seguridad y la Wackenhut Corporation (división de G4S), así como a proveedores de servicios de salud como Physicians Network Association y Correctional Healthcare Management. Esta red de empresas de servicios penitenciarios contratan o subcontratan con todos los actores principales del complejo outsorcing penitenciario: organismos federales, los intermediarios de los gobiernos locales, y las empresas privadas de servicios penitenciarios.

Un preso federal puede, por ejemplo, encontrarse legalmente bajo custodia del Departamento de Justicia, pero estar detenido en una cárcel propiedad del gobierno local, operada por una empresa privada servicios penitenciarios, donde su atención médica se presta en virtud de un subcontrato entre el gobierno local y una empresa de salud penitenciaria. Como otro ejemplo de esta compleja red de outsourcers, contratistas y subcontratistas, un detenido que se encuentre en uno de los diferentes centros de detención propiedad del la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), puede que en realidad no estar bajo el cuidado del ICE, sino bajo la custodia de una empresa de seguridad privada.

Intermediarios de los gobiernos locales:

Los outsourcers del gobierno federal, de forma rutinaria firman acuerdos inter-gubernamentales (AIG) con gobiernos locales y estatales (en su mayoría los gobiernos de los condados) que autorizan a los gobiernos que cooperan para resguardar a los prisioneros o detenidos con cargos federales. En muchos de estos casos, el gobierno local da un giro y contrata externamente la administración y operación de la prisión o del centro de detención a empresas penitenciarias privadas y a subcontratistas de servicios carcelarios. El Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) o la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) suelen pagar al gobierno local un estipendio per diem por cada prisionero. En la práctica, sólo una pequeña parte (un par de dólares) de este per diem a viáticos se queda en las arcas del gobierno local, y el saldo se transfiere a los contratistas, subcontratistas, y los inversionistas que proporcionan el financiamiento para construir prisiones. Los gobiernos locales firmantes de acuerdos inter-gubernamentales penitenciarios, frecuentemente subcontratan la responsabilidad del cuidado médico a las empresas de salud correccional. En la práctica, los gobiernos locales no ejercen ningún control sobre sus contratistas y subcontratistas.

Los principales problemas de la industria penitenciaria paralela (sombra)

El gobierno federal ha demostrado ser cada vez más reacio a asumir la responsabilidad directa de los resultados de sus enormes sistemas de justicia penal y de control de la inmigración, en cambio, ha contratado externamente esta ingrata y costosa tarea. Al hacerlo, el gobierno federal ha: 1) evitado, en gran medida, sus responsabilidades en la gestión y supervisión de los contratos, 2) ha hecho caso omiso de su responsabilidad permanente en monitorear las condiciones dentro de estas prisiones financiadas con fondos federales, y 3) ha creado una industria paralela (sombra) que, en la práctica, tiene casi el control absoluto de más de medio millón de presos y detenidos.

Los problemas con la industria penitenciaria paralela, en su mayoría, corresponden a los siguientes temas de preocupación:

1. Falta de coordinación: Los outsourcers del gobierno federal dependen en gran medida en el mismo sistema desarticulado de centenares de contratistas y subcontratistas. Tanto el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) como la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dependen exclusivamente de esta red de contratación para retener al creciente numero de detenidos federales, en gran medida inmigrantes legales o indocumentados. Tipificado, por estudios realizados en el Congreso como una crisis , a finales de 1990, el ahora bifurcado sistema de detención federal (DHS y el DOJ), abrumado en ambos departamentos por el incremento de prisioneros y detenidos inmigrantes, ha vuelto mucho más complicado y problemático.

La nueva promesa del Departamento de Seguridad Interna de revisar su parte del sistema de detención federal hace caso omiso de la historia reciente de los intentos de reformarlo e ilustra la tensión burocrática entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna. Es más, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no ha reconocido su propio papel de promotor del incremento de inmigrantes detenidos en las instalaciones del Bureau de Prisiones y del Departamento de Justicia—al incrementar la criminalización de las violaciones migratorias y el lanzamiento de nuevos programas dirigidos a criminales extranjeros.

2. Falta de supervisión efectiva: Mientras que la industria penitenciaria y sus partidarios afirman que la motivación principal para la contratación externa se servicios carcelarios es mejorar la eficiencia y reducir costos, existe poca evidencia que soporte esta conclusión. En cambio, los factores que impulsan el auge de la industria penitenciaria paralela incluyen un intenso cabildeo, la difusión de la ideología de disminuir las instituciones de gobierno, y el afán de los organismos federales de justicia y de inmigración de deshacerse de la carga que supone el encarcelamiento.

En lugar de proporcionar supervisión eficaz y monitorear los contratos, los outsourcers federales funcionan principalmente como expendedores de contratos y de Per Diem. A falta de la debida diligencia del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la contratación externa del prisionero/detenido federal ha conducido a graves abusos en contra de los derechos de los mismos, a un patrón de irregularidades financieras, y a la aparición de un archipiélago prácticamente inexplorado de cárceles privadas/públicas.

3. Falta de transparencia: La ausencia casi total de supervisión comprometida, ha permitido a la industria penitenciaria florecer en las sombras. Las solicitudes de la más básica información acerca del funcionamiento de estas cárceles y centros de detención habitualmente llevan a ninguna parte.

