Atilano Román Tirado, líder del Movimiento de Desplazados por la Presa Picachos, fue asesinado cuando transmitía en vivo su programa semanal de radio Aquí es mi tierra, desde la estación instalada en el interior del diario El Sol de Mazatlán, en esa ciudad del estado de Sinaloa el pasado 11 de octubre. En Juchitán, Oaxaca, el 7 de octubre, Alejandro López López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, fue amenazado de muerte por su oposición a los parques eólicos en esa zona geográfica.
Los acontecimientos son parte de la escalada que a nivel nacional se registra en contra de activistas que luchan en defensa de los derechos humanos y ambientales que padecen numerosas comunidades. El abogado Román Tirado defendía a unas 800 familias opositoras de la Presa Picachos, que fueron desplazadas y prácticamente despojados de sus propiedades en las localidades de Casas Viejas y Las Iguanas del municipio de Concordia, así como de El Placer, la Puerta de San Marcos, San Marcos y Copales en el municipio de Mazatlán.
La impunidad que reina en el país es tal, que los asesinos se dieron el lujo de entrar a las instalaciones del diario y en la cabina de radiodifusión ejecutar a Román Tirado para luego escapar tranquilamente. El activista ya había sido amenazado numerosas ocasiones e incluso puesto en prisión en 2012 y 2013 por obstruir las vías de comunicación. Estaba libre bajo fianza.
El reclamo de los desplazados es porque no les entregan la indemnización acordada, no les fueron entregadas viviendas ni terrenos, servicios públicos y otras obras de infraestructura como se había acordado. Además se les negaban los permisos para pescar en la presa Picachos, impidiéndoles así toda oportunidad de trabajo en el nuevo asentamiento.
Román Tirado ya había presentado denuncias por las amenazas de muerte recibidas e identificado a los autores, según el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, Leonel Aguirre, sin que las autoridades hicieran caso del asunto.
El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), exigió justicia y castigo para los culpables. Aseguró en un comunicado que “no es la primera vez que estos proyectos de represas, megaproyectos de muerte impuestos con violencia por la CFE, CONAGUA y los tres niveles de gobierno, generan pobreza, militarización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos”.
En Juchitán de Zaragoza, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció que el activista indígena López recibió una amenaza de muerte contra él y su familia mediante un mensaje entregado a su hermano que decía “Alejandro López López, ya no vayas a Álvaro Obregón, ya te tenemos identificado, te vamos a matar”.
La Asamblea dio a conocer que “el 16 de noviembre de 2013 personas uniformadas de la Agencia Estatal de Investigación intentaron detenerlo usando la fuerza física, en calles de la ciudad de Oaxaca sin orden de aprehensión. El 30 de diciembre de ese mismo año, fue detenido en un retén en las inmediaciones de la colonia Álvaro Obregón cuando regresaba de su terreno de cultivo, bajo el supuesto cargo de portación de armas de fuego, fue liberado unas horas después sin cargos”.
En la región del Istmo de Tehuantepec los pobladores mantienen su rechazo a varias empresas europeas y nacionales que instalaron 16 plantas eólicas que afectan a los municipios de Juchitán, San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, Chicapa, Unión Hidalgo, Santa María Xadani, San Mateo del Mar y la Agencia Santa María del Mar.
Los pobladores argumentan de que fueron engañados por las empresas al tiempo que han documentado que no se les ofreció suficiente información y la disponible fue en español, cuando que la mayoría habla lengua indígena, no saben leer ni escribir y no entienden el lenguaje técnico y jurídico con los que les convencieron para firmar contratos leoninos a favor de las empresas.
La represión mueve a México
Vivir en México es peligroso, algunas de las ciudades mexicanas están enlistas entre las más violentas del mundo, lo que motiva al gobierno de Estados Unidos, el principal “socio” comercial del país a recomendar a sus ciudadanos que no las visten. La situación sintetiza la creciente decrepitud de los gobernantes que impiden el cabal funcionamiento de las instituciones para las que fueron creadas.
La corrupción entrelaza los intereses de políticos, gobernantes, cárteles, traficantes, fuerzas armadas, inversionistas extranjeros y nacionales, de tal suerte que ya no sabemos dónde empieza y termina el Estado. La ingobernabilidad es patente en la mayoría de las entidades federativas y el gobierno federal pareciera que da palos de ciego para aparentar un control que no existe, al tiempo que gobiernos estatales y municipales han sido rebasados por la delincuencia organizada.
Siempre ha existido la represión por parte de los gobiernos emanados de la Revolución, y de los que le han seguido, en contra de sus críticos y opositores políticos a lo largo de la geografía nacional. Tiene en estos momentos, justo a 46 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, su punto más álgido en el asesinato de seis estudiantes de Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.y la desaparición de 43 más.
