El 1 de julio de 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en virtud de un expirado “Acuerdo de Cooperación”, procedió a autorizar que un ejército de soldados de la marina norteamericana realizara labores de policía en el país. Pequeño detalle, Costa Rica abolió el ejército en 1949 y desde entonces no se han conformado fuerzas militares nacionales.
Costa Rica es un país mundialmente reconocido por su naturaleza, su estabilidad política y democrática en una región de conflicto, su beligerancia en la protección de los derechos humanos y su pacifismo neutral y desarmado.
Costa Rica atraviesa su historia independiente alejada de los conflictos de poder en la región, salvo esporádicas excepciones, incluida la invasión norteamericana de 1856. El país crece a la par de sus índices de desarrollo humano, los cuales rozaban los niveles del primer mundo para la época de 1980.
En 1949, luego de la última conmoción interna, se establece la nueva república, con una constitución que prohibía el ejército y delegaba exclusivamente en las fuerzas civiles de policía la “vigilancia y mantenimiento del orden público”. El país se dedicó a promover los derechos humanos, firmándose en San José, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ardiente guerra fría se extendió al istmo centroamericano, y en medio de la presión de los sandinistas nicaragüenses y los “contras” entrenados por la CIA, el entonces Presidente Luis Alberto Monge procedió en noviembre de 1983, a declarar la neutralidad perpetua y no armada de Costa Rica frente a conflictos bélicos de otros Estados, lo cual permitió al país mantenerse en paz en medio de las guerras y los conflictos vecinos, procurando mantener los índices de desarrollo en una región que colapsaba.
Recientemente, y en medio del proceso de destrucción del aparato judicial que el gobierno de Oscar Arias pusiera en práctica (actualmente el país se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parcialidad judicial a favor del expresidentes Arias, sus familiares y sus políticas), Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en reconocer y declarar el derecho a la paz. Dicha situación tan especial fue el resultado de dos casos presentados por el autor ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El primer caso se refiere al apoyo que el gobierno de Costa Rica diere a la coalición que invadió Irak en el 2003. En dicha sentencia, la Corte anuló el apoyo por considerar que violaba la neutralidad en su condición de acto unilateral, violaba la Carta de las Naciones Unidas y violaba un principio fundamental “de la identidad costarricense” como lo es el “valor” paz. Nunca antes una corte anuló el apoyo que un gobierno diere a una invasión.
El segundo caso se refiere a un decreto emitido por Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, mediante el cual autoriza la extracción de torio y uranio, la elaboración de combustible nuclear y la fabricación de reactores nucleares “para todo propósito”. La Corte anuló la parte del decreto impugnada, reconociendo la existencia de un derecho a la paz, el cual había sido violentado por el Estado con dicho decreto, en virtud de la relación directa de dichos elementos con el “anti-valor” de la guerra.
Dicho derecho a la paz, impone obligaciones positivas y negativas para el Estado. Positivamente, DEBE promover la paz a nivel internacional, negativamente, debe abstenerse de autorizar actividades relacionadas con la guerra, incluso el ingreso, fabricación, compra, venta, almacenaje, importación, exportación, etc., de ítemes, bienes o servicios hechos o pensados con la intención de ser utilizados en una guerra. Tal y como la misma Corte Constitucional lo manifestó.
Aparte de ésta historia costarricense, el mundo se ha visto afectado por múltiples problemas, siendo el narcotráfico uno de ellos. Desgraciadamente en el mundo actual, con los políticos actuales y su forma de conducirse en lo que Platón llamaría “el arte de gobernar”, han convertido los problemas reales de la sociedad en “excusas de seguridad” para la consecución de sus fines económicos o hegemónicos imperialistas.
Costa Rica, a pesar de las obligaciones legales adquiridas, no ha sido excepción a la regla. Simplemente han necesitado unos pocos gobiernos títeres y serviles suficientemente dispuestos a hacer lo que sea por su propio bienestar, y el de sus jefe, atropellando y destruyendo los logros y reivindicaciones conseguidas por el pueblo soberano en luchas democráticas y dentro del marco de la institucionalidad.
