La IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en junio, en Los Angeles, va por muy mal camino. Por primera vez, desde su creación en 1994, esta instancia, la única en la que se reúnen de forma trianual todos los líderes de América, se realizará con un año de retraso. Las severas críticas de algunos presidentes de la región a la OEA –que actúa como Secretaría Técnica– antes de la realización de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México, así como problemas internos en el país anfitrión como la catastrófica retirada militar de Afganistán y la finalización de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que transportaría gas natural de Rusia a Alemania, en el segundo semestre de 2021, fueron algunos de los problemas que impidieron la atención de Washington a la región.
Pero su retraso no es el mayor problema. La administración Biden ha cometido un error político al anunciar que no invitará a Cuba, Venezuela y Nicaragua “por no respetar la democracia”. El rechazo de varios jefes de Estado, en particular del presidente de México, así como de entidades subregionales y regionales a la actitud de Washington, muestra a un continente que no se alinea automáticamente detrás del gobierno estadounidense.
Respuestas de la región
La comunicación del subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, el 2 de mayo, de excluir a los tres países, fue cuestionada inmediatamente. El embajador de Antigua y Bermuda en Estados Unidos anunció que las 15 naciones que conforman la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) no participarían de la Cumbre y el primer ministro de San Vicente y las granadinas señaló que, en el encuentro de jefes de Estado de esa organización, en marzo, se acordó por consenso que no participarían de la Cumbre si acaso Cuba y Venezuela no eran invitadas. La Caricom considera que Juan Guaidó no tiene representatividad institucional alguna, pero Washington insiste: el secretario de Estado Antony Blinken le ha reiterado recientemente su reconocimiento “como presidente interino de Venezuela” a pesar de que las conversaciones para producir más petróleo se realizan con Maduro.
El Grupo de Puebla respaldó a la CARICOM y exhortó a los “gobiernos progresistas” a que se pronuncien. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que no asistiría a la Cumbre si no son invitados todos los países. “En el continente americano no estamos para confrontación…y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando; pero no excluyendo a nadie”. Añadió que tiene muy buena relación con Biden pero que esa actitud no deja de tener “esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos”. Sus declaraciones han puesta de vuelta y media a la Casa Blanca cuyos portavoces han dicho que las invitaciones aún no se han enviado. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard realiza gestiones con el expresidente Obama.
Luis Arce de Bolivia adoptó la misma posición de AMLO y Alberto Fernández de Argentina, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instó a no excluir a ningún país. Antes de la gira junto con el presidente, su canciller, Santiago Cafiero, envió una nota formal al gobierno estadounidense para pedir que sea “una cumbre sin exclusiones”. En términos similares se han expresado los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Honduras, Xiomara Castro.
“Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no”, ha señalado AMLO. Solo las autoridades colombianas, como siempre, han respaldo a pie juntillas a Washington. La canciller Martha Lucía Ramírez ha dicho que “Estados Unidos es quien está invitando, uno invita a su casa a quienes quiere invitar…”. Los líderes de Perú y Chile aún permanecen en silencio y parecen no haber escuchado el llamado del Grupo de Puebla.
Crisis de protagonismo
Las Cumbres de las Americas fueron inicialmente de suma importancia para la región. En esta instancia se propusieron iniciativas que han trazado el camino de nuestro desarrollo. Así, en la primera, realizada en Miami en 1994, se lanzó la iniciativa del Área de Libre Comercio Americana (ALCA) y la Iniciativa Energética Hemisférica, claves para la seguridad nacional de Estados Unidos que, en ese momento, era extremadamente dependiente de las importaciones de petróleo. Su abastecimiento seguro, sobre la base de los principios del ALCA (privatización de empresas públicas, desregulación, apertura comercial, eliminación de requisitos a las inversiones, y libre circulación de servicios vinculados al sector energético) tenían ese objetivo, entre otros.
Detrás del slogan de libre comercio –que permitía el ingreso libre de aranceles a la región, a productos agrícolas subsidiados por el gobierno estadounidense– se trataba de imponer una política económica funcional a los grandes capitales vía la liberalización de todos los servicios, eliminación de cualquier requisito a las inversiones directas y un Estado mínimo, sellados mediante un Tratado Internacional, con rango superior a la Constitución
En 2005, en la Cumbre de Mar del Plata, Venezuela y los cuatro países del Mercosur hicieron fracasar el proyecto del ALCA, por lo que el gobierno estadounidense optó por la negociación subregional o bilateral de los Tratados de Libre Comercio (TLC), con resultados lamentables, pues la mayoría de países latinoamericanos que los suscribieron revirtieron sus tradicionales superávit comerciales con el país del norte y los transformaron en déficit, destrozaron la poca industria que tenían y las inversiones directas no se incrementaron.
