Por: Ariela Ruiz Caro
En el lapso de una semana, dos graves atentados minaron la base institucional de la diplomacia. El 1° de abril, el Consulado de Irán en Damasco fue alcanzado por misiles, atribuidos a Israel, que causaron la muerte de 16 personas, siete de ellos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cuatro días después, un comando policial irrumpió en la Embajada de México en Quito, secuestró a Jorge Glas, ex Vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa y el primer año del de Lenin Moreno, y se vejó al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, el más alto representante de la embajada en ese momento.
El atentado al Consulado de Irán dio lugar a una reunión de urgencia, a solicitud del gobierno de ese país, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 2 de abril. Esta no condenó el ataque a esa misión diplomática debido a la oposición de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La Unión Europea tuvo más decoro y al día siguiente condenó el atentado y exigió el respeto a la inviolabilidad de las sedes y del personal diplomático y consular conforme lo señalan la Convención de Viena de 1961, que rige las relaciones diplomáticas, y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares.
Intrusión a la Embajada de México
En una suerte de suicidio legal, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se declaró inmediatamente responsable de haber ordenado el secuestro de Jorge Glas, a quien el gobierno de México le había otorgado el asilo el día anterior. En términos legales, se amparó en la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954 de Caracas, según la cual no se puede conceder asilo político a delincuentes condenados, a menos que los cargos en que se base la condena sean de naturaleza política. Sin embargo, también señala que corresponde al Estado que concede el asilo decidir si el caso tiene una motivación.
Pasó por alto que el artículo 22 de la Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas gozan de plena inmunidad y extraterritorialidad, lo cual impide al gobierno anfitrión ingresar a una embajada sin la autorización del jefe de la misión. Si el gobierno ecuatoriano consideraba que Glas no reunía los requisitos para el asilo político, podría haberle denegado el salvoconducto.
No hay resquicio jurídico para evitar la condena a la temeraria acción de Noboa, quien ha demostrado tener el mérito de haber unificado a la Santa Sede, la OEA, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Canadá y a todos los gobiernos de la región, de Maduro a Milei. La excepción ha sido El Salvador, que se abstuvo.
Estos postulados del derecho internacional los conoce perfectamente la cancillería ecuatoriana. Muestra de ello es que el representante de Ecuador en las Naciones Unidas, embajador José De la Gasca, condenó en el Consejo de Seguridad, el 2 de abril (minuto 53) los ataques perpetrados contra el Consulado de Irán en Damasco. Ecuador es miembro rotativo de dicho Consejo. En esa oportunidad, De la Gasca señaló que el ataque a las instalaciones diplomáticas iraníes iba en contra de los principios consagrados en el derecho internacional, y que había costado vidas de civiles y destruido infraestructuras civiles. “Nada justifica este tipo de ataques, vengan de donde vengan”, afirmó, y llamó a todos los Estados a respetar la inviolabilidad de las oficinas diplomáticas y consulares. Estos actos deben ser debidamente investigados y los perpetradores deben comparecer ante la justicia, añadió.
Por eso resulta paradójico haber escuchado al viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos, en la OEA, justificar el asalto a dicha sede diplomática esbozando argumentos como la interferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en asuntos internos de Ecuador y considerar que Glas no puede recibir asilo político al tratarse de un delincuente convicto.
Un poco de historia
A principios de enero de 2018, el entonces Presidente Lenin Moreno –recordado por su vuelco neoliberal y alineamiento automático con Estados Unidos, además de artífice de la desactivación de la Unasur– cesó a Jorge Glas como Vicepresidente. Glas se encontraba detenido desde octubre por un juicio de asociación ilícita de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El Vicepresidente estuvo preso cuatro años y medio con un intervalo. En noviembre de 2022 fue liberado como resultado de un recurso de hábeas corpus presentado ante la Justicia que le otorgó libertad provisional. Estos hechos ocurrieron en un escenario en el que la judicialización de la política y el lawfare son moneda corriente en América Latina.
El caso más visible en la región es el de Dilma Rouseff, quien fue vacada de la Presidencia injustamente por haber redireccionado partidas presupuestarias, una práctica común de todos los gobernantes en Brasil. El Presidente Lula da Silva purgó prisión por 580 días como resultado de la condena, en primera instancia, del juez Sérgio Moro, por supuestos delitos de corrupción, lo que sacó a Lula de la competencia presidencial y dejó el camino libre a Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro como ministro de Justicia. En marzo de 2021, el Tribunal Supremo Federal, la máxima corte judicial de Brasil, eliminó la condena por las numerosas irregularidades cometidas por Moro. Las conversaciones por Telegram develadas por el diario digital The Intercept evidenciaron que el juez y los fiscales de la acusación cooperaban para condenar a Lula.
El ex Vicepresidente ecuatoriano, al enfrentar una nueva persecusión, solicitó asilo en la Embajada de México, a la cual ingresó en calidad de huésped el 17 de diciembre del año pasado. Once días después, la justicia revocó la libertad condicional que le permitió salir de prisión en 2022 y dispuso su captura y regreso a la cárcel.
Mientras tanto, según la canciller mexicana Alicia Bárcena, se realizaron consultas. El 3 de abril, el gobierno ecuatoriano expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur por unas declaraciones del Presidente López Obrador, realizadas ese día en su programa diario “las mañaneras” en las que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral de Noboa en agosto de 2023. Antes del asesinato de Villavicencio, ocurrido a dos semanas de las elecciones, Noboa no aparecía en los cinco primeros lugares de las encuestas.
