El pasado 30 de septiembre, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República amparándose en el artículo 134 de la Constitución y convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Los congresistas electos, deberán completar el mandato de los destituidos, que tenían mandato para legislar hasta el 28 de julio de 2021.
Con esta medida puso fin a una insostenible relación entre su gobierno y el Congreso de la República, con mayoría aplastante de la alianza entre los apristas y el partido de los Fujimori, Fuerza Popular, cuyo accionar prepotente y obstruccionista boicoteó permanentemente la gestión del Ejecutivo, impidió llevar adelante las propuestas de reforma política y judicial presentadas por este, intentó copar otros poderes del Estado, y saboteó las investigaciones sobre los casos de corrupción, especialmente los vinculados a las operaciones denominadas Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto.
En la primera, en la que participaron varias empresas brasileñas (Odebrecht OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa), están acusados todos los presidentes peruanos de las dos últimas décadas, varios alcaldes, gobernadores, candidatos a la presidencia, congresistas y otros servidores públicos, así como también importantes grupos empresariales locales, el más notorio de ellos el agrupado en el denominado Club de la Construcción.[1]
La decisión presidencial del cierre constitucional del Congreso derivó en el inmediato reconocimiento a Vizcarra como jefe supremo de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, multitudinarias marchas de apoyo de los ciudadanos en el país, pronunciamientos a favor de todos los gobernadores regionales y también de alcaldes, universidades, entre otros. Estos hechos, así como la convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones a elecciones legislativas para reemplazar al disuelto Congreso, atendiendo a la orden presidencial, han dado lugar a que hoy prevalezca una situación de aparente calma. Según encuestas recientes, 89% de la ciudadanía apoya la disolución del Congreso.
Sin embargo, algunas demandas legales interpuestas por miembros del disuelto Congreso, y sobre todo el temor manifestado por algunos sectores empresariales y políticos con respecto al eventual copamiento de fuerzas de izquierda en el próximo Parlamento, genera incertidumbre en dichos sectores.
La cruzada de Vizcarra contra la corrupción
Martín Vizcarra, exvicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, asumió la presidencia el 23 de marzo de 2018, debido a la renuncia de este último para evitar que lo vacaran, dados los evidentes actos de corrupción cometidos durante su gestión como ministro de Economía y primer ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, preso actualmente en Estados Unidos por la trama Lava Jato. Las circunstancias de su renuncia fueron explicadas en este sitio, en PPK: Tú sabes cómo es la nuez. [2]
Al asumir la presidencia, Vizcarra propuso poner punto final a una política de odio y confrontación que propiciaban inestabilidad y zozobra institucional que perjudicaban al país y anunció su lucha firme contra la corrupción y la recuperación de la confianza, lo que refleja la situación de crispación que se había vivido desde que se inició el gobierno de PPK.
Vizcarra tomó el mando del gobierno con la aceptación del fujimorismo, pues finalmente logró sacar a Kuczynski de la presidencia quien, con el apoyo de la izquierda en la segunda vuelta electoral, en 2016, le ganó la presidencia a su rival, Keiko Fujimori, por una diferencia mínima.[3]
Pero luego sucederían algunos hechos que también la distanciaron de Vizcarra, como la aprobación del reglamento de la Ley de Alimentación Saludable,[4] a la que el fujimorismo se opuso tajantemente por su estrecha relación con la Sociedad Nacional de Industrias que buscaba la derogación de la norma. Asimismo, la presentación por el poder Ejecutivo de la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra una ley aprobada por el APRA (el partido del fallecido Alan García) y Fuerza Popular (el partido de Keiko Fujimori) que prohibía la publicidad del Estado en medios privados.[5] Tampoco vieron con simpatía la ley para reorganizar y fortalecer la Contraloría, entre otros.
Lo determinante tuvo lugar en julio, cuando se destaparon los audios de los denominados “Cuellos Blancos del Puerto” que mostraron la existencia de una red criminal que incluía a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ―entidad que designa y remueve a jueces y fiscales―, de la Corte Superior del Callao y a varios jueces y fiscales supremos, además de muchos otros de menor jerarquía, así como a políticos. Los audios mostraron su cercana relación con el fujimorismo y un sector del APRA.
