Por Alex Sierra R.
Con una enorme pancarta ubicada sobre la fachada de la Alcaldía Mayor en el centro de Bogotá y que dice ¿Armar o amar?, la nueva administración del alcalde de izquierda democrática, Gustavo Petro Urrego, viene adelantando una estrategia para evitar la muerte violenta en la ciudad de Bogotá, mediante la restricción del porte de armas de fuego legales en sitios públicos. Con esta medida también se espera fortalecer la eficacia policial para desmantelar las bandas criminales, decomisar las armas de fuego ilegales y todo tipo de armas blancas.
La iniciativa, sumada al trabajo que venía realizando la ex-alcaldesa Clara López Obregón, ya muestra resultados, ubicando a Bogotá como la ciudad con la tasa de homicidio más baja de Colombia (21.9 por cada 100 mil habitantes), muy por debajo de otras ciudades del país como Medellín o Cali, que pese a tener la mitad de habitantes de Bogotá, presentaron tasas superiores a los 80 homicidios por cada 100 mil habitantes durante el año 2011.
El desarme ciudadano es solo una de las ambiciosas propuestas que el recién posesionado Alcalde de Bogotá quiere impulsar en la capital de Colombia, de la mano de su antiguo compañero de lucha armada en la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19) Antonio Navarro Wolf, actual Secretario de Gobierno de la ciudad.
Es paradójico que integrantes de un movimiento insurgente que alguna vez pensó tomar el poder por las armas, hoy desde la alcaldía de la capital de Colombia –ciudad con más de 8 millones de habitantes–, busquen desarmar a una ciudadanía que muchas veces media sus conflictos por las armas.
Sin embargo, la paradoja es solo aparente, si se tiene en cuenta que el proceso de paz firmado entre el Gobierno Nacional y el M-19 en 1990 fue uno de los más exitosos de este país suramericano, pues desmovilizó a los combatientes y les proporcionó un espacio político para ventilar sus ideas y en el marco del acuerdo, el M-19 mantuvo la desmovilización de la organización como un compromiso pese al homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, su máximo comandante, quien en 1990 era un firme candidato para llegar a la Presidencia de Colombia. Pero tal vez el mayor logro del proceso de paz con el M-19 fue sentar las bases de profundos cambios políticos que se reflejaron en una Asamblea Nacional Constituyente y en la posterior firma de una nueva Constitución en 1991.
Luego de la desmovilización del M-19, uno de sus integrantes más destacados, Gustavo Petro, inició una larga carrera política que lo llevó a convertirse en uno de los parlamentarios que desde el Senado de la República denunció la infiltración de las mafias y los grupos paramilitares en la administración pública en su país, en medio del escándalo de la llamada “parapolítica” que puso en evidencia el control de más del 30% del Senado Nacional por parte de los grupos paramilitares de extrema derecha en los últimos años.
Por su parte, Antonio Navarro Wolff, fué herido con una granada que le ocasionó la pérdida de una pierna y la afección permanente de sus cuerdas vocales. Debió ser trasladado a México para evitar ser ultimado en el hospital por sectores de la extrema derecha en 1985 (en noviembre del mismo año se produjo la toma del Palacio de Justicia, mientras Navarro se recuperaba de sus heridas en Cuba).
Desde su desmovilización, ha tenido una importante trayectoria política. Fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Ministro de Salud, Parlamentario, Candidato Presidencial, Alcalde de Pasto –su ciudad natal ubicada al sur de Colombia–, Gobernador del Departamento de Nariño, y ahora asumió la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Bogotá, instancia desde donde se promueve la iniciativa de desarme ciudadano.
La propuesta de Desarme Ciudadano
Aunque la ciudad ha tenido campañas de desarme voluntario y un programa permanente llamado “la Vida es Sagrada”, la nueva medida va más allá al prohibir el porte de armas de fuego en sitios públicos así estén amparadas legalmente. La iniciativa estará vigente por tres meses, a fin de evaluar sus posibles impactos en la reducción de los homicidios.
