Por Laura Carlsen
Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, viajó a Honduras el 6 de Marzo con una doble intención: para mostrar oposición a la legalización y reforzar la guerra contra las drogas patrocinada por Estados Unidos en América Central, y para apoyar la presidencia de Porfirio Lobo.
El Gobierno de Honduras emitió un comunicado donde, después de una hora de conversación a puertas cerradas entre Biden y Lobo, el vicepresidente “reiteró el compromiso de los Estados Unidos a intensificar la ayuda al gobierno y el pueblo de Honduras, además exaltó los esfuerzos realizados y aplicados por el presidente Lobo en los pasados dos años”.
En conferencia de prensa el primero de marzo, Tony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se refirió a “el gran liderazgo que el presidente Lobo ha demostrado en la promoción de la reconciliación nacional y el orden democrático y constitucional”.
Uno pensaría que hablaran de un país distinto al que visitamos apenas unas semanas antes, en una delegación investigando la violencia contra mujeres.
Lo que encontramos fue una nación sumida en la violencia, un presidente incapaz o que no quiere hacer mucho al respecto, y un sistema judicial en ruinas.
Dos años resbalando
La crisis en derechos humanos y gobernabilidad de Honduras se ha hecho evidente para el mundo y es lo cotidiano en el país. En los dos años desde que Lobo llegó al poder, en elecciones organizadas por los mismos golpistas y boicoteadas por la oposición, Honduras ha catapultado al primer lugar en homicidios per capita del mundo – la oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Encuesta Mundial de Homicidio, encontraron una tasa oficial de homicidios de 82 por cada 100.000 habitantes en 2010. Hubo 120 políticos asesinados en el país durante 2010-2012.
En la región del Bajo Aguán, donde los agricultores defienden sus tierras de los grandes promotores han muerto 42 campesinos, junto a 18 periodistas, 62 miembros de la comunidad LGBT y 72 activistas de derechos humanos que han sido asesinados desde 2009. El Centro Hondureño para los Derechos de la Mujer reportó que los femicidios se han más que duplicado y que más de una mujer fue asesinada por día en 2011.
Una Comisión Interamericana en derechos humanos reportó que hubo al menos siete muertos en el marco del golpe de Estado, además de acoso de los miembros de oposición, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, miles de detenciones ilegales, sistemáticas violaciones a los derechos políticos y libertad de expresión, violencia sexual y otros delitos, con casi ninguna investigación o enjuiciamiento.
A pesar de ser las fuerzas de seguridad quienes han perpetrado muchos de estos crímenes, la respuesta del Gobierno de Honduras – con el apoyo de los Estados Unidos – ha sido reforzar la presencia militar. Honduras, una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, aumentó su gasto militar de US $63 millones en 2005, a US $160 millones en 2010. El Gobierno de Lobo justifica la militarización diciendo que no se puede confiar en sus propias fuerzas policiales. En una reunión él nos dijo “Estamos trabajando en la depuración de la policía pero va a tomar algunos años. La corrupción es profunda.”
La impunidad con que criminales comunes, poderosos intereses transnacionales y elementos del Estado violan los más básicos principios de la sociedad, con la complicidad o indiferencia del gobierno, se deriva porque el mismo gobierno se sostiene en la violación de esos principios. La crisis de los derechos humanos y la violencia—tan profunda como es – no es sino síntoma de un mal mayor. Cuando al golpe de 2009 se le permitió conservar el poder y exentar a los golpistas de procesos de justicia, se debilitó la legitimidad y capacidad de gobernar, el estado de derecho y el pacto social. La crisis constitucional de Honduras se ha convertido en una prolongada crisis social y política.
Un golpe de estado para los criminales
El golpe de estado, el 28 de junio de 2009, no fue tan sólo un acto criminal. Fue un acto diseñado para beneficiar a criminales.
Cuando los miembros de las fuerzas armadas secuestraron al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, llevándolo a Costa Rica en pijamas, destruyeron la frágil democracia construida desde los tiempos de las dictaduras militares. Ninguna de las complicadas discusiones acerca de lo que presuntamente el presidente había hecho para “merecer” ser removido forzosamente, cambia el hecho de que es el primer golpe de estado del milenio que ha tenido lugar en América. La OEA y todo cuerpo diplomático de gran envergadura notaron, de manera inmediata, que Honduras se había convertido en el símbolo y la realidad de las nuevas batallas para el mundo en pos de la democracia.
