Por Laura Carlsen
Guatemala. La noticia de que el general Efraín Ríos Montt había sido acusado de crímenes de guerra nos alcanzó mientras empacábamos para la Ciudad de Guatemala, después de algunos días aterradores recogiendo testimonios sobre la violencia contra mujeres en Honduras.
Cuando la decisión fue emitida, el 26 de enero, yo me encontraba en una misión de investigación de hechos organizada por la “Iniciativa de Mujeres Premio Nobel” y “Sólo Asociados” para investigar la creciente violencia de género en México y América Central. Las tasas de feminicidios se han disparado en los últimos años y la militarización -a causa de la guerra contra las drogas patrocinada por Estados Unidos- ha levantado el fantasma del retorno a un pasado autoritario que muchos asumieron que nunca podría repetirse.
Ese pasado se hizo presente en la capital del país el día que llegamos. Las víctimas y activistas de derechos humanos llenaron la sala del tribunal mientras el juez escuchaba los argumentos de la fiscalía y la defensa, y una cámara de video transmitía el procedimiento a una gran multitud en las calles. Acompañados de fotos de sus seres queridos asesinados en las masacres, hombres y mujeres aplaudieron la decisión de traer finalmente al dictador de ochenta y cinco años de edad – y treinta en crímenes- a la sala del tribunal.
El viaje a la justicia se remonta a tres décadas, a principios de los ochenta, cuando Guatemala vivió la más sangrienta represión de sus 36 años de conflicto armado. Bajo el gobierno de Ríos Montt en 1982-83, los soldados -muchos de ellos entrenados y equipados por los Estados Unidos de América (EUA)- aplicaron una política de “tierra arrasada” para aniquilar pueblos indígenas en las tierras altas de los mayas, que consideraban podrían ayudar a los guerrilleros insurgentes.
Doscientos mil hombres, mujeres y niños fueron asesinados durante la guerra; el 83 por ciento de ellos eran mayas, según un informe de 1999 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Cerca de 100 mil mujeres fueron violadas como parte de la estrategia para destruir o suprimir regiones y culturas enteras. Al día siguiente, nos encontramos con algunos de ellos en un foro celebrado al pie de un volcán en forma de cono. “No tengo miedo ni vergüenza de compartirlo porque es algo que pasó a muchas mujeres en este país…” comenzó una mujer. Cuando era una niña en las tierras altas fue mantenida en esclavitud sexual por fuerzas armadas de Guatemala desplegadas para destruir su aldea y poblaciones circundantes.
“…podría decir que es una oportunidad estar frente ustedes, así no cuenta tanta hermanas que cayeron (sic), que fueron torturadas tanto tiempo. Yo fui víctima de captura, de tortura, varios soldados pasaron por mi cuerpo, jugaron con mi cuerpo y no sólo a mí… Y esto no se ha detenido, se sigue usando a nuestros cuerpos para torturar y dividir”. Varias otras mujeres, vestidas con el tradicional huipil bordado, asintieron con la cabeza a pesar del horror de sus palabras; poner fin a su silencio es una fuente de fuerza y alivio.
Éste no es el primer intento de traer a Ríos Montt a la justicia. Las organizaciones de víctimas, que habían ido recogiendo testimonios durante años, presentaron en 2001 un caso de crímenes de guerra en contra del general -caso que se quedó atrapado en el ordenamiento jurídico guatemalteco-. Años más tarde, la premio Nobel Rigoberta Menchú presentó cargos de genocidio, terrorismo y tortura contra Ríos Montt y otros siete comandantes en los tribunales españoles, en virtud del principio de jurisdicción universal. Una abogada tenaz, llamada Almudena Bernabeu, comenzó la investigación.
