Encontrada ahorcada en un refugio para niños de Ciudad Juárez en marzo de 2014, Nohemi Alvarez Quillay se convirtió instantáneamente en causa de controversia internacional. La niña indígena ecuatoriana de 12 años estaba viajando en manos de traficantes de personas, en un intento desesperado por reunirse con sus padres indocumentados en la ciudad de Nueva York. En lugar de llegar a su destino fue detenida por la policía mexicana, rebotada por la burocracia estatal y colocada en un refugio de gestión privada.
Sólo unos días después y según se informa, en un estado de angustia emocional extrema, la niña presuntamente se suicidó ahorcándose en un cuarto de baño cerrado con llave. El incidente causó que Francisco Torres, cónsul ecuatoriano en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, declarara que su gobierno haría de Nohemi un mártir de la migración de manera que calamidades similares no les ocurrieran a los demás.
En declaraciones a la prensa mexicana, Torres instó a EE.UU. a facilitar sus políticas de inmigración para que las familias puedan reunirse más fácilmente. “Sería mejor para la ley de inmigración (de EE.UU.) permitir la legalización de quienes llevan años viviendo en ese país; ya sean mexicanos así como también centroamericanos y ecuatorianos”, citó Torres.
En agosto de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del gobierno mexicano publicó un informe sobre el caso de Nohemi con recomendaciones destinadas a evitar precisamente, la tragedia que se cobró la vida de una niña, una horrible tarde del año pasado.
Pero persisten las preguntas acerca de si la justicia llegará no sólo a Nohemi y sus sobrevivientes, sino realmente a abordar las condiciones y circunstancias que favorecieron y rodearon el fatídico viaje de una chica ecuatoriana.
“Es una de esas historias que se quedan en uno”, dijo Camilo Pérez Bustillo, abogado internacional de derechos humanos y profesor de la Universidad Estatal de Nuevo Mexico (NMSU) en Las Cruces.
En marzo pasado, al primer aniversario de la muerte de Nohemi, Pérez Bustillo se paró frente a una multitud reunida en el Simposio anual J. Paul Taylor de Justicia Social de la NMSU y dedicó el evento a Nohemi.
Para Pérez Bustillo la historia de Nohemi, “encarna, por desgracia” múltiples dimensiones de la experiencia de violencia sexual en la migración internacional y regional, la corrupción gubernamental generalizada y la violencia en Ciudad Juárez y Chihuahua, la victimización generalizada de las personas en movimiento, y la larga y silenciosa emigración de las empobrecidas regiones indígenas de Ecuador, en especial a la ciudad de Nueva York.
De acuerdo con informes de prensa mexicanos y ecuatorianos publicados el año pasado, Nohemi originalmente trató de reunirse con sus padres en Nueva York durante el verano de 2013, pero fue detenida en Panamá y deportada a Ecuador.
A principios de febrero de 2014, la niña de 12 años se embarcó en un segundo viaje, según los informes después de que sus padres pagaran más de $15,000 a contrabandistas de inmigrantes para enviar a su hija a Nueva York.
En aquel momento Nohemi aparentemente desapareció de la faz de la tierra por más de un mes antes de su detención en Ciudad Juárez por agentes de policía del estado de Chihuahua. Las circunstancias exactas de la detención aún no están claras, y podría ser clave en la explicación de la muerte de la niña.
Publicada el mes pasado, la Recomendación 22/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) relató la versión policial de la detención de Nohemi, que sostuvo que fue detenida en un vehículo junto con un adulto de nacionalidad mexicana, Domingo Fermas Uves, a las 22:08 del 6 de marzo de 2014 en la Ciudad Juárez, colonia de Anapra; un caldo de cultivo del crimen organizado en el extremo noroeste de la ciudad fronteriza con Nuevo México.
Según la CNDH, Nohemi estuvo bajo custodia de agentes de la policía estatal durante cuatro horas antes de ser entregada a la unidad de trabajo social del departamento de Seguridad Municipal de Ciudad Juárez, que a su vez retuvo a la joven migrante durante más de 7 horas antes de enviarla a un albergue de gestión privada (irónicamente llamado “Casa de la Esperanza”) subcontratada por el departamento de Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chihuahua, una agencia de bienestar social del gobierno.
