Por: Ariela Ruiz Caro
Alberto Fujimori ha fallecido el 11 de septiembre, a los 86 años, tres años después de que, a la misma edad y exactamente en el mismo día, Abimael Guzmán, el líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, terminara de respirar en la cárcel.
Controvertido siempre, unos exaltan sus logros, mientras otros denuncian sus crímenes y actos de corrupción. Los primeros lo recuerdan como el padre del actual modelo económico que derrotó la inflación, a costa de una parálisis económica durante los años iniciales, y la senda de paz que se inició después de la captura de Abimael Guzmán. La mayoría lo considera golpista, corrupto, un autócrata que violó derechos humanos y llevó adelante un programa de esterilización forzada que, entre 1996 y 1998, afectó a 217 mil mujeres indígenas de escasos recursos económicos para contribuir a reducir las cifras de la pobreza. Como señala el periodista César Hildebrandt, Fujimori abatió la inflación y arrinconó al terrorismo, pero el costo fue la masacre de la democracia y la putrefacción del país.
El gobierno ha decretado tres días de duelo nacional y entierro con honores de jefe de Estado a quien renunció a la presidencia de Perú, desde Japón, cuando se difundieron los videos en los que su asesor, Vladimiro Montesinos, sobornaba a políticos, periodistas, empresarios y jueces para acallarlos. Como señalan los organismos de derechos humanos en el Perú, es inadmisible que el mismo Estado que tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos y luchar contra la corrupción rinda honores a quien fue responsabilizado y condenado precisamente por dichos delitos, y sobre quien estaba pendiente un proceso por otro caso de grave violación de derechos humanos, el caso Pativilca..
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú considera que este gesto del gobierno representa un paso más hacia la demolición de la democracia en el Perú, en tanto expresa un alineamiento desde la cúspide del Estado con el legado de autoritarismo, corrupción y violencia dejado por el régimen fujimorista. “El Instituto de Democracia y Derechos Humanos del la PUCP expresa su rechazo a estos gestos oficiales que constituyen un agravio a la sociedad peruana en general y una nueva ofensa a las victimas de los graves crímenes cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori…” escribió en redes sociales.
La actual Presidenta Dina Boluarte –quien sustituyó al ex Presidente Pedro Castillo en su calidad de Vicepresidenta después del frustrado autogolpe de Castillo en diciembre de 2022– ha traicionado sus convicciones políticas y se ha confabulado con los sectores de derecha y el fujimorismo para poder mantenerse en el poder con apenas 5% de respaldo popular, porcentaje similar al que tiene el Congreso de la República. Se trata de la misma Boluarte que se refirió a Fujimori, en la campaña del 2021, como “aquel personaje oriental que nos llenó de vergüenza con sus actos”. El fujimorismo, representado en el Partido Fuerza Popular, representa el 18% de las fuerzas políticas en el Congreso. Sin embargo, domina el Parlamento a través de alianzas que construye con los partidos de derecha y con una parte del oficialista Partido Perú Libre.
El autogolpe de 1992
El ingeniero agrónomo Alberto Fujimori fue el primer outsider que llegó a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 con el lema de campaña: “Un presidente como tú”. A bordo de un tractor y la promesa de honradez, tecnología y trabajo, llamó la atención de los peruanos. A pesar de haber ganado la elección con un discurso antiliberal, con el que derrotó abrumadoramente (62% de los votos) en segunda vuelta a su contrincante, el escritor Mario Vargas Llosa, Fujimori aplicó a rajatabla
los principios de liberalización económica y desregulación del Estado establecidos en el Consenso de Washington durante su gobierno entre 1990 y 2000.
Fujimori optó por esa ruta, como ocurrió con Collor de Mello en Brasil y Carlos Menem en la Argentina, quienes ganaron en la misma época las elecciones presidenciales con promesas gradualistas de corte populista pero, ya en el poder, acataron los lineamientos liberales del denominado Consenso. A diferencia del liberal Vargas Llosa, cuyo programa aplicó, Fujimori no tenía un programa para atenuar el ajuste, por lo que sus efectos en la población fueron de los más severos en América Latina.
Con el pretexto de profundizar las medidas económicas, sin resistencia, y combatir a Sendero Luminoso –que inició la lucha armada en 1980 que, según el Informe del Grupo de Análisis de Datos sobre Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science para la Comisión de la Verdad y Reconciliación causó 69 mil muertos y desaparecidos– Fujimori dio un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992. Convertido en dictador, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución, intervino el Poder Judicial, persiguió opositores y declaró el estado de emergencia. Durante las horas siguientes, fuerzas militares y policiales ocuparon varias instituciones estatales, lo que indicaba el carácter autocrático de lo que vendría. Asimismo, se dieron en forma de decretos ley un número importante de las reformas estructurales que minimizaron el rol del Estado e impulsaron la apertura al mercado del país.
