Por Raúl Zibechi
Desde el 26 de abril rige el estado de excepción en cinco departamentos del norte, que representan un tercio del territorio de Paraguay. El argumento del gobierno es la existencia de guerrillas, algo que nunca pudo probarse. Lo cierto es que existen hechos de violencia por parte de mafias que el Estado pretende resolver a través de la militarización.
“Hay riesgo de colombianización de Paraguay”, dijo José Sarney, ex presidente de Brasil, actual presidente del Senado y firme aliado de Lula[1]. “No hay más espacios para rupturas institucionales o golpes de Estado. La posición firme de Brasil y Paraguay sobre el golpe en Honduras deja claro que no acordamos con cuartelazos explícitos o mal disfrazados”, dijo el presidente Lula pocos días después durante una reunión con el presidente paraguayo Fernando Lugo[2]. “El que quiera probar la fuerza de las organizaciones sociales, que se anime”, desafía el dirigente campesino Luis Aguayo[3].
¿Qué está sucediendo en Paraguay? ¿Hay algún tipo de golpe de Estado en marcha o alguna forma de desestabilización del gobierno de Lugo? ¿Qué razones llevaron a su gobierno a instaurar el estado de excepción en un tercio del país? ¿Existe, como se asegura, un grupo guerrillero tan activo que justificaría esa medida?
Muchas dudas, pocos argumentos
El 26 de abril entró en vigor por 30 días el estado de excepción en cinco departamentos: Concepción, San Pedro y Amambay, en la región oriental, y Presidente Hayes y Alto Paraguay en la región occidental. Los cinco departamentos pertenecen al norte del país y dos de ellos (Concepción y Amambay) son fronterizos con Brasil. Son los departamentos en los que históricamente se ha concentrado la lucha campesina por la tierra y la reforma agraria, pero son también el epicentro de la violencia actual, protagonizada por mafias de contrabandistas y narcotraficantes, a menudo protegidos por policías y ganaderos que tienen sus propias bandas armadas.
En los once primeros días de suspensión de algunos derechos fueron detenidas 84 personas, 34 de las cuales tenían orden de captura. Un dato llama la atención: todos los detenidos fueron apresados por falta de documentación en regla y por delitos de estafa y abuso sexual pero ninguno por estar vinculado con grupos armados[4]. Recién el 6 de mayo se habría detenido a un miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el supuesto grupo armado cuyas acciones llevaron al gobierno a implantar el estado de excepción, pese a que se movilizaron unos tres mil soldados.
Se atribuye al EPP el secuestro del ganadero Fidel Zavala, el 16 de octubre de 2009 en Concepción, que causó gran conmoción en el país. Zavala fue liberado 94 días después, a mediados de enero. Pero fue la muerte de cuatro policías en Arroyito, también en el departamento de Concepción, lo que parece haber decidido al gobierno a tomar esta radical medida. Dos días después de que entrara en vigor, el senador liberal Roberto Acevedo fue emboscado y atracado a balazos en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en el vecino departamento de Amambay, siendo muertos su chofer y su custodio.
Casi dos semanas después del grave atentado, el senador Acevedo asistió al parlamento donde lanzó una fuerte acusación contra el jefe policial de la zona de Pedro Juan Caballero, asegurando que recibió 50 mil dólares de los narcotraficantes para que libere la zona y puedan cometer el atentado. “Ellos pagan 5 mil dólares después de cada asesinato. En mi caso fueron 50 mil”[5]. Agregó, en referencia a los narcotraficantes: “A ellos no les importa el estado de excepción. Son más poderosos que la policía”[6].
Aunque el jefe policial negó las acusaciones, el senador insistió en que los narcos paraguayos y brasileños trabajan juntos y que se escudan en el PCC (Primer Comando Capital, de Sao Paulo). Las acusaciones del senador Acevedo son creíbles, lo que no quiere decir que sean verdaderas, ya que desde mucho tiempo atrás existen lazos entre narcotraficantes y policías. En todo caso, este hecho no sólo confirma el clima de violencia que se vive en los departamentos del norte, sobre todo en los fronterizos con Brasil, sino la confusión reinante sobre los autores de los hechos de violencia.
¿Guerrilla, narcos o mafias?
La existencia del EPP es, evidentemente, poco clara. En caso de existir, se trata de un grupo guerrillero atípico: no se le conocen documentos doctrinarios ni programáticos; no se saben sus antecedentes; sus dirigentes serían personas desconocidas, con trayectorias poco claras. Analistas paraguayos estiman que realmente no existe, sino que se trata de grupos mafiosos que realizan extorsiones y que en algunas ocasiones utilizan argumentos “políticos”. Pero aún en caso de existir, el EPP tendría entre diez y quince integrantes.
Los grandes medios de comunicación y líderes políticos como el presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, estiman que el EPP realmente existe y que tiene vínculos con los narcotraficantes, algo similar a lo que -dicen- sucede con las FARC de Colombia. Algunos mandos policiales aseguran que miembros del EPP han sido entrenados por la FARC y que en el norte tendrían “zonas liberadas” donde no llega la policía ni el Estado. El ex presidente Nicanor Duarte llegó a vincular a los supuestos guerrilleros con Lugo, con el argumento de que fue obispo en San Pedro, uno de los departamentos en los que habría miembros del EPP.
Uno de los hechos que mueve a confusión, es que los departamentos donde operaría la guerrilla son justamente el epicentro de la lucha por la tierra y donde más movilizaciones campesinas se han registrado. Según la Coordinadora de Derechos Humanos (CODEHUPY) en Paraguay es asesinado un campesino cada 22 días en los últimos 20 años. Son, también los departamentos donde los ganaderos han creado grupos paramilitares que han asesinado gran cantidad de dirigentes sociales.
Pero hay un hecho más importante aún. Muchos ganaderos de esas regiones distantes de Asunción, donde la presencia del Estado es mínima, realizan actividades ilícitas, ya sea el contrabando a Brasil o cultivos de marihuana o ambas cosas. Los límites entre cada actividad parecen muy delgados, en un clima de gran informalidad y mucha violencia.
Pero hay otras voces que dicen lo que muchos creen. Monseñor Melanio Medina, obispo de Misiones y Ñeembucú, el religioso más cercano al presidente Lugo, cree que la declaración del estado de excepción es exagerada y que el EPP en realidad no existe. Sostiene que la pretendida guerrilla son “grupos delincuenciales” que aprovechan la ocasión para robar y secuestrar y que “están asociados con los narcotraficantes y narcoganaderos”[7].
A la vez que asegura que hay fuerzas que quieren truncar el proceso de cambios, el obispo dice que los supuestos guerrilleros “no son ejércitos constituidos, sino grupos que actúan muy bien porque están amparados”, en regiones enteras donde “hay una total ausencia de Estado”. De alguna manera el obispo aborda un tema central: Paraguay es un país donde el Estado está ausente en grandes zonas, lo que facilita la acción de grupos mafiosos.
La segunda reflexión importante proviene de Brasil, país que tiene una enorme influencia en Paraguay. Marco Aurelio García, asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, dijo en un seminario en Sao Paulo: “Esto de la guerrilla paraguaya es una pieza de ficción. Una broma. No son más de veinte militantes y eso lo dicen las mismas autoridades paraguayas. Para Brasil no tiene mayor significado, pero nuestra Policía Federal está colaborando con las investigaciones”[8]. Esa frase dicha por la mayor autoridad en política exterior de un país como Brasil, merece ser tenida en cuenta.
