Honduras se derrumba. Los miles de migrantes que huyen todos los días son el testimonio de una crisis política, económica y social que el mundo ignora y que el gobierno de los Estados Unidos parece empeñado en perpetuar. En lugar de analizar la crisis detrás del éxodo, la administración de Trump ha tendido una trampa humana intercontinental que atrapa a miles de los hombres, mujeres y niños más pobres y perseguidos del mundo, convirtiendo su sufrimiento en materia para su campaña política.
Hasta que irrumpió el escándalo de Ucrania, esta estrategia parecía estar funcionando como mensaje central de una campaña electoral que reivindica a la supremacía blanca como su plataforma política. Ahora Trump y su círculo están inmersos en el proceso de investigación para el impeachment que definirá su futuro, pero tarde o temprano volverá a calumniar a los migrantes y a emitir advertencias racistas de la “invasión” del sur.
Mientras tanto, casi nadie se pregunta por qué tantas personas huyen. Donald Trump retrata a los hondureños y otros migrantes centroamericanos como oportunistas que buscan aprovecharse de la riqueza y la bondad de la sociedad americana. Cualquier persona con un conocimiento mínimo de lo que las personas migrantes tienen que atravesar–abandonando sus hogares y enfrentando los peligros físicos y sicológicos que los aguardan en el camino–rechazaría de inmediato y con justa razón esta versión de los hechos.
El gobierno mexicano, por su parte, ha insistido en ahondar en “las causas de raíz” de la migración, que el presidente Andrés Manuel López Obrador define como el subdesarrollo y la falta de empleo. En agosto, una delegación de congresistas democrátas liderada por Nancy Pelosi fue a Honduras y utilizó el mismo lenguaje. Pero, ¿qué entendemos por “causas de raíz”? ¿Qué es lo que verdaderamente empuja a tanta gente a salir, justo ahora cuando sus posibilidades de cruzar a los Estados Unidos y reunirse con sus parientes y construir una nueva vida son tan bajas? ¿Justo ahora que los costos del viaje -en todos los sentidos- son tan altos?
Fui a Honduras para buscar respuestas a estas preguntas entre los y las líderes de los movimientos populares. También para entender las nuevas formas de organización social y resistencia que está desarrollando el pueblo hondureño, sobre todo durante el último año. ¿Pueden estos nuevos movimientos llevar a una salida de la crisis que ha sufrido el país desde el golpe de Estado de 2009?
Me encontré con un país de cara a una gran crisis en todos los sentidos -una crisis política de legitimidad que ha destruido la fe en los y ha llevado a la represión violenta de protestas mientras el gobierno se debilita, una crisis económica con más del 60% de la población viviendo en la pobreza, muchos en la pobreza extrema, y una crisis de seguridad en donde el crimen organizado controla territorio urbano y rural, y la ciudadanía está bajo ataque de las fuerzas de seguridad corruptas y los paramilitares prácticamente sin consecuencias legales. También existe una crisis más profunda, inefable: la mayoría de los hondureños ya no ve ningún futuro en su propio país.
Bartolo Fuentes es un reconocido dirigente social en el tema de migración, que viajó con la primera gran caravana que salió de San Pedro Sula en Octubre de 2018, recogiendo a miles de hondureños y guatemaltecos en el camino antes de arribar a la frontera sur de México. El rechaza la explicación de Bush y de AMLO, que inculpa a los traficantes como responsables de convencer a la personas de marcharse.
“Esto es un absurdo, que investiguen por qué sale la gente entre los migrantes en Tapachula, uno por uno, que lo investiguen cómo llegó hasta allá, que le motivó para llegar hasta allá, y se van a darse cuenta que aquí hay una hambre terrible, la gente no tiene cómo ganarse la vida. Y peor, no tiene esperanzas que se mejore la vida.”
Tanto Fuentes como otros dirigentes también mencionaron la existencia de amenazas de muerte ante la más mínima de las ofensas -la joven que rechaza las insinuaciones del pandillero, el taxista que no puede seguir pagando la cuota de extorsión semanal, la madre quien busca proteger a su hijo del reclutamiento forzado de las pandillas, y el hijo, creciendo entre demasiadas imágenes de sus seres queridos asesinados o constantemente intimidados. La lista de condiciones que te convierten en víctima en una tierra en la que la ley no tiene ninguna fuerza inhibitoria es interminable.
El golpe de estado y la crisis actual
Según el expresidente Manuel Zelaya, la crisis actual lleva mucho tiempo cocinándose -desde el 2009 cuando fue secuestrado durante el Golpe de Estado. A pesar de la condena internacional al Golpe, no ha sido restituido de su cargo. Las instituciones democráticas se convirtieron en herramientas para los intereses privados nacionales.
“Ha creado más migrantes, más pobreza, mayor corrupción, más saque y un alza en el narcotráfico porque, simplemente, hay una frase populr que dice ‘rio revuelto ganancia del pescador’, me dijo Zelaya en su oficina en la sede del partido de oposición LIBRE.
“Y estamos frente a una realidad—el sistema economica global de los transnaiconales genera privatizaciones, imposiciones de l Fondo Monetario Internacional, y más pobreza. Con la falta de oportunidades la gente huye, no migran huyen, de la falta de oportunidades y la miseria en nuestro país.”
Sus reflexiones acerca de lo que sucedió después del golpe de estado llevan directametne a lo que está sucediendo en las marchas ahora. Después del golpe, Honduras se convirtió en el laboratorio de las formas más extremas del neoliberalismo. Las inversiones en megaproyectos de trasnacionales desplazan a las comunidades rurales y provocan conflictos. La deuda externa creció de $3 mil millones de dólares a más de $9 mil millones en diez años. Para reenforzar al presidente Juan Orlando Hernández, o JOH por sus siglas, el FMI firmó un acuerdo stand-by por $311 millones en mayo, indicando privatizaciones futuras. La nación depende de las remesas de los miles que se fueron.
La Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación
La formación de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación es la reacción visceral de la gente frente a la entrega al por mayor del país al capital extranjero. Comenzó con una ley, y después con una serie de decretos presidenciales, para permitir al sector privado la participación en los servicios de salud y de educación. Médicos, sindicatos, campesinos, maestros y estudiantes salieron a las calles y obligaron al gobierno a echar atrás algunas de estas medidas. Bajo el liderazgo de la presidente del Colegio Médico, la Dra. Suyapa Figueroa, no se rinden.
“En el proceso de acaparar toda para las empresas, toda la producción económica, y centralizarla en un grupo pequeño de poder, se encuentra también el monopolio de la salud. Se le están entregando bienes públicos–los centros hospitalarios, las redes de atención–a organizaciones no gubernamentales que, dicho sea de paso, muchas de ellas pertenecen a personas ligadas con el poder, a altos funcionaros o a diputados,” dice la Dra. Figueroa
Hoy, la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación es el pilar de la resistencia. Mientras refuerza las demandas específicas por servicios públicos gratuitos y de calidad, su exigencia inmediata es la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández. “La gente identifica como su principal problema a quien dirige el ejecutivo, que desde el ejecutivo se maneja la corrupción que esta ocurriendo porque muchos de los funcionarios están involucrados en actos de corrupción”, explica la Dra. Figueroa.
Este día puede estar más cerca de lo esperado. Hernández fue nombrado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico de su hermano Tony. Tony Hernández fue extraditado a los Estados Unidos bajo los términos que su hermano aprobó, en parte para garantizar el apoyo de EEUU en su afán de mantenerse en el poder. Fue declarado culpable de narcotráfico.
La presentación del Tribunal de Distrito declara que Juan Orlando usó dinero ilegal para financiar su campaña y quedarse en la presidencia. Para la oposición hondureña, el juicio en EE.UU. confimra el hecho de que Honduras se ha vuelto un “narco Estado”. Fue una noticia gigante -no tanto la revelación del involucramiento del presidente, sino el hecho de que hubiese sido formalmente presentado en la corte de Estados Unidos. La presión para expulsar a JOH ha aumentado y el movimiento gana impulso.
La ayuda contraproducente de EE.UU.
La evidencia que se acumula contra JOH de casos de corrupción y actividades ilícitas debería ser razón suficiante para que el Congreso de Estados Unidos reconsiderara su estrategia en Honduras. Trump anunció que iba a recortar la ayuda extranjera a Honduras, y a otros países centroamericanos, porque no haían lo suficiente para frenar la migraciòn, es decir que no estaban obligando a sus ciudadanos y ciudadanas a permanecer en situaciones de violencia que ellos mismos causaron. Su anuncio agitó a Washington y a la prensa, pero los recortes jamás sucedieron. En lugar de ello, la ayuda extranjera ha continuado, la mayor parte para programas policíacos y militares, y medidas fronterizas que profundizan la desesperación de la gente en lugar de combatir los problemas reales tras la migración.
Varios políticos y ONGs progresistas en Washington rechazaron la suspensión de la ayuda a Honduras, como si la ayuda estadounidense, y desde la administración de Trump, fuese de repente desinteresada y benéfica para los países centroamericanos que la reciben. Todos los líderes hondureños de movimientos populares con quienes hablé fueron muy claros -la asistencia de Estados Unidos apoya el gobierno de JOH y obstaculiza sus esfuerzos por reconstruir una democracia.
Para dar un ejemplo del tipo de ayuda a que se refiere, el 25 de septiembre, Trump doblegó a Juan Orlando Hernández para que firmara un acuerdo de “Tercer País Seguro”. Este acuerdo obliga a quienes pasan por Honduras buscando asilo en Estados Unidos a solicitarlo en Honduras, a pesar de que este sea el país que expulsa más migrantes que cualquier otro país del hemisferio. Tan descabellado como suena -y lo es- el presidente hondureño aceptó inmediatamente, en medio de especulaciones de que la negociación incluyera una promesa de inmunidad o aceptación de asilo en caso de exiliarse (precisament lo que se niega a otros hondureños). JOH se tambalea al borde de un precipicio, con las acusaciones de tráfico de drogas, abuso de poder y corrupción y gran parte de su población en las calles exigiendo su renuncia.
En lugar de hacerse los ciegos frente a la crisis hondureña, el Congreso debería de apoyar la Ley Bertha Cáceres, nombrado en honor a la activista feminista ambiental, asesinada por oponerse a un proyecto de hidreléctrica en su territorio. La Ley exige la suspensión inmediata del apoyo a las furezas de seguridad hondureñas.
Para nosotras que hemos trabajado por décadas en los movimientos de solidaridad con Centroamérica; por los cientos de miles de hondureños viviendo en los Estados Unidos; y por la nueva generación de activistas luchando a favor de los derechos de las personas migrantes, la justicia social y la política internacional; la petición se encamina a mantenerse juntos a los movimientos populares hondureños. Por décadas Honduras ha vivido graves violaciones a los derechos humanos y ha sido rehén de una política económica desastrosa, y aún así su pueblo ha luchado tanto, durante tanto tiempo.
Al aliarnos con los movimientos populares hondureños y comprometernos a seguir presionando a nivel internacional, la gente finalmente podría liberar su nación de la oligarquía corrupta que la ha secuestrado.
