En julio pasado, Lidia Monroy una hondureña que vive en Estados Unidos desde 1988 perdió a su segunda hija, de 18 años, en un accidente de tránsito.
A penas empezaba a recuperarse del golpe, cuando cuatro meses después se enteró que también podría ser deportada y separada del único hijo que le queda.
A finales de ese mes la administración Trump anunció la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal -conocido como TPS- para haitianos y nicaragüense y dio un período de seis meses para decidir si renueva o no la protección que este da a miles de hondureños de la deportación, Lidia y su esposo son dos de ellos.
“Me siento triste… frustrada… con miedo porque junto a mi esposo hemos luchado desde que llegamos a esta país por salir adelante, por nuestros hijos y ahora no sabemos qué nos va a pasar… no puedo ni pensar qué voy a hacer lejos de mi hijo”, dijo la mujer.
En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo que Nicaragua ha mejorado las condiciones que motivaron a Estados Unidos a otorgar el estatus de protección para sus ciudadanos. Ahora los 2,500 nicaragüenses amparados al TPS tienen hasta enero de 2019 para “regresar ordenadamente a su país”.
Si la administración Trump decide cancelar definitivamente el programa para el resto de beneficiados, más de 300 mil inmigrantes de El Salvador y Honduras serían afectados. Pero además, esta medida antiinmigrante contra el TPS afectaría a los miles de hijos de centroamericanos nacidos en Estados Unidos.
“El impacto que esto puede tener no es solo para Estados Unidos. Es económico, es humanitario porque habrá separación familiar. Si se activan las deportaciones muchos de los que ahora están protegidos por el TPS podrían ser deportados a sus países, habrá separación familiar y eso también tiene otras consecuencias negativas”, dijo Yanira Arias, de la Alianza Américas en Estados Unidos.
Una vida en Estados Unidos
“Siempre hemos trabajado duro, pagamos nuestros impuestos, pagamos las escuelas de nuestros hijos. Nunca hemos sido una carga para ningún gobierno en este país, tenemos nuestra casa en este país… nuestras vidas están en este país” dijo Lidia consternada ante la situación.
La hondureña ha trabajado por más de 25 años en una empresa de limpieza y lavandería, su esposo empezó trabajando como empleado en una compañía de construcción y ahora tiene su propio negocio en la misma industria, sector que sería el más afectado si el gobierno de Trump cancela el TPS.
Lidia salió de Honduras en 1988, su esposo en 1986. Como la mayoría de inmigrantes, llegaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. “Estaba estudiando y deje la escuela, me vine (a Estados Unidos) con unas amigas… aquí conocí a mi esposo y nos casamos. Después tuvimos a nuestros dos hijos”, recuerda la hondureña.
En 1998 Estados Unidos abrió por primera vez el TPS para los hondureños y nicaragüenses, luego que el huracán Mitch golpeó a algunos países de Centroamérica, empeorando las condiciones de pobreza y dejando más de 5,000 millones en pérdidas en la región.
Para Lidia, su esposo y otros miles de centroamericanos que ya estaban en Estados Unidos el programa, abierto por la administración Clinton, fue un alivio y una oportunidad de mejorar sus condiciones, porque desde entonces han tenido permisos de trabajo. Con un permiso legal de trabajo muchos encontraron empleos dignos y mejores remuneraciones salariales.
Como muchos otros acogidos al TPS, los Monroy con el tiempo pudieron comprar una casa, pagar sus seguros médicos, pagar la educación para sus hijos y ayudar a sus familias en Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Separación familiar
La preocupación y la angustia ante lo que pueda pasar si el TPS es cancelado también alcanza a los hijos de los inmigrantes centroamericanos, que son -por nacimiento- ciudadanos americanos. Edy, el hijo mayor de los Monroy, es uno de estos jóvenes.
“Apenas estábamos reponiéndonos de lo que pasó con mi hermana y luego recibimos la noticia de lo del TPS” dice el joven de 26 años y después de unos segundos de silencia continúa: “no sé cómo sería la vida sin mis padres, ya perdimos a mi hermana y no puedo pensar en la idea de verme solo, sin mis padres”, dijo el muchacho de 26 años.
Continúa: “Los hijos de los tepesianos nacimos en este país. Yo nací aquí, crecí aquí, me he graduado de la universidad… como mis papás he hecho todo para engrandecer nuestro apellido y nuestras raíces y mis padres han invertido toda su vida en Estados Unidos, enferma solo pensar qué puede pasar con ellos”.
Casi el 100% de los inmigrantes que posee TPS tienen más de un hijo nacido en Estados Unidos y muchos de ellos aún son menores de edad y para la mayoría que solo ha visitado una o dos veces la tierra de sus padres, estos países son lugares totalmente desconocidos.
La preocupación más grande los inmigrantes es lo que pueda pasar con sus hijos menores de edad si ellos deben abandonar Estados Unidos.
Cecilia Martínez, salvadoreña que lidera la Alianza por el TPS en el estado de New York, dice que ni El Salvador, ni Honduras cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para proteger a estos niños y jóvenes.
“La situación en nuestros países está fea. No hay seguridad y con eso muchos de nosotros pensamos en que no vamos a llevar a nuestros a vivir ahí y menos por cómo está la seguridad. Muchos de nuestros niños están en la adolescencia y llevarlos allá sería exponerlos ante el peligro de las pandillas y más llegando desde Estados Unidos. Entonces lo que va a pasar es que habrá separación familiar”, dijo la salvadoreña.