El escándalo fue enorme, y el gobierno nombró a la Comisión Wagner que en tres semanas armó propuestas para la reforma de la justicia que Vizcarra presentó el 28 de julio del 2018 en su mensaje a la nación, junto con reformas políticas como la no reelección inmediata de congresistas, la vuelta a la bicameralidad y la regulación del financiamiento de los partidos. El conflicto con el fujimorismo recrudeció, pero la presión de Vizcarra y de la ciudadanía fue tan grande que se vieron obligados a aprobar las reformas en el Congreso ―aunque cambiaron partes de algunas de ellas― en plazos suficientes para realizar el referéndum que manda la Constitución cuando se trata de modificaciones a la Carta Política.
Luego del referéndum, en el que logró un respaldo categórico, Vizcarra nombró la Comisión Tuesta para profundizar la reforma política, resultado de lo cual se presentaron 12 proyectos que el Congreso debía aprobar, pero les dio largas. El presidente optó por insistir en por lo menos seis de ellos y logró la aprobación de cuatro relacionados con los partidos políticos: nuevas reglas para su inscripción, el financiamiento indebido y la democracia interna, así como la paridad (igual cantidad de hombres y mujeres) y alternancia (un hombre, una mujer en las candidaturas).
En medio de la discusión de estas reformas se inició la investigación de los “Cuellos Blancos” y la ciudadanía fue testigo del descarado blindaje del fujimorismo y del APRA a los acusados, ya que, por tratarse de cargos altos, se necesitaba que el Congreso les levantara la inmunidad para que pudieran ser procesados por la Fiscalía. La alianza de estas dos fuerzas políticas data del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), cuando éste le ganó las elecciones, en segunda vuelta, a Ollanta Humala. La misma se fortaleció al inicio del gobierno de Kuczyinski con el objetivo de encubrir a sus líderes y entorpecer las investigaciones por corrupción.
Como señala el periodista peruano César Hildebrandt, “el aprofujimorismo se había convertido en una alianza forajida que hizo del congreso un muladar”.[6] Ello lo ponen de manifiesto los fiscales que lideran las investigaciones sobre el caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han señalado que el Congreso representó para ellos una amenaza permanente en el desarrollo de sus actividades.[7] Ambos han señalado que las fuerzas políticas buscaban favorecer a ciertos investigados que estaban vinculados a sus intereses como a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien se encuentra bajo prisión preventiva por presunto lavado de activos.[8].
De la misma manera, las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan a los “Cuellos Blancos”, reconocieron que la información recabada alcanza a congresistas de Fuerza Popular. “Ahora comprendemos por qué se blinda a los exconsejeros para que no vayan a ser investigados por organización criminal”.[9] Estas afirmaciones explican por qué el Congreso resistía las iniciativas enviadas por el Ejecutivo para las reformas judicial y política.
La propuesta de adelanto de elecciones generales y el rechazo del Congreso
Las modificaciones que hizo la mayoría aprofujimorista del Congreso en la reforma sobre la inmunidad parlamentaria ―que más bien la consagró como sinónimo de impunidad― y la protección que hicieron estas dos fuerzas al exfiscal de la nación, Pedro Chávarry, exacerbaron la confrontación con el presidente Vizcarra, que contaba con el respaldo ciudadano mientras liderara la lucha contra la corrupción. Chávarry está acusado de pertenecer a la red de los Cuellos Blancos y es el principal operador del fujimorismo y el aprismo para que fracasara el acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht, que permitirá contar con las pruebas de la corrupción en el Perú.
En estas circunstancias, Vizcarra anunció el 28 de julio del año en curso que presentaría un proyecto de reforma constitucional para recortar el periodo del mandato tanto del Legislativo como del Ejecutivo, al 28 de julio de 2020, un año antes de la fecha prevista para concluir su mandato. Según el jefe de Estado esta medida permitiría superar la crisis institucional y tener nuevas reglas de juego porque “las que hay están quebradas e infiltradas de corrupción”.