Ellos se suman a los miles de desaparecidos y asesinados, decenas de presos políticos y encarcelados. Y ya no solo son activistas, estudiantes y líderes sociales, sino que ahora también la represión toca a defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas que cuestionan los actos de gobierno y, o bien, se oponen a proyectos de inversión que dañan y terminan con el estilo de vida de miles de habitantes, sobre todo de pueblos indígenas.
Defensores de bosques, ríos, desiertos, montañas y recursos naturales están en la mira de fusiles de sicarios y policías que actúan impunemente al abrigo de los representantes de los tres niveles de gobierno y pagados por los dueños del dinero que van ahora por el agua, la madera, los metales y hasta el viento. Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, campesinos ecologistas fueron de los primeros encarcelados y torturados por elementos del ejército mexicano por defender los bosques de la sierra de Guerrero, en un proceso lleno de irregularidades que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente ambos viven en el exilo.
Al igual que ellos, Felipe Arriaga, de los fundadores de la organización Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, murió en un accidente de tránsito en circunstancias poco claras, mientras que en el estado de México fue asesinado por la defensa del bosque, Aldo Zamora. En Michoacán, comunidades enteras se han puesto “fuera de la ley” por oponerse a la tala indiscriminada, como en Cherán donde los pobladores formaron autodefensas.
En 2010 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció la larga lista de activistas por el medio ambiente asesinados que incluye a Dante Valdez, en 2008 en Chihuahua, por actuar en contra de mineras; a Mariano Barca, en 2009 en Oaxaca, en contra de minera Blackfire; a Francisco Quiñónez, torturado y asesinado en 2006, en contra de la minera en Peña Colorada, Jalisco.
Los defensores y defensoras en contra de rellenos sanitarios han sido también víctimas constantes como Cristóbal Martínez Robles, torturado y secuestrado en 2009 en Lomas de Mejía, Cuernavaca, y el abogado Fernando Mayén, opositor al relleno de Jilotzingo, Estado de México, asesinado en 2008.
Temacapulin en Jalisco, Guadalcázar en San Luis Potosí y Jesús Terán en Aguascalientes son algunas de las comunidades que han sido hostigadas por oponerse a la construcción de represas y confinamientos de residuos peligrosos, respectivamente, al tiempo que ahora mismo, integrantes de la tribu yaqui han sido encarcelados por la defensa del agua, al igual que otros en Puebla, Chiapas y Oaxaca.
En esta última entidad Bettina Cruz Velásquez se encuentra bajo proceso penal desde 2011, “acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional por su supuesta participación en una manifestación (el 13 de abril de 2011) en la que se llamó a no pagar los recibos de la luz, frente a las oficinas de la ex paraestatal. El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en su contra”.
En realidad, dice Cruz, “Es por mi papel, que ha sido de dar información y capacitar a los pobladores, además de hacer gestoría e incidencia en favor de las comunidades que estamos en lucha contra los proyectos eólicos, que desmiembran nuestro territorio como pueblos indígenas”. En este caso son varios pueblos los que se encuentran enfrentados con las autoridades y las empresas en oposición a los parques eólicos que ya están instalados y otros que pretenden hacerlo.
En el mundo fueron asesinadas 908 ambientalistas y las principales causas fueron las disputas por la tala industrial, la minería y los derechos sobre la tierra. Las regiones más afectadas fueron Latinoamérica y Asia-Pacífico, según el forme Medio ambiente mortal publicado en abril de 2014 por la organización Global Witness, aunque resalta la grave falta de información por lo que el número de muertos podría ser mayor.
“La falta de atención que reciben los crímenes contra el medio ambiente y contra los defensores de la tierra está alimentando una impunidad a nivel endémico, como demuestra el hecho de que solo se ha podido constatar la condena de poco más de un 1% de los autores de estos crímenes” se lee en el informe.
La principal causa es la creciente competencia por los recursos naturales que se da en los más diversos sitios del planeta. Para Oliver Courtney, de Global Witness. “Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. No obstante, este problema que con tanta rapidez se está agravando, está pasando prácticamente desapercibido y en la gran mayoría de los casos los responsables están saliéndose con la suya. Esperamos que nuestros hallazgos sean la llamada de advertencia que obviamente necesitan los gobiernos nacionales y la comunidad internacional”.
Al aumento en el número de muertos le antecede una gama de amenazas, como la intimidación, violencia, estigmatización y criminalización. La cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de violencia no letal e intimidación es mucho mayor. El país con más muertes es Brasil con 448 y para México se reportan 40 asesinatos en el lapso de 2002 a 2013, siendo 2012 el año con más casos, 10, en tanto que en 2009 y 2010 se registraron 7 para cada año.
Pero para el gobierno federal, México es un país maravilloso donde se respetan los derechos humanos y se mantiene un diálogo intermitente con los pueblos originarios para garantizar la democracia. Lo ha repetido el presidente Enrique Peña Nieto como parte de un libreto, pero los hechos desmienten su investidura. La represión que ejerce su gobierno, es lo que mueve a México a protestar y seguir en la defensa de sus derechos y en defensa de la tierra y el medio ambiente.
