El mundo entero ha visto graves retrocesos de la democracia en los últimos años. Aunque no es una tendencia de un solo sentido, las recientes elecciones en Italia sirven de botón de muestra. No es casualidad que uno de los motivos principales del avance de la ultraderecha sea una corriente anti-migrante feroz. A pesar de que estas fuerzas lleguen al poder por medio de las urnas, sus políticas —en muchos casos abiertamente neofascistas— de exclusión y racismo son por definición antidemocráticas.
En nuestra región, el proyecto antidemocrático tiene su figura principal en Donald Trump, el líder del estado hegemónico continental. Trump llegó al poder por medio del sistema de Colegio Electoral, después de perder el respaldo popular por casi tres millones de votos. Desde entonces se ha dedicado a no solo excluir sino hostigar a grandes sectores de la población, en el marco de un proyecto de largo plazo que refuerza el modelo neoliberal y el control absoluto por parte del 1 por ciento del cual orgullosamente forma parte. Mientras los medios se enfocan en su personalidad y los tuits, este proyecto antidemocrático en marcha tiene graves implicaciones para Estados Unidos y el resto del mundo.
Tiene cuatro componentes básicos: la supresión y violación del voto, la exclusión de migrantes y sus familias, la restricción de los derechos de la mujer, y el carácter militarista que respalda la contracción de los derechos ciudadanos. Todos estos atentados contra la democracia se han vuelto también parte de la política exterior de EEUU, lo cual constituye un foco rojo en este año de elecciones controvertidas en América Latina.
El primer elemento parte del hecho de que Trump no cree en el voto popular, ni en el principio de una persona-un voto en que cada sufragio tiene el mismo peso. Enfocó su campaña no en la tarea de ganar la mayoría de los votos, sino en ganar los votos clave para triunfar en el Colegio Electoral y en neutralizar votos en su contra. Para Trump, el voto popular y el derecho a que se respete es un tema prohibido. Su gobierno está trabajando en cambiar leyes y prácticas para suprimir o negar permanentemente el voto a las personas que para ellos representen una amenaza al proyecto patriarcal, nativista y capitalista que promueven.
Este desdén con que trata el principio de la soberanía del pueblo fue evidente en las elecciones de Honduras. Hubo evidencias de fraude a favor de Juan Orlando Hernández, un presidente que ha sido útil a los intereses del gobierno estadunidense en la región, al grado de que la misión de observación electoral de la OEA afirmó que no pudo declarar un ganador debido a las múltiples irregularidades. Pero el gobierno de Trump reconoció la elección de Hernández y dio su respaldo a la traición de la voluntad popular expresada en las urnas. El antecedente de las elecciones robadas en Honduras con la mano del gobierno de EEUU es, desde luego, un mal augurio para México.
Otra manera en que el gobierno de Trump erosiona la democracia son las políticas contra la población migrante. El cambio demográfico en Estados Unidos es la amenaza más grande al proyecto de supremacía blanca de Trump & Compañía. Según proyecciones, las llamadas minorías (afroamericanos, latinos, asiáticos, y los pueblos originarios) juntas muy pronto serán mayoría. El ejercicio de la democracia representativa en un país en donde ‘el enemigo’ (léase no-blancos, izquierda, o cualquier grupo que se opone al poder de las élites) es mayoría, resulta un problema.
Trump ha respondido con una serie de medidas para excluir a migrantes y sus familias, inclusive ciudadanos estadunidenses, de cualquier posibilidad de sufragio, de preferencia por medio de la expulsión física del país. Casi 11 millones de migrantes sin papeles están expuestos a la detención y deportación, se prohíbe la migración a personas de ciertos países musulmanes y se restringe cada vez más la entrada de migrantes y refugiados, se retira el programa Estatus de Protección Temporal (TPS) para centroamericanos y haitianos, se pone fin a DACA para jóvenes migrantes, y se ha creado un ambiente de hostigamiento permanente. La apuesta es asegurar que la diversidad, una realidad en casi todas las comunidades estadunidenses, se reduzca y sobre todo que no se refleje en el proceso electoral.
De la misma manera, el gobierno de Trump ha ido restringiendo cada vez más el acceso a los derechos democráticos de las mujeres, sin los cuales no hay democracia. La prohibición de ayuda extranjera a servicios de salud reproductiva, las decisiones que reducen el acceso a abortos legales y anticonceptivos, el intento de eliminar el derecho a decidir, no solo afectan a la salud sino también a la capacidad de las mujeres para participar plenamente en una sociedad democrática por no poder planear sus embarazos. La maternidad obligada les quita oportunidades de educación y las expulsa del mercado de trabajo. El permiso que se ha dado al acoso sexual desde la Casa Blanca es otra expresión del patriarcado recargado de este gobierno.
La cuarta amenaza a la democracia promovida por Trump es el régimen militarista. Además de los generales en altos puestos del gabinete (Kelly, McMaster, Mattis) el presupuesto de 2019 para la defensa es de 716 mil millones —un incremento de 10% por encima del nivel anterior. Este presupuesto que alimenta al complejo militar-industrial al punto de obesidad extrema, fomenta un ambiente de amenaza constante y miedo, prefabricado y entregado a domicilio por los medios masivos.
Con la exportación del proyecto antidemocrático de Trump se reducen los espacios para avances democráticos, pero no se cierran. No es una novedad que el país que más habla de la democracia, menos la protege, sin embargo, es importante reconocer este hecho. En un sistema donde el ejercicio de la democracia representativa sirve básicamente como fachada para los intereses detrás de la cortina, la manipulación de votos y de la opinión publica se vuelve necesidad, además de ser un jugoso negocio. Cuando no alcanza la propaganda, la desinformación, y las formas de seleccionar quien tendrá acceso al voto y quien no, los que buscan mantenerse en el poder tienen que recurrir al fraude. Esta es la parte del proceso electoral que nadie quiere mencionar, pero existe amplia documentación de que ocurrió en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2000, en México en 2006 y el caso de Honduras 2017 mencionado, por solo poner algunos ejemplos. Los fraudes pueden ir apoyados por cortes judiciales favorables al poder o por la represión abierta de las fuerzas democráticas, y llevan a situaciones de inestabilidad donde los nuevos gobiernos suelen buscar salidas militaristas a su falta de legitimidad. El apoyo del gobierno de EEUU a la consumación del fraude o incluso en la construcción del fraude es una amenaza más que latente.
En México, nos pone frente a una situación de emergencia para la soberanía y la democracia. Mientras Videgaray elogia al gobierno anti-mexicano de Trump (“la relación ([México-Estados Unidos] hoy es más fluida, es más cercana de lo que estaba con las administraciones anteriores”), la realidad es que se trata de un gobierno absolutamente adverso a los intereses de México y de la democracia. Es necesario vigilar sus acciones y crear antídotos a lo que seguramente serán prácticas intervencionistas en estas elecciones, y avanzar en la construcción de una verdadera democracia en el país.
Este material fue compartido como parte del convenio entre Programa de las Américas y Desinformémonos.