La importancia de la medida radica en que orienta la política pública en otra dirección. Hay que recordar que durante la década de los noventa, surgieron en Colombia las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria – CONVIVIR, que en la práctica, legalizaron grupos paramilitares tras la fachada de auto defensas campesinas, generando el desplazamiento de más de 4 millones de personas e innumerables homicidios selectivos, masacres y persecución política de los supuestos colaboradores de las guerrillas de izquierda, convirtiendo la guerra como una “opción laboral” de por lo menos dos generaciones de combatientes .
Ese modelo de involucrar a los civiles en la seguridad y de armar “preventivamente” a los campesinos, derivó en Colombia en un movimiento armado que recrudeció el conflicto y llevó al país en un espiral de guerra y desangre del cual aún no ha podido reponerse. La formalización de las CONVIVIR se dió durante los gobiernos de los ex-presidentes Ernesto Samper y César Gaviria, pero recibieron el decidido apoyo del entonces Gobernador del departamento de Antioquia y luego presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.
El Programa de las Américas buscó hablar sobre la iniciativa del desarme ciudadano para Bogotá con Antonio Navarro Wolff, quien explicó el cambio en la concepción de la política de seguridad y las estrategias que adelanta la actual administración de la ciudad, que sin duda pueden resultar significativas para otros países de la región, donde necesariamente se tendrá que revaluar la lucha contra el crimen y el narcotráfico con acciones estrictamente militares y armadas.
Transcribimos para nuestros lectores la entrevista realizada en días pasados en la ciudad de Bogotá con Antonio Navarro Wolff.
Programa de las Américas: En los Estados Unidos resulta casi imposible pensar en desarmar a los ciudadanos por su derecho a portar armas. En Colombia, Bogotá está dando un paso al restringir el porte de armas de fuego entre los ciudadanos, ¿Cómo responder a las críticas que dicen que se está “desarmando a los buenos” para que sean víctimas de los “malos”?
Antonio Navarro Wolff: Los conceptos sobre el manejo de armas son distintos en diferentes países. Si bien en Estados Unidos mucha gente está armada, hay países que son totalmente opuestos a esa concepción. En Colombia las armas han estado vinculadas con diversos fenómenos que tenemos que ir modificando en nuestra historia.
Yo recuerdo que hace más de 30 años, la pena que se le imponía al que se alzaba en armas contra el Estado era de seis meses de prisión. Era casi una contravención porque en la tradición colombiana prácticamente era un derecho cuando no había una solución por vías institucionales alzarse en armas y por eso hubo tantos levantamientos armados en la historia de Colombia.
El cambio de esa situación empezó, tal vez en la última etapa, en 1990–hace 21 años– cuando se firmó el primer proceso de paz contemporáneo, el que firmó la guerrilla del M-19 (de la que yo hacía parte por cierto) con el gobierno. Entonces empieza un cambio en una cultura, no de tener armas en la casa para actividades deportivas o de caza, sino de tener armas para alzarse contra el gobierno. Ese proceso de cambio también está ligado a la urbanización del país desde la década de los ochentas.
La idea central del cambio es que el monopolio de las armas lo tenga el Estado y deslegitimar el uso de las armas, que sirvieron para decenas de alzamientos armados y que actualmente se están usando en grupos armados en actividades de narcotráfico y delincuencia. Colombia ha tenido una serie de cambios institucionales que dan derechos y garantías a los ciudadanos en la vida pública, especialmente a partir de la Constitución de 1991. Entonces hay una nueva situación, que requiere también una nueva cultura con respecto a las armas.
En Bogotá la mayor parte de los homicidios los producen las armas de fuego. No hay estadísticas suficientemente confiables de cuántas de esas armas de fuego son “legales”, pero se estima que están entre el 10% y el 20%–estamos hablando de una cantidad significativa.
¿Qué es lo que pasa con alguien que tiene un arma legal en un sitio público? Que corre el riesgo de usarla inadecuadamente y de meterse en un problema muy grave.
PA: Según un sondeo reciente, el 90% de los encuestados en Bogotá está de acuerdo con el desarme, ¿Cómo se explica que algunos sectores cuestionen la medida? ¿Hay “enemigos” del desarme en la ciudad?
