Cada seis años, México atraviesa un largo periodo de paroxismo político llamado elecciones presidenciales. La campaña electoral secuestra las rutinas de la vida pública, los medios se vuelven monotemáticos y la propaganda política cubre el paisaje de las grandes ciudades y de los pueblos lejanos.
En una nación cuya historia ha estado marcada por caudillos, y definida por setenta y un años de gobierno de partido único, las elecciones presidenciales determinan el futuro político. Hasta el momento, he presenciado y escrito sobre cinco de ellas. En 1988, cuando el recuento de votos mostraba una clara tendencia hacia la victoria del candidato de centro-izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, el sistema informático “se cayó”, interrumpiendo la contabilización de los votos y permitiendo al sistema político colocar de nuevo en el poder a un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hacia el final de su sexenio, el reformista neoliberal Carlos Salinas de Gortari enfrentó dos hechos contradictorios que convulsionaron la nación el mismo día: la entrada del país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el comienzo de un levantamiento armado indígena.
En 1994, el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio fue asesinado a plena luz del día al concluir un mitin de campaña. En medio de los rumores generalizados de una intriga palaciega, un sustituto de última hora, Ernesto Zedillo, asumió el puesto. Hasta hoy, el debate sobre qué sucedió en realidad aquel 23 de marzo y por qué ha inspirado numerosos libros y una película ensombrece los salones del poder.
En el 2000, Vicente Fox, el candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), rompió el dominio absoluto del PRI. Aunque el poder cambió formalmente de manos, Fox gobernó seis años al frente de una alianza PRI-PAN cuyo propósito fue asegurar el modelo económico neoliberal y mantener a raya a la izquierda. Muchas personas de izquierda habían pedido el voto “útil” a favor de Fox para poner fin al gobierno de partido único del PRI. En vez de eso, el país acabó teniendo una cara nueva en el gobierno y seis años más para consolidar un modelo económico de, por y para los ricos.
En 2006, el fraude electoral volvió a triunfar cuando el aspirante del PAN, Felipe Calderón, fue declarado ganador, por delante del candidato de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador, por un sospechoso medio punto porcentual. Durante meses, millones de partidarios de López Obrador llenaron las calles en protesta. Ante las demandas públicas que exigían investigar las acusaciones de juego sucio y, concretamente, el recuento voto por voto en vez de las actas, los tribunales electorales sólo escrutaron el nueve por ciento de los votos. Un estudio posterior de la documentación de aproximadamente la mitad de las casillas electorales mostró anomalías en el recuento, en un número de votos mayor que la diferencia entre los dos candidatos. El tribunal confirmó la evidencia de prácticas ilegales e irregularidades en el recuento de votos, pero declaró oficialmente ganador a Calderón.
En México las elecciones nunca son aburridas.
Las elecciones de 2012
En 2012 se cerró el círculo de la historia. El PRI, que había estado fuera de la presidencia durante doce años, volvió al gobierno tras unas elecciones manchadas por acusaciones de compra de votos, lavado de dinero y acuerdos secretos con conglomerados mediáticos muy poderosos. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones con el 39% de los votos, unos tres millones de votos más que López Obrador, que quedó en segundo lugar con un 32,5%. Bien metido en su papel, el candidato del PRI y su nueva esposa, estrella de telenovelas, saludaron a las cámaras mientras él reafirmaba su promesa de un “nuevo” PRI.
Como en el año 2006, las elecciones de 2012 se disputaron entre dos candidatos, esta vez del PRI y del PRD, pero más que eso, entre dos proyectos para México. El PRI ha sido un gran promotor de la economía neoliberal durante las últimas tres décadas. Como presidente, Salinas de Gortari consolidó el giro de un partido nacionalista autoritario hacia uno políticamente más abierto y de libre mercado. Sacó adelante las negociaciones sobre el TLCAN para abrir el país a las inversiones extranjeras, desmanteló programas de apoyo y ayuda económica del gobierno, y privatizó vastos recursos nacionales, incluyendo el sistema bancario y la producción petroquímica. Por su parte, Zedillo profundizó las reformas neoliberales.
La supuesta transición a la democracia con la elección de Fox, del PAN, reveló los límites de esta última bajo un sistema económico de libre mercado controlado por elites cerradas. Las esperanzas de que Fox terminaría con la maquinaría política del PRI se vieron pronto defraudadas. Para aprobar las reformas económicas neoliberales en un Congreso con mayoría del PRI, Fox mantuvo prácticamente intactas las estructuras de poder de dicho partido. Sin embargo, hubo discrepancias entre el gobierno de Fox y el Senado, sobre todo en lo que se refiere a reformas que podían erosionar el respaldo político del PRI, como la imposición de gravámenes a alimentos y medicinas, que ahora apoya Peña Nieto.
