Hace 28 años cuando la guerra civil en El Salvador estaba en su peor momento, seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, fueron brutalmente asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en San Salvador.
Esta semana en medio de la conmemoración del martirio de los jesuitas y las dos mujeres, el país recibe una noticia esperada: Estados Unidos aprobó la extradición de Inocente Montado, exministro de Defensa acusado de comandar al batallón que el 16 de noviembre de 1989 mató salvajemente a los religiosos y las dos colaboradoras.
“Este es un reconocimiento a nuestros mártires (los jesuitas) que entregaron sus vidas a causa de defender los derechos humanos. Porque ellos fueron defendieron los derechos humanos en El Salvador y los promovieron. Ellos fueron personas que pusieron a la universidad al servicio del cambio de nuestra sociedad para que fuera una sociedad que respetara la dignidad humana”, reaccionó Andreu Oliva, rector de la UCA, a la noticia.
La Corte Suprema de Estados Unidos informó sobre la decisión, luego de rechazar, una vez más, la petición del abogado Montano.
La noticia se ha corrido como pólvora. Pues, la masacre de los jesuitas es uno de los principales casos internacionales en que la justicia de España ha intentado sentar en el banquillo de los acusados a militares que comandaron despiadados crímenes en Latinoamérica.
De acuerdo a la información oficial de la Corte Suprema norteamericana, el ex ministro militar puede ser extraditado a España en cualquier momento. Montano, de 76 años, había permanecido durante los últimos meses en una prisión de Greenville, en Carolina del Norte por el proceso y la solicitud de la extradición de la justicia española hecha en 2011.
Documentos de la corte de Madrid, donde está el caso, otros documentos recientemente desclasificados por Estados Unidos y algunas notas de ex miembros del Estado Mayor salvadoreño, señalan al ex coronel de la Fuerza Armada de El Salvador, por haber comandado y ejecutado la misión del batallón Atlacatl durante la operación para asesinar a los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras.
Estados Unidos, señalado por años de financiar a la Fuerza Armada salvadoreña, consideró que hay evidencias suficientes para comprobar que Montado jugó un papel importante en la masacre de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Elba y Celina Ramos.
Los jefes militares del ejército salvadoreño pusieron en la mira a los jesuitas por considerar que eran parte del grupo intelectual que movía a la guerrilla salvadoreña. La Fuerza Armada de El Salvador intentó culpar a la misma guerrilla por la masacre, pero el escándalo internacional fue tan grande que muchos sectores presionaron para que Estados Unidos retirara el apoyo al gobierno salvadoreño del expresidente de la extrema derecha Alfredo Cristiani.
Entrenado en la Escuela de las Américas
Montano, un militar de carrera, que fue parte del grupo que se encargó de mantener la hegemonía en las fuerzas armadas salvadoreñas conocido como “La Tandona”, fue entrenado en la famosa Escuela de las Américas y en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Fue ministro de Defensa desde junio de 1989 hasta marzo de 1992. Después de la Firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla, La Comisión Interamericana de la Verdad, lo señaló en su informe de haber estado presente en la reunión entre los jefes de la Fuerza Armada Militar donde se decidió asesinar a los jesuitas.
Este informe, también señala a los jefes de la Fuerza Armada salvadoreña René Emilio Ponce, Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda y el mismo Inocente Montando como los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas.
Además, en documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, Montano también es señalado por otros crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, torturas y masacres ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño que dejaron cientos de civiles muertos y desaparecidos.
En 2001, ingresó a Estados Unidos con visa de turista y poco tiempo después, fraudulentamente -según autoridades norteamericanas- se acogió al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS y se radicó en Boston, intentando esconderse de su pasado.
En el 2011, la Audiencia Nacional de España, ordenó la búsqueda y captura de varios ex militares que participaron en crímenes de guerra en Latinoamérica, entre ellos Montano. Al siguiente año, el ex coronel salvadoreño rendía cuentas ante la justicia norteamericana por el fraude migratorio que cometió para quedarse en el país y se declaró culpable.
Un año más tarde, en 2013, Estados Unidos realizó una audiencia por su participación en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En medio de esta situación, en 2014 el juez español Eloy Velasco, anunció que España continuaría el proceso por el caso de la masacre de los sacerdotes y las dos colaboradoras.
Y tres años después, tras varias negativas a sus apelaciones y declaraciones en las que Montano se declaró inocente de los crímenes de guerra y de su participación en el asesinato de los jesuitas, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la extradición del militar salvadoreño, por considerar que hay suficientes pruebas para incriminarlo en los casos.
El Salvador negó la justicia
En enero de 2016, el juez español, Velasco, ordenó la captura de 17 militares por el crimen de los jesuitas. Y aunque la orden llegó a manos de la INTERPOL, en El Salvador, los militares guardaron “prisión” en una base militar.
Las autoridades salvadoreños dejaron en las manos de la Corte Suprema del país la decisión de la extradición de los militares, que estuvieron amparadas por años bajo la Ley de Amnistía salvadoreña.
En agosto de ese misma año, la Corte Suprema de El Salvador, resolvió negar la solicitud de extradición hecha por el juez Velasco de España. El abogado de los militares se limitó a decir en una conferencia de prensa en territorio salvadoreño que “la decisión ya estaba tomada” y pocas horas después los detenidos fueron liberados.
La Ley de Amnistía que estuvo vigente desde 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz y protegió a militares, paramilitares y miembros de la guerrilla de juicios por crímenes de guerra. Pero fue derogada en julio de 2016, luego que la Corte Suprema dictara que su aplicación era contraria al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de los 80.
“Aquí para nosotros el caso jesuitas está cerrado. Aquí (en El Salvador) los militares no tienen ninguna restricción”, dijo el magistrado de la Corte Suprema, Ulises del Dios, cuando la entidad resolvió negar la extradición de los militares.
Y es que, en 1991 las autoridades salvadoreñas realizaron un juicio en el que se condenó solo a dos militares por el asesinato de los jesuitas, los otros 17 que fueron acusados quedaron absueltos de cargos. Dos años después, tras la instalación de la Ley de Amnistía, estos dos militares quedaron en libertad por la aplicación de la ley.
Tras la eliminación de la ley se ordenó la detención del ex coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los condenados por el crimen en 1991, quien había sido deportado de Estados Unidos pocos días antes, por su participación en crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos.
El exmilitar fue enviado a la cárcel para continuar cumpliendo la pena impuesta en el juicio por la masacre de los jesuitas en 1991, antes que fuera aprobado el perdón con la Ley de Amnistía.
Y, según documentos de la Corte de Madrid, España, el otro militar que fue condenado por la masacre, Yushi Mendoza, está colaborando con las autoridades españolas en el caso.
Mientras tanto, en El Salvador, el abogado del Instituto para Derechos Humanos de la UCA, Manuel Escalante reaccionó a la noticia de la aprobación de la extradición del ex coronel Montando y dijo que la Compañía de Jesús (nombre de la comunidad Jesuita) hará lo posible para que se abra el caso y se haga justicia en el país centroamericano.
“El efecto inmediato es que habrá un juicio en España contra Inocente Montano. Se podrá cambiar la impunidad histórica y si es condenado se conocerá cómo sucedieron los hechos. En El Salvador los defensores de las víctimas y las víctimas vamos a pedir justicia. Vamos a pedir la reapertura del juicio para que se haga justicia”, dijo el abogado.
