Al acercarse el día de las elecciones, quien ganaría parecía un acertijo. En Sonora, dos partidos se enfrentaron en las elecciones para gobernador.
El PRI controlando al gobierno federal y el PAN a cargo del poder político estatal. El PRI y PAN se enfrentaron –dos partidos carentes de principios morales y notorios por sus esquemas de patronaje, enriquecimiento personal de sus líderes políticos y favoritismo de amigos y familiares con contratos del Gobierno.
Existían buenas razones para creer que Javier Gándara (ex alcalde de Hermosillo) del PAN, podría reemplazar a Guillermo Padrés Elías como Gobernador en septiembre de 2015. Pero muchos observadores y actores políticos en Sonora, en forma persuasiva, argumentaban que la Senadora Claudia Pavlovich podría devolver el Palacio de Gobierno en Hermosillo al PRI –el partido político que mantuvo dicha oficina por siete décadas, hasta la victoria del PAN en Junio de 2009.
La victoria de Pavlovich se veía segura, dado el aumento de los escándalos de corrupción que comenzaron a destacarse alrededor de la administración del PAN, a mediados de 2014.
En su primer año, el Gobernador Padrés comenzó a construir un movimiento de oposición a su administración. Al involucrarse en las transferencias de agua de montaña del acueducto Novillo-Hermosillo, del Río Yaqui a la ciudad capital del Estado, ubicada en el Desierto de Sonora, Padrés provocó una alianza anti-acueducto en la cuenca inferior del río, situada en el Valle del Yaqui y en Ciudad Obregón. A la vez, sin embargo, Padrés al comienzo reforzó –e incluso extendió- el apoyo a su administración y al PAN, por su interés en los megaproyectos acuíferos, incluyendo represas y otros acueductos, de manera de traer agua de la montaña a las ciudades del desierto y a las planicies costeras.
Sin embargo, su arrogancia, su falta de responsabilidad fiscal (o de cualquier tipo de responsabilidad pública), los proyectos para su autoservicio (como utilizar fondos gubernamentales para construir una represa para irrigar el rancho de su familia), su corrupción sorprendente (incluso para México), fueron horadando su base de apoyo político, incluso en Hermosillo. La apropiación de presupuesto, de una serie de agencias estatales por parte de su administración, incluyendo educación, salud pública, entre otros, para así asignar fondos a proyectos favorecidos y apoyar compañías, sobrepasó los niveles tradicionales y esperados de corrupción en el palacio de gobierno.
Sin embargo el PRI también enfrentaba esta elección con el peso del apoyo al Presidente Peña Nieto – primeramente por sus propios escándalos de corrupción y la evidencia en aumento que los militares y policías eran los primeros sospechosos de una ola de violencia horrible (incluso la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero).
Mientras cada partido hurtaba fondos gubernamentales para comprar el voto, la Senadora Pavlovich tenía la ventaja de prometer un aumento de fondos y favores federales por parte del gobierno nacional –controlado por el PRI (Poder Ejecutivo, Congreso, Cortes)- a las comunidades que apoyarían al PRI en la contienda electoral de Junio.
El Gobernador Padrés ganó la elección de 2009 con su promesa de crear una “Nueva Sonora”. Pero después de seis años, los electores, cansados de la corrupción obvia y la consiguiente deuda pública monumental (20.7 mil millones de pesos, representando más de 55% de los ingresos anuales del Estado) resultaron en más votantes persuadidos por las promesas de Pavlovich de “Otra Sonora”.
El futuro del agua
A pesar de todas las protestas y el desorden por el acueducto Novillo-Sonora en los cinco años pasados, no fue un ítem electoral. Ninguno de los candidatos –ya sea de los partidos mayores o minoritarios- dio a conocer su posición sobre el acueducto. Dado que el PRI ha sido en ambos niveles, federal y estatal, el proponente principal y el apoyo financiero de los megaproyectos de agua, es poco lo que se espera que la nueva autoridad retire apoyo financiero, ya sea del estado o federal a los megaproyectos acuíferos. Existe expectativa menor que la nueva gobernación vaya a retirar apoyo financiero, estatal o federal, a los proyectos hidráulicos iniciados por Padrés y su agencia de proyectos hidráulicos Sonora SI (Sistema Integral de Sonora).
Lo que sí se podría esperar, sin embargo, es la manipulación continua del PRI de las comunidades Yaqui con proyectos de patronaje. De forma amplia, el PRI, como partido de oposición en Sonora durante la administración de Padrés, manipuló la guerra del agua Yaqui en contra del acueducto, más como estrategia política para socavar al PAN y a Padrés.