Los operadores privados, como el Grupo GEO, rebotan las peticiones de los medios de comunicación y los cuestionamientos de organizaciones de defensa hacia los gobiernos locales propietarios de las prisiones y a los outsourcers federales. A su vez, las entidades de gobierno local contratantes, turnan las investigaciones a sus contratistas y subcontratistas a sabiendas de que esto conduce otro callejón sin salida. Por su parte, los outsourcers federales refieren las investigaciones a los gobiernos locales y a sus socios privados y exigen que las solicitudes de información, incluso las más básicas, se canalicen a través de la presentación de una solicitud formal bajo el “Acta de Libertad de Información” (FOIA), para después de mucho retraso, responden negándose o con densos documentos que se amparan en secretos comerciales, patentes y propiedad privada de la información.

Se trata de un sistema revolvente de tirar la bolita por medio del cual los principales actores desvían las preguntas a los demás jugadores. El sistema de contratación externa les permite evadir su propia responsabilidad y afirmar que los problemas y deficiencias del sistema de contratación externa recaen en sus socios contratistas. El resultado es un complicado sistema carcelario que es poco entendido. Aún más importante es que no existen vías efectivas para buscar la compresión y tener claridad acerca del funcionamiento del esencialmente subcontratado sistema penitenciario que prospera por la sistemática falta de gobernanza—un sistema que relega a diario miles de residentes de los EE.UU. a un mundo de sombras.

Recomendaciones de solución

Las reformas para hacer frente a la falta de rendición de cuentas y la transparencia, endémicas en el sistema de contratación externa de los servicios penitenciarios incluyen:

Apoyar la iniciativa HR 2450 para ampliar el Acta de Libertad de Información (FOIA) para todas las cárceles federales y los centros de detención bajo contratos externos. Los detalles y los informes de las operaciones de las prisiones y centros de detención que dependen totalmente de los contratos federales deben estar abiertos a las solicitudes de la FOIA. Si estas empresas encuentran esto oneroso o intrusivo, pueden decidir no renovar sus contratos.
Insistir en que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice un examen del problema de la transparencia—la imposibilidad de obtener información no restringida acerca de la administración, operaciones y condiciones de las prisiones y centros de detención del Bureau de Prisiones y de el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) abarca al Congreso, al público y los medios de comunicación.
Dictar normas obligatorias mínimas para los centros federales de detención, y de inmediato y asegurarse que los centros de detención el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) y la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cumplan con los estándares y no vinculantes existentes.
Eliminar provisión que exenta del impuesto federal a los bonos municipales para el financiamiento de la construcción de prisiones que no estén revisados y aprobados por los votantes.
El Inspector General del Departamento de Justicia y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno deberían estudiar la justificación y la legalidad de las cárceles del Departamento de Justicia y de los centros de detención del Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) destinados exclusivamente para los inmigrantes. Esta segregación de los inmigrantes dentro del sistema de justicia penal plantea graves problemas de desigualdad de trato, incluida la atención médica manifiestamente insuficiente, el rutinario confinamiento, el difícil acceso a abogados y familiares, y la escasa supervisión federal.
Poner fin a la práctica actual de mantener y renovar contratos penitenciarios con los contratistas irresponsables, negligentes y abusivos. En cambio, el Departamento de Justicia (DOJ), la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) deberían poner fin a los contratos privados federales y a los acuerdos inter-gubernamentales (AIG) con las empresas privadas y entidades gubernamentales que intencionalmente cobran de más al gobierno o que manifiesta y reiteradamente incumplen las condiciones de estos contratos federales y de los acuerdos de servicios penitenciarios y de detención.
Habida cuenta las nuevas revelaciones sobre la continua sucesión de muertes y la falta de atención médica adecuada de los inmigrantes detenidos en los centros de detención de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) operados por contratistas privados, el Congreso y la administración deberían poner en marcha una investigación para examinar el número de muertes no justificadas de inmigrantes legales e ilegales detenidos en instalaciones correccionales solo-inmigrantes tanto del Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) como del Departamento de Justicia (DOJ).

Estas reformas constituirían los importantes primeros pasos para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las prisiones privadas contratadas por el gobierno federal. Sin embargo, el subyacente problema causal es la falta de voluntad del gobierno federal para asumir la responsabilidad plena y directa de las consecuencias de la aplicación de sus políticas de hacer cumplir con las leyes y de sentenciar a los culpables. Los sistemas de justicia penal y de inmigración son sistemas muy deteriorados e inmensamente costosos, que han resultado en el encarcelamiento masivo de ciudadanos y no-ciudadanos no-violentos.

Se necesitan con urgencia las reformas estructurales que reducirán sustancialmente el número de ciudadanos e inmigrantes relegadas a encierros costosos e ineficaces, y que darán más atención a las alternativas a la detención, la supervisión de la comunidad, y la terminación de las penas de prisión para muchos delitos no violentos, en particular relacionados con la ley anti-drogas y a violaciones de inmigración.

Nuestro país no puede pagar el precio financiero, social y moral de la encarcelación y la detención masivas. Es más, el encarcelamiento y la detención son inherentemente responsabilidades gubernamentales, que no deben ser contratados externamente a empresas privadas y gobiernos locales que ven a los criminales y a quienes violan la ley de inmigración principalmente y sobre todo como una fuente de ingresos y de ganancias.

Presentado por Tom Barry, director del Programa Transfronterizo del Centro para Política Internacional, en la sesión informativa del Congreso, el 25 de enero de 2009, acerca de la iniciativa HR 2450, un proyecto de ley patrocinado por la representante Sheila Jackson-Lee, entre otros, para garantizar la rendición de cuentas fiscal, reducir el fraude y el gasto superfluo mediante la ampliación del Acta de Libertad de Información, FOIA para que incluya a todos los establecimientos penitenciarios que mantienen los presos federales y los detenidos. El Instituto de Correccionales Privadas fue fundamental en la organización de la sesión informativa.

Traducido por Marta Fernanda Sanchez Soler.

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.