Fuerza Popular y el APRA, con el apoyo de otras fuerzas políticas de menor representación, se resistieron a abordar el tema de adelanto de elecciones porque ello implicaba la pérdida de sus curules, sus remuneraciones y la inmunidad parlamentaria, ya que muchos de ellos tienen causas abiertas con la justicia. Además, estaban abocados a frenar las investigaciones de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos para proteger a sus líderes políticos.
El 27 de septiembre, en una cuestionada votación, la Comisión de Constitución decidió archivar el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones.[10] Una vez archivado, Vizcarra ya no podía presentar cuestión de confianza sobre el asunto. Hasta ese momento, su primer ministro, Salvador del Solar, había sostenido conversaciones privadas con representantes de los partidos opuestos al adelanto de elecciones intentando infructuosamente lograr acuerdos mínimos que hicieran viable la propuesta.
De manera paralela, decidieron elegir, en tiempo récord y a la medida de los intereses de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular y el APRA, a los seis miembros del Tribunal Constitucional (TC), órgano máximo de interpretación de la constitucionalidad de las normas y actos en el Perú, cuyos mandatos habían expirado. El Tribunal le correspondía decidir, muy próximamente, la liberación de Keiko Fujimori.[11] Sin tiempo para que la ciudadanía conociera a los candidatos o pudieran presentarse tachas, el presidente del Congreso convocó al pleno para nombrar al nuevo TC a primera hora del histórico 30 de septiembre.
Para evitar esta manipulación en la designación de los magistrados del TC, el presidente Vizcarra decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para que se aprobara la modificación de los procedimientos para elegirlos. Argumentó que la falta de participación y transparencia en el proceso de selección afectaba la lucha contra la corrupción. Y anunció que haría cuestión de confianza al respecto.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. Si el Congreso niega la confianza al primer ministro, todo el gabinete ministerial debe renunciar y recomponerse. Cuando se rechaza por segunda vez en un mismo período presidencial, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones congresales. El Congreso ya le había negado la confianza al gabinete presidido por el entonces primer ministro, Fernando Zavala, en 2017.
Por lo tanto, la decisión de Vizcarra de presentar una cuestión de confianza sobre el mecanismo para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, era un fuerte mecanismo de presión. Si el Congreso no la aprobaba, el presidente estaba facultado a cerrar el Congreso. Urgía entonces que la cuestión de confianza fuera presentada por el primer ministro antes de que se produjera la elección de los magistrados. Era la última carta que le quedaba para impedir que el aprofujimorismo controlara el TC.
La presentación de la cuestión de confianza por el primer ministro y la disolución del Congreso
Por eso, aquel lunes 30 de septiembre por la mañana, el primer ministro encontró trancadas las puertas del hemiciclo del Congreso, pero logró ingresar después de una trifulca entre los congresistas del aprofujimorismo y los que respaldaban la acción del gobierno. Invocando el artículo 129 de la Constitución, que establece que el primer ministro puede participar del pleno del Congreso, sin derecho a voto, presentó la moción de confianza en siete minutos y señaló claramente: “Hago cuestión de confianza, en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la niegue, si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento”.[12].
A continuación, un partido de izquierda (Nuevo Perú) presentó una cuestión previa para que el Congreso decidiera si se votaba la cuestión de confianza o se continuaba con el nombramiento de los magistrados. La votación fue contundente: con 80 votos de 130 se optó por continuar con el nombramiento de los magistrados para el TC y abordar la cuestión de confianza por la tarde. De esta manera, de facto, se rechazó la moción de confianza presentada por el primer ministro[13].
Por otro lado, en una votación irregular, en la que dos congresistas presentaron impugnaciones al haberse alterado la contabilidad de los votos, se designó a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo hermano del presidente del hoy disuelto Congreso, y funcional a los intereses del fujimorismo y del APRA. Este único nombramiento era suficiente para cambiar la correlación de fuerzas del Tribunal Constitucional.
Una vez logrado el objetivo de elegir a ese magistrado, el Congreso le dio el voto de confianza a la propuesta presentada por el primer ministro, mientras paralelamente el presidente anunciaba la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020 ante la “negación fáctica del Congreso” de aprobar la moción de confianza, por los hechos descritos líneas arriba[14].
