Por Christine Kovic
Desde el 25 de Julio hasta el 2 de agosto del 2011, cientos de centroamericanos rastreaban los pasos de miembros de sus familias a través del sur de México. Estaban buscando a los familiares que habían desaparecido y exigiendo respeto por los derechos de los inmigrantes.
La Caravana “Paso a Paso hacia la paz” fue fundada por organizaciones no gubernamentales y refugios de migrantes en América Central y México para protestar por los secuestros de cientos de migrantes que ocurren cada año. Partiendo de sus países de origen, El Salvador, Honduras y Guatemala, los migrantes y miembros de sus familias se reunieron en dos puntos sobre la frontera sur de México. Desde allí, viajaron a la ciudad de México a poner en evidencia la violencia que enfrentan los migrantes y para exigir implementación de seguridad. Aproximándose el primer aniversario de la brutal masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Caravana denunció además, las muertes de los migrantes.
Bajo las leyes de inmigración mexicanas, es imposible para el sector humilde centroamericano obtener una visa para ingresar a México. Sin documentación, éstos “migrantes irregulares” que viajan a Estados Unidos a menudo caen a merced de los narcotraficantes, criminales comunes y autoridades gubernamentales abusivas y corruptas.
En camino con la Caravana
Me uní a la Caravana en su viaje desde Ciudad Hidalgo, Chiapas hasta Coatzacoalcos, Veracruz. En el camino, escuché las historias de muchas familias que buscaban a sus seres queridos. En conferencias de prensa, durante almuerzos, en autobuses y en reuniones ellos volvían a relatar incidentes de abusos de los derechos humanos en México, los inconvenientes de vivir en Estados Unidos y la angustia de ser deportados. Hombres y mujeres hablaban de sus esperanzas de algún día poder contar con una mejor remuneración y seguridad en sus propios países, así podrían quedarse en casa con sus familias.
Defensores de los derechos humanos, migrantes y miembros de sus familias, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, y demás participaron de la Caravana, para asistir a la visita de Felipe González Morales, Informante de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, por los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares, y para presentar testimonio de la grave situación que los migrantes enfrentan. El informante respondió a la invitación del gobierno mexicano, y los funcionarios estaban ansiosos por trazar las nuevas medidas para proteger migrantes, desde la última visita de la IACHR en 2002. Los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, dieron a conocer un comunicado el 24 de julio, exponiendo que “el gobierno mexicano explicará en detalle al informante las medidas que ha tomado para prevenir el crimen organizado que amenaza la integridad personal de los migrantes”.
Para relatar los sucesos oficialmente, una coalición de organizaciones no gubernamentales en México escribió un “Informe de la situación general de los derechos de los migrantes y sus familias” de 71 páginas. El informe detalla patrones de extorsión, violaciones y ataques sexuales, trata de personas, secuestros, torturas y falta de acceso a la atención médica que enfrentan los migrantes, e incluye 54 recomendaciones para su protección. También se mencionan los secuestros y demás abusos que enfrentan los migrantes mexicanos que viajan hacia Estados Unidos.
Una de las recomendaciones pide por el establecimiento de un mecanismo legal para el tránsito seguro, tal que los migrantes no tuvieran que atravesar México clandestinamente, vulnerándolos a la violencia y abusos. El informe clama la necesidad de que los gobernantes mexicanos y de Estados Unidos abandonen las políticas migratorias basadas en “seguridad nacional” que criminaliza migrantes, y en cambio enfocarse en las necesidades humanas de los migrantes centroamericanos y mexicanos.
Un viaje de lágrimas y esperanzas
La Caravana tomó dos rutas principales de migrantes en el sur de México. Una de ellas seguía la costa del Pacífico, cruzando la frontera Guatemala-México en Ciudad Hidalgo y atravesando Tapachula, Arriaga, Ixtepec y allí a través del Istmo de Tehuantepec a Coatzacoalcos, Veracruz, en autobús. El segundo grupo siguió una peligrosa ruta a lo largo de la costa del Golfo.
Solidariamente con los miles de migrantes que atraviesan México sobre el tren de mercancías todos los años, defensores de los derechos humanos y periodistas montaron el tren por dos días completos. Este grupo comenzó su travesía en Tenosique, Tabasco (cerca de la frontera con Guatemala) atravesaron el estado de Tabasco, y casualmente se encontraron con el primer grupo en Coatzacoalcos. Desde allí, ambos grupos viajaron juntos en autobús a Tierra Blanca, una zona de muchos secuestros y otros abusos a los migrantes. Allí, se reunieron con el Informante González, y entonces viajaron hacia Puebla y ciudad de México.