Hacia el final del gobierno de Fox, los resultados de las reformas neoliberales apoyadas por la alianza PRI-PAN (y por el gobierno estadunidense) habían abierto una profunda brecha en la población mexicana. El eslogan de López Obrador de dar prioridad a las necesidades de los pobres en una sociedad enormemente desigual, conectó con la mitad de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza y con buena parte de la clase media.
En 2012, los resultados fueron en muchos sentidos peores para la mayoría: dieciocho años después de la firma del TLCAN, México ocupa el segundo lugar en desigualdad según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, millones de personas viven en la pobreza, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido y el país enfrenta serios problemas medioambientales. Los ricos, en cambio, han amasado enormes fortunas, y una nación pobre, en vías de desarrollo, ha engendrado al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, quien comenzó su meteórico ascenso cuando el gobierno le entregó la compañía telefónica nacional de México (Telmex).
Sin embargo, en esta ocasión, la izquierda no fue capaz de transformar las disparidades económicas en una apuesta fuerte por la presidencia debido a las luchas internas del partido y a una campaña poco definida. El PRI, en cambio, utilizó la pobreza a su favor, ofreciendo recompensas materiales a cambio de votos.
El PAN, cuya candidata, Josefina Vázquez Mota, consiguió sólo el 26% de los votos, pagó el precio de la mala situación económica, las divisiones internas y el desastre de la guerra contra las drogas liderada por Calderón. Desde que Calderón la declarara en diciembre de 2006, al menos 60 mil personas han sido asesinadas en homicidios relacionados con la guerra contra las drogas. Para 2012, la población ya había resuelto que había algo profundamente equivocado en una estrategia de defensa con tantos efectos negativos sobre la seguridad pública.
López Obrador pidió aumentar los programas sociales y terminar con la guerra contra las drogas. Su plataforma hizo especial hincapié en reducir la desigualdad y financiar programas de empleo mediante el recorte salarial de los funcionarios del gobierno, la lucha contra la corrupción y el cierre de las lagunas legales que permiten la evasión de impuestos. En resumen, si bien Peña Nieto remarcó la necesidad de más programas de ayuda junto al modelo de mercado, y López Obrador evitó el más explícito mensaje de “los pobres primero” de su campaña de 2006, la contienda electoral se planteó como una lucha ideológica en torno a algunas cuestiones tradicionales de la izquierda y la derecha: participación del estado en la economía y redistribución de la riqueza o confianza en el mercado libre y el crecimiento; privatización o gestión pública de los recursos; una respuesta militarizada al delito o una basada en la comunidad, etc. Los patrones de voto reflejaron la división entre ricos y pobres, aunque el PRI recibió más votos entre la población rural y con bajos ingresos que en 2006.
Peña Nieto prometió continuar con las reformas económicas llevadas a cabo por la alianza PRI-PAN y con la guerra contra las drogas. El día después de las elecciones reafirmó su compromiso con cinco reformas estructurales, varias de las cuales llevaban tiempo en la agenda neoliberal: reforma energética para continuar con el proceso de privatización de la compañía nacional de petróleo PEMEX, reforma laboral que haría retroceder algunas de las conquistas históricas de los trabajadores recogidas en la Constitución mexicana, reforma fiscal, reforma política para reducir el número de representantes en la Cámara Baja (Cámara de Diputados), y la creación de una policía militar. Además, prometió más programas sociales y combatir la pobreza y el desempleo a través del crecimiento y una mayor integración económica en Norte América, una fórmula de “efecto derrame” que hasta ahora ha fracasado en México. El 2012 pasará a la historia como el año en el que el partido en el poder recuperó su gloria (o su villanía) pasada. Muchos temen que volverán la maquinaria política, la corrupción y la manipulación que caracterizaron las primeras siete décadas de gobierno del PRI. Las promesas de Peña Nieto de un PRI reformado suenan huecas, dado el número y la magnitud de los personajes de antaño que forman parte del círculo íntimo que lo ha llevado al poder y está detrás de él. Peña Nieto es un hombre cercano a Salinas de Gortari y al Grupo de Atlacomulco, originario de su natal estado de México, conocido por su riqueza, su poder y sus tácticas de mano dura.
Sobre la renovada imagen televisiva del propio Peña Nieto penden las sombras de cuando era gobernador del estado de México. En 2006 envió efectivos de la policía estatal al pueblo de Atenco donde, junto a la policía local y federal, atacaron a los manifestantes y mataron a dos jóvenes. Veintiséis mujeres fueron abusadas sexualmente y violadas mientras permanecían bajo custodia policial. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por los múltiples delitos cometidos, en gran medida debido a la falta de voluntad política de Peña Nieto y del gobierno federal. Los feminicidios aumentaron de forma alarmante en el estado de México durante la gestión de Peña Nieto como gobernador, quien optó por tapar el asunto para que no se convirtiera en un lastre político en vez de hacer frente al creciente peligro al que estaban expuestas las mujeres.