Por su parte, Fermas fue acusado de trata de personas, más tarde liberado y posteriormente detenido nuevamente, liberado y detenido de nuevo varias veces.
El informe de la CNDH señala brevemente una segunda versión de la detención, al parecer confirmada por Nohemi justo antes de su muerte, que ella realmente fue detenida en una redada en la casa de Fermas.
Basada en entrevistas con Fermas, sus familiares y vecinos, la prensa de Juárez publicó reportes en los que presuntamente policías estatales irrumpieron en la casa sin orden judicial en busca de “la niña” y cocaína.
Si el último reporte es cierto, se plantea la pregunta de por qué una agencia de aplicación de ley estatal usualmente desafectada del cumplimiento de leyes de inmigración estaba buscando “la niña”, y mucho menos drogas de manera sospechosa.
El informe de la CNDH detalló otras irregularidades y violaciones basado en la Constitución mexicana, la ley internacional de derechos humanos y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los migrantes menores no acompañados.
La comisión criticó al departamento de Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua no sólo por carecer de una supervisión adecuada del refugio donde Nohemi murió, sino también por una ausencia general de “protocolos y funciones específicas” en sus relaciones con los subcontratistas.
En su investigación, la CNDH concluyó que a Nohemi no le fue proporcionada una evaluación psicológica oportuna durante su detención, a pesar de la evidencia visible de que ella estaba asustada y retraída. En repetidas ocasiones, los funcionarios opinaban que creían que la chica callada fuera del estado mexicano de Durango. Por esta razón, argumentan, ella nunca hizo un llamado a sus padres en Nueva York o a los representantes consulares ecuatorianos en México, como exige el derecho internacional.
El informe de la CNDH se adentró en el comportamiento extraño y abusivo de los agentes de la sede de la oficina mexicana de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez, quienes amenazaron al personal del refugio por “obstruir las investigaciones”; en particular un agente no identificado, se “comportaba muy hostil” con Nohemi durante los interrogatorios e incluso gritándole, escribió la Comisión de los Derechos Humanos.
Frustrado por un primer interrogatorio, el agente regresó al refugio a las 2:00 de la madrugada el 9 de marzo en un intento por ver de nuevo a Nohemi, pero fue rechazado por el personal del refugio quien argumentó que la chica no debía ser perturbada.
El agente de la Procuraduría General de la República causó daño psicológico en Nohemi y probablemente empeoró “un ya deteriorado estado emocional”, de acuerdo a la CNDH.
Más grave aún, la CNDH confirmó una determinación de la Procuraduría General de la República -originalmente negada por la Oficina del Fiscal General del Estado de Chihuahua (FGE), que ya había llevado a cabo una controversial investigación de la muerte de Nohemi- de que Nohemi había sido violada. La CNDH escribió que Nohemi fue violada aproximadamente cinco o más días antes de su muerte, provocando así problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión.
Antes del informe de la CNDH, el Diario de Juárez citó fuentes anónimas de la Fiscalía General del Estado que afirmaban que los superiores sabían sobre la agresión sexual contra la joven migrante pero ordenaron que se silenciara.
Un portavoz de la Fiscalía General del Estado negó la acusación al periódico, sosteniendo que Nohemi no fue violada. Armando Aguirre, el empleado del estado de Chihuahua que realizó la autopsia de Nohemi, insistió en que las lesiones anales halladas en el cuerpo de Nohemi fueron causados por los excrementos de la niña.
Aunque la CNDH confirmó el suicidio como la causa de la muerte de Nohemi, Pérez Bustillo argumentó que online casino las terroríficas interacciones previas de la niña con los funcionarios del gobierno se traducen en culpabilidad oficial. “Eso significa responsabilidad”, dijo. “No se puede simplemente minimizarlo como un suicidio.”
En el frente oficial, un frenesí de actividad en torno a la muerte de Nohemi se ha develado en varias naciones.
En febrero de 2015, como parte de una operación conjunta, la Procuraduría General de la República (PGR), aduanas estadounidenses y fuerzas de cumplimiento de Inmigración e Investigaciones de Seguridad Nacional identificaron y acusaron a 42 personas presuntamente implicadas en la red que trasladó a Nohemi desde Ecuador a través de Colombia, Honduras, Guatemala y México, donde estuvo alojada en 17 lugares diferentes durante su viaje fatal, según los funcionarios.