Los miembros de la Caravana organizaron marchas, mitines, reuniones y eventos religiosos en las comunidades a lo largo del camino para denunciar la desaparición de miembros de su familia y la complicidad de autoridades Mexicanas. Instaron a las mismas a proteger la seguridad de los migrantes, y buscó el apoyo de los sectores civiles de la sociedad.
En tanto las autoridades gubernamentales en México y en estados Unidos continúen ignorando las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, recae en los migrantes, sus familias y militantes dar a conocer su sus padecimientos. Como dijo el Padre Tomás González, director de un refugio de migrantes en Tenosique, “Nosotros somos quienes lograremos el cambio”.
Los desaparecidos y los secuestrados
A medida que los ciento cincuenta hombres y mujeres cruzaban el Puente Internacional sobre el río Suchiate que separa México de Guatemala el 25 de julio, llevaban carteles con las fotos y nombres de los desaparecidos. Madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, tías y demás miembros de sus familias se propusieron realizar el viaje a través de México que sus seres queridos perdidos habían realizado meses, años e incluso décadas antes.
Albergaban la ilusión desesperada de que al volver sobre los pasos, pudieran encontrar rastros de los miembros de su familia y al mismo tiempo llamar la atención sobre el sufrimiento extremo que enfrentan los migrantes y ayudar a protegerlos en el futuro. Cargaban carteles con fotos en blanco y negro, los nombres y la fecha y el lugar donde fueron vistos los migrantes por última vez. Llevaban los carteles atados alrededor de sus cuellos, o los colgaban en las ventanas del autobús antes de colocarlos en las paradas públicas de la Caravana.
La desaparición de miles de personas en América Latina en los años 1970 y 1980 surgieron de la agitación de las guerras civiles y brutales dictaduras militares. Las recientes desapariciones de migrantes resultan en cambio, de las políticas económicas neoliberales que hacen que sea difícil a los trabajadores pobres sobrevivir, y las políticas de inmigración que restringen el movimiento de los mismos trabajadores que las políticas económicas expulsan. Así como las mujeres y los hombres en América Latina se han organizado en busca de sus familiares desaparecidos, en grupos como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y el Co-Madres en El Salvador, los miembros de las familias de migrantes han formado organizaciones en América Central para localizar sus seres queridos y promover los derechos de los migrantes. Los miembros de estas organizaciones desempeñaron un papel central en la organización de la Caravana.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, (COFAMIDE) se formó en 2006 en El Salvador en busca de madres, padres, hijos e hijas que comenzaron su viaje hacia Estados Unidos y de los que nunca más se supo otra vez. COFAMIDE opera en El Salvador, Estados Unidos y México para tratar de localizar a los inmigrantes desaparecidos.
Muchos hondureños en la Caravana pertenecen a la Red de Comités de Migrantes y Familias. La red se compone de más de treinta comités en todo el país que ayudan a los miembros de la familia en la búsqueda de sus seres queridos, y también trabajan para crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan los migrantes, proveer asistencia psicológica a los migrantes y sus familias, apoyar a los migrantes que regresan con incapacidades o “mutilados” (habiendo perdido un brazo o una pierna) por ser atropellados por el tren; entre otras tareas.
Los participantes tuvieron que hacer sacrificios para unirse a la Caravana. El gobierno hondureño se comprometió a pagar por varios autobuses para el transporte de los integrantes desde su país hasta la frontera con México. Justo un día antes de la partida programada, el gobierno canceló su apoyo y dejó a los participantes en lucha para conseguir fondos. Muchos de ellos pagaron de su propio bolsillo, sin saber lo que costaría el viaje de regreso. A pesar de las dificultades, el grupo de hondureños con más de cuarenta participantes fue el más grande en llegar a Ciudad Hidalgo.
Una mujer guatemalteca en busca de su marido desaparecido rompió a llorar en una conferencia de prensa en Arriaga, Chiapas, ante las autoridades del gobierno estatal. Dijo que era difícil “ser madre y padre” de sus hijos pequeños, y añadió que también era difícil estar lejos de sus hijos durante el viaje con la Caravana.
La Caravana De Paz insistió en nombrar a las víctimas de desapariciones forzadas en México. Entre ellas:
- Jesenia Marlene Gaitán Cartagena de Honduras llegó a San Antonio, Texas, pero fue deportada de Estados Unidos antes de que pudiera llegar a su destino en Dallas, Texas. Se oyó de ella por última vez el 19 de diciembre de 2007 en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Su madre le dice, a través de un sitio web creado para ayudar a localizar a los desaparecidos, que “será recibida con los brazos abiertos cuando vuelva.” Ella quiere que Jesenia sepa que su hija tiene ya diez años y está esperando su regreso.
- Pedro Morales González de Guatemala, llamó a su familia el 26 de abril de 2007 desde Camargo, Tamaulipas. Estaba viajando a Houston, Texas, en su ruta hacia Los Ángeles, California. Su familia no ha oído de él desde entonces.