Estados Unidos, el gran perdedor
De cancelar el TPS y activar órdenes de deportación para los portadores del permiso, en primera instancia, Estados Unidos tendría que invertir en este proceso 3.1 billones de dólares, de acuerdo al último estudio del Center for American Progress y la Alianza Américas.
Después, la economía de California, New York, New Jersey, Florida, Virginia, Maryland y Texas, estados donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios del TPS, caería drásticamente sin la mano de obra, los pequeños y medianos negocios y las aportaciones de pago de impuestos con las que contribuyen los más de 300 mil inmigrantes acogidos al programa.
“Muchos de los tepesianos trabajan en la industria hotelera, la industria de la construcción y por supuesto en los negocios de la economía local. Todos ellos aportan a estos sectores, aportan al pago de impuesto, de seguro médico, de seguro social, dinero que beneficia a los estadounidenses más que todo”, explica Yanira Arias de la Alianza Américas.
Y en efecto, los últimos estudios realizados Alianza Américas y otras instituciones, determinan que las pérdidas para Estados Unidos sin la contribución de los inmigrantes amparados al TPS podrían ser 428 millones de dólares en salud y seguros médicos, otros 468 millones de dólares en pago de impuestos y unos 60 millones de dólares en el sector de los negocios locales.
El tiempo en contra de los inmigrantes
Muchos de los acogidos al TPS se dedicaron a trabajar todos estos años. Confiaron en que la renovación del TPS sería año con año sin ningún inconveniente y aunque con el triunfo de Trump en las elecciones del año pasado, muchos se imaginaron que el fin del programa estaba cerca, la noticia de la cancelación del beneficio para algunos inmigrantes les tomó por sorpresa.
“En parte sabíamos que esto iba a suceder y siento como que si este gobierno de Estados Unidos me está quitando a mi familia. Mis papás se dedicaron a trabajar y cuando empezamos a ver las opciones y a consultar con abogados, nos dimos cuenta que se necesita mucho tiempo solo para llenar y meter las aplicaciones… luego pasó el accidente de mi hermana y no pudimos continuar activos en ese proceso!, dice Edy, sobre la situación de sus padres.
Lidia, dice que en 2005 tramitó la residencia en intento para cambiar su estatus. Sin embargo, aunque cumplía con la mayoría de los requisitos, su petición fue negada porque fue presentada antes del período en el que debía hacerlo.
“Hice todo el trámite, seguí todas las indicaciones que me dieron pero al final me dijeron que no podía aplicar a la residencia porque cuando presenté todo me faltaban dos días para cumplir siete años en el país y debía hacerlo después de haber cumplido esos siete años”, dijo la hondureña.
Como si fuera poco, muchos de los amparados al TPS han sido víctimas de abogados que se hacen pasar por expertos en el tema migratorio. Muchos inmigrantes afirman que durante años pagaron miles de dólares a algunos abogados para buscar alternativas y ahora han descubierto que los procesos que supuestamente iniciaron nunca existieron.
“Todos los tepesianos han sido afectados por esto, porque hay muchos abogados que toman casos pero no saben nada sobre las leyes de migración del país. Muchos abogados se han aprovechado de la situación y de los inmigrantes. Tanto los tepesianos como sus hijos necesitamos estar bien informados y leer sobre las leyes, porque hay posibilidades pero el tiempo está en nuestra contra”, dice Edy.
La unión hace la fuerza
Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el temor y la incertidumbre sobre lo que pasaría con el TPS creció entre la comunidad centroamericana que vive en Estados Unidos. Los inmigrantes se han organizado para buscar apoyo entre los congresistas en el Senado y además han realizado campañas de información ante lo que puede venirse si el Gobierno estadounidense cancela definitivamente el programa.
Aunque aún se desconoce cuál será el destino del TPS para los inmigrantes de El Salvador, el grupo que más activo ha sido es el de los salvadoreños, quienes han promovido dos visitas al congreso para pedir no solo el apoyo al TPS, sino también opciones para que los tepesianos puedan obtener la residencia definitiva en el país.
“Nuestra lucha es por la defensa del TPS y por el camino a la residencia. Muchos de nosotros complimos con los requisitos, hemos contribuido no solo a la economía del país. Creemos que ya es tiempo de que se abra el camino para todos los tepesianos para tener la residencia porque la merecemos”, dice Cecilia Martínez, coordinadora del Alianza por el TPS de New York.
En junio una delegación de representantes de los inmigrante viajó a Washington para reunirse con varios congresistas y pedir el apoyo para el TPS y para el camino a la residencia y se espera otra visita para los próximos días en donde también se ha convocado a una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca en la que participarán organizaciones sociales y activistas del todo el país.
“Muchos estamos trabajando duro desde junio pasado por todos los que estamos amparados al TPS. Ya es tiempo que nos otorguen la residencia, tenemos negocios que contribuyen a la economía, contribuimos al bien de este país y de nuestros países. No somos delincuentes y por eso estamos todos unidos”, dijo Edwin Murillo coordinador de la Alianza por el TPS de Texas.
Se espera que la administración haga el anuncio sobre la decisión de renovar o no el TPS para más de 200 mil salvadoreños en enero próximo y en unos seis meses más deberá hacerlo con los hondureños y aunque el panorama no es alentador para todos los amparados a este programa, esperan la intervención del congreso para influir en esta decisión.
