Cuando, a las 8 de la mañana del 19 de junio, las campanas de la iglesia de Nochixtlán empezaron a tocar, Miguel intuyó que la policía estaba desalojando el bloqueo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) había erigido en la autopista. El joven de 22 años no dudó un momento en acudir al llamado del párroco y, como buena parte de los pobladores de Nochixtlán y de los pueblos cercanos, se lanzó en apoyo al magisterio.
Miguel corrió rumbo a la salida del pueblo, por donde pasa la autopista que conecta la Ciudad de México a Oaxaca y a los demás estados del sur. “Intenté acercarme pasando por la parte de atrás del hospital comunitario. Allí afuera estaban los policías y aventaban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar”, recuerda Miguel, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad. “La gente empezó a lanzar piedras en contra de los policías, yo me quede allí observando una media hora, pero llegaron más agentes. Corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, llegué hasta el panteón pero allí no pudimos cruzar porque había un tráiler de pollos que se estaba incendiando”.
Fue allí que unos policías posicionados encima del muro del panteón dispararon a Miguel. “Cuando vi que estaban apuntando, escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo”, relata el joven. Luego me agarra un dedo con su única mano no vendada y lo pasea por su hombro, donde finalmente percibo una pequeña protuberancia: “Toca acá. Es una bala, lleva un mes y medio allí”, dice.
Un médico de Nochixtlán, que prefiere guardar el anonimato, nos contó que en el día del ataque la policía ocupó el hospital para impedir al personal de atender a los civiles, y que los heridos eran trasladados a la parroquia. A pesar de que todas las personas que encontramos en Nochixtlán confirmaron esta versión, en entrevista con el diario La Jornada el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, la rechazó. “No tengo ningún reporte de que haya sido negado ningún servicio, porque tenemos un protocolo, y cuando se niegan los servicios, ese protocolo se activa y se busca a los afectados”, afirmó el funcionario.
Según el medico de Nochixtlán que atendió a los heridos en la parroquia, el día del ataque llegaron unas 110 personas, todas heridas de balas. Alrededor de 50 eran casos complicados, pero allí no habían herramientas para sacar a los proyectiles. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos llevará una bala clavada en el cuerpo durante toda su vida, pues después de un rato los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.
El doctor creó un consultorio médico adentro de la escuela primaria de Nochixtlán, donde brinda atención básica y permite a los pacientes de guardar su anonimato. “Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados”, explica.
Relata que, después de las primeras negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la CNTE, fueron enviadas a Nochixtlán unas unidades médicas, pero no traían los especialistas necesarios para atender a los heridos de gravedad. Sin embargo, en las negociaciones más recientes se acordó trasladar a los heridos del ataque del 19 de junio a la Ciudad de México para ser trasladados y atendidos.
El médico añade que, a pesar de que unas siete personas heridas están tan asustadas que prefirieron no viajar a la Ciudad de México para ser atendidas, muchas de las víctimas del ataque están poco a poco perdiendo el miedo a salir públicamente para denunciar lo ocurrido.
De hecho, los heridos del ataque marcharon en la capital para exigir reparación del daño, justicia y castigo a los responsables, y tienen intención de presentar una demanda colectiva junto con los familiares de los fallecidos. El Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) está preparando un expediente sobre el caso para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna otra instancia internacional durante el mes de septiembre pues, afirma, en el ataque hay una clara responsabilidad del Estado, que no juzgará a si mismo.
Orsetta Bellani es periodista independiente y colaboradora del Programa de las Américas www.americas.org/es, @sobreamerica