Como respuesta, ese mismo día, el ya disuelto Congreso suspendió al presidente Vizcarra por doce meses por incapacidad temporal y nombró presidenta en funciones a la vicepresidenta Mercedes Araoz, cargo al que renunció al día siguiente, aduciendo haberse sentido presionada.[15] También renunció a la vicepresidencia y exhortó a que se convocara a elecciones generales, es decir, que Vizcarra también renunciara. El problema es que el Congreso ya estaba disuelto, y sin él, no se puede reformar la Constitución para reducir el período de gobierno y convocar a elecciones generales.
La incertidumbre política y los temores del sector empresarial
Pasado el temporal inicial de la disolución del Congreso, el Perú cuenta con un nuevo gabinete[16], las calles han vuelto a la normalidad y hasta el gremio empresarial privado más poderoso del país(CONFIEP), que calificó la disolución constitucional del Congreso por el presidente Vizcarra inicialmente como golpe institucional, espera que los nuevos ministros tiendan puentes con el sector privado.[17] Inclusive la Organización de Estados Americanos (OEA) ha felicitado la designación del nuevo canciller Gustavo Meza Cuadra. Es importante destacar que este organismo no se ha involucrado en el tema y ha señalado que el problema debe ser resuelto internamente[18].
En el Perú es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza bajo el paraguas de la Constitución de 1993, aprobada durante el periodo dictatorial del expresidente Fujimori. Hay quienes opinan que la medida no se ajusta a la Constitución porque en el texto no existe la “negación fáctica” ―frase de Vizcarra para caracterizar la negación sin votación del Congreso a la cuestión de confianza― y debería tomarse en cuenta la aceptación de la cuestión de confianza que hizo la mayoría de congresistas por la tarde, con una votación expresa, mientras el presidente anunciaba la disolución el cierre del Congreso. Otros piensan que aceptar formalmente la confianza, pero hacer todo lo contrario de lo que pide el Ejecutivo, como fue continuar con la elección de los miembros del TC, es un fraude a la Constitución y equivale a la negación de la confianza.
El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, ha interpuesto una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que este se pronuncie sobre la legalidad de la disolución. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el pedido solo puede ser atendido si este es interpuesto en representación del pleno del Congreso. Olaechea también ha enviado una carta a dicha entidad para que incorporen a su primo, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, como nuevo magistrado. Sin embargo, como la votación estuvo viciada y no llegaron a publicar su designación en el diario oficial antes de la disolución del Congreso, esta no sería legal. Estos temas tendrán que ser dirimidos en el TC.
Importantes diarios extranjeros también han tomado posición. Mientras que columnistas de The Wall Street Journal afirman que se trata de un golpe de Estado, la línea editorial de The Economist considera que el acto es cuestionable pero no hay golpe de Estado. Por su parte, las de The New York Times y El País señalan que el acto fue constitucional. Estas opiniones reflejan la discusión que tiene lugar internamente.
A pesar de las diferentes miradas, el respeto a la institucionalidad no es lo que más preocupa al poder económico y, en general, a los sectores empresariales en el Perú. Estos apoyaron, o se hicieron los disimulados, cuando el expresidente Fujimori dio el autogolpe el 5 de abril de 1992, oportunidad en la que las Fuerzas Armadas tomaron las sedes del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público e incluso de varios partidos políticos. Tropas del Ejército cercaron el acceso e irrumpieron en las oficinas de diarios, radios y canales de televisión con el fin de silenciar cualquier discrepancia.
Lo que temen los empresarios es la eventual modificación del neoliberal capítulo económico de la Constitución, especialmente en lo que respecta al rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. La Constitución establece límites estrictos a la actividad empresarial del Estado, que sólo puede realizarla excepcionalmente por razón de alto interés público. Esto determina que el Estado se ocupe de las actividades menos lucrativas, y deje las más rentables al sector privado.