El permiso legislativo otorgado, se basa en un acuerdo de patrullaje marítimo conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica que, además de haber terminado en octubre del 2009, nunca autorizó el ingreso de militares, y sólo permitió transportes del servicio de guardacostas.
No obstante lo anterior, la Asamblea Legislativa autorizó el ingreso de 12,207 soldados estadounidenses y 46 buques militares. 45 de ellos artillados. 43 de ellos buques de guerra clase “Oliver Hazard Perry”. Los buques traen consigo 180 helicópteros Sikorski Blackhawks de categorías SH-60 y MH-60, helicópteros diseñados primordialmente de guerra antisubmarina, guerra submarina, guerra antisuperficie, guerra especial naval, búsqueda y rescate de combate, entre otros.
En adición a la exorbitante suma de 180 helicópteros, se autoriza el ingreso de 10 aviones McDonnell Douglas (Boeing) AV-8B Harrier II, el cual es un avión de ataque terrestre (¿para operaciones en el mar?) los cuales pueden incluir: metralladoras GAU-12 Equalizer de 25 mm, 4 lanzacohetes LAU-5003 con capacidad para 19 cohetes CRV7 de 70mm cada lanzacohetes, 6 misiles AGM-65 Maverick o 2 AGM-84 Harpoon o 2 AGM-88 HARM. Pueden incluir también bombas de racimo CDU-100, bombas sin guía Mark 80, bombas Paveway guiadas por láser o bombas de NAPALM Mark 77.
El permiso además incluye 2 portaviones clase “Wasp de ataque anfibio”, los cuales son específicamente buques de asalto.
TODA la lista de buques, aeronaves, helicópteros y soldados citada se refiere a ítemes pensados y diseñados para ser utilizados en una guerra, razón por la cual no pueden ser utilizados en nuestro país, so pena de violar la obligación negativa del Estado de rechazarlos, en perjuicio y violación del Derecho a la Paz.
La embajada de Estados Unidos en Costa Rica dice que no hay problema porque su país no enviará dicho equipamiento. Dos cosas. La primera, no le creo al embajador norteamericano ni aunque de ello dependa mi vida. La segunda, el problema no es lo que los norteamericanos envíen, el problema es doméstico, sobre lo que se autorizó a entrar y operar.
A pesar de las limitaciones legales existentes en el país y a pesar de la obligación constitucional de delegar en policía civil la vigilancia y observancia del orden público, la servil asamblea legislativa, dominada por los partidos de gobierno, se sirve de tablero de ajedrez para los juegos militaristas norteamericanos.
Como costarricense, lo más triste de la situación, además de la destrucción de nuestra historia, es, que vamos a militarizar el país con ejércitos extranjeros, para proteger la droga colombiana y el petróleo venezolano que los norteamericanos tanto quieren (si Estados Unidos quisiera eliminar el problema de las drogas, atacaría el problema donde se cultivan las drogas, o en los países más cercanos al de producción. La “lucha antidrogas” no es más que una excusa para fines ulteriores), para que, en caso de combate, se libre en suelo del país de paz, que sin ejército y con neutralidad permitirá y facilitará el regreso de las guerra fría de la que los Estados Unidos tanto necesita para su supervivencia.
Es un asco, para mí, la más baja y ruin forma de agresión militar en tiempos modernos.
Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en su ciudad natal de Heredia, Costa Rica. Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, ha litigado en promoción del Derecho a la Paz, logrando su reconocimiento constitucional en el 2008. Previo a ello, acudió exitosamente a la Corte Suprema para obligar a su país a retirar el apoyo dado a la coalición invasora del Irak. Desde el año 2005 ha participado en foros y conferencias en promoción del Derecho a la Paz, incluyendo el Foro Mundial de la Paz de Vancouver 2005, el Foro Social Mundial del 2007 en Nairobi, las 62 Conferencia UN DPI sobre desarme, en México en el 2009, la Conferencia sobre el 60 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre desarme nuclear del 2010 en París, entre otras. Paralelo a su trabajo como abogado litigante, Zamora realiza su actividad judicial a favor de la paz de manera gratuita y autosuficiente. Actualmente participa como experto en el derecho a la paz y desarme nuclear en distintos foros internacionales.
