“Mientras un solo vecino siga desplazado de su hogar, seguirá la crisis que comenzó con el terremoto“, dice Gabriel Macías, de los Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan cuyos edificios colapsaron en el terremoto del 19 de septiembre. A su alrededor se reunen docenas de periodistas, vecinos y miembros de los Topos, equipos de rescate voluntarios de la Ciudad de México.
Mientras el sol del mediodía caía, representantes de la organización del vecindario se unieron a las víctimas del terremoto de la ciudad de México (Damnificados Unidos) para bloquear la avenida Tlalpan, una de las calles más concurridas de la ciudad, exigiendo una estrategia de reconstrucción efectiva. Un año después del terremoto 7.1 que destruyó sus hogares, muchos todavía no tienen un lugar para vivir. Los signos y comentarios mostraron el enojo provocado por la lenta respuesta del gobierno a sus necesidades.
Macías expresó su frustración al decir que las autoridades de la ciudad engañaron a los residentes del multifamiliar de Tlalpan en numerosas ocasiones, pero “no pudieron dividirnos o marginarnos por una razón: nuestra lucha es justa y no tiene otro objetivo que el de regresar a nuestros hogares“.
Al terminar sus comentarios, la multitud comenzó a gritar: “Damnificados unidos, serán reconstruidos”.
Cientas de personas se unieron a las familias de Tlalpan para conmemorar el terremoto y observar un minuto de silencio a la 1:14 p.m. Tras el silencio, la alarma sísmica sonó en toda la ciudad a la 1:16 pm en un simulacro programado en el momento en que la tierra comenzó a temblar en el 2017. Los manifestantes levantaron los puños, el símbolo utilizado durante los esfuerzos de rescate para pedir silencio cuando los trabajadores de rescate escuchaban signos de vida bajo los escombros. Cuando la alarma hizo eco entre la multitud, algunos rompieron a llorar, mientras que otros miraron fijamente hacia adelante.
En la mañana, el Multifamiliar de Tlalpan celebró una misa para las víctimas del terremoto que han muerto el año pasado, que nunca pudieron regresar a sus hogares. Nueve coronas blancas representaron a las nueve personas que murieron en el multifamiliar Tlalpan, dos de ellos eran niños. Los miembros del Multifamiliar vestían camisetas blancas sencillas con la imagen de un puño levantado en el aire, leyendo: “¡Reconstrucción ahora! La emergencia no ha terminado “.
El terremoto que sacudió la capital y los estados vecinos mató a 369 personas. Cientos de familias siguen desplazadas, esperando que sus apartamentos y casas dañadas estén reparados o que se les proporcionen nuevas viviendas. Muchos expresaron su frustración con las medidas ineficaces del gobierno y la ira por la corrupción detrás de la pérdida de vidas y propiedades. Un informe detallado de la asociación civil de los Mexicanos contra la corrupción e impunidad encontró que los desarrolladores a menudo eludían los estrictos códigos de construcción implementados después del terremoto de 1985. En varios casos, las estructuras construidas en los últimos 15 años colapsaron y los inspectores descubrieron que los desarrolladores habían usado materiales de construcción por debajo del estándar.
En otros casos, los edificios más antiguos se modificaron gradualmente a lo largo de los años, sin cumplir con las normas de construcción. Las autoridades ordenaron retirar una valla publicitaria de la parte superior de un edificio en el barrio de Piedad Narvarte en 2015. La cartelera quedó en pie y fue un “factor agravante” cuando el edificio colapsó el 19 de septiembre y mató a 11 personas.
En los últimos años, el 19 de septiembre ha sido un día de tranquila reflexión y recuerdo de las más de 10,000 personas que perdieron la vida en 1985, pero después de un devastador nuevo terremoto el mismo día, 32 años después, se convirtió en un día de protesta y llamado a justicia. Las familias del multifamiliar Tlalpan denunciaron un proceso de reconstrucción ineficiente y lento. Criticaron los programas del gobierno que requieren que las víctimas saquen crédito por sus nuevos apartamentos y pidieron una reconstrucción financiada con fondos públicos.
Luego de la reunión en el complejo de Tlalpan, Damnificados Unidos condujo una marcha hacia la plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo. Cientos de víctimas más de las delegaciones de Iztapalapa, Xochimilco, Benito Juárez y Cuauhtémoc se presentaron con carteles, cantos y sus propias demandas de justicia para los responsables de la peligrosa construcción y las reparaciones atrasadas a las víctimas.
La negligencia y la corrupción de los funcionarios de la ciudad tanto antes como después del terremoto han enojado a los residentes de la Ciudad de México y a las víctimas del terremoto.
Mientras que los desarrolladores a menudo tenían la culpa, pocos se han enfrentado a cargos por sus roles en derrumbes mortales de edificios. En el desgarrador caso de la escuela Rébsamen en Tlalpan que dejó 19 niños y nueve adultos muertos, solo uno de los directores responsables de la construcción ha sido arrestado. Las otras, incluida la directora de la escuela, Mónica García, que figura en la lista de Interpol, huyeron de la escena.
Después del desastre natural, las víctimas en duelo y los familiares se vieron obligados a enfrentarse a la burocracia de Ciudad de México. Mientras los fondos llegaban de todas partes del mundo para ayudar a las víctimas del terremoto, y el gobierno federal anunció que más de dos mil millones de dólares se dedicarían a la reconstrucción, muchas víctimas han esperado meses para recibir apoyo.
Un año después, las víctimas se preguntan qué pasó con todo ese dinero. Las investigaciones recientes ofrecen algunas pistas y pintan una imagen de una burocracia inepta y corrupta. Huffington Post México descubrió que el director de la Comisión de Reconstrucción de la Secretaría de Obras Públicas, Edgar Tungüi Rodríguez, ha otorgado a amigos y familiares contratos para proyectos de reconstrucción.
Las organizaciones civiles mexicanas Fundar, el Centro de Análisis e Investigación y Transparencia Mexicana publicaron un informe el 17 de septiembre que encontró una falta de transparencia en la información pública que hace que sea imposible evaluar completamente la efectividad de los esfuerzos de reconstrucción. El informe dice que la información pública “es dispersa, insuficiente y no tiene la calidad necesaria para catalizar la coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado”. Animal Político y Radio Ambulante informaron sobre el proceso ineficiente y confuso para reconstruir escuelas dañadas en la capital. Una madre se quejó de que la escuela de su hija había sido inspeccionada 10 veces, pero el gobierno aún no había comenzado la reconstrucción. Mientras tanto, los estudiantes asistieron a clases bajo lonas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) publicó un informe el martes 18 de septiembre en el que se descubrió que los funcionarios de la ciudad violaban rutinariamente los derechos humanos de las víctimas del terremoto. El informe menciona la falta de un Atlas de riesgos exhaustivo para la ciudad, la falta de seguimiento en la investigación de quién fue responsable de los edificios colapsados y los protocolos insuficientes para rescatar a las víctimas.
Si bien la mayoría de la atención se dirige a la capital, la situación también es grave para las víctimas del terremoto del 7 de septiembre de 2017 en Oaxaca y Chiapas, y de las comunidades de Morelos y Puebla el 19 de septiembre.
Las administraciones entrantes de Claudia Sheinbaum como alcaldesa de la Ciudad de México y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador heredarán los difamados programas de reconstrucción. Sus seguidores y críticos estarán observando de cerca para ver cómo manejan el proceso de recuperación en curso. El 19 de septiembre en Juchitán, Oaxaca, López Obrador anunció que destinará más de 500 millones de dólares al Programa Nacional de Reconstrucción.
Después del 1985, los vecinos se organizaron para exigir vivienda al gobierno para evitar resultar desplazados de la ciudad de México. El derecho a la vivienda en la ciudad se ha vuelto más urgente a medida que la especulación inmobiliaria y la gentrificación se arraigan en muchos barrios de la Ciudad de México. Mientras que algunas víctimas del terremoto eran de clase media o alta, muchas son de clase trabajadora y carecen de los recursos para trasladarse. Estas víctimas están cayendo por las grietas en el proceso de reconstrucción al azar.
El gobierno de la ciudad presuntamente utilizó matones para desplazar violentamente a una comunidad indígena otomí de un edificio dañado en Roma 18 en el barrio de Juárez el día del primer aniversario del sismo. Las familias otomíes, que emigraron a la ciudad de México desde Querétaro, han vivido durante las últimas dos décadas en el edificio histórico que alguna vez albergó la embajada de la República española en México.
El edificio ya había sufrido daños a lo largo de los años pero el terremoto de 2017 comprometió aún más la estructura y muchas familias se mudaron a un campamento en la calle. Los otomíes se han resistido a los intentos de desalojo, mientras la ciudad sostiene que están ocupando ilegalmente el edificio. En la mañana del 19 de septiembre, la policía llegó y desalojó a las familias otomíes. Su condición de víctimas del terremoto no fue suficiente para que las autoridades de la ciudad respetaran su derecho a la vivienda.
El nuevo gobierno de MORENA en la Ciudad de México tendrá que enfrentar los cambios ambientales y sociales en curso que impulsan el desplazamiento. El terremoto del 19 de septiembre del año pasado mostró una comunidad urbana capaz de unirse para apoyarse mutuamente en un desastre natural, pero también resultó ser una oportunidad para mayor corrupción y apropiación de tierras por parte de funcionarios gubernamentales e intereses privados ansiosos por expulsar a la gente de sus comunidades y volver a desarrollar a medida que aumenta el valor inmobiliario en la ciudad. Como dijeron varias de las víctimas, la lucha por el derecho a la vivienda para las víctimas de los desastres naturales que comenzó en 1985 es tan necesaria como siempre.
Este mes, entró en vigencia la nueva Constitución de la Ciudad de México que garantiza el “derecho a una vivienda adecuada para cada persona y su familia, adaptada a sus necesidades“. En los próximos meses y años, las autoridades de la ciudad tendrán que comprometerse con su sólida ejecución o el derecho a la vivienda se asemejará a los códigos de construcción de la ciudad: bien en el papel pero peligrosamente carente de implementación.