Cuidadosamente, ella reconstruyó los testimonios de las víctimas -que rompieron en llanto ante los magistrados españoles- y los equipos especializados analizaron la información de archivos, incluyendo documentos secretos (descubiertos por Kate Doyle) de los Archivos de Seguridad Nacional, con sede en Washington. La cineasta Pamela Yates, quien hizo un documental en los años ochenta que exponía las masacres del pueblo maya, estuvo mirando con lupa para proporcionar los enlaces que faltaban en el argumento. El caso se hizo más fuerte y, en 2006, el tribunal dictó órdenes de detención contra el general y otros, pero el gobierno de Guatemala se negó a extraditarlo y, cuando Ríos Montt fue elegido más tarde al Congreso, obtuvo inmunidad judicial.
No es coincidencia que la ruta de acceso a la justicia en Guatemala esté siendo pavimentada en su mayoría por mujeres valientes. Después de que el caso español se estancó, otra mujer extraordinariamente valiente y comprometida intervino. Cuando Claudia Paz y Paz tomó el cargo de Procurador General presentó una demanda contra Ríos Montt y otros dos comandantes militares por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo.“Si estos crímenes no se sancionan, ¿qué mensaje se da a la justicia?”, preguntó retóricamente cuando se le cuestionó sobre el caso. “Este caso es un símbolo a la sociedad que tiene que ver con que se puede hacer o no se puede hacer.” Cuando el periodo de Ríos Montt se acabó, fue acusado formalmente.
Marcar el límite de la impunidad en un país donde la inmensa mayoría de los crímenes -desde los históricos hasta los comúnes – quedan impunes no es tarea fácil. Pero es sólo una de las razones para llevar a cabo este tipo de juicios.
La justicia, la memoria histórica, la angustia de las víctimas y la necesidad de construir un consenso social para condenar los crímenes, todo entra en juego cuando un Estado decide enfrentarse a la verdad de su propio pasado criminal. Muchas personas poderosas preferirían no tener que ver esta confrontación en lo absoluto.
El día después de escuchar a las mujeres mayas describir la masacre, violación y tortura que atestiguaron de primera mano, cinco de nosotros nos reunimos con el presidente Otto Pérez Molina, un ex general del ejército elegido en noviembre pasado por su programa de “ley y orden”. Las promesas de mano dura contra el alza en la tasa de delincuencia en Guatemala llevaron a Pérez Molina al cargo, y la redistribución de las unidades del ejército en todo el país -especialmente en zonas indígenas- se coloca en el centro de su plan de seguridad. “Aquí en Guatemala no hubo genocidio,” dijo categóricamente a la premio Nobel Jody Williams. Canoso y vestido impecablemente, el presidente (que solamente llevaba catorce días en el cargo) apareció sereno pero decidido a no dejar la afirmación histórica en pie.
Williams, cuya negativa a someterse a los poderes fácticos le hizo ganar un Premio de la Paz y una reputación como defensora empedernida de los derechos de las mujeres, describió a detalle los testimonios de las mujeres indígenas que acabábamos de escuchar. Considerando que la Comisión de la Verdad de 1999 concluyó que el genocidio se llevó a cabo en algunas partes del país, y que el propio departamento de justicia de Pérez Molina ha llevado a la corte varios casos de genocidio , la falta de sustento de su afirmación nos sorprendió momentaneamente.
El caso Ríos Montt es demasiado cercano para ser cómodo a Pérez Molina. Como Mayor del ejército en los años ochenta fue asignado a la región Ixil, donde se llevaron a cabo los peores crímenes contra comunidades de las montañas mayas.
El caso de Ríos Montt también está poniendo un poco nervioso al gobierno de los Estados Unidos. La evidencia que está saliendo a la luz confirma que los EUA sabían sobre los abusos y aun así apoyaron al régimen (el entonces presidente Ronald Reagan se quejó notoriamente en 1982 de que el dictador estaba ganándose su mala reputación). Un cable de la CIA (Agencia de Inteligencia Central, por sus siglas en inglés) de febrero de 1982 dice: “La creencia bien documentada por el ejército de que toda la población indígena Ixil está a favor del EGP (Ejército Guerrillero de los Pueblos) ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no dé cuartel a combatientes y no combatientes por igual”. En otras palabras, el ejército no se detendría para masacrar a la población civil.