En un escenario en el que el fujimorismo y el APRA han quedado sumamente debilitados, alertan que los nuevos legisladores que se elegirán en enero de 2020 para completar el mandato de los congresistas salientes, estarán en funciones por 17 meses, es decir, por más de dos legislaturas. Este hecho les permitiría reformar la Constitución e inclusive, advierten, tendrán la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes serían los encargados de evaluar la legalidad de sus reformas.
Golpe contra la corrupción
La disolución constitucional del Congreso ha sido el mayor golpe asestado por el gobierno en la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad en el país. Esta visión es compartida por casi 90% de la ciudadanía, hecho que le da legitimidad a la medida. Hasta el 26 de enero, fecha en la que tendrán lugar las elecciones congresales para sustituir a los destituidos, el gobierno de Vizcarra se manejará con Decretos de Urgencia tal como lo prevé la Constitución. Los congresistas electos en enero completarán el mandato de los destituidos, hasta julio de 2021, fecha en la que tendrán lugar elecciones generales.
Sin embargo, en el plano legal, hay dos grandes temas sobre los cuales debe definirse el Tribunal Constitucional: primero, si admite la demanda competencial presentada por el expresidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, para que ese órgano se pronuncie sobre la legalidad de la disolución del Congreso. En segundo lugar, si admite, tal como también ha sido solicitado por Olaechea, la incorporación de su primo, el magistrado electo aquel 30 de septiembre, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, en un proceso irregular e inconcluso.
Según algunos constitucionalistas, la historia de los fallos del Tribunal Constitucional demuestra que estos tienden a no profundizar las circunstancias de incertidumbre que los convoca. Es muy difícil, por eso, imaginar que el fallo del TC, con la conformación actual, podría revertir la disolución del Congreso y eliminar la convocatoria a elecciones. Podría, llegado el caso, imponer sanciones penales a Vizcarra, si se considerara que violó la Constitución.
Como resultado del proceso de la lucha del gobierno de Vizcarra contra la corrupción, que derivó finalmente en la disolución del Congreso, las fuerzas políticas de izquierda (sobre todo Frente Amplio y Nuevo Perú) han salido fortalecidas debido a la meridiana claridad de sus representantes en el apoyo a la lucha contra la corrupción. A pesar de ello, su dispersión, y el hecho de que algunos partidos no estén inscritos en el padrón electoral, son factores que juegan en contra. Además, la ciudadanía, en general, no ve con simpatía el cambio del modelo económico ni la conformación de una Asamblea Constituyente. La presencia de casi 800,000 de venezolanos y la información que sobre ello se divulga en los medios de comunicación, limitará probablemente el fortalecimiento que la disolución del Congreso les ha impreso.
Ante el temor de que los partidos de izquierda tengan una presencia importante en el Congreso, algunos sectores empresariales, medios de comunicación y representantes del fujimorismo, del APRA y de otras fuerzas políticas conservadoras, advierten sobre los peligros que el cambio del modelo económico podría representar para el sostenido crecimiento económico peruano durante los últimos veinte años. Algunas de estas preocupaciones no son infundadas. Las principales fuerzas políticas de izquierda han demandado siempre la necesidad de una Asamblea Constituyente que debata una nueva Constitución que garantice los derechos fundamentales de las personas, la lucha contra la corrupción, la justicia social y ambiental y, sobre todo, que se cambie el capítulo sobre el régimen económico.
Por eso, hay una campaña de difamación en algunos de esos sectores, que acusa a Vizcarra de formar parte de un eje chavista castrista que ha fortalecido a la izquierda en el Perú. Estas afirmaciones aisladas carecen de todo sentido. No hay que olvidar que Vizcarra llegó a la presidencia como parte del proyecto de Kuczynski, que aglutinó y contó con el respaldo de los poderes económicos y el espectro político de derecha. Y que, si bien las agrupaciones de izquierda coinciden y respaldan al gobierno en la lucha contra la corrupción y la reforma política, se han opuesto a sus decisiones de política económica y abogan por el cambio del modelo neoliberal, terreno en el que Vizcarra no ha mostrado diferencias con el fujimorismo y el aprismo.