- Luis Roberto Gómez Melgar de El Salvador tenía 17 años cuando desapareció en abril de 2007. Su madre informa que su “coyote” (a quien pagó $2.300 y otros $2.400 prometidos una vez que llegara a destino) lo dejó en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y nunca llegó a su destino de Los Ángeles, California.
Aunque muchos tenían la esperanza de encontrar a sus seres perdidos, los familiares en la Caravana sabían que un gran número de migrantes mueren en su viaje. Algunos caen del tren y son aplastados en las vías. Otros mueren en accidentes de auto, o asfixiados en la parte trasera de los remolques o camiones. Algunos de ellos sucumben en la delincuencia común, y otros como el resultado de los secuestros.
En varios puntos en la travesía de la Caravana, los miembros presentaron testimonios de haber sido secuestrados o asaltados sexualmente. Un hombre y una mujer jóvenes de Honduras presentaron sus testimonios en la plaza central de Tapachula, vestidos con gafas de sol, bufandas y gorros para proteger su identidad y seguridad. Se habían escapado de sus secuestradores y acordaron describir el abuso que sufrieron, utilizando un evento público. Hicieron un vehemente llamamiento a los gobiernos de México y América Central para poner fin a los secuestros y las muertes que enfrentan los migrantes.
Otra mujer de Honduras declaró que había sido abusada sexualmente por su “coyote” o contrabandista. Los migrantes son “nada más que mercancía para ellos”.
Uno de los organizadores Caravana, Irineo Mujica, habló del asalto sexual incluyendo violación, que es comúnmente experimentado por las mujeres migrantes. Yo ya había hablado con algunos hombres en los refugios de migrantes, quienes me dijeron en privado que ellos también habían sido violados por sus secuestradores.
La Comisión Nacional de de los Derechos Humanos (CNDH) de México, recoge testimonios de los migrantes y otros. Basado en sus investigaciones, la Comisión estima que decenas de miles de migrantes son secuestrados cada año. En un informe especial lanzado en febrero de 2011, la CNDH estima que más de 11.000 secuestros de migrantes han tenido lugar sólo en un período de seis meses, desde abril a septiembre de 2010.
El informe de la ONG comunicó que el informante notó que “los grupos criminales (que ejecutan los secuestros) trabajan a menudo en complicidad con o sin el consentimiento de las autoridades gubernamentales. “Las autoridades gubernamentales, especialmente en el estado de Veracruz, fracasan en investigar, localizar y castigar a aquellos responsables de los secuestros, lo que significa que persiste la impunidad como se describe en el artículo de las Américas “Los migrantes como blancos de Políticas de Seguridad.”
Criminalización de los migrantes
Detrás del difícil y peligroso paso de los centroamericanos a través de México está el hecho de que no pueden viajar libremente. Se deben ocultar durante su viaje, porque si los funcionarios del gobierno los notan es probable que sean detenidos y deportados. El Instituto Nacional de Migración (INM) de México, informa que más de 65.000 migrantes fueron deportados en 2010, en su mayoría provenientes de América Central. En lugar de ser protegidos por la policía, funcionarios de inmigración, soldados, y otras fuerzas de seguridad mexicanas a menudo hacen de los migrantes un objetivo para el abuso y la extorsión. Debido a que viajan en zonas aisladas para evitar ser detectados, son presa de ladrones, pandillas y carteles de droga que saben dónde esperar por ellos.
En el recorrido por Chiapas, los autobuses de la Caravana pasaron por lo menos diez puestos de control integrados por funcionarios de migración, policía federal, funcionarios de aduanas, o soldados. Algunos de los puntos de control son permanentes, mientras que otros son móviles y provisorios, por lo que son imposibles de predecir o evitar. Sabíamos que a los migrantes (o a aquellos a quienes funcionarios del gobierno determinaban “parecidos” a los migrantes) se les hubiera pedido que exhibieran sus papeles si no hubiesen estado con la Caravana. Sin visa para cruzar México, los guatemaltecos, hondureños, y salvadoreños probablemente hubieran sido deportados.
Un hombre que se unió a la Caravana en Tapachula explicó que había entrado a México para ayudar a su hermano que había caído enfermo. Le habían prometido una visa humanitaria, la cual fue denegada en la frontera por lo que continuó sin ella. Había sido detenido en varias ocasiones, golpeado, y habían robado su ropa en “La Arrocera”, un sitio entre Tapachula y Arriaga notorio entre los migrantes por los abusos.
Los autobuses de la Caravana no fueron detenidos e inspeccionados en los puestos de control porque los gobiernos estatal y federal se habían comprometido a apoyar a la Caravana y varios coches de la policía federal la escoltó. Miembros de la Caravana comentaron sobre el absurdo de la situación, los miembros de su familia tuvieron que viajar en circunstancias peligrosas como “criminales”, ya que no pudieron obtener un visado para cruzar México. Ahora que estaban buscando a sus familiares, estaban habilitados para viajar por lo menos con un limitado apoyo por parte del gobierno.
La Caravana de Paz de los migrantes exigió que se les permita a ellos y a todos los centroamericanos cruzar México sin visa o con visas de fácil acceso. A diferencia de los ciudadanos de Estados Unidos que no necesitan obtener una visa antes de viajar a México, los centroamericanos deben solicitar una visa y demostrar “solvencia económica”.
Una mujer hondureña con quien hablé tenía la esperanza de llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a sus dos hijos, sólo llegó a Tuxtla Gutiérrez (la capital del estado de Chiapas), donde fue detenida y deportada. De regreso en Honduras, se dirigió al consulado mexicano para solicitar una visa, pero fue rechazada porque no tenía una cuenta bancaria, sin mencionar el balance necesario en ella.
En Estados Unidos, los trabajadores pobres de América Latina casi no tienen opción de entrar al país legalmente o de legalizar su situación migratoria, incluso si han vivido en el país durante décadas. En los refugios a lo largo de la ruta de la Caravana, nos encontramos con los migrantes que habían vivido en Estados Unidos durante meses, semanas, años o casi toda la vida. Algunos hablaban en perfecto inglés. Otros tenían hogares y familias en Estados Unidos. Un joven había pasado casi toda su vida en Houston, mi ciudad natal, donde asistió a la primaria hasta la secundaria, se casó y tuvo hijos. Fue deportado y su familia se quedó.
Durante el año pasado Estados Unidos deportó a casi 393.000 inmigrantes. Casi la mitad de los deportados fueron considerados criminales. Algunos de los migrantes “criminales” cometieron violaciones menores de las leyes de tráfico que normalmente garantizarían el boleto de vuelta, pero conducir sin una licencia ahora se define como un crimen aún cundo muchos estados no emiten licencias a inmigrantes indocumentados. Las fuerzas de Inmigración y Aduanas planean deportar a más de 400.000 inmigrantes en el año fiscal en curso.
El programa “Comunidades Seguras”, que requiere que la policía local participe en el control de la inmigración, se encuentra en proceso de convertirse en obligatoria para toda la nación. El programa ha sido criticado por grupos de derechos humanos por crear desconfianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía, y de deportar a inmigrantes que no han cometido ningún delito. Justo en el momento en que los gobiernos estatales y la policía en diferentes regiones del país se han organizado para resistir el programa “Comunidades Seguras”, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que iba a seguir adelante con el programa a nivel nacional, al parecer, impidiendo la posibilidad de los estados de no participar.
Son estas políticas migratorias que se traducen en secuestros, extorsión, asalto, e incluso la muerte de los migrantes. María Jiménez utiliza el término “muerte política” para referirse a los cientos de muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos como resultado del incremento de autoridad de las fuerzas. Del mismo modo, los miles de migrantes centroamericanos y mexicanos que se extravían en México son “desaparecidos políticos.”
Sin una garantía de tránsito seguro, sin la posibilidad de acceder a una visa, ya sea en México o Estados Unidos, con mayor posibilidad de ser deportados y tener que hacer el viaje de nuevo, sus desapariciones son pronosticadas en los límites de la política.
Christine Kovic es Profesora Adjunta de Antropología en la Universidad de Houston-Clear Lake. Ha dirigido investigaciones por los Derechos humanos en Chiapas, México por casi dos décadas. Su actual investigación abarca derechos de los inmigrantes den México y Estados Unidos. Escribe sobre inmigración y derechos humanos para el Programa de las Américas www.americas.org/es
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Para mayor información:
Caravana Paso a Paso Hacia la Paz
http://pasoapasohacialapaz.wordpress.com/
Violaciones de los derechos humanos de los migrantes que cruzan México
https://www.americas.org/archives/5074
Marcha de México por la Justicia con Paz y Dignidad
“La Marcha de la Lucha contra las Drogas de México exige Reformas políticas de gran alcance”
https://www.americas.org/archives/4459
Refugio Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca.
http://www.hermanosenelcamino.org
Migrantes desaparecidos
Muertes en la frontera México-Estados Unidos
Jiménez, María; “Crisis Humanitaria: Muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos”, (Unión de Libertades Civiles Americanas de San Diego y Condados Imperiales, y Comisión Nacional de Derechos Humanos de México; octubre de 2009)
http://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/humanitariancrisisreport.pdf
Secuestros de migrantes
Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México 2010,” (Ciudad de México, México, febrero de 2011)
http://www.cndh.org.mx/node/35