El mismo día el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, coincidió con García al señalar que la supuesta guerrilla paraguaya “es una situación exagerada en términos de prensa”[9]. Sin embargo, algo hay. Y ese algo quien lo revela sutilmente es una vez más Brasil. Vale la pena recordar que para Brasil la seguridad paraguaya es un asunto de Estado: el 20% de la energía que consume proviene de la represa binacional de Itaipú; por otro lado, no puede permitir que se abra un frente de inestabilidad en esa zona cuando está intentando resolver los problemas que derivan de la guerra colombiana y de la inestabilidad Colombia-Venezuela-Ecuador.
Por eso Lula fue hasta la ciudad de Ponta Pora, estado de Mato Grosso, fronteriza y hermana de la paraguaya Pedro Juan Caballero el 3 de mayo para reunirse con Lugo. Recordar que allí había sido atacado el senador paraguayo Roberto Acevedo, hecho pro el cual están detenidos dos brasileños. El tema de la seguridad desplazó la cuestión energética que ambos están negociando. Lula anunció que Brasil instalará once nuevas bases policiales en la frontera y dijo la frase clave: “No hay más espacios para rupturas institucionales o golpes de Estado”[10].
Presidente Lugo: bajo mucha presión
La pregunta obligada es si hay fuerzas que están buscando desestabilizar al gobierno de Lugo. Es evidente que sí. Desde que llegó al gobierno hace dos años, el presidente Lugo tiene un punto débil, o mejor dos: su fuerza política está en ínfima minoría en el parlamento y depende del apoyo de su principal aliado, el Partido Liberal. Segundo: el vicepresidente Federico Franco es liberal y tiene fuertes diferencias con Lugo, de modo que un juicio político contra Lugo dejaría el gobierno en manos de sus aliados, quitan a la izquierda del medio. Por eso Lula alertó contra golpes de Estado “explícitos o mal disfrazados”.
Si hasta ahora no se ha producido un golpe estilo Honduras, es porque amplios sectores de la población, muy en particular los campesinos organizados en movimientos sociales, resistirían esa posibilidad generando un clima de ingobernabilidad. Es posible que algunas personas que integran el EPP hayan tenido en el pasado algún vínculo con la diócesis de San Pedro, donde Lugo era obispo, y que la oposición planeara divulgar que existen vínculos entre los guerrilleros y el presidente como forma de auspiciar su destitución. Y, quizá por eso, Lugo tomó una medida tan radical.
El militarismo a debate
No hay nada mejor que el paso del paso del tiempo para echar luz sobre las cuestiones opacas. Lugo tiene facultades para instaurar el estado de excepción por decreto, pero prefirió recurrir al parlamento, que lo votó por unanimidad, para asegurarse amplio respaldo político. Sus argumentos fueron transparentes. “El objetivo principal del estado de excepción es capturar a los miembros del EPP”, dijo en rueda de prensa. Días después el vicepresidente filtró a la prensa las palabras del general Oscar Velásquez, encargado del operativo militar en el norte, en el gabinete: “La idea no es capturar a los miembros del EPP sino devolver la seguridad a la población”[11].
Los cinco departamentos donde se aplica el estado de excepción son los más pobres del país. La respuesta del gobierno a lo que puede leerse como una crisis de seguridad presta especial atención a la cuestión social. Ahora se decidió movilizar a los ministerios de Salud, Educación y la Secretaría de Acción Social para atender a la franja más pobre de los 800 mil habitantes de esos departamentos. En el área de salud se anunciaron inversiones en la red de servicios sobre todo en San Pedro y Concepción. En Educación se anunció la reparación de 257 escuelas, la entrega de kits escolares y profundizar la formación de los docentes. Acción Social asistirá a 200 mil familias (hasta ahora llega a 115 mil), o sea un millón de personas, uno de cada cinco paraguayos, con transferencias monetarias[12].
