16 días de activismo contra la violencia de género
Este 2017, la defensa por los derechos de las mujeres en México marca dos aniversarios importantes: hace 10 años se promulgó y entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y desde hace cinco está vigente en el Código Penal Federal el delito de feminicidio, el cual es definido como el asesinato de una mujer por razones de género. Es decir, por ser mujer.
Si bien ambas normativas fueron impulsadas para modificar las políticas públicas enfocadas a garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y niñas así como para mejorar la procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia de género, eso no se ha logrado para ninguna en el territorio nacional.
Las instituciones de procuración de justicia en el país no han homologado la investigación de los casos de feminicidio, ni los protocolos para realizar estas investigaciones, así que en todos los estados del país la mayoría de los asesinatos de mujeres se siguen investigando como homicidios y los responsables juzgados bajo ese tipo penal, además de que los tribunales estatales son omisos en la aplicación del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visto como “un insumo, no una obligación”, según han referido juzgadores de estados como Guanajuato.
A días de conmemorarse el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, presentarán un serial de reportajes que demuestran cómo ser asesinada en cada uno de estos estados, tiene características específicas, como el ser joven, tener cierto grado de estudios y el lugar donde ocurren los hechos.
EL FEMINICIDIO EN EL PAÍS
En México, de 2012 a 2015, fueron asesinadas 10 mil 10 mujeres; siete al día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais). Pero ¿cómo son estas mujeres a quienes se les privó de la vida? La información de Salud nos permite asomarnos a la realidad nacional, pero también a la de los estados.
Lo primero que salta a la vista al analizar la información del Sinais -elaborada con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público- es que en el país una de cada tres mujeres fue asesinada en la vía pública, esto convierte a las calles en el sitio más peligroso para las mujeres.
Después de la vía pública el otro lugar donde más matan a las mexicanas es el hogar: 22.8 por ciento. Le sigue “otro lugar” –que en la estadística no está definido-, con 17.6 por ciento y “se ignora”, con 15.4 por ciento.
La mayor parte de víctimas de homicidio en la vía pública eran solteras -42.6 por ciento- y una de cada cinco tenía de 26 a 40 años. Aunque a nivel nacional el grupo específico más vulnerable son las mujeres solteras de 18 a 25 años.
En cuanto a las mujeres que fueron asesinadas en sus hogares, la mitad -49.4 por ciento- vivía en pareja, es decir, su estado civil era casada o en unión libre, mientras que una tercera parte era soltera; y una de cada diez, viuda.
Los homicidios de mujeres ocurridos en la vía pública correspondieron a mujeres con estudios de bachillerato y superiores; en el hogar fueron de mujeres sin escolaridad. Es decir, entre más es el nivel de estudios existe una mayor probabilidad de que a las mexicanas las maten en la vía pública.
Los datos del Sinais también revelan que 39 por ciento de las víctimas “no trabajaba”, aunque este criterio quizás se deba a que se dedicaban al trabajo del hogar no remunerado o a que estaban estudiando. A nivel nacional, una de cada tres víctimas se empleaba en servicios personales y vigilancia y otro 7.7 por ciento al comercio.
¿Qué pasa en los estados?
En los estados se viven realidades distintas. Por ejemplo, en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, la mayor parte de los homicidios de mujeres ocurren en el hogar. Mientras que en Guerrero, Morelos y Tamaulipas los homicidios de mujeres en la vía pública sobrepasan el promedio nacional.
Las edades, estados civiles y ocupaciones de las víctimas de homicidio también varían de entidad federativa a otra. En algunas se sigue la tendencia nacional de que son las mujeres de 26 a 40 años las principales víctimas, pero en Oaxaca el rango de edad se eleva y en Chihuahua disminuye; mientras que Tlaxcala es la entidad donde más asesinan a niñas de 0 a 11 años.
El Estado de México se convirtió en una de las entidades más violentas y peligrosas para las mujeres, seguido por Coahuila y Guerrero. Pero a partir de 2013, entidades como Puebla y Baja California pasaron de estar en los últimos lugares a los primeros.
