El 13 de septiembre de 1995, en la carretera Yoloxochitl-Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, hombres armados asaltaron a Francisco Ricardo y lo hirieron en el brazo izquierdo. Ese día, los pobladores de Cuana se armaron con escopetas y machetes para peinar el área donde ocurrió el asalto.
El operativo tuvo éxito: detuvieron a los asaltantes y los entregaron al Ministerio Público en la cabecera municipal, pero al siguiente día, el juez de primera instancia los liberó bajo fianza.
Este hecho indignó a la población. Al día siguiente, el 15 de septiembre, organizaron una asamblea para tratar el asunto y de ahí surgió la idea de crear su propia seguridad.
“Los asaltos en el camino se daban todos los días”, recuerda Filemón López García, fundador de la Policía Auxiliar de Camino (PAC), que después se llamó Policía Comunitaria en Cuanacaxtitlán.
“Ellos estaban ahí apostados, esperando que pasáramos. Muchas mujeres fueron violadas, los ganaderos tuvieron pérdidas económicas, había abigeato, también hubo muertos en la carretera,” explica López García. En los primeros operativos que la PAC realizaban en la carretera Cuana-Yolo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia de Ministerio Público, pero al pagar la fianza en el juzgado, los “malhechores”, como les dicen acá en la costa, quedaban en libertad.
En 1995, año en que Filemón López García era comisario ejidal, en Cuanacaxtitlán se había disparado la ola de violencia. De enero de 1994 a septiembre de 1995 hubo 120 ejecuciones, y en la carretera se registraba de cinco a ocho asaltos, diario.
Aparte de asaltar a los pasajeros, los ladrones violaban a las mujeres frente a sus esposos. Incluso, llegaron a asesinar a una niña y balear a diez personas que transitaba esta vía.
En enero de 1995, la entonces policía judicial asesinó a un profesor en pleno centro de la comunidad; además, establecieron sus propios retenes para detener a indígenas para extorsionarlos. Así que en junio de 1995, en una asamblea general para tratar el asunto de la violencia, los asambleístas acordaron solicitar la presencia de militares y la policía del estado. A mediados de julio de ese año, llegaron los militares.
El ejército estableció su destacamento al lado sur de Cuanacaxtitlán, pero al siguiente día, en un retén que improvisaron a la salida de la comunidad, detuvieron a medio centenar de campesinos para sembrarles droga y acusarlos por delitos contra la salud. Por la indignación que les provocó estos abusos, los pobladores pidieron que los soldados se retiraran del pueblo.
“Hicimos muchas gestiones”, recuerda López García. “Vistamos a las autoridades militares y civiles del estado, pero nadie nos hizo caso. Recuerdo que diario había muerto en el pueblo; nos dimos cuenta de que estábamos secuestrados por la delincuencia. Y el gobierno que no nos hacía caso. Era como estar muerto en vida, porque no podíamos ir a San Luis Acatlán a comprar. Por eso decidimos convocar una asamblea el 15 de septiembre”.
Así nace la Policía Auxiliar de Camino, que un mes después en una asamblea en Santa Cruz del Rincón, se convertiría en Policía Comunitaria (PC).
El primer grupo de policía auxiliar de camino que surgió ese 15 de septiembre, lo integraron 10 voluntarios, al frente de los cuales quedaron Francisco Félix García y Ángel Roberto Crescencio como comandantes. El comisario Filemón López García acompañaba siempre a los dos comandantes cuando acudían a alguna reunión con autoridades militares.
El largo proceso organizativo
El proceso organizativo de la Policía Comunitaria en la región, ahora conocido como territorio comunitario, nace en octubre de 1995 cuando 36 comunidades se comienzan a organizar para enfrentar el problema de la violencia.
En este transcurso, los promotores de la seguridad invitaron a los presidentes municipales de San Luis Acatlán, Azoyú y Malinaltepec, a los agentes del Ministerio Público de las regiones Costa y Montaña, a los Jueces de Primera Instancia, al procurador de Justicia y al gobernador de Guerrero a la Asamblea Regional que se llevaría a cabo en Pascala del Oro, en la que se buscarían alternativas conjuntas para solucionar el problema de la inseguridad.
Sin embargo, ninguna de las autoridades convocadas llegó a la asamblea. Lo mismo sucedió con la asamblea que se llevó a cabo en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en la que se perfila de manera más formal el proyecto de seguridad comunitario.
No fue sino hasta el 15 de octubre del mismo año, en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, en donde se toma la decisión unánime de conformar una Policía Comunitaria para la seguridad de los pueblos, con el aval de 40 comisarios municipales.
La creación de la Policía Comunitaria redujo en un 90 por ciento el alto índice de criminalidad en los caminos, que antes del 15 de octubre de ese año eran intransitables.
“En la Comunitaria estamos ejerciendo un derecho que le fue arrebatado al pueblo”, dijo Asunción Ponce Ramos, coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que es el órgano máximo de este sistema de seguridad. Habló en San Luis Acatlán el 15 de octubre de 2010, al celebrase el 15 aniversario de la Policía Comunitaria. “Queremos que se devuelva ese poder de los pueblos. La Comunitaria opera por la participación de la gente; su fuerza no radica en las armas”.
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La creación de la Policía Comunitaria redujo en un 90 por ciento el alto índice de criminalidad en los caminos, que antes del 15 de octubre de ese año eran intransitables.
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Durante sus primeros años, la Policía Comunitaria ponía a los detenidos a disposición del Ministerio Público, tal como lo hacía la policía auxiliar de camino de Cuanacaxtitlán. Con el argumento de que no existían elementos procesales suficientes, los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero liberaban a inculpados.
La negación de justicia por parte de las instancias gubernamentales, generó descontento en la PC y la población. La corrupción de los encargados de la procuración y administración de justicia era evidente, por lo que en 1998, en una Asamblea Regional, se determina que la justicia será impartida por las propias comunidades. Esto da paso a la conformación de la Coordinadora de Autoridades Indígenas, que posteriormente sería la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Acoso del gobierno
A pesar de carecer de financiamiento gubernamental, la Policía Comunitaria logró reducir en un alto porcentaje los índices delictivos en su zona de influencia. Sin embargo, el gobierno y el ejército mexicano empezaron un acoso sistemático sobre esta corporación autónoma.
El 26 de febrero de 2002, el gobierno del estado quiso obligar a la CRAC y a la Policía Comunitaria deponer las armas, porque estaban “fuera del marco legal”, según lo declaró el gabinete de seguridad en una reunión donde estuvo el magistrado del poder judicial Julio Lorenzo Jáuregui y las máximas autoridades militares de la 27 zona militar.
Lorenzo Jáuregui dijo, en base al artículo 4 constitucional (derogado en 2001), que la Policía Comunitaria está fuera de la ley, y agregó que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se basan los comisarios indígenas para argumentar su sistema de seguridad pública, “es inaplicable al sistema mexicano” a pesar de que México es signatario al convenio.
Los comisarios llegaron a la reunión con la esperanza de encontrar nuevos acuerdos que les permitieran seguir con su sistema de seguridad de acuerdo a sus “usos y costumbres”, porque para esa fecha ya se habían incrementado las hostilidades de parte de la Procuraduría del estado y el ejército, en contra de la Policía Comunitaria.
En el encuentro, los comisarios fueron grabados durante su intervención por soldados del ejército. Diez días antes, la policía judicial en un inusual operativo intentó detener a cinco ex-comisarios cuando entregaban el cargo a nuevas autoridades. Vecinos de veinte comunidades impidieron las detenciones.
Después de una acalorada discusión entre los funcionarios y los comisarios, se suspendió el diálogo y vinieron las amenazas de parte de los primeros a los indígenas. Como una salida al conflicto, los comisarios propusieron llevar a cabo consultas en las comunidades donde tienen presencia, para determinar si continuaba su sistema de seguridad o entregaban las armas. Dijeron que los resultados se entregarían el 26 de marzo de ese año; es decir, un mes después.