Además Lugo citó a palacio a las organizaciones derechos humanos y a dirigentes campesinos para explicarles el estado de excepción. Ambos sectores se habían mostrado contrarios a la decisión por considerar que facilitará las permanentes violaciones por los cuerpos de seguridad y porque tiende a criminalizar la protesta social. Juan Martens, abogado de CODEHUPY, dijo que implantar el estado de excepción “fue un intento desesperado de llevar tranquilidad a la oligarquía ganadera”[13].
Para CODEHUPY, en la medida que el estado de excepción es una figura constitucional que se puede aplicar en caso de “conflicto armado internacional y grave conmoción interior, que ponga en peligro inminente el imperio de la Constitución”, la decisión no es procedente. El organismo sostiene que no sucede ninguna de las dos situaciones sino que el país está ante “criminales que actúan al margen de la ley que deben ser aprehendidos, procesados y enjuiciados conforme al régimen legal ordinario”[14].
El comunicado agrega que “afirmar que un grupo armado de aproximadamente diez personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción, es reconocer la incapacidad de los órganos de seguridad conformados por más de 50 mil personas para controlar la delincuencia común organizada”. Concluye que no están precisadas las razones que justifican la decisión. Peor aún: no se determina los derechos afectados o restringidos, lo que “aumentará la prepotencia y arbitrariedad en la actuación d policías y militares en la zona”, de modo que ahora las múltiples violaciones a los derechos de las personas será justificados por el estado de excepción.
Por último, el parlamento acaba de aprobar la ley antiterrorista, algo que el gobierno rechazaba. Los dos senadores vinculados directamente al partido de Lugo fueron los únicos que votaron en contra. Carlos Filizzola dijo que el texto de la ley es demasiado general, que “deja al arbitrio de un juez interpretar qué es un acto terrorista” y advirtió que “puede ocasionar que una protesta social o el cierre de una calle sea calificado de acto terrorista”[15]. Es muy probable que sea precisamente eso lo que está buscando la derecha paraguaya, para lo cual la campaña de los medios sobre una guerrilla ha sido muy conveniente.
Estos días sucedió un hecho asombroso que echa luz sobre lo que se vive en el país. En su intento por detener a un supuesto miembro del EPP, un grupo de militares tomaron a tiros una comisaría de policía en Hugua Ñandú, Concepción, redujeron a los policías y los tuvieron horas boca abajo apuntándoles con sus armas. Los militares fueron acusados de robar armas y de “maltratar físicamente a los policías”[16]. Si esto sucedió a policías uniformados que estaban en una comisaría, puede imaginarse lo que sufren a diario los activistas sociales y lo que les espera en caso de un golpe de Estado.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.americas.org)
Recursos
Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay: www.codehupy.org
Diario ABC: www.abc.org.py
Mensuario E´A: http://ea.com.py
Diario Última Hora: www.ultimahora.com
Para mayor información
La nueva guerra sucia en México
https://www.americas.org/es/archives/2237
Los dilemas de Lugo
https://www.americas.org/es/archives/1860
[1] ABC, 7 de mayo de 2010.
[2] Página 12, Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
[3] Periódico E´a, Asunción, 30 de abril de 2010.
[4] Natalia Ruiz Díaz, “Estado de excepción con críticas y tímidos resultados”, IPS, 6 de mayo de 2010.
[5] Última Hora, Asunción, 8 de mayo de 2010.
[6] José Antonio Vera, “Paraguay en suspenso”, en Brecha, Montevideo, 30 de abril de 2010.
[7] Última Hora, 6 de mayo de 2010.
[8] Última Hora, 5 de mayo de 2010.
[9] Idem.
[10] Página 12, 4 de mayo de 2010.
[11] Clarín, Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
[12] Última Hora, 5 de mayo de 2010.
[13] Página 12, 3 de mayo de 2010.
[14] “Comunicado sobre el estado de excepción”, CODEHUPY, Asunción, 23 de abril de 2010.
[15] ABC, 7 de mayo de 2010.
[16] ABC y Última Hora, 9 de mayo de 2010.
