La sociedad guatemalteca no puede entenderse fuera de las secuelas que dejó la represión orquestada desde el Estado, en la cual las mujeres fueron consideradas botín de guerra. Las violaciones a los derechos humanos de las mismas están documentadas en el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y en otros documentos como los elaborados por el antropólogo jesuita Ricardo Falla.
Los 36 años del mal llamado conflicto armado interno, que Marta G. González Molina[1] prefiere llamar “la guerra de la vergüenza”, se caracterizaron por las arbitrariedades cometidas desde el Estado por sucesivos presidentes, sumado a la desigual distribución de las riquezas, que un grupo de jóvenes idealistas pensaron que podría revertirse a través de la lucha guerrillera.
Con el propósito de reprimir la lucha guerrillera, el Estado guatemalteco implementó una política de tierra arrasada que acabó con las vida de miles de mujeres, hombres, niños y ancianos en las áreas rurales del país. Con una crueldad y de forma sistemática que puede ser tipificada como genocidio.
La mayor parte de las víctimas del mal llamado “conflicto armado interno”, fueron mujeres y niños, población civil desarmada.
En una sociedad cuyas heridas no terminan de sanar, en las elecciones 2011 se eligió a un militar vinculado al genocidio y a la represión en la zona ixil, Otto Pérez Molina. Muchas personas sabíamos que significaba un doloroso retroceso en un país post conflicto que transitaba dificultosamente hacia la democracia.
Así las cosas, cuando la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad, desenmascara una red de funcionarios y funcionarias del Estado que había estado usurpándolo para hacer negocios ilícitos y enriquecerse a costa de las arcas nacionales, el desencanto fluyó. Las población urbana que había votado por Otto Pérez Molina se volcó a las calles en protestas ciudadanas y plantones frente al Palacio Nacional, pidiéndole la renuncia, rasgándose las vestiduras y lamentándose públicamente de su mala elección. Obviamente, se sumaron otras personas no necesariamente votantes del general repudiado.
El Gobierno encabezado por el general retirado Otto Pérez Molina se acerca a su fin; las elecciones están convocadas para el 6 de septiembre en un clima de falta de credibilidad e incertidumbre. Con personas que abiertamente prefieren un golpe de estado a que se realice el proceso electoral, bajo la consigna “en estas condiciones no queremos elecciones”.
Se trata de una ciudadanía que se mantuvo indiferente durante los 36 años de represión, genocidio y matanza indiscriminada, que ahora se arrepiente de sus pecados y se rasga las vestiduras en la plaza pública, hace mea culpa y llora.
Nos sentimos más al borde del precipicio que de las elecciones.
Considero que las elecciones deben realizarse entre el amplísimo menú de candidatos/as, votando por el que mande nuestra buena o mala conciencia, como ya lo hicieron dos millones y medio de personas en el proceso anterior al elegir a Pérez Molina. Las malas decisiones siempre tienen consecuencias.
Frente al nuevo Gobierno debemos ejercer la ciudadanía activa, la auditoría social y presionar para que el país camine en la dirección correcta, al menos que el funcionariado no vacíe el erario público.
La única forma de enfrentar la crisis es con organización. Pero la organización no debe ser espontánea, debe obedecer a principios, ética y proyecto de Nación.
Tal vez veamos la luz al final del túnel.
Guatemala, 11 de agosto, 2015.
Notas:
[1] Guatemala: el martirio de una reina y la guerra de la vergüenza. España 2011.
Walda Barrios-Klee es Coordinadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), sede académica Guatemala y integrante de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF).
Foto: Mariana Toscano