Dos meses después, en junio, convocó a un Congreso Constituyente Democrático para redactar una nueva Constitución. En la elección de los constituyentes, en noviembre de 1992, triunfó el oficialismo. Poco antes de la elección, el líder de Sendero Luminoso había sido capturado por un grupo de agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional (GEIN). Su detención desactivó el accionar de Sendero Luminoso y el país entró en una relativa senda de paz. El GEIN, creado a fines del primer gobierno de Alan García, tuvo el mérito de desactivar al grupo terrorista sin disparar una bala y sin matar a pobladores, mayoritariamente de la sierra, que eran víctimas de la violencia y crueldad de Sendero Luminoso y de miembros del ejército y de la marina como parte de su estrategia subversiva que incluyó masacres a comunidades.
En la lucha contra la agrupación terrorista, las rondas campesinas y los comités de autodefensa organizados por los pobladores tuvieron un rol decisivo en su derrota. De hecho, hubo más muertes de sus miembros que los de la policía o del ejército.
En 1995 Fujimori fue reelegido con un fuerte respaldo popular derrotando a su contrincante, el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Durante esta etapa consolidó las reformas y cooptó los poderes del Estado, además de la prensa, y se produjeron la mayor parte de los actos de corrupción, especialmente en el proceso de privatización de las empresas públicas.
Renuncia a la presidencia y fuga a Japón
En el 2000 Fujimori se postuló nuevamente, a pesar de que “su” Constitución permitía una sola reelección. Para hacerlo, reemplazó a los miembros del Tribunal Constitucional, aprobó la ley de Interpretación Auténtica de la Constitución y coptó los organismos electorales con el fin de poder hacer un fraude en las elecciones. Su nuevo contrincante, Alejandro Toledo, decidió no participar en la segunda vuelta electoral y se organizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, que partió desde varios puntos del país y convergió en Lima. El objetivo era evitar que Fujimori asumiera la presidencia.
Para entonces, se habían filtrado videos del ex jefe del servicio de inteligencia y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en los que se observaban los sobornos a políticos, jueces y medios de prensa. Es así que aprovechó su participación en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para huir del país con maletas cargadas de videos que incautó de la casa de su asesor, quien ya se encontraba prófugo. El entonces Presidente peruano se asiló en Japón y envió su renuncia por fax al Congreso de la República, la que no fue aceptada. Se lo vacó por incapacidad moral o física permanente.
Desde entonces, y hasta 2005, residió en Japón. Se casó con una joven japonesa y se postuló sin éxito a un puesto en el Senado de ese país. Las ansias de poder lo llevaron nuevamente a la arena política. Decidió entonces regresar al Perú vía Chile, donde fue capturado por agentes de la policía de ese país. Había elegido específicamente Chile como vía para su retorno triunfal, no solo por su vecindad con el Perú, sino porque tenía antecedentes que le permitirían planificar bien su arribo, ya que dos cercanos colaboradores estaban radicados en Chile y los procesos de extradición solicitados desde el gobierno de Perú habían fracasado.
En septiembre de 2007 la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Fujimori por seis de los ocho casos presentados por la fiscalía peruana. Por todos ellos, fue sentenciado a penas que iban entre los 6 a 25 años de prisión. El juicio fue televisado. Millones de personas escucharon el relato de los crímenes y casos de corrupción cometidos bajo sus órdenes. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú lo condenó por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Era la primera vez que un ex mandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. Montesinos fue condenado por delitos similares. Ambos, además, fueron condenados por corrupción, que incluyen soborno a parlamentarios, compra de medios de comunicación, entre otros. El reconocimiento de su culpa redujo las sanciones por esta causa.
Fujimori está sentenciado también por graves violaciones a los derechos humanos: secuestro agravado y autoría mediata de dos masacres (Barrios Altos y la Cantuta) perpetradas por un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, que según la sentencia actuaba bajo órdenes del mandatario. Meses antes del autogolpe, en el distrito de Barrios Altos, en el centro de Lima, un escuadrón del Grupo Colina irrumpió en una fiesta familiar y abrió fuego contra 15 civiles, entre ellos un niño de ocho años, acusados falsamente de ser terroristas. Las investigaciones de estos hechos se detuvieron abruptamente el 5 de abril, día del autogolpe.
Con posterioridad a esa fecha se intensificaron las detenciones ilegales y desapariciones. En julio de 1992, el Grupo Colina arrestó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y, luego de interrogarlos y torturarlos, les dispararon y enterraron sus cuerpos clandestinamente. Los asesinatos fueron revelados casi un año después, por delación de un miembro del ejército.