AN: Yo creo que hay gente que prefiere andar armada, es una minoría, entre otras cosas porque las armas son muy costosas. Comprar un arma legal en una unidad militar cuesta mucho dinero y mantener actualizados los salvoconductos es muy costoso. Entonces hay un sector pequeño de la población que le gusta andar armado. Nosotros decimos: “Si quiere tener armas en su casa, téngalas”, la medida del desarme no está prohibiendo la tenencia, está restringiendo el porte en sitios públicos con excepciones: los clubes de caza y pesca; personas con niveles de riesgo personal alto pueden conseguir permisos especiales, pero evaluando caso por caso; los miembros retirados de la fuerza pública y otras excepciones.
Pero queremos que el ciudadano del común no corra el riesgo de andar armado. El riesgo es doble: que lo asalten o lo ataquen para quitarle el arma o que la use inapropiadamente en un momento de ofuscación o cuando haya tomado licor. Eso en lo específico de las armas “legales”.
Creo que quien porta un arma de fuego en la calle es más el riesgo que está corriendo, que la protección que le da. Diría que, por eso la medida tiene efectos positivos, todos los casos de intolerancia pueden ser más complicados si la persona tiene un arma.
PA: ¿Qué pasa con las armas de fuego ilegales que circulan en la ciudad?
AN: Hay unas acciones muy fuertes contra las armas ilegales, por ejemplo puedo decirle que se han allanado y detenido tres sitios en la ciudad donde se alquilaban armas para actividades delincuenciales. Hay también una campaña muy activa de decomiso de armas de fuego legales e ilegales en las calles.
PA: Los medios en Colombia hablan de “intolerancia ciudadana” a casos donde al documentarlos mejor, se percibe más una ausencia de gobernabilidad a la hora de mediar en conflictos cotidianos. De igual forma existen casos de abuso de autoridad, cabe señalar el homicidio del joven Felipe Becerra el año anterior o el caso del joven de 15 años que murió la semana pasada luego que supuestamente dos policías le prendieran fuego. ¿Cómo garantizar el desarme pero al mismo tiempo generar credibilidad en la institucionalidad por parte de los ciudadanos? ¿Qué medidas están ustedes contemplando en ese sentido?
AN: Para hablar del tema de intolerancia hay una serie de instituciones que deben funcionar mal: los jueces de paz, los jueces de conciliación, para buscar resolver los conflictos que se producen al interior de las familias, entre vecinos, etc. Pero intolerancia hay en todas partes del mundo.
En cuanto al mal comportamiento de autoridades policiales se trata de excepciones, la policía realiza miles de procedimientos cada mes y son pocos los casos, esporádicos además, donde se trata de comportamientos insurrectos. En el caso del joven grafitero Felipe Becerra, lo que dijo en su momento el agente de policía es que pensó que iba armado, que estaba sacando un arma y le disparó. En esos casos de todas maneras se han judicializado los responsables con bastante severidad.
Es que el Estado puede hacer mucho más por controlar a sus miembros armados, que una sociedad donde la gente anda armada por la calle. Yo sí creo que ese ejercicio de autoridad severo contra quienes cometen errores del Estado es necesario y hay que mantenerlo.
¿Cómo vamos a convencer a aquellos que están armados que no deben salir armados a la calle? Indudablemente bajando los índices de homicidios y teniendo una política de seguridad más activa. Tenemos dificultades de pie de fuerza (Bogotá tiene 400 policías por cada 100 mil habitantes) y tenemos dificultades de actitud de sectores de la fuerza pública, porque donde hay una unión entre Policía, autoridad civil y ciudadanos, las cosas funcionan muy bien. Donde se construye confianza las cosas funcionan.
Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero nosotros estamos tratando que la presencia de la autoridad civil sea más proactiva en las zonas de la ciudad más difíciles.
Precisamente esta semana iniciamos un proceso en esas zonas, donde queremos tener una presencia con programas civiles y una autoridad civil más activa, dinámica, vinculada y participativa con la gente. También creemos que hay que darle estímulos a los policías que generan buenos resultados, creo que los estímulos deben estar más ligados a bajas tasas de delitos que a más procedimientos policiales.
