La militarización, ahora institucionalizada en la Constitución y en la práctica, extendida para los próximos seis años y muy posiblemente para siempre, no es solo la más reciente manzana de la discordia entre los partidos políticos. Es un tema que tiene profundas implicaciones para la sociedad mexicana, la democracia, la seguridad, la igualdad de género y los derechos humanos. Tiene que analizarse en el marco de estas consideraciones, más allá de los falsas e hipócritas posicionamientos de los partidos políticos.
El pasado 9 de septiembre el Senado aprobó la propuesta del presidente para que la Guardia Nacional pasara del mando civil (nominalmente) en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a formar parte de la Secretaría de Defensa (SEDENA). La SEDENA es ahora responsable de su operación, administración, entrenamiento y despliegue en territorio nacional. Ya fue publicado en el Diario Oficial.
La segunda parte, la extensión del mandato de las FFAA para participar en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, será ley esta semana, después de que el Senado aprobó la propuesta el martes y pasa con modificaciones a la Cámara de Diputados.
¿Qué está en juego, más allá de quién ganó y quién perdió en el terreno político?
Para analizarlo, primero hay que descartar la hipocresía pura de los panistas y priistas que empezaron, y sostuvieron, este modelo de guerra durante más de una década de sangre. También de las ONG en Estados Unidos como WOLA y Human Rights Watch que ahora critican el modelo y que, en su momento, avalaron la Iniciativa Mérida en el Congreso de los EEUU, que es el apoyo económico y geopolítico del modelo de la “guerra contra las drogas”.
Hay varias razones fundamentales, y no solo oportunistas, para oponerse a las reformas:
1. Es un modelo que genera violencia y no asegura la seguridad pública. Como ha dicho el propio presidente, violencia contra violencia genera más violencia. El entrenamiento militar sigue la lógica de dominación, eliminación del enemigo y fuerza bruta, que puede funcionar en un campo de batalla, pero no en una comunidad o una ciudad frente a paisanos suyos. No se puede aniquilar al crimen porque es una expresión de las fisuras y perversiones inherentes en la misma sociedad. Se reproduce en la medida en que no se atienden sus causas profundas. Es una contradicción hablar de programas que reconocen las causas y a la vez dedicar los mayores recursos al enfrentamiento armado.
Con razón no funciona. La correlación entre el número de tropas desplegadas en territorio nacional y el número de homicidios dolosos es innegable. En este sexenio, los homicidios siguen al mismo nivel, altísimo, que en el durante el mandato de Peña Nieto y los feminicidios siguen subiendo. No hay ninguna evidencia de éxito con el uso de las fuerzas armadas y existen muchos casos de probable complicidad y corrupción, casos que muchas veces no son investigados ni enjuiciados.
2. Lleva a graves violaciones de los derechos humanos, que quedan impunes. La violación de los derechos humanos por parte de las FFAA no cesa: ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a Inés y a Valentina, miles de desapariciones atribuibles a ellos, Tlatlaya, Petatlán, Chiapas, su actuación en reprimir a las personas migrantes subordinados a la política de EEUU, las nuevas evidencias en el caso de Ayotzinapa que salieron el mismo día de la propuesta presidencial, y el más reciente caso de la muerte de la pequeña Heidi Pérez por balas de la Marina. Si bien ha bajado el número de denuncias bajo la política sensata de evitar enfrentamientos, el problema es estructural. La falta de transparencia y rendimiento de cuentas entre las FFAA dificulta el esclarecimiento de los crímenes que cometen, en un país que de por si tiene una tasa de impunidad arriba de 95 por ciento.
3. El abandono del propósito de transitar desde la seguridad militar a la seguridad pública civil: Una de las modificaciones para aprobar la presencia de las FFAA en las calles hasta 2028 fue incrementar el financiamiento a las policías estatales y municipales. Más que resolver la situación de abandono, la destaca.
No hay planes reales para capacitar a la policía a pesar de que existen nuevos modelos de policía cercana y participación ciudadana que han mostrado efectividad. ¿Si se confía en poder entrenar a la GN para hacer tareas policiales en solo unos meses antes de ser despegados, por qué no podemos entrenar a los policias? Los bajos salarios y cadenas de mando corruptos son una invitación a la corrupción sin embargo poco, o nada, se hace para remedar la situacioón.