En una reunión con el embajador de Estados Unidos, él Arnold Chacón, se sacudió el caso afirmando que la mayoría de la gente con la que ha hablado preferiría mirar hacia adelante, y argumentando que los EUA son reconocidos como defensores de los derechos humanos en el país. El Departamento de Estado desearía que las restricciones a la ayuda militar a Guatemala se levantaran, ya que ello promovería la Iniciativa de Seguridad de Centroamérica, un plan de ayuda antinarcóticos que aumentaría significativamente la presencia de Estados Unidos en la región.
La definición legal de genocidio y preguntas cómo ” quién sabía qué, cuándo ” son el centro de la acusación contra Ríos Montt. Frank LaRue, ahora Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y desde hace mucho tiempo defensor de los derechos humanos en Guatemala, explica: ” Todos los crímenes se resuelven de abajo hacia arriba -quién le disparó a quién. Pero cuando se trata de genocidio, que es llamado un crimen subjetivo, se está tratando sobre la intención”, dijo. “Hitler probablemente nunca fue a los campos de concentración, nunca llevó a la gente a las cámaras de gas, pero él era el responsable. Ríos Montt no fue a las matanzas – no tuvo que hacerlo porque él estaba dirigiendo la política-”.
Hoy en día nadie pone en duda las matanzas. Pero no importa cuánta evidencia física se acumule -y arqueólogos forenses han desenterrado unos 6 mil cadáveres de fosas comunes-; si no se puede demostrar el conocimiento y la intención, no hay caso. El abogado de Ríos Montt argumentó ante el tribunal que el general “no decidió el nivel de fuerza que el ejército utilizó”.
Varias piezas clave de la evidencia contradicen esa afirmación. En un videoclip realizado a partir de una entrevista que Yates hizo el 2 de junio de 1982, Ríos Montt dice con orgullo: “Nuestra fuerza está en nuestra capacidad para responder a la cadena de mando, la capacidad del ejército para reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al ejército, ¿qué estoy haciendo aquí? “
Un documento militar misteriosamente entregado a Doyle, denominado Plan Sofía, revela una decisión política oficial que consentía la eliminación de todos los presuntos insurgentes, y procedía a definir a pueblos mayas enteros- hombres, mujeres y niños – como presuntos insurgentes. La ecuación era tan simple como mortal.
A lo largo de América Latina, las dictaduras de los años ochenta están siendo obligadas a rendir cuentas de sus crímenes. Para las víctimas y los deudos es absolutamente necesario. Pablo Menchú, director asociado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, explicó: “Tenemos que empezar a partir de la premisa de que la memoria es un derecho”.
Dijo en la embajada española – 32 años años después de el día en que 36 manifestantes, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, fueran quemados hasta morir después de que fuerzas del gobierno prendieron fuego al edificio-: “Creo que cuando alguien identificado como parte de la política de genocidio, finalmente es sometido a juicio después de tantos años de buscar justicia, es un evento de curación de miles y miles de víctimas”.
El juicio no comenzará formalmente en varios meses. Ríos Montt primero aceptó desafiante enfrentar un juicio, pero ahora ha solicitado la amnistía en virtud de un decreto emitido por Mejía, también acusado de genocidio pero considerado no apto para ser juzgado. El 21 de febrero, el juez que admitió el caso se retiró después de que la defensa alegó que era parcial; la audiencia sobre la petición de amnistía se aplazó para mediados de marzo.
El genocidio finalmente es enjuiciado en Guatemala. Lo mismo sucede con el General Efraín Ríos Montt. Porque la historia y los crímenes no son abstractos: tienen autores, con nombres y rostros. Si estos autores no son puestos tras las rejas, todos los mea culpa gubernamentales no significan nada porque la impunidad se ha dejado intacta. Las heridas de las víctimas no se curarán porque los torturadores, violadores y asesinos caminan por las calles. Las promesas de que la historia no volverá a repetirse suenan vacías porque las estructuras de la injusticia siguen en pie.
Laura Carlsen es la directora del Programa de las Américas.
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