Lo que mucha gente no sabe es que el desenlace de la historia es más trágico que el golpe en sí, y encierra aún mayores lecciones para la gobernanza mundial. Para hacer el cuento corto, el golpe de Honduras sobrevivió, increíblemente, a embargos internacionales y negociaciones diplomáticas que, a la postre, sólo sirvieron para extender su dominio en el poder ilegítimo. La inquietante sospecha de que el gobierno de los EE.UU., padrino histórico de la región, había dado su bendición al nuevo régimen, se hizo certeza cuando el Departamento de Estado negoció un acuerdo que allanó el camino para realizar elecciones patrocinadas por el golpe, sin pasar por la restitución del orden constitucional primero.
Porfirio Lobo llegó al poder y una nación azotada por la pobreza se astilló en una nación dividida, caracterizado por la polarización política, el aumento de la delincuencia y extendido a la apropiación de tierras. Honduras no es un estado fallido, es un estado violado.
El crimen, el crimen común, el crimen organizado, el crimen de estado y el crimen corporativo han prosperado desde el golpe. El tráfico de drogas se ha incrementado. El reporte más reciente de fiscalización Internacional Estadounidense de Estupefacientes, calcula que el 79 por ciento de los vuelos con contrabando de cocaína desde América del Sur, utilizan pistas de aterrizaje en Honduras.
Los informes muestran que el capo mexicano, El Chapo Guzmán, y otros utilizan Honduras como escondite con frecuencia. La militarización del país se ha llevado a cabo en conjunto con la propagación del crimen organizado, fenómeno que debería suscitar alguna reflexión. Sin embargo, los gobiernos de Honduras y EE.UU. han estado demasiado ocupados con la promoción de la guerra contra las drogas como para prestar atención a la correlación entre militarización y crimen organizado.
La apropiación de terrenos para transferir tierra y recursos de los pequeños agricultores, pueblos indígenas y residentes urbanos a las manos de grandes desarrolladores y megaproyectos, ha generado violencia en todo el país. Muchos de los testimonios de violencia y abuso sexual que hemos escuchado de las mujeres hondureñas, radican en el conflicto sobre la tierra, donde el régimen apoya activamente los intereses de los ricos contra los de los pobres en la ocupaciones ilegales para proyectos turísticos, mineros e infraestructura, tales como las acciones en Bajo Aguan del magnate del aceite de palma, Miguel Facussé.
La falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes –y la evidencia de que las fuerzas de estado están involucradas en las violaciones a los derechos humanos contra la oposición y sectores “indeseables”—crea un paraíso para los criminales y un infierno para la mayoría de los ciudadanos.
¿Compromiso o Complicidad de los EE.UU.?
La responsabilidad de EE.UU. por lo que pasó después del golpe es una cuestión que merece, por lejos, mayor análisis y conciencia. Después de optar por no apoyar al retorno del presidente electo y la democracia, y el saneamiento político antes de las elecciones presidenciales. EE.UU. tiene una enorme responsabilidad en la desastrosa situación, y la pregunta de mayor urgencia es qué hacer al respecto.
Biden hizo hincapié en los programas de los EE.UU. para policías y funcionarios judiciales. Cuando nos reunimos con la embajadora de los EE.UU., Lisa Kubriskie, insistió en que seguir financiando las fuerzas de seguridad hondureñas conduciría, finalmente, a reformar por “atractivo” las fuerzas gubernamentales.
Pero incluso si esto fuera a suceder en el futuro, mientras tanto las fuerzas gubernamentales están asesinando, violando, golpeando y deteniendo a los hondureños –con la ayuda de los EE.UU.
¿Cuándo se convierte el compromiso en complicidad? Grupos de ciudadanos y del Congreso de los EE.UU. han llegado a la conclusión que el límite se cruzó hace algún tiempo. Hasta el momento, más de 60 miembros del Congreso han firmado una carta, distribuida por el republicano Jan Schakowsky (D-IL), para cortar con la ayuda a los militares y policía hondureña, alegando que el financiamiento de estas instituciones estimula el abuso.
No hay excusa para gastar los impuestos de los contribuyentes estadounidenses en asistencia de seguridad para Honduras mientras su gobierno amontona violaciones a los derechos humanos. Ninguna cantidad de dinero invertido en estos programas va a cambiar la sistemática corrupción y las violaciones a los derechos humanos, hasta que haya un compromiso político real con la justicia y reconciliación. Y eso, bajo el régimen actual, parece no existir.
Laura Carlsen es la directora del Programa de las Américas.
Traducción de Mariana Valdebenito Mac Farlane
