Hace un mes, un fornido reportero de mediana edad salió al mediodía de las oficinas del semanario Ríodoce, periódico que cofundó hace unos catorce años. Caminaba hacia su auto. Esa mañana, acababa de escribir la que sería su última columna. Luego, su vida fue interrumpida abruptamente por dos asesinos desconocidos que usaron un silenciador. Según los informes, los homicidas lo arrastraron desde su automóvil y dispararon hasta 13 balas en su cuerpo. A pleno día. En medio de una calle de la ciudad.
En días anteriores, el internacionalmente reconocido periodista había admitido ante personas cercanas a él que se sentía ansioso por su seguridad.
Para conmoción de la nación y de sus muchos lectores, compañeros periodistas y admiradores en México y en el extranjero, Javier Valdez Cárdenas fue públicamente asesinado en su ciudad natal, Culiacán, Sinaloa, capital famosa por estar localizada en medio de una feroz guerra contra las drogas.
Pero la agitación no fue solo porque golpearon a un periodista. Se han registrado ocho asesinatos de periodistas en México este año, una cifra récord que ha llevado a la nación a ocupar el primer lugar en la lista de los países más peligrosos del mundo para practicar periodismo, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Evidentemente, a Valdez no lo mataron porque cubriera temas fáciles, seguros. No lo hacía. Sus reportajes, junto con otros en Ríodoce, se centran en la política y en las realidades sobre la guerra contra las drogas.
El crimen estremeció a tanta gente porque Valdez era posiblemente el periodista más reconocido que aún no había sido asesinado en la larga y sórdida historia de la impunidad en México. Valdez fue un autor prolífico y ampliamente leído. En el lapso de sus 50 años publicó siete libros y obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales. Ríodoce ha sido una fuente inestimable de noticias debido a sus informes e incisivos comentarios sobre la guerra contra las drogas, una rareza en la región donde muchos otros medios de noticias han cerrado sus puertas por razones de seguridad. Valdez también fue corresponsal en Sinaloa para La Jornada, periódico distribuido a nivel nacional.
Anteriormente, los periodistas en México creían que un alto perfil ganado por la publicación en los diarios y revistas de mayor circulación o acumular premios les serviría como una medida de protección. Hace varios años, cuando conocí a Valdez y le pregunté sobre los informes de material sensible relacionado con la guerra contra las drogas, me aconsejó que buscara y publicara las publicaciones de mayor circulación.
Muchos periodistas pensaron que 2017 no podría empeorar después del asesinato de un corresponsal de La Jornada en otra zona controlada por los cárteles de la droga, Chihuahua, en marzo pasado, y ahora se enfrentan a un escenario de pesadilla: ¿Quién podría estar realmente a salvo si asesinaron a alguien tan famoso como Javier Valdez a plena luz del día?
Marcos Vizcarra, reportero del periódico Noroeste en Culiacán, dijo a Associated Press que periodistas de todo el país “no saben qué hacer” después del asesinato de Valdez y que se sintieron “nerviosos, inestables”.
A pesar de la protesta generalizada que se produjo después del asesinato de Valdez, las autoridades no han hecho una sola detención en el caso. Un análisis de la actuación oficial y la preocupación de quienes vigilan más de cerca la seguridad del periodismo y la falta de justicia en México, ayudaría a arrojar luz sobre hacia dónde han ido y cómo se espera que progresen las investigaciones.
“Nunca habíamos entrevistado a un capo”
Javier Valdez nació, se crió y ejerció como periodista en su natal Culiacán, Sinaloa. Estado que sirve como centro operativo del cártel de drogas más grande y poderoso del mundo, el Cártel de Sinaloa, que produce y trafica metanfetamina, marihuana y heroína casi exclusivamente con destino al mercado estadounidense. No es de sorprender entonces que Sinaloa también engendre y esconda a muchos de los más poderosos capos de la droga del país.
Pero el camino de Valdez fue distinto del de otros periodistas que cubrían el narco y que aspiraban ―y a veces conseguían― aventurarse en las tierras altas de Sinaloa para establecer contactos y entrevistar a los narcotraficantes. En su lugar, Valdez manejó el arte de los bares, cafés y puestos callejeros de mariscos de Culiacán. A menudo dejaba de lado nombres, fechas y lugares, pero la información procedente de sus columnas estaba llena de valiosa información basada en fuentes cultivadas durante muchos años de periodismo callejero.
Ismael Bojórquez, el otro cofundador de Ríodoce y Valdez estaban allí cuando alguien lanzó una granada en las oficinas de la redacción en 2009. Milagrosamente, nadie resultó herido.
Este año, sin embargo, Valdez hizo algo diferente: entrevistó a un narcotraficante. Un importante representante del Cártel de Sinaloa que actuaba en nombre de un capo, cuya importancia había surgido recientemente, llamó a Valdez y éste decidió hacer la entrevista.
“Nunca habíamos entrevistado a un capo. Lo hicimos ahora y nos costó muy caro”, escribió Bojórquez tras el asesinato de Valdez.
En lo que probablemente fue el momento más embarazoso para cualquier presidente mexicano en la memoria reciente, el 15 de julio de 2015, el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, escapó de la prisión a través de un túnel multimillonario de casi una milla de largo que construyó en el cautiverio. Esta fue la segunda vez que Guzmán escapó. La humillación internacional llevó a las autoridades mexicanas a un esfuerzo intenso para recapturarlo. Menos de medio año después fue apresado, pero no antes de que el capo diera una entrevista al actor Sean Penn, entrevista que fue publicada en la revista Rolling Stone. El pasado enero, apenas un año después de la recaptura de El Chapo, fue extraditado a una prisión en la ciudad de Nueva York, donde continúa detenido.
Guzmán ejerció poder absoluto sobre el cártel que dirigió, igualado sólo por su compañero, Ismael “El Mayo” Zambada. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación mexicanos comenzaran a informar sobre una lucha de poder entre el hombre que fungía como la mano derecha de “El Chapo”, Dámaso López Núñez (apodado “El Licenciado”) y los hijos del Chapo; en la que destaca un incidente particularmente violento en Tijuana, entre otros. López envió un representante a las oficinas de Ríodoce para disipar los rumores de que él era un enemigo de El Chapo o de sus hijos.
“Los hijos del Chapo descubrieron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier (Valdez) para que no publicara la historia”, escribió Bojórquez en su columna después del asesinato de su amigo y compañero de trabajo. El periódico rechazó la solicitud. Bojórquez dijo que el representante se ofreció a comprar toda la edición, pero que también se le negó. Valdez también publicó sobre el incidente en La Jornada.
Tal como en las películas de gánsteres de la época de Al Capone, tan pronto como los lotes de periódicos semanales fueron dejados en los quioscos de Culiacán, éstos fueron arrebatados por los autos que seguían muy de cerca a los camiones de reparto. La tirada entera fue comprada antes de que cualquier persona en Culiacán pudiera leerla.
Esta fue una acción sin precedentes y Valdez supo que “algo” estaba en marcha, y lo declaró al diario español El País. Describió la situación como “cabrona”.
Siguiendo el consejo de su amigo y colega, Carlos Lauría, coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas, Valdez dejó Culiacán durante dos semanas. Luego, el 2 de mayo, las autoridades arrestaron a López en la Ciudad de México. Valdez regresó a Culiacán para continuar con el trabajo de toda su vida en su ciudad natal. ”
Cuando visité Culiacán la semana pasada para asistir al funeral de Javier, muchos de sus colegas dijeron que creían que ya no había ningún peligro inmediato para Javier y otros periodistas [tras el arresto de López]”, escribió Lauría en una columna de opinión para The New York Times.
Pero esa suposición era un error. Los arrestos de capos a menudo desestabilizan las ciudades donde tienen lugar. Lauría también escribió que Valdez le habló de su preocupación después de la detención y de su decisión de no hablar públicamente sobre la violencia relacionada con los cárteles.
Reformas presidenciales fracasan ante la impunidad
Antes de que Valdez muriera en Culiacán, el asesinato de la corresponsal en Chihuahua de La Jornada, Miroslava Breach, el 19 de marzo provocó manifestaciones de periodistas pidiendo protección y justicia. El presidente Enrique Peña Nieto lanzó una serie de iniciativas para reformar los servicios de protección e intentar evitar más asesinatos de periodistas.
Tras una reunión con una delegación visitante del Comité para la Protección de los Periodistas, el 4 de mayo Peña Nieto anunció “medidas extraordinarias” para combatir la impunidad. Prometió mayor presupuesto al Mecanismo de Protección, que estaba programado para terminar en octubre de este año.
Los orígenes del mecanismo se remontan a 2012, cuando se inició como un programa llamado Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los servicios incluían escoltas policiales para periodistas amenazados, cámaras de vigilancia e incluso botones de pánico portátiles para alertar a las autoridades de una emergencia o un ataque. Sin embargo, muchos periodistas se quejaron de que ninguna de estas medidas era eficaz para ayudarles a mantenerse protegidos y en algunos casos les impedía desempeñar su trabajo.
Los datos del programa revelan un lado oscuro del narco-estado: los periodistas temen represalias violentas de funcionarios públicos tanto como de cualquier otro sector. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y las Brigadas Internacionales de Paz encontraron que de 316 solicitudes de protección, el 38% de los presuntos agresores eran servidores públicos.
Peña Nieto también prometió reemplazar a Ricardo Nájera de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde el 2010, la FEADLE sólo ha logrado tres condenas y ha rechazado casos con frecuencia, mientras que una reciente investigación de Reporteros sin Fronteras encontró que el programa no contaba con los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los periodistas. Y algo aún más vergonzoso, carecía de la “voluntad política” para hacerlo.
Según Edgar Corzo Sosa, funcionario mexicano e inspector general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, las tasas de condena por asesinatos de periodistas oscilan alrededor del 10%. De los 114 asesinatos de periodistas que han ocurrido en México desde el cambio de siglo, la Fiscalía Especial ha investigado sólo 48 desde 2010.
“Ser periodista en México parece más una pena de muerte que una profesión”, escribió Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, en un comunicado de prensa. “El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades prefieren hacer caso omiso, genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país”, agregó Reneaum.
El Fiscal General Raúl Cervantes Andrade nombró al Fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como nuevo titular de la FEADLE. “Revisará cada caso, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, lo que propiciará un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
Estas acciones ocurrieron antes del asesinato de Valdez, impulsadas por los anteriores asesinatos del año y la presión de la sociedad civil. Además de las manifestaciones, el Comité para la Protección de Periodistas se reunió con el presidente y otros funcionarios y publicó un llamativo informe titulado “No hay excusa: México debe romper el ciclo de la impunidad en los asesinatos de periodistas”. La organización internacional divulgó el informe con respecto a otra zona devastada por la guerra contra las drogas, la ciudad portuaria de Veracruz, lo que el CPJ considera como la región más letal para los periodistas en el hemisferio occidental.
Tras el asesinato de Valdez, el gobierno ofreció una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (83.000 dólares) por información que conduzca a la detención de los responsables de los asesinatos de cinco de los periodistas mexicanos asesinados este año, entre ellos Valdez, así como un intento de asesinato de un sexto periodista.
Los defensores de los periodistas siguen escépticos, especialmente ante la ausencia de detenciones y enjuiciamientos en los casos de los ocho asesinatos de periodistas de este año. En esta línea, Lauría dijo a PBS que “cualquier reforma que México decida llevar a cabo será inútil si los periodistas siguen siendo asesinados con total impunidad”.
Los periodistas toman la iniciativa
Muchos periodistas tienen poca fe en que las reformas del gobierno mexicano les otorguen la seguridad prometida. Convocaron a una conferencia en la Ciudad de México esta semana y esperan que miles asistan. Más de 50 organizaciones de medios nacionales e internacionales se han reunido con unos 360 periodistas en un grupo llamado Agenda de Periodistas. En el sitio web del grupo se promete construir “una agenda con metas a corto y mediano plazo para proteger a los periodistas”, a la luz de un “contexto de violencia sistémica contra periodistas”.
Los periodistas mexicanos, por lo general un grupo disperso, se han levantado desde los asesinatos de Breach y Valdez. Gobiernos extranjeros, grupos de derechos humanos y organizaciones de vigilancia de la libertad de expresión se han unido a periodistas para llamar la atención del gobierno mexicano ante la urgente situación. El presidente se ha comprometido a atender directamente sus demandas.
¿Se mantendrá la promesa? Los periodistas radicados en México están a la expectativa. Pero una cosa es cierta: la sociedad, y especialmente los periodistas organizados, están exigiendo protección y el fin de la impunidad con más fuerza que nunca.
Traducción por Diana Azcona.
