Desde el 2014, campesinos organizados de varios municipios del departamento de Chalatenango, ubicado al norte del país, han expresado su rechazo rotundo a la explotación minera en la zona. En noviembre su lucha ha marcado un precedente importante y ha logrado que el gobierno local inicie el proceso de creación de una ley municipal que prohibirá la llegada de empresas que se dedican a explotar los recursos naturales para extraer oro y otros metales de las montañas.
Las cuatro consultas ciudadanas que han realizado en zonas con potencial de explotación minera del país están rindiendo los resultados que esperan los pobladores, siendo más del 80% quienes votaron en contra de la minería. Gracias a la expresión popular, la alcaldía del municipio de San José Las Flores ha iniciado la redacción de la ordenanza municipal que prohibirá todo tipo de trabajo para la extracción de metales en las montañas y áreas boscosas aledañas al municipio.
“Tenemos que realizar este tipo de actividades para que la población se sume, tome conciencia y para que la gente exprese que no está de acuerdo con la minería. Esto sirve para que se vayan creando ordenanzas municipales para que se prohíba la minería y se protejan los recursos naturales que tenemos y que nos permiten vivir”, dijo el alcalde de Arcatao, José Avelar.
El ejemplo que han dado los pobladores campesinos de San José Las Flores, motivó a que las comunidades y las alcaldías de otros municipios organizaran consultas populares para expandir la iniciativa de prohibir la explotación minera en sus municipios. Ahora el objetivo no solo es proteger el lugar donde viven, sino que también buscan que se declare con apoyo de las leyes locales, de las comunidades y autoridades al departamento de Chalatenango como “Territorio Libre de Explotación Minera”.
De acuerdo a algunos estudios que han realizado las alcaldías de los municipios que están en la mira de la explotación minera, los afectados no solo serían los habitantes de Chalatenango. Avelar explicó que debido a que los ríos que abastecen con agua a buena parte de la zona urbana de El Salvador tienen sus cuencas en ese departamento, los principales afectados con la contaminación del recurso hídrico serían los habitantes de San Salvador y la zona metropolitana de la capital salvadoreña.
“San Salvador sería uno de los municipios más afectados por la contaminación de los ríos. Por eso creemos que la amenaza es para todos. Es importante este tipo de acciones porque estamos en una zona que tiene materiales preciosos y las empresas mineras están interesadas en explotarla y con estas consultas estamos cerrando la zona y protegiéndonos de la amenaza real que tenemos”, dijo el alcalde.
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“San Salvador sería uno de los municipios más afectados por la contaminación de los ríos. Por eso creemos que la amenaza es para todos.” José Aelar, Alcalde de Arcatao
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Organización de base contra la minería
Todo empieza en las mesas de trabajo de cada municipio integradas por autoridades, representantes líderes campesinos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Luego, los líderes comunales recorren kilómetros en sus territorios para juntar al menos el 40% de las firmas, aproximadamente 500, de todos los pobladores que pueden votar en cada lugar. Estas firmas son presentadas en la alcaldía para que esta inicie el proceso para convocar a una consulta ciudadana.
Luego, se realiza la consulta. Los votantes son convocados públicamente para que asistan y participen en la consulta que se realiza durante todo el día. La elección no es difícil, ya que las papeletas son diseñadas de tal manera que los campesinos decidan entre un “si” o un “no” ante la pregunta sobre el apoyo a los permisos para que las empresas internacionales realicen trabajos de explotación minera en las zonas.
“Lo que queremos es que no pasen esas minerías por aquí porque ellos no tienen por qué venir a explotar nuestros cerros y nuestros recursos. Nos van a contaminar el agua y el medio ambiente y por eso no estamos de acuerdo con eso”, dijo Videlio Alemán, uno de los votantes, residente del casería Zacamil, de Chalatenango.
La última consulta que se ha realizado en la zona se dio en Arcatao. El 99% de la población dijo no a la minería en su consulta popular. Con esto son ya 2,658 pobladores de cuatro municipios de Chalatenango (San José Las Flores, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador y Arcatao) los que han expresado su rechazo a la minería y se espera que la iniciativa junto con las consultas populares lleguen a los otros seis municipios que son parte de la zona con potencial de explotación minera.
“Las consultas se realizan después de talleres en las mesas de trabajo. Por lo tanto, es una votación informada, la población con porcentajes de arriba del 80 por ciento del total rechaza la minería y estos son procesos democráticos importantes porque la gente expresa su deseo”, dijo el procurador de Derechos Humanos, David Morales, durante la consulta que se realizó en Arcatao el 8 de noviembre pasado.
De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Economía, El Salvador tiene nueve peticiones para permisos de explotación minera y otras 12 solicitudes de prórroga de empresas que ya están operando en el país. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente no ha resuelto 18 solicitudes para permisos ambientales relacionados a la explotación minera porque el Congreso continúa analizando algunos cambios a la ley que fueron propuestos por Economía y Medio Ambiente.
Mientras tanto, todos los permisos que se otorgaron durante los últimos años a multinacionales para la explotación minera han sido suspendidos y serán retomados una vez se aprueben o se rechacen los cambios propuestos a la ley que estuvo vigente desde 1995 hasta 2012 cuando los ministro de Economía y Medio Ambiente en funciones presentaron el nuevo borrador de ley.
El Salvador mantiene una batalla legal en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI) en Washington contra la empresa canadiense Pacific Rim, conocida ahora como Ocean Gold, por $315 millones por supuesto incumplimiento de las protecciones de inversión extranjera por parte del estado salvadoreño. A lo que la Fiscalía salvadoreña ha respondido que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos medio ambientales y de minería que exige la ley.
Los pobladores de los municipios que han tomado la iniciativa para realizar las consultas populares para exigir a las alcaldías la creación de la ley local que prohíba la explotación minera buscan también que las nuevas leyes municipales sean tomadas en cuenta en el Congreso y se retome así la discusión de las reformas a la ley planteadas en 2012 por los ministros de Economía y Medio Ambiente.
Mientras tanto, las comunidades que organizaron las consultas y que también participan en la redacción de la nueva ley municipal buscan expandir estas iniciativas a los departamentos de Cabañas y La Unión, otros dos lugares que están en la mira de las empresas que esperan la aprobación de sus permisos de trabajo.
La diputado Aurelia López, del partido de Gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mostró su preocupación por que no hay avances en las discusiones de la ley general. López dijo al ser consultada por los medios de comunicación que el partido de derecha ha planteado otras propuestas para que permita la explotación minera en el país.
El secretario de Transparencia del Gobierno, por su parte dijo que mientras no haya avances en las discusiones de la ley general, las consultas populares que son impulsadas por los campesinos de Chalatenango son importantes para dejar precedentes sobre lo que la población expresa y pretende con estas actividades.
Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