Después de purgar prisión por más de quince años, sus seguidores pidieron que se le condonara la pena, y ello tuvo lugar en dos oportunidades. El ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le concedió un indulto en 2017 como resultado de una negociación con una facción de congresistas fujimoristas, liderada por su hijo Kenji, para evitar que esa fuerza respaldara en el Congreso el proyecto de vacancia presidencial presentado por el izquierdista Frente Amplio al haberle encontrado a PPK evidencias de corrupción.
Sin embargo, debió regresar a prisión por decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo encontró improcedente, en la misma línea del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2023, la Presidenta Dina Boluarte ejecutó la orden del Tribunal Constitucional –elegido por una alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, que validó el indultó espúreo otorgado por PPK y desacató la orden de la Corte IDH. Se nomina “cerronismo” a una fracción del partido Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año por temas de corrupción.
El legado
La muerte de Alberto Fujimori implica que algunos de los procesos judiciales que debería enfrentar como el asesinato de seis campesinos por el Grupo Colina (caso Pativilca) finalizarán.
En junio de este año, la Corte Suprema de Chile ordenó ampliar la extradición contra Alberto Fujimori por varios delitos, que por las características de su comisión configuran crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran algunas víctimas fallecidas por el caso de las esterilizaciones forzadas.
Al respecto, la Corte describió las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori como “(…) un acto de crueldad extrema y de desprecio por la dignidad de la persona humana, lesivo de valores esenciales que la humanidad ha reconocido para cada ser humano”. En relación a la responsabilidad de Alberto Fujimori en estos hechos, la Corte concluyó que “Existen presunciones fundadas o indicios razonables” de que Fujimori “(…) impulsó una agresiva Política de Planificación Familiar que tenía por objeto aplicar preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbano marginales y de pueblos indígenas, a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de salud. De ello resultaron prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica”.
Estas prácticas afectaron también a hombres, aunque en una menor proporción (20 mil) y constituyeron una violación a los derechos reproductivos de dichas poblaciones. Ikumi es una palabra quechua que significa mujer sin hijos. En el mundo andino, la fertilidad es una condición fundamental para la mujer, así como para la tierra. Hay una estrecha conexión entre ambas: son fuente de vida. Entre los años 1996 y 2000 el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. 272.028 mujeres fueron esterilizadas mediante la ligadura de trompas, un método quirúrgico irreversible. En general, estas practicas quirúrgicas mediate operaciones de ligadura de trompas se realizaban en condiciones precarias sin ningún cuidado del Estado.Cifras oficiales indican que más de siete mil de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad. Manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el Estado.
Este caso de las esterilizaciones coercitivas, continuará, pues hay varios funcionarios públicos enjuiciados. El Estado no ha indeminizado a la víctimas y ni siquiera se ha iniciado el juicio pues no se acogieron las denuncias para iniciar el procso. Recién en 2018 se aceptó la demanda del proceso de investigación y un fiscal acusó a Fuiimori y otros funcionarios del área de Salud, pero el expediente fue devuelto porque la demanda no se adecuaba al nuevo código penal. En febrero de este año la Corte IDH acogió algunos casos. Actualmente se encuentra en investigación.
Asimismo, 15 millones de dólares en concepto de reparaciones al gobierno peruano, que un tribunal le ordenó entregar, quedarán impagos. La ley peruana prohíbe que los familiares paguen las reparaciones civiles del fallecido con sus propios fondos.
Es probable que su hija Keiko intente aprovechar la estela de la muerte de su padre y apostar por cuarta vez a la presidencia. A pesar del cáncer terminal que padecía ella y su padre, habían acordado, hacía apenas dos meses, que Alberto sería el candidato en las elecciones presidenciales de 2026.
El fujimorismo cuenta con el respaldo de un quinto de la población, que no le ha servido a su hija para ganar ninguna de las tres elecciones en las que ha participado (2011, 2016 y 2021), aunque siempre ha pasado a la segunda vuelta electoral para perder por una diferencia mínima frente a sus rivales. La última vez ocurrió con Pedro Castillo y su pataleta la llevó a desconocer las elecciones y acusarlas de fraudulentas. En lo económico, Alberto Fujimori trazó el camino que llevó al Perú por la senda del neoliberalismo que se ha mantenido invariable. Este ha logrado una macroeconomía estable, pero alberga crecientes desigualdades. Las cuentas fiscales se han mantenido en equilibrio a costa de una menor inversión social y a crecientes grados de informalidad laboral. El Estado se ha convertido en una entidad liliputiense desconectada de la ciudadanía. La precariedad de los servicios de salud y educación, los bajos salarios y pensiones, son la contracara de la fortaleza de las finanzas públicas y de la estabilidad monetaria.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994 y asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008. Ha sido Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015.