En cualquier caso, ya se dio inicio a la carrera electoral y los líderes políticos de los partidos del centro y de la derecha emplazan a sus cuadros para que participen en las próximas elecciones.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
NOTAS:
[1] En abril de este año el expresidente Alan García se suicidó cuando la policía fue a buscarlo para ser interrogado después de haber fracasado en su intento de asilarse en la Embajada de Uruguay. El expresidente Toledo se encuentra en prisión preventiva en Estados Unidos, Ollanta Humala y su esposa estuvieron con prisión preventiva, pero fueron liberados y están ad portas de ser enjuiciados. Pedro Pablo Kuczynski está con prisión domiciliaria.
[2] Ruiz Caro, Ariela, PPK: Tú sabes cómo es la nuez, Programa de las Américas 27 de marzo de 2018 https://www.americas.org/es/pedro-pablo-kuczynski-tu-sabes-como-es-la-nuez/
[3] Keiko Fujimori no lo saludó, no reconoció el triunfo, se deslizó la posibilidad de fraude y anunció que iba a ejecutar su plan de gobierno desde el Parlamento.
[4] La ley establece que todos los productos procesados en el Perú deberán llevar un etiquetado en forma de octógono que advierta sobre los contenidos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans
[5] La medida apuntaba a afectar económicamente a los principales diarios (El Comercio y La República) por su campaña contra el encubrimiento de delitos del expresidente Alan García, así como del entorno cercano a Keiko Fujimori. Esta ley fue derogada porque la prohibición de la publicidad del Estado en los medios privados afectaba también a medios de difusión pequeños como la radio en las áreas rurales, que además difundían información como campañas de salud o educación a sectores de menores recursos.
[6] https://www.leerydifundir.com/2019/09/golpe-de-estado/
[7] Diario La República 6 de octubre de 2019.
[8] Ibid 7
[9] Fiscal Castro: Caso ‘Los Cuellos Blancos’ alcanza a congresistas’. Diario Expreso, 2 de junio de 2019
[10] En la votación no participaron los partidos de izquierda ni los que apoyan a Vizcarra debido a que éste no se discutió en el pleno del Congreso, conforme manda el reglamento. Transgrediendo las formalidades, tampoco se esperó el informe de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional) que se había hecho presente en el país en los días previos, ante la convocatoria hecha por el propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
[11] La magistrada Marianella Ledesma, integrante del Tribunal Constitucional, reveló que a los integrantes de este organismo les ofrecieron permanecer en sus cargos si votaban a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Dichas presiones provenían del Congreso. https://rpp.pe/politica/judiciales/tribunal-constitucional-keiko-fujimori-marianella-ledesma-revelo-que-le-ofrecieron-quedarse-a-cambio-de-voto-a-favor-noticia-1221735
[12] https://www.youtube.com/watch?v=OBcEbgVkvU8
[13] Fuerza Popular, el APRA, Alianza para el Progreso y Acción Popular votaron por elegir a los magistrados antes de que se presentara la moción de confianza.
[14] Abogados constitucionalistas señalan que no solo fue una negación fáctica. Fue también jurídica puesto que el Congreso votó una cuestión previa en la que ratificó su decisión de continuar con el nombramiento a los magistrados, haciendo caso omiso a la presentación del primer ministro.
[15] En realidad, Araoz fue advertida de estar usurpando funciones y de sustentar la suspensión del presidente Vizcarra con una sustentación falsa de la Constitución, que podrían tener consecuencias penales. Asimismo, el respaldo inmediato de las fuerzas armadas a Vizcarra y el pronunciamiento de la OEA en el sentido que no era necesario su intervención en el conflicto peruano, la dejaron sin piso.
[16] De acuerdo al artículo 133 de la Constitución, si la cuestión de confianza es rechazada se produce la crisis total del Gabinete Ministerial que debe renunciar.
[17] La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), María Isabel León, participó en la campaña electoral de Fuerza Popular y era voceada como ministra de Educación si Keiko Fujimori ganaba las elecciones
[18] “La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, se pronunció el organismo hemisférico en un comunicado difundido en su página web. Asimismo, dicha entidad consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que hizo el mandatario para zanjar la pugna de poderes entre el Gobierno y el Congreso. “Es conveniente de que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, añadió la OEA.