El nacimiento de un movimiento de la juventud
La vuelta del PRI no es la única razón por la que las elecciones de 2012 entrarán en la historia. El año también vio el inesperado nacimiento de un movimiento de jóvenes que se oponía explícitamente al nuevo ascenso al poder del anterior partido de gobierno y pedía democracia real, incluyendo una crítica directa al papel desempeñado por el monopolio mediático.
El movimiento empezó cuando Peña Nieto daba un discurso en la elitista Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, en mayo de 2012. Los estudiantes que se encontraban entre el público comenzaron a protestar, preguntándole sobre la turbia historia de su partido y su propio papel en el caso Atenco y otros. Peña Nieto escurrió el bulto. En un claro intento de minimizar el daño, el PRI lanzó un comunicado explicando que los alborotadores eran infiltrados y no estudiantes de la universidad. Entonces apareció un video en el que 131 estudiantes enseñaban su credencial universitaria y manifestaban su rechazo al anterior partido gobernante en México. El video se convirtió en viral y de la noche a la mañana se creó un movimiento de jóvenes que afirmaban ser el número 132. El movimiento se denominó “#YoSoy132”.
El nombre pegó. El nuevo movimiento de la juventud mexicana pedía un “México sin el PRI”. Se autoproclamaba político, pero no partidista. Denunció el monopolio mediático, sobre todo al gigante televisivo Televisa, por su obvia parcialidad a favor de Peña Nieto. Cuando la revista mexicana Proceso y el diario británico The Guardian encontraron evidencias de la existencia de contratos entre el equipo de Peña Nieto y Televisa para realizar una cobertura favorable de su candidatura, los estudiantes intensificaron sus protestas.
“Somos los hijos de los ideales que ustedes no pudieron asesinar”, podía leerse en una pancarta escrita a mano durante una de las primeras marchas del nuevo movimiento. El 10 de junio, más de noventa mil personas se manifestaron contra Peña Nieto y el PRI en la víspera del primer debate presidencial, mostrando que el movimiento de la juventud había tocado la fibra nacional. Hombres, mujeres y niños marcharon y se organizaron en escuelas, sindicatos o colectivos ciudadanos.
El nuevo movimiento utiliza Twitter y Facebook para convocar a la gente a sus manifestaciones, y contrarresta el poder de los medios comerciales con medios sociales. Su reivindicación principal de democratizar los medios nace no sólo del descarado apoyo que los canales televisivos brindan a Peña Nieto, sino también del reconocimiento de su enorme influencia para distorsionar la democracia, y el entramado de relaciones existentes entre las elites económicas y políticas, que determinan de manera fundamental cómo las personas perciben su mundo. Como hijos de los medios de comunicación más que ninguna otra generación anterior, conocen su poder y les indigna que sólo unos pocos puedan hacer uso de él.
Durante varios meses, #YoSoy132 se movilizó casi semanalmente, convirtiendo unas elecciones que los medios y las encuestan presentaban como un hecho consumado en una lucha por el futuro de la nación. Introdujo una nueva voz en una esfera que hasta entonces había sido de dominio exclusivo de los partidos políticos, despreciados en su gran mayoría.
El nuevo movimiento dirigió sus reclamaciones al sistema (incluyendo los partidos políticos) desde una plataforma no partidista, aunque muchos lo acusaron de mantener estrechos vínculos con las fuerzas de López Obrador. Ahora que han pasado las elecciones, los estudiantes deben probar que su movimiento va más allá de las etiquetas partidistas.
El blues poselectoral
Aunque la victoria de Peña Nieto fue casi una conclusión lógica, el margen de tres millones de votos ha obligado a los movimientos opositores al PRI a buscar con urgencia un Plan B. López Obrador anunció que presentaría un recurso para invalidar el resultado de los comicios aduciendo compra de votos y rebase de los topes de gasto de campaña por parte del PRI, entre otros. Ambas prácticas habían sido ampliamente documentadas por la prensa y colectivos ciudadanos, pero la normativa electoral y la composición de las instituciones electorales convertían en muy remota la posibilidad de un fallo favorable. El movimiento #YoSoy132 anunció una serie de marchas y manifestaciones y continuó recopilando evidencias de los trucos sucios de la campaña electoral.
El siguiente paso consistió en documentar e impugnar el proceso electoral. El movimiento #YoSoy132, agrupaciones locales, y la campaña de López Obrador reunieron millones de testimonios de compra de votos e irregularidades, además de otras violaciones de las leyes electorales a lo largo y ancho del país. Exigieron que las elecciones fueran anuladas. Para las instituciones electorales, esto supuso una prueba similar a la de 2006, cuando se negaron a realizar una investigación exhaustiva del proceso. Desde entonces, la nueva composición de las instituciones hizo aún más improbable que resolvieran a favor de la coalición de centro-izquierda.