PA: Eso fue lo que se pervirtió en la política nacional y generó los llamados “Falsos Positivos” [Campesinos asesinados por miembros del ejército colombiano que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate para ofrecer resultados operativos de la lucha contra la subversión].
AN: ¡Claro! No se trata de cuantos decomisos hace un policía, sino de cuáles son los indicadores de seguridad de su cuadrante [espacio geográfico en la ciudad que asume cada unidad policial], lo que debe servir para que los policías reciban estímulos. Estamos en ese proceso porque todavía la policía tiene metas de actividad, ¡No de resultados! Creemos que se debe cambiar hacia metas de resultados porque a quien le va mejor es al que tiene mejores resultados y no al que más procedimientos policiales hace, pues no siempre los procedimientos generan resultados; y la mejor manera de tener resultados, es tener una buena relación con la comunidad.
PA: La idea del desarme en Bogotá ha sido tan exitosa que muchos alcaldes han visto el interés de llevarla a sus municipios, ¿Quiénes se han sumado a esta iniciativa?
AN: Se ha sumado la Gobernación de Cundinamarca [Uno de los 32 estados o “departamentos” que componen Colombia], se hizo una consulta con los 124 alcaldes del departamento y 123 votaron a favor de una medida de restricción de armas similar y hay muchas regiones del país donde se están planteando cosas iguales. Sin embargo, no hay todavía una política nacional clara con referencia al tema, porque la autoridad que puede decir SÍ o NO a una medida de esta naturaleza es la autoridad militar y en general los militares no tienen una posición claramente definida. Han ido flexibilizándose y hace unos pocos años hubiera sido imposible una restricción de tres meses como la que hay en Bogotá.
Vamos a mirar los resultados en febrero, marzo y abril. Hasta ahora los resultados han sido buenos, no quiere decir que han dejado de presentarse homicidios con armas de fuego (siguen siendo las dos terceras partes de los homicidios) pero, como estamos trabajando probablemente en un 10% de los homicidios cometidos con armas de fuego legales, con que logremos disminuir ese 10% cada disminución son vidas. Además Bogotá tiene una tasa de homicidios que es la más baja de las principales ciudades de Colombia, estamos alrededor de 21,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, alta todavía con estándares internacionales, pero cuando se van disminuyendo las tasas del fenómeno del homicidio, se hace más difícil reducir aún más esas cifras. Es más fácil disminuir de una situación dramática a la mitad, que bajar dos o tres puntos porcentuales en las tasas de homicidio.
PA: Es significativa esta reducción de homicidios para la capital del país cuando hace tan solo dos meses una estructura criminal como los Urabeños [Una de las bandas criminales de origen paramilitar que controla actividades de narcotráfico en Colombia] mediante un paro armado de 48 horas mantuvo controlados completamente cinco departamentos del país.
AN: Obviamente eso demuestra entre otras cosas, que no tenemos –como se ha discutido aquí en Colombia– estructuras de las llamadas Bacrim (Bandas Criminales) más organizadas, más estructuradas en Bogotá, porqué durante el paro armado de los Urabeños no se presentó ningún efecto en la ciudad.
PA: El alcalde ha dicho que el desarme es un experimento de tres meses, ¿cómo buscar hacer que la medida sea permanente?
AN: Es más difícil bajar dos puntos porcentuales en las tasas de homicidio, que bajar 10 cuando está más alto el fenómeno y requiere medidas más elaboradas, más cuidadosas: una de ellas: ¡el desarme! Si somos capaces de mantener en estos tres meses una disminución de homicidios superior al 10% y podemos además en el seguimiento que se le está haciendo a la medida, tener claro que no ha habido homicidios con armas amparadas con salvoconducto, podríamos decir que la medida es exitosa.
Lo que pasa es que esto es un propósito, ¡esperemos que los datos nos muestren la realidad!
Alex Sierra R. es Antropólogo y se ha desempeñado como Investigador y Consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 12 años. Es columnista mensual con el Programa de las Américas
Fotografía por Damián Quiroga
