Indignación

No puedo describir el horror que me asalta, como creo que les pasa a muchos compatriotas, cada vez que me asomo a las páginas de algún periódico nacional. Para muestra un botón, leo en el Heraldo[1], que ayer, en horas de la madrugada, un militar disparó contra un hombre desarmado en su propia casa, en la ciudad de El Progreso, cuando supuestamente investigaban el robo de un auto. Omar Herrera  de 34 años alcanzó a decirle “No compita, no soy ladrón, aquí vivo yo”, antes que el uniformado le disparara dos veces teniendo a sus familiares de testigos. Su hermana narra que ya herido lo subieron a la patrulla y pidieron que no fuera ningún familiar para acompañarlo. “A los pocos minutos regresaron a recoger los casquillos que habían disparado”, dijo la entrevistada. De acuerdo a la noticia, poco tiempo después se les informó que Omar había muerto en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

Ante este cuadro, varias preguntas saltan en mi cabeza: ¿Vale un carro la vida de un hombre?, ¿A que grado estaremos llegando que ya ni en nuestras casas estamos seguros y seguras? ¿No es un giro irónico que seamos atacados por los mismos elementos que según este Gobierno son los responsables de resguardar nuestra integridad personal y nuestra vida?

Ante la ola de violencia, la respuesta tanto del Ejecutivo, como del Congreso nacional ha sido y es, la militarización. Cada nuevo problema, lo enfrentan diciendo: “habrán más militares en las calles”. Definitivamente, yo no me siento ni un poquito más segura viendo como se fortalece el equipo militar tanto en armamento como en número, en nuestro país. Al contrario, pienso, en los casos, en los que “accidentalmente” se disparan armas, como en el caso de la semana pasada, donde otro militar mató a una mujer también dentro de una casa, porque se le disparó el arma que portaba.

El 24 de julio, la jueza Mireya Mendoza, jueza del Tribunal de sentencias en El Progreso, Yoro y pro-secretaría de la Asociación de Jueces por la Democracia, fue abatida a tiros. Con ella, suman 64 profesionales del derecho que pierden la vida de forma violenta desde el año 2010 y hasta ahora, esta supuesta y obligada protección militar no ha podido frenar, ni tan siquiera prevenir estos asesinatos.

A esto le podemos sumar la ola creciente de homicidios y particularmente el incremento de los femicidios, a los que se suma el de la jueza Mendoza,  que de acuerdo al Observatorio de la Violencia en Honduras, han aumentado desde el año 2005 al 2012 en un 246.3% y que suman en ese mismo período 2,851 casos, la mayoría de ellos en la impunidad.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en varios de los casos, exigiendo al Estado de Honduras la protección a la vida de las personas, sin embargo, estos pronunciamientos parecen caer en saco roto, ya que lejos de proponer alternativas integrales,  que tengan como centro el concepto de Seguridad Humana, las respuestas estatales van encaminadas a más fortalecimiento militar en todas las regiones del país.

Por otra parte, las operaciones militares desplegadas con el discurso de combate a la delincuencia, como ejemplos la Operación Relámpago y la Operación Libertad (ambos nombres metafóricos), han reportado violaciones a los derechos humanos y civiles de las personas. En un reciente estudio del Centro de Prevención y Rehabilitación para la Tortura y sus familiares (CPTRT) sobre Violencia y Seguridad de las Mujeres[2], identifica, en el marco de la Operación Relámpago, múltiples violaciones a los derechos de los y las jóvenes, incluyendo violencia física y acoso sexual, entre otras.

A estas se pueden sumar otras denuncias de abusos y ocupación militar, realizadas por diversas organizaciones del movimiento social de acuerdo a regiones geográficas, entre las que podemos destacar el asesinato y represión de líderes campesinos en la zona del Bajo Aguán en la Costa Norte y Río Amarillo en la zona occidente del país.

Salta a la vista, que los y las ciudadanas comunes y corrientes, no nos sentimos protegidos por estos cuerpos militares. Ni un poquito. No creo que más portones, más armas y más violencia sean la solución. Tampoco creo que más fondos para el armamentismo, en un país donde legalmente se pueden portar 5 armas, sea lo indicado. Y frente a eso ¿dónde está el papel de la cooperación internacional? Porque hay que decir que también se debe revisar el papel de la Cooperación Internacional en este tema, incluso el papel de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Habría que revisar, en ese sentido, los presupuestos tanto nacionales, como préstamos y donaciones internacionales asignados al tema de seguridad, ya que según la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, con base en un recuento hecho a los presupuestos asignados a los rubros de seguridad y justicia en los últimos 30 años, el Estado de Honduras ha invertido más de 160 mil millones de lempiras en este concepto[3], sin embargo, “actualmente hay una crisis institucional y la sociedad vive en un ambiente de pánico ante el incremento de la violencia, con un índice de 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes[4]”.

Podemos decir que somos una sociedad donde las instancias que deberían salvaguardar nuestra seguridad han fracasado estrepitosamente y no solo eso, nos han dejado en una situación de indefensión casi total, de nuestros derechos civiles y políticos. Este fracaso nos deja la sensación de miedo y desconfianza, donde la democracia y la participación ciudadana son sólo un espejismo y donde se supone debemos confiar en hombres armados para poder vivir libres  y sin temor. Definitivamente no es esa la Honduras que soñamos y queremos.

“Yo soy la autoridad”, nos explicó en días pasados un militar que requirió nuestros papeles, en un viaje de trabajo, en respuesta a la pregunta de porque debíamos mostrárselos. Esta vez no dijimos nada y seguimos nuestro camino. La indignación se sentía en el aire. Por suerte acompañando a la indignación, está nuestro pensamiento, ese que aparece irreverente, sin pedir permisos, ni explicaciones y que me sorprendió diciéndome “a la mierda, quienes se creen estos”, así que procedí a hacer lo que por centenares de años ha sido la estrategia de resistencia y libertad de nuestro pueblo: sonreír y cantar una canción que espantara los miedos y trajera de regreso las alegrías.