No se pueden quedar y no tienen a dónde ir: expulsados por la pobreza y la amenaza de inminente de muerte en el país de origen, extorsionados por el crimen organizado, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y deportados si logran llegar al país de destino.
Es urgente que se apliquen los protocolos internacionales que definan esta situación como una crisis de la mayor envergadura y se declare a ésta población en movimiento como una población de víctimas de violencia extrema y por ende refugiados, objeto de protección internacional.
A partir del último trimestre del año pasado los reportes de campo anunciaban que algo diferente se gestaba en los flujos migratorios centroamericanos en su tránsito por México, presagio que se tradujo en un incremento sustancial del tráfico en la ruta migratoria que fue muy notorio a partir de febrero de este año y se convirtió en verdadera avalancha en los meses de abril y mayo y lo que va del presente mes de junio.
Pero no sólo hay un incremento de volumen de personas, se aprecia un cambio cualitativo en el ánimo de los migrantes: se observa un verdadero estado de emergencia que excluye las consideraciones del tamaño del peligro y del nivel de sacrificio físico y personal que implica su travesía por México. Es una población en movimiento con un nivel de desesperación que los apremia, sin importar consecuencias ni tragedias. No tienen más remedio que huir.
El recrudecimiento generalizado de la violencia en la región se puede ejemplificar con el calificativo otorgado a la ciudad hondureña de San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo lo cual nos da una idea de la violencia a ras de suelo que día a día trastoca la vida de las familias centroamericanas. Los niños están siendo el blanco preferido de las pandillas que operan el narcomenudeo y las extorsiones, no sólo en las ciudades más importantes de Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino también en zonas conurbadas. Honduras ahora parece ser el país más afectado pero toda la región muestra una realidad análoga. Una violencia ejercida por el crimen organizado que va de la mano con la violencia de estado, alimentada por la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y satisfactores mínimos para vivir, donde reina la impunidad total y los agraviados no pueden denunciar porque, según testimonios reiterados, muchos han sido ejecutados después de presentar la denuncia, dada la complicidad de la autoridad con el crimen organizado.
Lo anterior obliga a no plantear la realidad migratoria actual como un llano fenómeno migratorio, ni permite mas hablar de sus actores como migrantes. Estamos frente a un fenómeno de expulsión forzada donde los actores dejaron de migrar por motivos tradicionales en busca de mejores oportunidades laborales o la reunificación familiar. Están huyendo de una violencia extrema y de peligros reales de muerte inminente. Dejaron de ser migrantes, “Se trata de personas cuyo desplazamiento involuntario se inicia por causa o temor hacia alguna forma de conflicto impuesto externamente y que amenaza de forma inmediata su vida, situación en la que sus gobiernos de origen son incapaces o negligentes a la hora de garantizar su protección”. (Dic. de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo).
De acuerdo con reportes de campo de Rubén Figueroa, vemos en la ruta migratoria a diferentes tipos de actores: los hombres y mujeres solos que continúan siendo mayoría, seguidos de un incremento considerable de jóvenes no acompañados de entre 14 a 18 años y una cantidad inusitada de mujeres con niños de entre 0 y 12 años. También vemos a grupos étnicos como los Garifunas procedentes del Caribe centroamericano que tradicionalmente eran una franca minoría en la ruta migratoria y ahora se mueven en grupos de 50 a 100 personas de una comunidad entera.
En el Hogar Refugio para Personas Migrantes “LA 72”, de Tenosique, Tabasco, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de mayo se atendieron 6,192 personas de las cuales 1,000 fueron mujeres con niños y 800 menores no acompañados. Tan solo en la ruta del tren en el tramo entre Arriaga Chiapas e Ixtepec, Oaxaca de aproximadamente 50 mujeres que se observaban en cada corrida el año pasado, hoy día se pueden observar grupos hasta de 250 mujeres en su mayoría con hijos pequeños.
Cuenta Rubén que 7 de cada 10 migrantes entrevistados refieren que vienen huyendo de sus países por amenazas de muerte, extorsiones o asesinato de algún familiar bien sea a mano de las pandillas o de “los narcos”. Se cobra por todo, por vender en la calle, a todos los negocios, grandes medianos y pequeños, y está tan generalizada la extorsión, que incluye el cobro de cuota a quienes tienen familiares en Estados Unidos. Es una práctica común que las pandillas intenten reclutar a menores de edad para actuar como informantes o para vender drogas en las escuelas y de no aceptar, son ejecutados.
Fuera del ámbito de los albergues, se observa un incremento importante de personas viajando al amparo de los traficantes, incremento que corresponde con el mayor flujo migrante. La presencia de traficantes es muy notoria en las centrales de autobuses de Tabasco, Chiapas y Veracruz, también se observan jóvenes no acompañados cuyos padres desde los Estados Unidos, contratan polleros que les lleven a sus hijos y es frecuente que estos traficantes se hagan acompañar de mujeres con el fin de no generar sospechas al ser vistos con tantos jovencitos.
Mientras, los medios masivos de comunicación están inundados de noticias que relatan la tragedia de los niños detenidos en “albergues” de emergencia establecidos por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cuyo gobierno está finalmente dialogando con los gobiernos de la región para buscar soluciones conjuntas que atiendan la “crisis humanitaria” generada por “el incremento exponencial de niños no acompañados ingresando masivamente a su país”, aunque el énfasis de las conversaciones, parece enfocarse, como siempre, en medidas de contención dirigidas hacia lo incontenible: el afán de sobrevivencia humana.
