La tribu Yaqui obtuvo otra victoria legal al conseguir que el poder judicial decrete la suspensión de plano de la operación del Acueducto Independencia, construido por el gobierno del estado para trasvasar aguas del Río Yaqui a la cuenca hidrológica del Río Sonora.
Aunque se reconoce el veredicto como un triunfo importante en su lucha desde 2010 contra el acueducto, las autoridades tradicionales de la tribu no confían en que el dictamen sea la resolución definitiva. Tomás Rojo Valencia, principal vocero de la etnia, en entrevista exclusiva, dejó entrever su escepticismo: “No es el primer recurso que ganamos y el gobierno siempre encuentra chicanadas legales para no acatar los fallos en su contra. Pero si éste no se acata, nos veremos en la necesidad de romper la tregua acordada y retomar el bloqueo carretero”.
Durante más de seis meses, entre junio y diciembre del año pasado, hombres y mujeres yaquis interrumpieron el tráfico de la Carretera Internacional (México 15), a la altura del kilómetro 50, en el pueblo de Vícam, entre Ciudad Obregón y Guaymas, como parte de la estrategia del movimiento indígena y ciudadano contra la construcción y operación del acueducto.
Con una longitud de 135 kilómetros y un diámetro promedio de 50 pulgadas, la obra en cuestión, concluida en 2012 y en operación desde abril de 2013, conduce agua de la presa Plutarco Elías Calles, más conocida como El Novillo, a la ciudad de Hermosillo, capital de la entidad. Atraviesa los municipios de Soyopa, Villa Pesqueira, Mazatán, Ures y Hermosillo y canaliza un volumen de 75 millones de metros cúbicos por año.
El auto judicial notificado el 9 de junio, a cuya copia tuvo acceso el Programa de las Américas, “decreta la suspensión de plano de la operación del Acueducto Independencia amparado en los títulos de asignación números 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11, para el efecto de que no continúe la sustracción y traslado del agua de la presa La Angostura, virtud a que la operación de dicho acueducto podría tener por efecto privar parcialmente en forma temporal la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios del núcleo quejoso”.
Por decreto presidencial de 30 de septiembre de 1940, expedido por el General Cárdenas, la tribu Yaqui tiene derecho a disponer en todo momento hasta la mitad del agua almacenada en la presa la Angostura, ubicada también sobre el cauce del Río Yaqui, varios kilómetros arriba de El Novillo, por lo cual este derecho de la etnia es susceptible de ser afectado por el acueducto.
El juez Octavo de Distrito en el estado de Sonora, Octavio Bolaños Valadez, autoridad que emitió el dictamen mencionado, fundamenta la suspensión como medida precautoria en virtud de que: “Podría ser imposible restituir a los quejosos en el goce de sus derechos al agua que reclaman, esto es, la disposición y uso del 50 por ciento de la presa La Angostura, los derechos territoriales y el derecho al acceso preferente de tales recursos naturales”.
En consecuencia, el juez Bolaños informó mediante oficios y telegramas urgentes a las autoridades implicadas, como la Comisión Nacional del Agua —responsable de la operación del acueducto—, el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, del gobierno del estado; al organismo operador municipal Agua de Hermosillo y al Ministerio Público de la Federación, entre otras, “para que de inmediato se dé cumplimiento a dicha determinación”. Citó además a las partes a las 10:50 del 14 de julio del año en curso para llevar a cabo la audiencia constitucional correspondiente.
Rojo recordó que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo del año pasado fue un hecho histórico, por el reconocimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas frente a las obras de infraestructura que violen sus derechos y afecten sus territorios.
Al no haber sido consultada la etnia previamente, la Secretaría de Medio Ambiente presionada por la corte, tuvo que invalidar la autorización de la obra y anunció en septiembre pasado un proceso de consulta en cuatro etapas para la elaboración de un nuevo manifiesto de impacto ambiental. Pero el acueducto siguió funcionando.
“La primera etapa es de elaboración de protocolo, la segunda es informativa sobre cuestiones sociales, técnicas y de operación del acueducto, es en la que nos encontramos actualmente,” dice Rojo. “La tercera es de deliberación y de reflexión de nosotros sobre los efectos de la obra. Y por último, en la etapa cuarta se hará la consulta propiamente dicha”.
