El 14 de octubre de 2014 un juzgado de alto riesgo en Guatemala dictaminó la apertura a juicio contra dos integrantes del ejército, por la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica contra mujeres q’eqchís en el destacamento militar de Sepur Zarco, así como otros graves crímenes, perpetrados en el marco de la política contrainsurgente del Estado, durante el conflicto armado.
En audiencia pública el Juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que existen elementos suficientes para dar inicio a juicio contra el coronel Esteelmer Reyes Girón, quien fue jefe del destacamento militar de Sepur Zarco, y Heriberto Valdéz Asij, quien fue comisionado militar en la región. Reyes será juzgado por delitos de lesa humanidad, en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual, esclavitud doméstica y el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores en el destacamento. Valdez enfrentará cargos por crímenes de lesa humanidad, en sus formas de violencia sexual y desaparición forzada.
Los hechos de violencia
A lo largo de seis años mujeres de comunidades rurales de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal fueron objeto de esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar de la comunidad Sepur Zarco, ubicada en el límite territorial entre los municipios de Panzós y El Estor. Tales crímenes formaron parte de ataques a la población civil, entre los años 1982 y 1988. En el destacamento las mujeres, organizadas en turnos que debían cumplir cada tres días, fueron forzadas a realizar trabajo doméstico, como cocinar y lavar la ropa de los soldados, sin recibir remuneración alguna. El trabajo forzado iba de la mano con la violación sexual, ya que cada vez que hacían los turnos eran violadas sistemáticamente por los soldados en el destacamento militar.
La esclavitud sexual y doméstica perpetrada contra las mujeres de Sepur Zarco formó parte de un plan militar, ejecutado por etapas, que dio inicio con el secuestro, tortura y desaparición forzada de los esposos de las mujeres, quienes eran dirigentes campesinos. A partir de ese momento ellas fueron violadas sexualmente en sus viviendas, de forma brutal, masiva y múltiple, frente a sus hijos e hijas menores, por soldados y oficiales. Simultáneamente sus casas y pertenencias fueron quemadas y las cosechas destruidas. Luego las mujeres fueron nombradas por los soldados como “las viudas” y fueron obligadas a desplazarse a la comunidad Sepur Zarco, en donde fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el destacamento militar.
Aún después de que el destacamento militar fuera cerrado, en 1988, las mujeres siguieron afrontando las secuelas físicas y psicosociales de la violencia sexual. Particular mella ha hecho en ellas la estigmatización social en sus comunidades. Acorde con la lógica patriarcal, la violencia sexual es un crimen por el cual se culpabiliza a las víctimas. En este caso, pese a que las violaciones sexuales tuvieron lugar en un contexto de terror y militarización, hoy se culpabiliza a las mujeres por la violencia sexual que les fue infligida.
El camino hacia la justicia
Por todos esos horrendos crímenes las mujeres de Sepur Zarco hoy exigen justicia. El camino en la búsqueda de justicia que ellas han recorrido dio inicio hace diez años. Entre las estrategias impulsadas destacan la construcción de grupos de mujeres y alianzas a nivel local y nacional. Ellas rompieron el silencio y contaron su verdad en un proceso de construcción de memoria histórica sobre violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado, el cual se plasmó en la publicación de un libro, en 2009[1].
En 2010 las protagonistas de esta historia, junto con mujeres de otras tres regiones del país, participaron en el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado en Guatemala. Y, en 2011, quince mujeres del grupo de Sepur Zarco presentaron una querella penal en un tribunal nacional, exigiendo justicia por los crímenes cometidos contra ellas y sus familiares, en el marco de la justicia transicional. En ese recorrido ellas han contado con el acompañamiento de organizaciones feministas y de derechos humanos, para las cuales las luchas de las mujeres de Sepur Zarco es parte de su compromiso político en favor de la erradicación de la violencia de género y la emancipación de las mujeres[2].
La trascendencia del proceso legal
El proceso penal de las mujeres de Sepur Zarco tiene trascendencia nacional e internacional. En Guatemala, a la fecha existe impunidad total por los crímenes de violencia sexual durante el conflicto armado. Pese a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico documentó que la violación sexual de mujeres fue perpetrada en forma generalizada y sistemática por agentes del Estado, esta es la primera vez que se presenta en los tribunales del Estado una querella por violación y esclavitud sexual contra las mujeres.
Al mismo tiempo, este caso tiene relevancia mundial, dado que es el primer proceso penal por esclavitud sexual en conflicto armado que se presenta en órganos jurisdiccionales del país donde se originaron los hechos. Esto significa un aporte a las luchas dirigidas a para poner fin a la violencia sexual durante conflictos armados, una de las más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos, así como también a erradicar la impunidad por estos crímenes.
Luz Méndez Gutiérrez es co-autora del libro Mujeres q’eqchís: violencia sexual y lucha por la justicia (ECAP-IDRC), en proceso de publicación. Forma parte de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
Fotografía: Luz Méndez
NOTAS:
[1] Fulchiron, Amandine; Paz, Olga Alicia & López, Angélica (2009). Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado. Guatemala: ECAP, UNAMG.
[2] Actualmente las mujeres de Sepur Zarco cuentan con el acompañamiento de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad (integrada por Mujeres Transformando el Mundo, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas).