Aunque el expresidente Francisco Flores acusado de robar de $15 millones donados por el Gobierno de Taiwán para los damnificados del terremoto que afectó al país en 2001 irá a juicio, los salvadoreños han perdido la confianza en el sistema judicial del país porque una Cámara decidió que Flores puede salir de las bartolinas de la Policía para esperar en su casa la fecha en la que se determinará si es culpable o no de los tres cargos que enfrenta.
La opinión de los salvadoreños no se hizo esperar cuando los magistrados de la Cámara confirmaron su decisión de permitir que el expresidente regresara a su residencia. Los ciudadanos expresaron su inconformidad, rabia y rechazo a la resolución públicamente en las redes sociales porque el proceso en contra del expresidente Flores había sentado un precedente por ser el primer caso de corrupción de un funcionario público en ser admitido ante las leyes salvadoreñas.
“La justicia en mi país está prostituida y se inclina la balanza para quienes tienen mejores posibilidades. No tengo confianza alguna y la decisión de permitir que el expresidente regrese a su casa me da asco y vergüenza”, dijo Rafael Quiñónez, un empresario salvadoreño que reside en la capital.
En enero de 2014, el expresidente Flores compareció ante una comisión especial del Parlamento salvadoreño que investigaba su caso. En un interrogatorio que duró varias horas, Flores aceptó bajo juramento que recibió varios cheques a nombre personal del Gobierno de Taiwán que sumaban “unos 15 o 20 millones de dólares”.
En el fallo del 3 de diciembre pasado, el juez Miguel García Argüello ordenó un juicio, impuso nuevos cargos por lavado de dinero y envió al expresidente a una cárcel de la Policía, porque a su juicio hay suficientes elementos para probar que Flores cometió los delitos de los que se le acusan y aumentó su patrimonio por más de $333,104. El juez determinó también que Flores “ocultó el dinero y lo transfirió a una cuenta del partido de derecha ARENA, actuando de forma dolosa”.
“El procesado gestionó fondos que no fueron utilizados para el destino por los que habían sido donados, y no dio cumplimiento al procedimiento legal y supuestamente se apropió de dineros que recibió a título personal”, dice el documento oficial del juzgado.
Luego del fallo, el expresidente Flores fue trasladado a una bartolina, una pequeña cárcel de la División Anti Narcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) adecuada especialmente para el expresidente, en la que no tenía ningún contacto con ningún detenido y que además contaba con las condiciones para mantener a un exfuncionario de la talla de Flores.
Sin embargo, dos semanas después los magistrados de la Cámara ordenaron que el expresidente fuera traslado a la brevedad posible a su residencia bajo custodia policial para esperar el juicio en su contra que fue programado para el 18 de enero de 2016. Además anularon la acusación de lavado de dinero que había sumado el juez Argüello.
En el documento judicial, el juez del caso recomienda a la Fiscalía que las investigaciones alcancen y deriven en acusaciones judiciales contra las personas que recibieron el dinero desviado por el expresidente y que abrieron cuentas bancarias para transferir los fondos donados por Taiwán. Además, que la Fiscalía presenten los Reportes de Operaciones Sospechosas (conocidos como informes ROS) solicitados hace más de un año al gobierno de Estados Unidos para analizar los movimientos financieros del expresidente Flores en ese país que dieron paso a la investigación.
El caso ha alcanzado también a otros personajes de la política salvadoreña. En el fallo, el juez insta a la Fiscalía para que incluya como testigos probatorios al también expresidente Elías Antonio Saca, quien fue presidente de ARENA durante el gobierno de Flores, y Juan Tennant Wright, miembro de la alta dirigencia del partido de derecha.
El expresidente Flores regresó a su residencia tres días después de que la Cámara le concedió el arresto domiciliar. Al siguiente día, el Ministerio Público informó que Flores había sido trasladado a
un hospital privado por complicaciones de salud. Yanira Chicas, una de los defensores de Flores, confirmó a la prensa local el traslado y dijo que “el deterioro de salud de exesFlores es consecuencia del encierro” de 18 días que estuvo en la cárcel de la Policía.
Durante la etapa de investigación del caso, los abogados querellantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) criticaron fuertemente la postura poco comprometida de los fiscales del caso y dijeron que el fiscal general, Luis Martínez, se dedicaba a intimidar al grupo de abogados para evitar que señalaran las irregularidades cometidas por la institución para la presentación de pruebas y testimonios.
“Los querellantes hemos sido objetos de intimidaciones durante el proceso, encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades y las acciones negligentes de la Fiscalía en la investigación de los delitos atribuidos al expresidente Flores. Los querellantes no hemos tenido acceso a la información contenida en los reportes de operaciones sopechosas. Las intimidaciones han ido desde amenazas con posibles acciones penales para los querellantes, por lo que hemos avisado a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Corte Suprema”, dijo al Programa de las Américas la abogada Loyda Robles de FESPAD.
Desde que el expresidente Flores fue acusado ante los tribunales salvadoreños sus abogados defensores argumenta que no hay ni testigos, ni cheques, ni otros documentos que demuestren que expresidente recibió, endosó y malversó los fondos en cuestión que recibió directamente del gobierno de Taiwán.
“No hay ningún testigo, ningún documento que indique que el dinero fue entregado. Él no abrió las cuentas, él no depositó el dinero”, dijo el abogado defensor, Edgar Morales Joya en conferencia de prensa. “El sistema de justicia del país está funcionando pero el hecho de abrir un juicio no quiere decir necesariamente que habrá una condena”.
En un caso similar, en septiembre de este año, el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina se entregó al Ministerio Público para ponerse a disposición de las autoridades de su país que investigan el caso de corrupción conocido como “La Línea” en el que Pérez Molina es vinculado y señalado.
Para evitar un peligro de fuga, el juez del caso ordenó prisión preventiva para el expresidente Pérez Molina y lo envió a una cárcel en la capital guatemalteca para que ahí continúe el proceso y espere la fecha de la siguiente diligencia. Pérez Molina renunció a la presidencia como resultado del proceso legal y la movilización ciudadana.
El resumen del caso
El caso Flores fue destapado en octubre de 2013 por el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes. En su programa radial, Funes dijo que su gobierno había sido informado por el gobierno estadounidense sobre una investigación por lavado de dinero en contra de un expresidente y varios exfuncionarios de gobierno.
Funes dijo que tenía una copia del informe ROS redactado en Estados Unidos y presionó para que la Fiscalía salvadoreña abriera una investigación en el país y acusara al expresidente Flores bajo sospechas de cometer por lo menos ocho delitos contra el Estado salvadoreño, incluidos los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“Hay una investigación legal que ha detectado un reporte de actividades sospechosas y dos reportes de traslados internacionales de dinero a nombre del expresidente Francisco Flores Pérez”, dijo el entonces presidentes Mauricio Funes en su programa de radio que salía al aire todos los sábados durante su gestión.
En diciembre de ese mismo año, el Parlamento salvadoreño creó una comisión especial para investigar el caso. Un mes después, el expresidente Flores fue citado por el Parlamento para ser interrogado sobre la entrega y el uso de los fondos donados por la cooperación internacional.
“Yo nunca deposité un cheque de la cooperación Taiwán en ninguna cuenta. Yo recibí fondos de forma directa y personal incluso cuando ya no era presidente”, dijo Flores al ser cuestionado por los diputados de la comisión especial.
El primer interrogatorio fue suspendido por razones de tiempo y los diputados citaron al expresidente para una ronda de preguntas. Sin embargo, Flores no regresó al Parlamento. Los diputados presentaron sus conclusiones a la Fiscalía y pidieron al fiscal general que solicitara una orden de captura para el expresidente por desobediencia a las autoridades, por haberse negado a continuar respondiendo el interrogatorio de la comisión especial.
El 6 de mayo de 2014 se giró una orden contra el expresidente Flores y además se giró una difusión roja en la INTERPOL, ya que Flores se mantenía prófugo de la justicia. Cuatro meses después, en septiembre, Flores se entregó voluntariamente al juez del caso y por el acto se le concedió arresto domiciliar. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de El Salvador informaron que por la medida el Estado salvadoreño debía invertir alrededor de 800 o 900 dólares diarios para mantener custodiado al expresidente en su residencia y solicitaron al juez Italmir Orellana que revocara la medida y ordenara el traslado del expresidente a una cárcel de la Policía, pero las peticiones no fueron escuchadas.
El expresidente Flores continúa bajo arresto domiciliar a la espera de que se realice el juicio en su contra por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares que realizará el 18 de enero de 2016.
