Durante los últimos tres meses del 2014 los homicidios en El Salvador han alcanzado cifras alarmantes. El año cerró con un aumento del 57% de asesinatos y los primeros tres meses del 2015 no han sido la excepción e indican que las cifras van en aumento.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC) atribuyen la mayoría de los asesinatos y muertes a la violencia entre pandillas. El director de Medicina Legal, Miguel Fortín, asegura que muchos de los asesinatos tiene que ver con el traslado de los cabecillas de las pandillas hacia el penal de máxima seguridad, donde no tienen comunicación con el resto de pandilleros del país.
“La mayoría de las víctimas y de los muertos son miembros de estructuras delictivas o de pandillas. Casi todas las muertes están relacionadas con las disputas entre los pandilleros rivales”, aseguró el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
El año pasado la cifra oficial de homicidios por día fue de 10.8, el 8 de enero de este año la cifra subió a 14 y para la segunda quincena de marzo los asesinatos cometidos por día han llegado a 15. El agravante de la violencia que se ha recrudecido en El Salvador, un país de poco más de seis millones de habitantes, ha alcanzado a los miembros de la PNC, fiscales y hasta jueces. En menos de dos semanas ocho policías fueron asesinados por pandilleros.
En algunas publicaciones recientes se habla que El Salvador se convirtió en el país centroamericano más violento, arrebatando el primer puesto a Honduras. Sin embargo, el fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, ha dicho que no se puede comparar el nivel de violencia que hay en Honduras por la incidencia del narcotráfico en ese país.
Hace unas semanas fue asesinado un jefe fiscal de la Unidad de Vida del departamento de Usulután. Los informes de la PNC atribuyen el asesinato a pandilleros, La Policía dijo que el fiscal estaba abordando su vehículo cuando dos sujetos le dispararon desde una motocicleta. Sobre este asesinato el fiscal Martínez lanzó una amenaza a las pandillas: “Se equivocaron, con la Fiscalía no se juega”.
Unas semanas antes, una jueza penal fue atacada en su vivienda. Los reportes policiales indicaron que sujetos con aspectos de pandilleros llegaron a la residencia de la funcionaria y cuando esta salió a la puerta de la casa le dispararon en la cabeza. La jueza sobrevivió al ataque, pero su familia se vio obligada a abandonar su residencia.
Tras los ataques y asesinatos de policías, las autoridades de Seguridad ordenaron enviar a todos los pandilleros responsables de estos crímenes al penal de máxima seguridad. Pero además el director de la PNC dio luz verde para que los policías disparen a todo aquel que busque atentar contra su vida. Esta medida fue apoya por el gobierno y la Asamblea Legislativa.
“Todos los policías que por motivos de trabajo tengan que emplear armas de fuego contra un delincuente que atente contra su vida, que lo haga con toda confianza. Hay una institución que los respalda”, dijo el director en un mensaje a los policías.
En entrevista con el Programa de las Américas, Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua entre las pandillas, responsabilizó a las autoridades de permitir la existencia de grupos de exterminio que se encargan de asesinar a pandilleros. Adjudicó el aumento de los homicidios, “No es casualidad que esto esté sucediendo y que los homicidios se disparen.” Señaló que ninguna de las muertes de pandilleros está siendo investigada por las autoridades.
El Gobierno y el Ministerio de Seguridad, han cerrado toda posibilidad de dialogar con los pandilleros y se niegan a hablar sobre la tregua entre las pandillas. Por su parte el director de la PNC dice que este pacto dejó de existir cuando la cifra de homicidios empezó a ascender.
Sin embargo, el mediador Mijango asegura que los pandilleros han relanzado una nueva tregua y mantiene toda su disposición de colaborar con las autoridades para reducir el número de homicidios pero a cambio consideran que deben ser incluidos en las mesas de trabajo y de diálogo que sostiene el gobierno para la ejecución de sus planes de seguridad y combate a la violencia en las que participan alcaldes, ciudadanos y empresarios.
A inicios de marzo, los cabecillas de las maras MS 13 y Barrio 18 que fueron trasladados hacia cárceles de mediana seguridad, como parte de las “facilidades que el gobierno otorgó” para que los pandilleros iniciaran la tregua y el cese de las acciones violentas, regresaron al penal de máxima seguridad, una cárcel con estrictos regimenes para los internos conocido como “Zacatraz”.
Con estos traslados se especula sobre el fin de la tregua, ya que treinta de los máximos cabecillas de las maras ya no tienen ningún tipo de comunicación con el resto de los pandilleros y sus familiares. Críticos aseguran que el aumento de los homicidios en las últimas semanas está relacionado directamente con el traslado de estos líderes de pandillas al penal de máxima seguridad.
Para tomar cartas en el tema de la violencia y los asesinatos, el gobierno creó en septiembre del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad, formado por autoridades estatales, representantes de la empresa privada, iglesias y representantes de organizaciones civiles. El grupo trabajó en la elaboración de la política y planes para combatir la violencia en el país.
Con la creación del Consejo, el gobierno cerró todas las puertas a los diálogos con los pandilleros o sus mediadores. El presidente, Salvador Sánchez Cerén aseguró que el Estado salvadoreño no puede sentarse a dialogar o negociar con personas que han violado la ley y dejó en manos del Consejo el trabajo para iniciar las acciones que se espera reduzcan en gran medida los homicidios en el país centroamericano.
El traslado de los cabecillas de las pandillas hacia el penal de máxima seguridad fue una de las primeras recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad al gobierno y además el Ministerio de Seguridad solicitó a la Asamblea Legislativa que se apruebe una reforma transitoria para los próximos cinco años para que se acorte el tiempo del proceso judicial y se castigue con más rigor a los pandilleros que sean condenado por asesinatos de policías.
Entre los planes y acciones acordadas por los miembros del Consejo de Seguridad destaca que se haya aceptado la propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para contratar al exalcalde de de New York, Rudolph Giuliani, para que realice una consultoría de seguridad y haga sus propuestas, tal y como lo ha hecho ya en México, Guatemala, Colombia y próximamente en Honduras.
El presidente del grupo consultor del exalcalde, John Huvane, que estuvo en El Salvador en febrero pasado señaló que entre los cambios en los planes de seguridad que debe hacer el estado salvadoreño es una reforma a las leyes penales juveniles para que se trate a todos los menores de edad que asesinan como cualquier adulto.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, se ha adelantado a decir que la experiencia Giuliani se concentra más en la represión y los planes del gobierno están más enfocados en planes inclusivos o de creación de oportunidades para jóvenes en situación de riesgo y también aclara que el estado salvadoreño no cuenta con los recursos económicos para pagar por el plan del exalcalde de New York.