Por su parte, la Iniciativa Energética Hemisférica se diluyó con los proyectos de integración energética regional presentados por Hugo Chávez con Petroamérica, Petrocaribe y Petrosur, así como el fortalecimiento del Acuerdo de San José, de suministro de petróleo, en condiciones preferenciales a países centroamericanos y del Caribe, en el que también participaba México.
Desde entonces, la Cumbre de las Américas se ha ido desluciendo y se ha vuelto irrelevante. Si bien la VII Cumbre, realizada en Panamá en 2015 ni siquiera pudo concluir con una declaración final por falta de consenso, se produjo un importante giro en la política de Estados Unidos hacia Cuba, país que participaba por primera vez. El entonces presidente Barack Obama pronunció un histórico discurso que condujo a la flexibilización del embargó y anticipó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con ese país. “Estados Unidos no será prisionero del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro en las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano”, señaló en aquella oportunidad.
Cuando Trump asumió el gobierno en 2017, reinstauró y endureció el embargo que hoy mantiene Biden. Al respecto, AMLO dijo en su visita a La Habana el domingo pasado, que “luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito –algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano– de todas formas se convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos”.
La última Cumbre, realizada en Lima en 2018, fue la primera en la que no participó un presidente estadounidense, entonces Donald Trump. Tampoco participaron los presidentes de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y Paraguay, además de un grupo importante de países del Caribe, quienes enviaron a sus vicepresidentes o cancilleres.
Fue también la primera vez que a Venezuela se le retiró la invitación a participar. La tarea le fue encomendada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de anfitrión, a quien un enojado Maduro amenazó con aparecer en esa Cumbre “por aire, tierra o mar”, lo que generó tensiones en la capital peruana. Al final, Maduro optó por no asistir después de que Trump anunciara que no lo haría y Kuczynski tampoco, al descubrirse que estuvo involucrado en un escándalo de corrupción que lo llevó a renunciar a la presidencia poco antes de esa Cumbre, cuyo eje central fue, precisamente, el combate a la corrupción.
Trump estaba ocupado entonces con el bombardeo que realizó su país, junto con Gran Bretaña y Francia, a las instalaciones de fabricación de armas químicas en Siria, en represalia por los presuntos ataques con armas químicas a población civil, por el gobierno de ese país. Solo Bolivia y Cuba condenaron abiertamente el bombardeo a Siria. El último señaló que se trataba de “una acción unilateral, ilegal, sin evidencias comprobadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), por lo que dichas acciones constituían una flagrante violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas que agudizaría el conflicto”.
Los demás gobiernos, salvo Canadá y Colombia, hicieron caso omiso al pedido del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, quien solicitó a los gobiernos su apoyo público a las acciones militares de parte de Estados Unidos y sus aliados contra Siria. En cambio, condenaron el uso de armas químicas, pero rechazaron implícitamente las acciones militares al hacer un llamado para que, “a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales, se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crueles consecuencias y se hagan esfuerzos para evitar una escalada de violencia, recurriendo a los caminos del diálogo”.
Falta de proyecto político
Es probable que, en esta oportunidad, el gobierno estadounidense aspire a que se suscriba una declaración que avale sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania, en el mismo texto en el que se condene la guerra. Sin embargo, la primera potencia del mundo debería saber que América Latina no es la Unión Europea y que, salvo Colombia, ningún país ha anunciado la aplicación de sanciones económicas.
El departamento de Comercio de Estados Unidos enviará una misión comercial a Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay entre el 15 y 18 de mayo. La semana pasada, entre el 3 y el 5 de mayo, la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, viajó a Chile para reunirse con las autoridades y líderes sociales. Las presiones son y serán fuertes, pero la región ha puesto límites. Biden parece haber pensado que América Latina es La Florida donde, como dice AMLO, los exiliados de Cuba tienen influencia en los partidos políticos e “imponen” sus políticas, en un escenario de elecciones de medio término, en noviembre, para renovar Gobernaciones y la Cámara de Representantes.
El fondo del problema es que el gobierno estadounidense no tiene un proyecto político claro para la región, salvo alejar a China de ella. Está más preocupada por obtener respaldo para sus acciones geopolíticas en las ligas mayores que de proponer soluciones a los problemas de migración, narcotráfico, cambio climático y tantos otros que afectan al continente. La Cumbre ya es un fracaso y, probablemente, la de Los Angeles solo consolidará su irrelevancia, cada vez con más ausencias.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