Los niños no acompañados detenidos por la autoridad migratoria desde el 1 de octubre del 2013 al 31 de mayo de este año, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, suman cerca de 50 mil menores de los cuales el 25% son mexicanos, otro 25%, guatemaltecos, 29% hondureños y 21% de El Salvador.
Los menores detenidos por agentes de la patrulla fronteriza son sometidos a un proceso de revisión de su caso particular, y entregados a un miembro de su familia en Estados Unidos para que los cuide mientras su caso circula por la corte de inmigración. Si la familia no puede ser localizada, los niños son asignados para su cuidado al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Mientras esto ocurre, son detenidos en albergues temporales bajo la custodia del Departamento de Seguridad Interna. Sin embargo las contundentes declaraciones del Presidente Obama notifican fríamente que “Todos serán deportados”.
Efectivamente, aun antes de la declaración de Obama, miles de menores han sido deportados, violando con ello el principio universal de “proteger el interés superior del niño”, ya que los reintegran a situaciones de las cuales huyeron y que tienen que ver con numerosos casos de violencia domestica o con la inminente amenaza de muerte cuando vuelven a los mismos lugares de los que salieron amenazados por no haber aceptado unirse a las maras locales que forzosamente los reclutan a sus filas. En entrevistas directas, jóvenes migrantes han informado que las pandillas vigilan los puertos de entrada para detectar a los deportados con quienes tienen pendiente ajustes de cuentas y a quienes les exigen que paguen “el impuesto de guerra” atrasado por el tiempo que se ausentaron, en otras entrevistas han referido que algunos de sus compañeros han sido asesinados luego de ser deportados.
No se habla tanto de las mujeres que viajan con sus hijos y se entregan a la autoridad migratoria buscando asilo, y que son quienes más presencia tienen en los albergues de la ruta migratoria en México. Al entregarse, son detenidas en tanto se revisa su caso y se determina el otorgamiento o no de un permiso de residencia. La estrategia utilizada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, cuyas instalaciones de detención están sobresaturadas y sus cortes de migración con enormes listas de espera, ha optado por liberarlas para que vayan a esperar su cita con sus familias o amigos residentes. Les entregan un documento migratorio para que puedan quedarse en tanto son llamadas a corte. Activistas de los derechos humanos especialmente en el sur de Texas, nos reportan que las centrales del Greyhound en la zona están repletas de madres y niños que esperan a que sus familias les envíen dinero para poder viajar a reunirse con ellos, en condiciones muy precarias, sin alimentos, cambios de ropa, enseres de higiene, etc. Muchas no acudirán a sus citas ante el juez de migración por temor a que sus casos sean desechados y se perderán entre la población indocumentada.
Así, la expectativa de poder ingresar a los Estados Unidos aunque sea temporalmente, alimenta su esperanza aunque, según numerosos testimonios en la ruta, la decisión de salir de su país no está determinada por rumores acerca de posibilidades de ingreso o permanencia en los Estados Unidos, pesa más la situación de violencia estructural extrema que padecen en sus ciudades y particularmente en las zonas rurales donde adolecen de posibilidades para sobrevivir.
Los testimonios anteriores son solo la punta del témpano de un fenómeno que ha adquirido dimensiones de crisis incontenible, producto de la violencia estructural que en todos los países de la región se ejerce sobre las poblaciones pobres y vulnerables: La actual crisis humanitaria es producto de la mezcla letal de las políticas de inmigración de los Estados Unidos, el endurecimiento de la vigilancia fronteriza, la militarización, y los modelos económicos regionales que han desplazado a los pequeños productores agrícolas y a los trabajadores urbanos, modelos y políticas económicas que finalmente son insostenibles por la pobreza, la desigualdad y la violencia que han generado en la región entera, desarticulando las estructuras gubernamentales y empujando al límite la gobernabilidad de los pueblos.
Por todo lo anterior y mas, es imperativo que, bajo el principio de responsabilidad compartida, los gobiernos regionales y la Organización de las Naciones Unidas con su agencia especializada la ACNUR, tomen medidas de emergencia extrema para solucionar la trágica y vergonzosa encrucijada en la que se encuentran las víctimas de la migración forzosa, quienes no pueden quedarse y no tienen a dónde ir: son expulsados por la pobreza y la inminente amenaza de muerte si se quedan en el país de origen, son extorsionados por el crimen organizado y autoridades corruptas, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y son detenidos y, en estado de indefensión, deportados si logran llegar al país de destino.
Dada la situación de extrema violencia por la cual miles de familias son objeto de desplazamientos forzados de sus lugares de origen, es de la mayor urgencia que se apliquen los protocolos internacionales que definan la situación como una crisis de la mayor envergadura y se declare a esta población en movimiento como una población de víctimas de violencia extrema y por ende REFUGIADOS, objeto de protección internacional.
La ACNUR, define en su portal: “Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado -de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a muerte- o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos”.
Marta Sánchez Soler es vocera del Movimiento Migrante Mesoamericano http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/, con sede en México. Colabora con el Programa de las Américas www.americas.org/es