¿Qué le espera a Ecuador?
El Presidente mexicano ha dicho que no es posible realizar un vil asalto como el perpetrado a su Embajada en Quito sin el conocimiento de otros países o potencias. El 13 de abril presentó el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y pidió que Ecuador fuera suspendido de la ONU en tanto su gobierno no expresara una disculpa pública por la violenta agresión a su embajada y a su personal diplomático en Quito.
La canciller explicó que el Estado mexicano exige que el gobierno de Daniel Noboa reconozca que violó los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. México solicitó además que dicha Corte establezca el precedente de que cualquier Estado que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado definitivamente de la ONU y que en este procedimiento se evitará el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bárcena señaló además que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, México ha suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en referencia a las conversaciones que se llevaban a cabo para negociar un tratado de libre comercio entre ambos países.
En cuanto a las resoluciones como la aprobada en la OEA el miércoles, y la adoptada en la Cumbre virtual de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 16 de abril, estas constituyen apenas declaraciones e invocaciones, lo que no resta su importancia política.
Cabe señalar que, el 9 de abril, tuvo lugar una reunión virtual de cancilleres en el marco de la CELAC, en la que se convocó a una cumbre presidencial para el viernes 12 de abril, que fue postergada para el martes, a solicitud de México. En esa cita de Cancilleres, algunos países (Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay) pusieron zancadillas a la realización de la Cumbre por considerar, en un comunicado conjunto, que la Presidenta Xiomara Castro, quien ostenta la presidencia pro tempore del organismo, no cumple con los procedimientos para convocar las reuniones.
En dicha cumbre virtual México solicitó que la Celac se uniera en su denuncia a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Reiteró que había solicitado la expulsión del Ecuador de las Naciones Unidas en tanto este no hubiera una disculpa pública. Pero la cumbre no tuvo la acogida esperada entre los 33 países que la conforman, pues no todos los Estados miembros estuvieron presentes al aducir, muchos de ellos, que se trataba de una inusual convocatoria de última hora, sin el consenso necesario y sin el anuncio de una agenda. En la Cumbre virtual participaron los mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, México, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, además de la mandataria del país convocante, Honduras.
Por el llamado al diálogo que hacen los gobiernos para resolver el conflicto en la resolución aprobada en la OEA, una posible solución sería que el gobierno ecuatoriano entregara a Glas a México, aunque Noboa busca proyectar una imagen firme, de combate a la impunidad, pues muy eficiente no es. En enero se le escapó de la cárcel José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de “los Choneros” el mayor cartel del de narcotráfico.
Otra forma efectiva para lograr ese objetivo podría ser la revisión de la lista de exportadores de Ecuador a México, y cortar las importaciones. México es el sexto socio comercial de Ecuador. Este método ya se probó en el caso de las bananas, cuando Ecuador acordó venderle armamento ruso usado a Estados Unidos para ser enviado a Ucrania. Rusia, uno de los principales importadores de ese producto a Ecuador, amenazó con suspender las importaciones, frente a lo cual Noboa suspendió el acuerdo con Estados Unidos y los rusos continuaron consumiendo bananas ecuatorianas.
La intrusión de las fuerzas policiales en la Embajada de México en Ecuador tiene un fuerte impacto electoral en ambos países. El gobierno ecuatoriano realizó un referéndum el 21 de abril, en el que se buscó la aprobación de 11 preguntas en torno a temas laborales, arbitraje internacional y seguridad ciudadana, cinco de las cuales implican cambios en la Constitución. Si bien la población aprobó nueve de las once preguntas, todas ellas referidas a seguridad interna, la mayoría de las cuales ya estaban siendo instrumentadas en la práctica, las referidas al ámbito laboral y el arbitraje internacional fueron rechazadas.
Estos resultados tienen lugar después de casi cinco meses de su gestión iniciada luego de que el ex Presidente Guillermo Lasso disolviera el Congreso y convocara a elecciones presidenciales y congresales para evitar que fuera enjuiciado por corrupción. Noboa participará en las elecciones que tendrán lugar en febrero del próximo año y adopta la mano dura y la lucha contra el crimen y la impunidad como banderas electorales, emulando al Presidente salvadoreño Nahib Bukele. Pero según un análisis en Código Vidrio que mide el ánimo de los usuarios en redes sociales, los comentarios negativos relacionados a su persona escalaron a un 82% el día del secuestro de Glas.
En el caso de México, las elecciones presidenciales tendrán lugar el primer domingo de junio y la candidata sucesora del Presidente AMLO, Claudia Sheimbaum, lidera las encuestas con 60%, con una diferencia con respecto al segundo lugar entre 18 y 24 puntos porcentuales. Las imágenes divulgadas por ese gobierno a partir de las cámaras de seguridad de la Embajada en Quito son tan apabullantes que a la oposición le resulta difícil no cerrar filas frente a los reclamos diplomáticos. Inclusive AMLO sugirió más contundencia a las parcas condenas iniciales de Estados Unidos, Canadá y la OEA, que luego rectificaron.
Sucesos como el asalto a la Embajada mexicana en Ecuador no se habían dado ni en los momentos de mayor violencia en tiempos de dictaduras militares. Junto con el silencio frente al atentado del Consulado de Irán en Damasco, son señales que muestran el quiebre de una institucionalidad internacional basada en reglas.
Ariela Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
