La Agenda Ayotzinapa

Encargados de dar asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, el pueblo mexicano depositó su anhelo de verdad y justicia en ellos. Con su trabajo profesional representaban la posibilidad de romper la barrera de mentiras construidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se abría la oportunidad de que esta vez un crimen de Estado no fuera borrado de la oscura historia de nuestro país.

Se sabía de antemano la mayor parte del contenido del informe después de un año y dos meses de trabajos. El primer informe, que causó revuelo en el mundo entero, dejó plasmada en 560 páginas una cantidad de información pública sin antecedentes en un caso político mexicano. Ángela Buitrago, abogada colombiana, empezó declarando que “no existió ninguna demostración diferente a los hechos que tratamos en el informe anterior y, al contrario, se engrosó la prueba…”

El GIEI reiteró que los sucesos del 26 y 27 de septiembre fueron acciones coordinadas, con participación directa de las policías federal, estatal y municipal, junto al grupo criminal. La presencia del ejército queda constatada, y su importancia en el esclarecimiento del crimen aumenta con el rechazo a las solicitudes de realizar entrevistas independientes a los militares.

Mucho de lo que sospechaba la población mexicana quedó comprobado, con rigor científico y un minucioso análisis de la documentación proveniente de autoridades, testigos, evidencias materiales y forenses. Una por una, el GIEI desmintió las explicaciones de la PGR sobre el caso, con énfasis en las posteriores al primer informe. Se desecharon las nuevas conclusiones del gobierno para rescatar su versión del incendio en el basurero de Cocula por falta de rigor y consistencia, y cuestionaron el proceso del descubrimiento de restos de supuestos normalistas en el Río San Juan. La hipótesis oficial de una alcaldía aislada en manos del crimen organizado quedó enterrada por las pruebas.

El Grupo de Expertos insistió en la necesidad de incluir pruebas omitidas del expediente, y de ampliar la zona y los tiempos de los hechos. Hicieron hincapié en el tema del quinto autobús, que no aparece en las versiones oficiales.

Así, las cinco versiones propuestas por la PGR cayeron por sus propias contradicciones y lagunas. Sin conjeturas, los expertos internacionales presentaron un panorama lamentable de obstrucción y cerrazón por parte de todos los niveles del gobierno, de manipulación de evidencia, falta de aplicación de protocolos básicos, tortura y mentiras. Emergió un cuadro de acuerdos rotos, de líneas de investigación no seguidas, de incumplimientos o cumplimientos tardíos e incompletos, de contradicciones y errores.

El grupo expresó su gran desilusión al salir del país sin lograr el objetivo más importante —dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas—, señalando obstáculos y la falta de cooperación con la investigación por parte de las autoridades. Afirmaron que el 15 de marzo habían recibido respuesta a sólo la mitad de sus solicitudes y que días antes del segundo informe, recibieron una avalancha de repuestas que por cuestión de tiempo fue imposible analizar e incorporar en el trabajo final. Fue una burla por parte del gobierno, ya que las solicitudes tenían meses sin respuesta.

Al finalizar el documento, una mujer se paró y gritó entre lágrimas, “¡No se vayan! ¡No nos dejen solos!”. Sus palabras calaron los corazones de los presentes. Frente a la evidente frustración de los expertos y la triste despedida, había una sensación de impotencia, de indefensión de criatura abandonada.

Pero la sociedad civil mexicana ya no es menor de edad. Fue la sociedad civil que hizo de la tragedia de la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas una causa conocida en todo el mundo. Movilizó más de 100 mil personas bajo la lema “Fue el Estado”, que cambió para siempre la manera de entender la violencia en el país. La movilización social fue la que logró que el gobierno mexicano permitiera el trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ampliara su mandato original. Logró reactivar la búsqueda e iniciar búsquedas ciudadanas en varias partes del país.

La salida del Grupo de Expertos nos deja una gran deuda, por su entrega y su capacidad en buscar la verdad y señalar las mentiras. Y más que nada, nos deja con una enorme agenda social para enfrentar esta encrucijada no sólo por Ayotzinapa sino mucho más allá. El abogado colombiano, Alejandro Valencia, destacó que “el caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir, y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos”.

Entre las 22 recomendaciones, varias tienen que ver con demandas a un estado volcado al encubrimiento. Hay otras que la sociedad civil puede asumir directamente en una nueva Agenda Ayotzinapa.

La Agenda Ayotzinapa debería incluir por lo menos: la búsqueda de los normalistas y los otros 28 mil desaparecidos en el país; garantizar la seguridad de los familiares y de los defensores de derechos humanos; el seguimiento a las preguntas abiertas, entre ellos el asunto del quinto autobús escoltado de la escena del crimen por la policía y la necesidad de entrevistar a los militares, re-entrevistar a testigos y analizar los registros no entregados de llamadas; la determinación de responsabilidades legales por las irregularidades, la manipulación y pérdida de evidencia, y las mentiras en la investigación oficial; el seguimiento de los casos de tortura encontrados entre 17 presuntos culpables; y la autoría intelectual del crimen.

Uno de los puntos más importantes en esta etapa que ahora tiene que asumir la sociedad mexicana es el análisis e investigación de los contextos, obviados en las versiones de la PGR: el tráfico de estupefacientes en la región, el fenómeno generalizado de desaparición forzada, y la corrupción a todos los niveles de gobierno, entre otros.

El papel de la CIDH no ha terminado con la salida del GIEI. Sin embargo, ahora cae en los hombros de la sociedad mexicana la responsabilidad de seguir su trabajo. El trabajo no es técnico, sino político y social —de movilización, construcción de solidaridades y presión constante.

De eso depende no sólo la resolución del Caso Ayotzinapa, sino nuestra capacidad de insistir en un estado de derecho frente un estado criminal.