Los sospechosos fueron acusados de trata de personas, violación agravada de un menor (Nohemi), abuso sexual de víctimas migrantes, y el ejercicio fraudulento de cargos públicos.
En un comunicado anunciando las acusaciones, la Embajada de Estados Unidos en México declaró que “el incidente del 11 de marzo de 2014, en el que una menor ecuatoriana perdiera la vida, se esclareció”.
La red de trata de personas, continuó la Embajada de Estados Unidos, participó en “abuso físico y sexual de mujeres y niños migrantes”.
Antes, la Oficina del Fiscal del Estado ecuatoriano obtuvo confirmación de dos presuntos traficantes de personas, el ecuatoriano Raúl Huerta y el guatemalteco Manauel López, en relación con el viaje mortal de Nohemi. Ambos hombres fueron abofeteados con penas de 16 años por un tribunal ecuatoriano.
Con las acusaciones de febrero de 2015 en México, la oficina del fiscal nacional ecuatoriano aseguró que “se hará justicia en ambas naciones”.
Pero sonarán fuerte y vigorosamente las campanas de la justicia o se extinguirán con un gemido?
Enviadas al Procurador General mexicano de la República Arely Gómez y al gobernador de Chihuahua César Duarte el mes pasado, las recomendaciones de la CNDH aconsejan a los funcionarios a asegurar que sus respectivas nóminas de personal sean capacitadas en los derechos de los niños migrantes no acompañados, desarrollar protocolos para la protección de los derechos de estos jóvenes migrantes, compensar a los sobrevivientes de Nohemi, y emitir las disculpas públicas.
Además, la CNDH sostuvo que la PGR demoró innecesariamente el acceso de empleados de la Comisión a documentos clave e informes por casi seis meses, a pesar de las peticiones reiteradas de comisión. Por otra parte, la CNDH alegó que nunca tuvo acceso a la investigación completa de la PGR, en violación de las leyes mexicanas; en consecuencia, la comisión consultiva presentó una denuncia sobre este asunto a la división de asuntos internos de la PGR, así como también otra en relación con el comportamiento del agente de la PGR que violentamente interrogó a Nohemi.
A principios de septiembre, el jefe de la oficina de la PGR en Ciudad Juárez durante la detención y posterior muerte Nohemi, César Peniche Espejel, fue destituido de su cargo como parte de un cambio nacional de los jefes de delegación de la PGR en 22 estados.
Peniche fue reemplazado por Edgar Pineda Ramírez, quien había servido previamente como jefe de la delegación de la PGR de Michoacán durante 2010 y 2011, momento en que el estado mexicano estalló en un espasmo de violencia narco.Mientras tanto, los asuntos salidos a la luz por la muerte de Nohemi, incluyendo las muertes de los niños migrantes que tratan de llegar a los EE.UU., continúan ocurriendo en México y en todo el continente americano.
En agosto, el diario mexicano La Jornada publicó una historia que alega que aparentemente dos chicas mexicanas, de 12 y 13 años respectivamente, fueron violadas por personal de mantenimiento en un albergue del departamento de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal en Juárez. Marisela Vega Guerrero, directora del DIF local, dijo al diario que las acusaciones serían investigadas por las autoridades competentes.
También en agosto, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el caso de un niño de 11 años de El Salvador, que fue encontrado inconsciente por la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Texas y México y que murió por causas relacionadas con las altas temperaturas.
Mientras que tragedias similares que cobran la vida de niños refugiados intentando entrar en Europa han acaparado recientemente la atención del mundo, dramas en marcha que involucran niños cruzando México rumbo a los EE.UU. han sido en gran medida dejados en un segundo plano, a pesar de la conmoción provocada el año pasado por la llegada de miles de niños centroamericanos a la frontera con Estados Unidos.
Aunque también la historia de Nohemi se ha desvanecido en gran parte de los titulares, Camilo Pérez Bustillo es alguien que no olvida la vida y la muerte de una desventurada joven niña.
El experto internacional en derechos humanos está personalmente familiarizado con la región de donde era Nohemi; la provincia empobrecida de Cañar, después de haber viajado allí y estudiado las condiciones socio- económicas.
Pérez Bustillo dice que las familias en Cañar suelen dividirse, los padres residen en Nueva York mientras los abuelos se quedan criando a los niños, tal cual era la situación de Nohemi.
En un estudio de 2008 llevado a cabo con el apoyo de UNICEF, el Observatorio Ecuatoriano por los Derechos de Niños y Adolescentes informó que la mitad de la población de Cañar había emigrado a EE.UU. o Europa, con 8.000 hijos de migrantes permaneciendo en sus hogares, entre ellos muchos jóvenes como Nohemi que fueron dejados atrás cuando tenían menos de cinco años de edad.
“Muchos de ellos no han recibido un abrazo de sus padres y nunca más los han visto debido a que las políticas migratorias impuestas por los estados nacionales limitan y revolucionan las relaciones familiares de estos hogares”, escribió el Observatorio.
El informe cita los dichos de una niña de 12 años, de Cañar: “Vi a mi padre cuando tenía un año. Después de eso, sólo en fotos. No sé si está muerto. Pero sé que él me ama… ”
A diferencia de la emigración centroamericana, la tradición por décadas de migración ecuatoriana no recibe mucha atención en este país, dijo Pérez Bustillo.
“Una de las cosas que hemos notado en el flujo proveniente de esta región es que hay muchas personas de la región andina que son invisibles”, dijo.
Sin embargo, los ecuatorianos están en la mira de los victimarios que los dirigen en el largo sendero de migración al norte. Cinco de los 72 migrantes que fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros armados de pandillas que operan con protección policial en San Fernando, México, eran migrantes ecuatorianos, agregó Pérez Bustillo.
Según el activista de derechos humanos, las cinco víctimas ecuatorianas de la masacre de San Fernando incluyen a Leonidas Yupa, Elvia Pasochoa, María Tipantari, Cristian Caguana y Rosa Panza. Un sexto ecuatoriano -y el único individuo identificado públicamente de cuatro sobrevivientes de la masacre- Freddy Lala de 18 años, estaba en camino a conocer a sus padres en Estados Unidos, al igual que lo intentó Nohemi.
“Creo que el gobierno ecuatoriano ha involucrado bastante suavemente en el caso”, dijo Pérez Bustillo, señalando a Nohemi como un ejemplo trágico que debería plantear la pregunta: “¿Por qué las personas emigran de Ecuador en esas condiciones, y donde encajan en Estado y el gobierno ecuatoriano en esto?”
Pérez Bustillo llevó la historia de Nohemi ante el venidero Tribunal Internacional de Conciencia en la ciudad de Nueva York, donde es fiscal del caso.
Convocado por organizaciones de México, EE.UU. y otros países, el evento se llevó a cabo el 25 y 26 de septiembre -el primer aniversario de la desaparición forzada por la policía mexicana de 43 estudiantes de la universidad rural normal de Ayotzinapa.
Nacido en parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, que emitió un grueso informe el año pasado sobre masivas violaciones de los derechos humanos contra los migrantes y otros sectores de la población en México, el Tribunal Internacional de Conciencia pone al estado mexicano –y a sus patrocinadores estadounidenses- en juicio por crímenes contra la humanidad.
Entre muchos otros casos, un panel de distinguidos jurados internacionales escuchó con vívidos detalles sobre el viaje maldito de Nohemi en un camino peligroso cavado por la política restrictiva estadounidense en materia de migración, la llamada guerra contra las drogas, el libre comercio, el crimen organizado y otras fuerzas que impulsan, controlan y en última instancia se aprovechan del flujo migratorio desde el sur hacia el norte.
Kent Paterson, Estados Unidos-México, es un periodista independiente que cubre el suroeste de Estados Unidos, la región fronteriza y México y es director de Frontera Norte-Sur. Él es analista para el Programa de las Américas americas.org
Fuentes:
Informe y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México sobre el caso de Nohemi Alvarez Quillay (español):
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_022.pdf
Informe de la Niñez y Migración en Cañar, Ecuador (Español):
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Childhood_and_Migration_in_Canar.pdf
Audiencias en Nueva York del 25 y 26 de septiembre sobre las crisis de derechos humanos en México y Centroamérica:
http://internationaltribunalofconscience.org/
Tribunal Permanente de los Pueblos, México – Capítulo final del informe sobre migración, desplazados por fuerza y refugiados (Español).
http://www.tppmexico.org/dictamen-de-la-audiencia-migracion-desplazamiento-forzado-y-refugio/
Traducido por: Viviana Vitulich
