Inocente Montano, exministro de Defensa de El Salvador, militar retirado y ex miembro de uno de los comandos más sanguinarios que operó durante la guerra civil salvadoreña de la década de los 80, se convirtió en el primer hombre condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La condena marca un hito en la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra ocurridos en El Salvador. La justicia fue negada en este país y ha sido encontrada la justicia penal, al menos para uno de los responsables. Es la primera vez que estos crímenes del conflicto son tratados en un proceso penal hasta llegar a una condena”, señaló David Morales, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal.
Montano recibió en España una sentencia histórica de 133 años, por la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos colaboradoras salvadoreñas que trabajaban en la Universidad Centroamericana (UCA), asesinados brutalmente en el recinto universitario por un comando militar la noche del 16 de noviembre de 1989.
“La sentencia, presenta la verdad que ha sido reconstruida a través de muchos testimonios, estudios realizados por investigadores, académicos, peritos, incluso por participantes en el crimen que han tenido el valor de contar la verdad”, dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva, en una conferencia de prensa en San Salvador, luego de conocerse la condena.
El exmilitar salvadoreño vivía en Estados Unidos, y en 2017 fue extraditado a España para responder por el crimen. Es el único, de 17 acusados presentado y condenado por la justicia española, desde que el juez Eloy Velazco ordenó procesar a los exmilitares salvadereños por asesinato terrorista y crímenes contra derechos humanos en 2011.
Tras la emisión de las órdenes de captura y extradición solicitadas por la Audiencia Nacional de España, donde se instaló el caso, los tres gobiernos de El Salvador informados del proceso, se negaron o guardaron silencio ante las solicitudes de colaboración de las autoridades españolas.
“El proceso llevado a cabo en la Audiencia Nacional de España, ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada de El Salvador funcionó desde el poder, como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía”, dijo la congregación jesuita en un comunicado difundido la semana pasada.
En el alegato final de la audiencia, Montano culpó del crimen a los soldados que participaron en la intervención de la Universidad la noche de la masacre. El exministro eximió de toda responsabilidad al grupo “La Tandona”, conocido por ordenar asesinatos de opositores y además, señalados en el Informe de la Verdad, como los responsables de la masacre de los jesuitas.
Para las autoridades españolas, Montano, la cúpula militar de la Fuerza Armada salvadoreña de ese entonces y el primer presidente del partido derechista ARENA, Alfredo Cristiani, son los responsables de planear y ordenar la masacre. España también solicitó la extradición del expresidente Cristiani, pero hasta la fecha las autoridades salvadoreñas guardan silencio.
Los testimonios de dos salvadoreños que se habían refugiado en la Universidad, fueron los primeros que ayudaron a reconstruir el crimen. Además, los documentos desclasificados, con la ayuda de una profesora de la Universidad de Stanford y de una analista política de Estados Unidos, presentados como parte de las pruebas, contribuyeron a que las autoridades españolas llegaran hasta los responsables.
El proceso judicial instalado en la Audiencia Nacional de Madrid, inició tras la denuncia de los familiares de Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López, Joaquín López y López, en 2011. Los demandantes también incluyeron a Elva y Celina Ramos, como parte de las víctimas del crimen.
Justicia salvadoreña en deuda
Después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña, en 1993 el informe de la Comisión de la Verdad señaló como responsable de la masacre de los jesuitas y sus colaboradoras al alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador. Además, esa Comisión señaló que algunos políticos y abogados, obstaculizaron el trabajo y la información para llegar hasta los responsables de este caso.
“La sentencia es un claro mensaje en el que debe verse reflejada la justicia salvadoreña. En El Salvador, los responsables por el asesinato de los jesuitas, de Elva y Celina han sido protegidos por el poder judicial y también la Fiscalía, han protegido a los criminales. Tuvimos un tribunal que rechazó la posibilidad de investigar judicialmente el caso, argumentando prescripción”, dijo el director de Cristosal.
En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también señaló al Estado salvadoreño por el crimen de los sacerdotes españoles y las dos colaboradoras salvadoreñas. Y según la UCA, con el proceso en España, ha quedado en evidencia la impunidad que aún existe en el país centroamericano.
“Ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado Salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”, señaló la UCA tras el fallo.
En El Salvador, el proceso judicial que se inició y se cerró solo con la condena de dos soldados por el crimen, y que fue reabierto, por ahora está congelado, por la desidia de las autoridades salvadoreñas. Después de la condena de Montano, el fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, no se refirió ni al caso, ni al resto de los señalados por las autoridades españolas como responsables del crimen.
Melara se limitó a decir que la sentencia “genera un paso histórico para que podamos tener información”.
De acuerdo a los sendos documentos del caso, desclasificados y otros obtenidos por abogados y periodistas, el asesinato de los jesuitas fue ordenado por el alto mando militar salvadoreño, por ser considerados como una amenaza terrorista. En los documentos el ex teniente Guillermo Benavides, dijo que recibió la orden de matar a Ignacio Ellacuría, por haberse convertido en alguien peligroso para los intereses de los militares.
Negativa a abrir archivos militares
Después de la firma de los acuerdo de paz, en 1992, Nayib Bukele es el único presidente que prometió abrir los archivos militares de la guerra. Sin embargo, el discurso dista de los hechos. Desde 2019, organizaciones civiles, de derechos humanos y hasta un juez, han hecho múltiples solicitudes al presidente para que cumpla su promesa y abra los documentos.
Según dijo el viceministro de Defensa, Ennio Rivera, en julio del año pasado, el presidente Bukele, “está presto a colaborar para que se apoye en las investigaciones, pero no es que haya una directriz específica, de entregar archivos, en casos en particular”.
En septiembre del año pasado, el juez salvadoreño Jorge Guzmán, ordenó al presidente Bukele entregar los documentos militares de la masacre de El Mozote, en la que la Fuerza Armada masacró en 1981 a unas mil personas en un poblado de la zona rural del oriente del país. Pero ahora, Bukele dice que no existen archivos militares.
“Continuar negando el acceso a quienes buscan verdad, justicia y reparación a los archivos de las fuerzas armadas involucradas en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado, es una acción parcializada. Es estar a favor de la impunidad”, señaló en una publicación Celia Medrano, de Cristosal.
En 2016 la Corte Suprema de Justicia salvadoreña derogó la Ley de Amnistía, aprobada por diputados de izquierda y derecha en la década de los 90. Los casos que pueden ser reabiertos por la justicia salvadoreña, incluyen el asesinato del obispo mártir, Oscar Arnulfo Romero y la masacre de los jesuitas. Sin embargo, ninguna autoridad del Ejecutivo o del Legislativo ha mostrado disposición para reabrir estos casos.