El 31 de agosto, el tribunal electoral desestimó las impugnaciones de la oposición a las elecciones y confirmó oficialmente a Peña Nieto como el ganador. Aunque no absolvió la campaña del PRI, declaró que no existían pruebas suficientes para respaldar los cargos. El movimiento #YoSoy132 y la oposición respondieron convocando nuevas manifestaciones. Los participantes expresaron su repudio por la decisión adoptada por el tribunal en pancartas que denunciaban la parcialidad del tribunal. Una de ellas señalaba con mordacidad: “Las elecciones en México fueron tan limpias que hasta el dinero lavaron.”
Hoy, transcurridos varios meses desde la celebración de los comicios, las cosas se han calmado pero sigue habiendo nubarrones en torno al proceso electoral. A pesar de la decisión del tribunal, gran parte de la sociedad no está convencida de que las elecciones fueran limpias. Después de las elecciones de 2006, lo que muchos consideraron un fallo del sistema electoral desalentó y desmovilizó a la oposición durante años. Esta vez, sin embargo, están tomando forma algunas respuestas nuevas. López Obrador se ha salido del Partido para la Revolución Democrática (PRD), una organización política que se ha visto perjudicada por las luchas internas entre facciones y el oportunismo político de algunos de sus líderes. Ahora está trabajando en la consolidación del Movimiento para la Regeneración Nacional (MORENA), un proyecto de partido que emprendió tras las elecciones y las protestas de 2006. De momento, la estructura partidaria del PRD continuará existiendo, aunque cuando MORENA se convierta en un partido arrastrará a buena parte de los electores potenciales del PRD. El anterior Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que aspira a ser presidente en 2018, ha prometido reconstruir al PRD, preparando el escenario para una posible disputa de la candidatura de centro-izquierda entre él y López Obrador.
Pero 2018 queda muy lejos, y la política mexicana es un verdadero campo minado. Peña Nieto recibe una nación rota por una guerra de baja intensidad (contra las drogas), un estado sumamente corrupto del cual su partido es responsable en gran medida, donde la pobreza y la desigualdad están generalizadas, y con una oposición que podría marchitarse o crecer, o ambas cosas, en los próximos seis años. Las batallas por el uso de la tierra y los recursos naturales se están recrudeciendo en muchas partes del país, enfrentando a las corporaciones transnacionales apoyadas por el gobierno contra las comunidades indígenas y campesinas, como sucede en la mayor parte de Latinoamérica.
El movimiento #YoSoy132 ha celebrado asambleas locales, estatales y nacionales, buscando su camino e identidad en el escenario postelectoral y resolviendo cuestiones organizativas. Los líderes reconocen que el movimiento se desinfló un poco después de la decisión adoptada por el tribunal en agosto, pero afirman que tienen un largo camino por delante. A través de varias convenciones nacionales, el movimiento ha intentado crear lazos con otros sectores, entre ellos sindicatos, asociaciones de derechos humanos y campesinos, y también se ha unido al movimiento por la paz para hacer un llamamiento al fin de la guerra contra las drogas.
Además, los nexos entre #YoSoy132 y otros movimientos estudiantiles del hemisferio se han mantenido tras el arrebato activista inicial, sobre todo los lazos con la Confederación de Estudiantes de Chile, que está luchando por reformas educativas y la financiación de la educación, y con el movimiento de los estudiantes colombianos, que ya ha derrotado una contrarreforma patrocinada por el gobierno. Todo ello les ha dado confianza en su capacidad para sobrevivir.
Quizás sea simplista referirse a ello como una batalla entre el pasado y el futuro. Pero para muchos estudiantes, las elecciones de 2012 significaron la imposición del pasado sobre el futuro. Aunque la mayoría eran niños cuando el PRI gobernó por última vez, han escuchado a sus padres y han hecho sus tareas de historia. A menudo recuerdan la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968, y temen que la represión aumente bajo el mandato del PRI. Critican un modelo económico que les deja prácticamente sin opciones y un modelo político que los excluye en gran medida. Tras la decepción de las elecciones, el movimiento está buscando la manera de trascender la etapa electoral.
Sea lo que sea lo que vaya a ocurrir en ese escenario, el movimiento de la juventud será un actor fundamental.
Laura Carlsen es analista política y escritora. Dirige el Programa de las Américas del Centro de Política Internacional, www.americas.org, con sede en Ciudad de México, y ha escrito extensamente sobre México, Latinoamérica y política exterior estadunidense.
Traducción: Sara Plaza
