El 9 de abril dio inicio en Tecún Umán, Guatemala, el Viacrucis de Refugiados 2017 convocado por la organización “Pueblo sin Fronteras” que dirige el activista Irineo Mujica. Este viacrucis lo componen un grupo de alrededor de 300 migrantes entre los que viajan mujeres y niños que transitaron por la ruta migratoria mexicana para concluir en la Ciudad de México.
De acuerdo con uno de sus comunicados, su propósito fundamental es “escapar de la frontera sur, que ha confinado a muchas personas sin papeles al trabajo precario, la discriminación y la ausencia de protección estatal”,
Los testimonios que los participantes del Viacrucis han compartido, dan cuenta de una gran crisis de refugiados que demuestra que en Centroamérica, las personas son desplazadas de sus tierras y sus viviendas por dos categorías de extrema violencia, -la estructural, donde la población vulnerable, indígena y afrodescendiente es despojada de lo poco que tenían para dar paso a los “mega proyectos”, minería, turismo, hidroeléctricas, etc. que los deja sin ninguna posibilidad viable de sobrevivencia y por -la extrema violencia criminal que los acosa pertinaz y cotidianamente, amenazando sus vidas. El deterioro extremo de las condiciones de los países del triángulo norte centroamericano: Honduras El Salvador y Guatemala, ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas obligadas a huir, ya no solo de la crueldad de la pobreza, huyen para no morir en manos del crimen organizado.
La pertinencia de este viacrucis es evidente. Pone el dedo en la llaga cuando denuncia que debido a la gran dificultad de obtener los documentos que los acreditan como refugiados y al excesivo tiempo de espera, los solicitantes se quedan varados, sobreviviendo precariamente en las poblaciones fronterizas hasta que sus recursos y paciencia se agotan y un 30% desiste y sigue su camino.
México responde como acostumbra: poco, tarde y mal. La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria establece en su artículo 13 que la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo los siguientes supuestos enunciados en las fracciones segunda y tercera de la propia Ley:
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y
III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
En los años ochenta, a raíz del ingreso de 46,000 Guatemaltecos en nuestra frontera sur a causa de los conflictos armados, México creo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con el fin de “el estudio de los problemas y necesidades de la población refugiada, y proporcionarles protección en contra de la devolución y asistencia después de obtenido el reconocimiento de la calidad de refugiado”. En 1996, terminados los conflictos armados en Guatemala, fieles a nuestra tradición de país de refugio, el gobierno de México anunció una nueva disposición que consistió en abrir la posibilidad de regresar a su país o naturalizarse como mexicano para permanecer definitivamente en México, además, se implementó un programa de integración y de repatriación voluntaria, basado en el principio de “No Devolución”.
La situación actual no se parece en nada al México de los ochentas- No somos más el fraternal país de refugio, apenas se está reconociendo que efectivamente un gran número de centroamericanos son merecedores de documentarse como refugiados en México mientras que las estadísticas de la COMAR reflejan la realidad de una agencia que no tiene ni personal ni recursos ni voluntad para cumplir con su cometido. En 2015, la COMAR recibió 3,423 peticiones de las cuales solo fueron aprobadas 929. No cabe la menor duda que la tendencia va hacia un incremento sustancial que ya se refleja en las solicitudes recibidas entre noviembre de 2016 y marzo del 2017 cuando se presentaron 5,421 solicitudes de asilo, mientras que en el mismo periodo del 2015-2016 fueron 2,148. Las estadísticas y testimonios indican que México sigue negando una gran cantidad de las solicitudes de refugio al tiempo que la detención y deportación, que se agudizaron a partir de la implementación del programa Frontera Sur, ya superan las cifras de las deportaciones, desde los Estados Unidos y que se traduce en que no sólo está negando los derechos de los refugiados en territorio nacional, sino que impide que lleguen a los Estados Unidos a solicitar asilo.
En este contexto los migrantes en tránsito por México y los solicitantes de refugio tienen por enfrente un panorama desolador, mientras que todos los países involucrados, a la zaga de la crisis, apenas están reaccionando. El 6 y 7 de julio del 2016, se realizó la “Mesa Redonda de Alto Nivel de San José”, Costa Rica organizada por el ACNUR y la Organización de los Estados Americanos, donde participaron nueve países de América del Norte y América Central, incluido México y la asistencia de instituciones nacionales de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y academia, así como representantes de agencias de Naciones Unidas, instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los participantes acordaron una serie de respuestas consignadas en el documento Declaración de Acción de San José que entre otros considerandos incluyen.
Asegurar el acceso al territorio, así como al asilo y mejorar los mecanismos de recepción para los solicitantes de asilo y refugiados, reconociendo el creciente número de personas que huyen de los países centroamericanos afectados,
Fortalecer oportunidades para la autosuficiencia y la integración local de las personas refugiadas, incluyendo inversiones de fondos para el desarrollo,
Mejorar la cooperación y las alianzas regionales a través de la responsabilidad compartida, incluyendo un mayor compromiso por parte de las organizaciones de sociedad civil con actividades en áreas clave (administración de albergues, prestación de asesoría legal, entre otras).
Adicionalmente, en la Declaración de Acción de San José, México se comprometió, entre otros, a:
Incrementar la capacidad del sistema de protección internacional en México, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitudes de la condición de refugiado, a través del fortalecimiento de la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR en territorio nacional con el apoyo del ACNUR, y que se continuará trabajando para fortalecer la calidad y efectividad del sistema de determinación de la condición de refugiado.
Mejorar los procedimientos de elegibilidad, e introducir mejoras en materia de gestión y manejo de procedimientos.
Diseñar y poner en marcha medidas alternativas a la detención administrativa migratoria (“alojamiento”) de solicitantes de la condición de refugiado, en especial de niñas, niños y adolescentes.
A casi un año de distancia, no vemos que se estén cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Declaración de San José. Continuamos siendo el país de las grandes declaraciones y promesas, mientras que la realidad migrante se mantiene a niveles infrahumanos y la desesperación lleva a tomar acciones de protesta cada vez más valientes como el Viacrucis de Refugiados que volvió a tomar la bestia sin que la amenaza de la detención migratoria ni las guardias privadas que resguardan al tren fueran capaces de impedir que el reclamo de hombres, mujeres y niños llegara hasta la Ciudad de México y se presentara en el Senado de la República a manifestar su repudio al trato que México les obsequia expresando sus exigencias y gritando sus consignas:
¡¡Alerta!! ¡¡Alerta!!
Que camina
La lucha migrante por América Latina
Declaración de Acción de San José/ACNUR
Este artículo se publicó originalmente en Desinformémonos