LOS HOMICIDIOS DE MUJERES NOS IMPORTAN
Del total de homicidios del país, nueve de cada diez corresponden a hombres y sólo un 12 por ciento de los casos es de mujeres. ¿Por qué entonces analizar los asesinatos de mujeres? Porque 95 por ciento de los homicidios, no sólo en México sino en el mundo, son perpetrados por hombres, de acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio 2013, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esto casi en consecuencia vuelve a las mujeres víctimas y, según el estudio antes mencionado, la gran mayoría de victimarios son personas cercanas a las mujeres, como sus compañeros íntimos y sus parejas.
En México a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidio los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación de sentimental, afectiva o de confianza. Aunque ésta no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en algún lugar público.
Bajo este criterio 385 de los homicidios reportados en el Sinais como homicidio se considerarían casos de feminicidio, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: Estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).
En su fallo de 2015 por el caso de feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada por su pareja en el Estado de México en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que todos los asesinatos de mujeres tendrían que ser investigados bajo los protocolos de feminicidio, preservando las evidencias que determinen si se cometen ataques sexuales y realizando las periciales necesarias para conocer si las mujeres estuvieron inmersas en un contexto de violencia.
CHIAPAS: LA JUSTICIA QUE NO LLEGA
En junio del 2013, Omar Fernando Rosales Toledano, entonces secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Armando Melgar, fue detenido por el feminicidio de Viridians Flores Ramírez, de 21 años de edad y con quien sostenía una relación sentimental y había procreado un hijo.
Omar Fernando arrojó el cuerpo de Viridians al puente San Cristóbal ese 2013. Fingió el secuestro de la joven y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido.
A cuatro años de distancia no ha recibido sentencia y su juicio sigue en proceso pues el inculpado continúa interponiendo amparos, apelaciones y otros recursos legales que han retrasado el fallo final.
En Chiapas, 352 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015, de acuerdo con datos del Sinais elaborado con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.
La mayoría de mujeres asesinadas –una de cada tres- eran solteras al momento de su muerte como es el caso de Viridians, quien se había separado de Omar Fernando. También una de cada cuatro de las víctimas de homicidio tenían de 18 a 25 años de edad, como Viridians, lo cual coloca a este grupo poblacional como el segundo más vulnerable tan sólo después de las mujeres de 26 a 40 años.
La posición económica de Fernando Rosales Toledano le ha permitido interponer una serie de recursos, legales entre ellos un amparo federal de excarcelación alegando presuntos problemas de salud.
De agosto a octubre de este año, estuvo internado en un hospital privado de Tuxtla Gutiérrez, uno de los más conocidos y costosos de la capital del estado, por padecer, presuntamente “problemas gastrointestinales y con el nervio ciático”.
El juez quinto federal, José del Carmen Constantino Avendaño, otorgó un amparo al feminicida para que pudiera ser excarcelado y atendido en el sanatorio particular, lo que fue denunciado públicamente por la familia de Viridians quien logró, apenas hace unas semanas, que éste regresara a la cárcel para continuar con su proceso legal.
Los datos del Sinais revelan que la mayor parte de las mujeres –seis de cada diez- que sufrieron previamente violencia fueron asesinadas en sus hogares; es decir, en un lugar privado.
El hogar es uno de los sitios más peligroso para las chiapanecas, ya que una de cada cinco es asesinada ahí, mientras que en la vía pública son asesinadas entre 30 y 40 por ciento de las mujeres y en otro lugar –como puede ser un hotel- el 15 por ciento, tal cual ocurrió con Viridians.
El grupo etáreo más propenso a un homicidio es el que corresponde a las mujeres de 26 a 40 años de edad, en unión libre; así como las que no trabajan y que tienen estudios de secundaria.
En el caso de Viridians, sus padres han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en que se ha llevado el proceso del feminicida confeso. Es la segunda vez que logra obtener un amparo de excarcelación por supuestos problemas de salud. El temor de la familia es que logre escaparse cuando está fuera de la cárcel.
En septiembre del 2014 los familiares denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía, por no respetar Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aun cuando haya fallecido, con humanidad y respeto a su dignidad.
La familia de la joven ha seguido durante estos cuatro años todo el proceso legal del feminicida de su hija para vigilar que no use sus influencias para lograr una pena más ligera.
En Chiapas, el delito de feminicidio se contempla en el artículo 164 bis del Código Penal del estado, el cual entró en vigor el 8 de febrero de 2012 y establece una pena de 25 a 60 años de prisión a quien lo cometa.
*Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala
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