La primera asamblea consultiva fue en la comunidad de Potrerillo Cuapinole el 10 de marzo. Los dos pueblos indígenas –Mephaas (tlapanecos) y Ñuu Savi (mixtecos)– que asistieron, decidieron mantener su policía comunitaria, porque, argumentaron, es parte de su vida como pueblos indígenas.
En la conclusión dijeron que no quieren confrontarse ni con la policía estatal ni con el Ejército, y aceptaron que las armas que tienen para la defensa de sus comunidades queden guardadas para evitar cualquier confrontación.
Al mismo tiempo que se consultaba a los pueblos para conocer su decisión acerca del futuro de la PC, los dirigentes de la CRAC interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Pública aprobada en agosto de 2001, con el argumento de que no fueron consultados como pueblos indígenas ni se tomó en cuenta a la Policía Comunitaria, en la redacción de la nueva ley.
El 21 de marzo organizaron un foro en San Luis Acatlán para definir la postura frente al gobierno, mientras en las comunidades se levantaba actas en asambleas para reafirmar su interés por la Policía Comunitaria.
Las hostilidades emprendidas por el Ejército y el gobierno de René Juárez Cisneros ocurrieron en el momento de mayor expansión y consolidación de la Policía Comunitaria. Desde su sexto aniversario, comunidades de Marquelia y otros municipios de la Costa Chica habían pedido su inclusión en esta fuerza policiaca.
El litigio en contra de la CRAC y PC empezó cuando decidieron no entregar a los detenidos al Ministerio Público. “Más rápido de lo que los entregábamos, los liberaban”, afirma Filemón López.
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Las hostilidades emprendidas por el Ejército y el gobierno de René Juárez Cisneros ocurrieron en el momento de mayor expansión y consolidación de la Policía Comunitaria
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Seguridad y justicia, desde abajo
Desde su fundación, el proyecto de seguridad comunitaria se ha extendido en las dos regiones donde surgió, que son las más marginadas de la entidad. Actualmente, el sistema de justicia comunitaria está integrado por una centena de comunidades distribuidas en 12 municipios de la Costa Chica y la Montaña.
Este sistema de seguridad indígena tiene dos funciones: la seguridad y la justicia. La primera es la prevención de delitos y protección de la seguridad pública y comunitaria, que está a cargo de los policías en el ámbito comunitario, en donde son elegidos en asamblea comunitaria.
Esta organización está coordinada en el espacio regional por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (CE-PC), el cual se encarga de detener a los agresores. El órgano de seguridad se encarga de realizar acciones de prevención de la violencia, a través de resguardo de fiestas y eventos especiales, así como el patrullaje en los caminos y comunidades que integran todo el Sistema.
La otra tarea que desempeña esta institución comunitaria es la administración de justicia, que es ejercida en el espacio de la comunidad por los comisarios municipales, quienes atienden faltas o problemas menores. En el ámbito regional, esta labor corresponde a los coordinadores regionales de la CRAC, los cuales se encargan de resolver las faltas graves.
A partir de 2007, la CRAC tiene tres sedes, entre las que se distribuye la atención a las comunidades integrantes del sistema de acuerdo a su cercanía geográfica. La primera sede, es CRAC-San Luis Acatlán, ubicada en la cabecera municipal; las otras dos sedes son CRAC Espino Blanco, que se encuentra al pie de la carretera Tlapa-Marquelia, junto a la colonia Espino Blanco y la sede CRAC-Ziltlaltepec, en el municipio de Metlatónoc en la montaña alta.
El 22 de diciembre de 2012 en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla, inauguraron la casa de justicia de Paraíso, con lo cual suman cuatro sedes de justicia comunitaria. Los coordinadores regionales se eligen en la Asamblea Regional, que es la máxima instancia de decisión dentro del sistema comunitario.
Esta Asamblea está integrada por todas las autoridades comunitarias (comisarios municipales y comisariados ejidales y o comunales), por las autoridades regionales coordinadores regionales de Autoridades Comunitarias y Comité Ejecutivo además de representantes de organizaciones sociales, y por todos los habitantes de las comunidades integrantes del sistema que quieran intervenir y decidir. Se trata del órgano de decisión más importante de toda la estructura comunitaria.