Rojo está convencido de que el desvío del agua de El Novillo condena a la nación yaqui al deterioro de su territorio y pérdida de medios de vida.
Todo en aras de ganancias privadas de empresas inmobiliarias e industriales, con la coartada de que Hermosillo carece de opciones para abastecerse del líquido para consumo humano, y sin el menor ánimo gubernamental de revisar políticas inicuas que siguen concentrando inversión y desarrollo en pocas áreas del estado.
El agua: ¿derecho humano o mercancía?
Este no es un conflicto cualquiera, no es sólo el pleito derivado de una imposición del gobierno del estado que ha partido en dos a toda una entidad federativa. Aquí se está escribiendo el destino del agua en el país como un derecho humano o como una mercancía.
La lucha ha sido larga, en varios frentes —siete juicios de amparo y controversias constitucionales esperan aún resolución—y ha atravesado por situaciones muy críticas pero “más vale paso que dure que trote que canse,” dice Alberto Vizcarra Osuna, dirigente del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua que aglutina a agricultores privados y del sector social del sur de Sonora.
“A fin de cuentas, el problema es el aparato que está detrás del gobierno tanto de (el gobernador) Padrés como de (el presidente Enrique) Peña, es el aparato que va sobre la privatización del agua, con la tesis de que hay que retirarle el agua a la agricultura porque en términos monetarios es más redituable en otros sectores”
“Hace cuatro años, Carlos Slim dijo: entréguenme el mercado del agua, nosotros tenemos capacidad de inversión y vamos a decidir sobre aquellos proyectos que tengan alta rentabilidad monetaria, no importa que no tengan impacto en el mercado interno o en el crecimiento económico nacional”, afirma.
“Y eso es este proyecto. El acueducto no está pensado para aportarle más agua al estado sino para redistribuir lo que no alcanza, provocando un proceso de fragmentación social, de división y hasta de secesión de la que ya hablan algunos locos. Y el gobierno federal entre la tibieza y la indiferencia no resuelve aplicar la ley porque está atendiendo la presión de retirarle agua a la producción de alimentos, y en medio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente”.
“Aquí lo importante es que un sector grueso de la tribu está muy decidido a dar la pelea de fondo porque para los yaquis éste no es un asunto de negocios ni de utilidades sino un problema existencial, porque si pierden el agua pierden el territorio y finalmente pierden todo”.
El bloqueo carretero y la estrategia legal han sido decididos conjuntamente entre agricultores e indígenas. Es un mito urbano, asegura Vizcarra, que los agricultores caciques instigan este movimiento.
“Son los indígenas quienes deciden todo porque sienten que están enfrentando una política de extermino contra la tribu. Afortunadamente, el amparo de la SCJN los favorece plenamente, un recurso que nos costó 40 mil pesos mientras el gobierno está gastando miles de dólares contra nosotros”.
Vizcarra sostiene que una de las peores herencias de los 12 años del panismo es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comision Nacional del Agua convirtieron al país en territorio ocupado por intereses trasnacionales que adoptaron este criterio mercantil sobre el líquido imprescindible, para especular con la escasez al mismo tiempo que suprimen políticas públicas de gestión de agua.
La SEMARNAT de Calderón, agrega, autorizó un estudio de impacto ambiental no sólo sin consultar a los afectados sino basado en estudios que consideraron solamente la fricción de los tubos con las piedras y no el elemento central que es el agua, sin reconocer el equilibrio precario de la cuenca del Río Yaqui cuya demanda es ya mayor que su disponibilidad y que por lo tanto no aguantaría añadirle un usuario más.
En este caso, según Vizcarra, el presidente Peña Nieto tiene que decidir si va a entregar el agua a los especuladores o si va a estar de lado de la ley y de quienes emplean este recurso para el desarrollo del país, incluidos los más débiles como son los pueblos indígenas.
Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de que se cumpla con la ley por parte de todos los órdenes de gobierno, empezando por acatar las resoluciones de la justicia federal, como única forma de mantener vigente el pacto de paz entre la nación yaqui y el estado mexicano.
Alfredo Acedo es articulista del Programa de las Américas www.americas.org/es