Durante los últimos cinco años, el Gobernador Guillermo Padrés Elías fue el protagonista principal en una de las guerras más divisionistas del agua, en el transborde occidental.
A principios de 2010, a sólo meses que el candidato del PAN asumiera la gobernación por primera vez en la historia de Sonora, Padrés anunció su plan para el acueducto Independencia. Conocido popularmente como el acueducto Novillo-Hermosillo, el acueducto fue construido para transferir agua desde la cuenca media del Río Yaqui, para enfrentar la crisis acuífera de Hermosillo. El gobernador del PAN provocó un movimiento militante anti-acueducto con base en la cuenca inferior del río.
En un comienzo, el lema “No al Novillo” y el Movimiento de Ciudadanos por el Agua en el Valle del Yaqui, exigían que el acueducto no fuera construido, porque reduciría el abastecimiento de agua necesaria para la Comunidad Yaqui, la actividad agrícola y Ciudad Obregón. Luego que la administración de Padrés insistiera en la construcción del acueducto, con el apoyo del entonces Presidente Felipe Calderón (también del PAN), ignoro varias instancias judiciales y demandas de la Comunidad Yaqui de ser consultada, una fracción militante Yaqui comenzó a bloquear en forma intermitente la única carretera norte-sur del Estado.
Los bloqueos Yaqui contaron con el apoyo del sector agroempresarial y del PRI. Miembros de los movimientos de protesta por el acueducto señalaron al Gobernador Padrés y al PAN como los arquitectos y apoyo principal del acueducto.
La realidad política era, sin embargo, no tan simple como la manifestaba el movimiento anti-acueducto. La victoria electoral reciente de la candidata del PRI Claudia Pavlovich, muy probablemente revele el apoyo amplio que tiene el acueducto y otros proyectos hidráulicos, por parte de la elite política y económica de Sonora y del Gobierno Federal.
Protagonistas actores institucionales en la guerra del agua Yaqui
Gobierno del Estado
Los protagonistas actores institucionales son el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora. Como Gobernador, Guillermo Padrés ha sido el defensor principal del acueducto Novillo-Hermosillo, actuando por intermedio de la Oficina del Gobernador, la recientemente creada agencia Sonora SI y la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como también las oficinas estatales, tales como la oficina del Procurador General y otras agencias que proporcionan servicios básicos y asistencia para el desarrollo rural (para pacificar y dividir a la Comunidad Yaqui).
Gobierno Federal
Mientras el Gobernador Padrés y Sonora SI han sido los proponentes gubernamentales más visibles de la transferencia de agua del Río Yaqui, el acueducto Independencia no habría sido posible sin el Gobierno Federal, que mantiene una propuesta fuerte de acueductos y represas para enfrentar la escasez de agua. Pero, más que proponiendo soluciones hidráulicas, CONAGUA proporciona al menos dos tercios del financiamiento (por lo general más de 90%) para dichos proyectos, que incluyen el controversial acueducto en Sonora.
Además del financiamiento, las agencias federales, incluyendo a SEMARNAT y su brazo descentralizado PROFEPA, han aprobado los planes de construcción del acueducto, sin prestar consideración alguna al impacto ambiental que pueda causar la transferencia acuífera. CONAGUA nunca ha evaluado seriamente cuánta agua ha sido retirada con permisos válidos, del Río Yaqui; cuánta agua pertenecía al Yaqui, o el impacto del cambio climático y sequías prolongadas en los niveles del Río Yaqui.
Gobiernos Locales
La Ciudad y el Condado de Hermosillo han sido el apoyo principal del acueducto, sin tener protagonismo oficial. Los Condados de Cajeme y San Ignacio Río Muerto en el Valle del Yaqui, llevaron su caso en contra del acueducto a la Corte Suprema y perdieron en el aspecto principal, que tiene que ver con la legalidad del acueducto. Sin embargo, la Corte Suprema consideró muy disminuido el estudio de impacto ambiental de SEMARNAT y le ordenó que presentara una evaluación más aceptable.
La Comunidad Yaqui no posee estatura legal de gobierno autónomo dentro de México. La Comunidad Yaqui, por el contrario, debe proseguir sus intereses a través de las estructuras políticas de los Municipios y Ejidos bajo control mestizo. Las Comunidades Yaqui sí se manejan por medio de sus formas propias de gobierno, con gobernadores, secretarios y voceros. Sin embargo, estas comunidades y su dirigencia están divididas en diferentes fracciones con sus propios líderes. La ausencia de un gobierno central legalmente reconocido, permite que los Yaqui y otras comunidades indígenas sean vulnerables ante los gobiernos locales, estatales y federal, así como también de aquéllos que representan intereses económicos y políticos.
El Distrito de Irrigación del Valle del Yaqui, que representa a la mayoría de agricultores y agroempresarios más importantes y el PRI, son quienes han proporcionado tanto el apoyo logístico y de otra naturaleza, para los bloqueos del tráfico.
Partidos políticos
La dinámica de la Guerra por el Agua Yaqui ha sido perfilada por las ambiciones políticas de los dos partidos políticos más importantes, el PRI y el PAN, y de manera menor por los partidos con menos influencia en Sonora, en especial el PRD.
Con el lanzamiento de Sonora SI y la construcción de los acueductos de Independencia y otros megaproyectos hidráulicos, el PAN ha esperado solidificar su control sobre el electorado Sonorense, contando con el apoyo muy amplio que han recibido dichos proyectos, especialmente en Hermosillo y otras ciudades del desierto.
La dinámica política cambió luego que Enrique Peña Nieto se convirtiera en Presidente después de Felipe Calderón. Los políticos del PRI, aunque históricamente un fuerte apoyo de tales proyectos hidráulicos y en particular, el plan del acueducto del Río Yaqui de larga data, desde 2010 vienen criticando el acueducto, principalmente en lo que se refiere a asuntos de presupuesto y legales, por encima de la necesidad de tal acueducto.
Mientras, CONAGUA y otras agencias federales no han disminuido su apoyo, a pesar de las tensiones entre el PRI y el PAN en Sonora, y entre los estamentos federales y estatales. Es muy improbable que uno de ellos ahora o en el futuro, apoye algún cierre definitivo del acueducto, dado el profundo apoyo al acueducto afuera del Valle del Yaqui.
CONAGUA, un actor principal
La crisis acuífera de Sonora puede atribuirse a la falta de diligencia apropiada por parte de CONAGUA. Sin asegurar que el acueducto Novillo-Hermosillo contaba con todos los permisos y estudios de impacto ambiental estatales y federales, CONAGUA financió y apoyó la construcción y operación del acueducto al menos hasta 2013.
Sin garantizar que el acueducto no afectaría en forma adversa los derechos del agua de la Comunidad Yaqui o siquiera consultándolos, CONAGUA permitió la transferencia de agua entre bases. Incluso más aún, CONAGUA suministró apoyo crítico a la historia ficticia generada por Sonora SI y la Comisión Estatal del Agua (CEA), al enfrentarse a una oposición creciente.
CONAGUA repitió las declaraciones del gobierno estatal, en el sentido que gran proporción del agua del acueducto venía ya sea de suministro sin ubicación precisa del Río Yaqui, o de la compra de derechos del agua a pequeños propietarios de tierra y ejidatarios en la cuenca al medio (miembros de asentamientos colectivos de tierra llamados ejidos).
Es cierto, tal como los oficiales de CONAGUA acostumbran afirmar, la ley nacional del agua descentralizó el control y monitoreo del uso del agua, proporcionando a las autoridades estatales y locales mayor participación y responsabilidad. Sin embargo, CONAGUA no es una burocracia distante en la Ciudad de México. No sólo tiene CONAGUA muchas oficinas en Hermosillo, sino que todos los permisos para explorar y movilizar el agua en Sonora, como también todos los proyectos hidráulicos de importancia, están bajo la jurisdicción del Organismo de Cuenca Noroeste, con base en Hermosillo. En teoría, esta agencia protege el sostenimiento de los recursos hidráulicos en cada una de las cuencas principales del Estado. Es más, la representación de CONAGUA en Sonora, consiste en oficinas independientes de planificación para las cuencas de Sonoyta, Concepción, Sonora, Yaqui, Mátape y Mayo.
En otras palabras, no es el Gobierno del Estado, ya sea controlado por el PRI, el PRD o el PAN, o el Partido Verde, quien tiene la responsabilidad última por el sostenimiento de la sociedad hidráulica de Sonora. Más bien, es el Gobierno Federal por intermedio de CONAGUA –y no sólo porque autoriza megaproyectos acuíferos e incluso pozos individuales, pero también porque dicha institución y el presupuesto nacional del Gobierno Federal, son quienes proporcionan el principal apoyo financiero para todos los trabajos acuíferos en Sonora.
Traducido por Maria Stella Dabancens