Hay consenso entre los organismos de derechos humanos en no usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció ante el gobierno mexicano en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 y lo ha reiterado. Véanse las respuestas de organizaciones de derechos humanos relativo a los cambios actuales:
CIDH: “La justificación para estas modificaciones enfatiza centralmente que sólo una estructura como la de la Sedena, con su despliegue territorial, estructura operacional y disciplina militar se encuentra en capacidad de afrontar el contexto de violencia. Tal fundamentación resulta insuficiente por sí misma frente a los riesgos que la militarización acarrea para el respeto y garantía de los derechos humanos.”
Nada Al-Nashif, Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos… Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública…”
Amnistia Internacional: “…un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”
4. Crea un poder desproporcionado de las FFAA: Llamó la atención cuando el secretario general Luis Crescencio Sandoval hizo referencia al “sector militar” como si fuera una fuerza autónoma con sus propios intereses en la sociedad mexicana. Con la GN, los militares activos en el país llegan a 500,000, colocando a México en el noveno lugar en el mundo y el más grande de América Latina, según el informe de Global Fire Power 2022. Además, tiene un presupuesto récord en la historia de México, y ha ampliado su poder económico con el manejo de megaproyectos de infraestructura (que no casualmente enfrentan fuertes oposiciones locales y nacionales), puertos y aeropuertos y ahora hablan de una aerolínea propia. (Y turismo: https://www.forbes.com.mx/dan-luz-verde-a-nueva-empresa-militar-para-administrar-complejo-turistico-en-islas-marias/)
5. Desestima a las alternativas: La política de control militar margina otras estrategias mucho más efectivas. Atender las raices del problema de crimen organizado en el país con apoyos a jóvenes para estudiar y encontrar apoyos, etc. sigue siendo importante, sin embargo, es insuficiente. Más recursos y esfuerzos deben de ir a atacar a las estructuras financieras del crimen, el control de tráfico de armas y dinero en efectivo que entran al país no avanza a pesar de la retórica binacional, mientras las empresas de armas se enriquecen con el énfasis en la guerra.
6. Genera violencia contra resistencias y personas defensoras de derechos humanos: El nuevo informe de Global Witness revela que México tiene el segundo lugar en el mundo en asesinatos de defensoras y defensores. El empleo de las FFAA contra movimientos sociales y de defensa de la tierra y territorios es notable tras la historia del país. Además, se profundizan las desigualdades y discriminaciones, pues la represión se concentra en ciertas zonas y contra ciertas identidades –indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGBT+ y migrantes.
7. Endurece el control patriarcal: La militarización va acompañada por la ampliación del militarismo—una cultura de intimidación y de violencia machista. Permea no solo en las relaciones directas entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, sino también en las relaciones interpersonales y comunitarias. La ONG Intersecta informa que antes de la guerra contra las drogas en México y la militarización, solo 2 de cada 10 feminicidios fueron cometidos con uso de armas. Ahora son la mayoría—6 de cada 10. Los feminicidios se incrementan en el contexto de esta cultura militarista y mayor acceso a las armas (la SEDENA, la única dependencia autorizada para comercializar armas de fuego, “pierde” miles de armas al año, cifra que ha crecido exponencialmente con la mayor importación de armas en la guerra contra el crimen organizado).
La guerra es un modelo patriarcal ejemplar—promulga la idea de protección por la fuerza, en lugar de corresponsabilidad y protección colectiva. Enaltece el papel del estado-militar en lugar de la comunidad. Refuerza la idea de una sociedad indefensa y un ejército todopoderoso mientras erosiona más el dañado tejido social.
El crimen organizado hace lo mismo, con estructuras patriarcales similares—jerárquicas, violentas, machistas y misóginas. Estar sujeto al uno o al otro es un riesgo muy grande para la igualdad de género y para la seguridad de las mujeres.
Oponerse a la militarización, con información y argumentos, no es abonar a una oposición que solo busca atacar al presidente y su partido a como dé lugar. Tampoco es denigrar el legítimo papel de las FFAA y sus integrantes (aunque el sueño es el de una sociedad en la que puedan ganar la vida de manera pacífica), ni sabotear la autoridad del presidente. Es el acto civil de defender a la democracia, que se debilita en el contexto de un poder desproporcionado de las FFAA.
Esta lucha en México, hoy más que nunca, es una obligación y parte de un sano proceso ciudadano por construir la paz y la sociedad que todos anhelamos.
Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es directora del Programa de las Américas (www.americas.org) del Centro de Política Internacional de la Ciudad de México.
