Al estado de Chihuahua le tomó 23 años reconocer que en la entidad existe un contexto de violencia sistemática y generalizada contra las mujeres, que se traduce en casos de desaparición, explotación sexual y feminicidio.
La noche del pasado sábado 18 de julio, por primera vez en la historia judicial del estado, se emitió una sentencia que en buena medida reconoce la existencia de un contexto feminicida en la entidad, luego de que las juezas María Catalina Ruíz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Roche Pineda declararon culpables de los delitos de trata de personas y homicidio agravado en razón de género a cinco de los seis acusados durante el juicio oral 267/2014.
Después de escuchar a más de 180 testigos –que incluyeron a sobrevivientes de trata de personas, expertas en violencia de género y familiares de víctimas– durante tres meses de audiencias orales, el Tribunal determinó que Jesús Hernández Martínez, César Feliz Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, José Antonio Contreras Terrazas y Manuel Vital Anguiano son culpables de ambos delitos.
Mientras que José Gerardo Puentes Alva fue hallado inocente, pues las juezas determinaron que no existían elementos suficientes para acreditar su culpabilidad, fallo que el Ministerio Público apelará.
Para las madres de víctimas, así como para la sociedad civil, el fallo si bien es un paso importante, representa un paso en el largo camino que aún deben recorrer las autoridades estatales para garantizar a las mujeres en Ciudad Juárez el acceso a la justicia y vivir libres de violencia.
Es de mencionar que si bien la parte acusadora estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas estuvieron en calidad de coadyuvantes, y en mayor medida cercanas a las familias de las víctimas.
El martes previo a que se dictara el fallo, las madres de las 11 jóvenes, acompañadas de organizaciones sociales, así como de otras madres de víctimas, realizaron una manifestación a las puertas de la llamada Ciudad Judicial, en la urbe fronteriza, para pedir a las juezas un fallo justo e histórico.
En esa oportunidad recordaron que los casos de sus hijas no deben verse como un hecho aislado pues los nombres de Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega, Jazmín Salazar Ponce, María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz y Andrea Guerrero Venzor forman parte de la lista de cientos de víctimas que comenzaron a registrarse desde 1993.
El viernes pasado, la defensa de los imputados presentó sus alegatos finales en los que pedía al Tribunal declarar inocentes a los acusados.
Al final de la audiencia, las juezas preguntaron a las madres y familiares si querían hacer uso de la palabra y manifestar algo. Susana Montes Rodríguez, madre de María Guadalupe Pérez Montes, tomó la palabra y pidió al Tribunal considerar que la desaparición de su hija mermó su salud, su economía y la provocó un contexto de desintegración familiar, al igual que ha ocurrido en cientos de familias que enfrentan la misma pena.
Norma Laguna, madre de Idaly Juache Laguna, pidió a las juezas dictar un fallo que “sirviera de ejemplo para las personas que quisieran hacer lo mismo y quieran andar comercializando con las niñas y mujeres, para que la pensaran dos veces antes de hacerlo”.
“Yo les dije a las juezas que a ellos (los imputados) tenían el privilegio de que su familia pudiera ir a visitarlos y verlos, pero nosotras no podíamos ver a nuestros hijas, porque ellos nos arrebataron la posibilidad de abrazarlas, y a ellas les arrancaron ese privilegio de abrazar a su familia, de realizar sus sueños”, contó Laguna en entrevista con Cimacnoticias.
En la audiencia también se dio el uso de la palabra a los imputados, quienes pidieron que se les declarara inocentes; tras esa intervención se determinó un receso de 24 horas para la deliberación final.
Pocos minutos después de las 9 de la noche del sábado, las juezas comenzaron a leer su fallo, en el que tomaron en cuenta lo dicho por los coadyuvantes en el caso y reconocieron el contexto de riesgo en el que viven las mujeres en la urbe fronteriza y al mismo tiempo fijaron que su resolución respondía a los diversos tratados, recomendaciones y acuerdos en materia de género que han sido ratificados por el Estado mexicano.
La audiencia final del juicio terminó pocos minutos después de las dos de la mañana del domingo 19 de julio.
En entrevista con esta agencia, Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, sostuvo que si bien “el fallo es un mensaje y siente un precedente importante, las organizaciones no pueden adoptar una actitud de triunfo, pues el proceso judicial continua por lo que resta a otros imputados y otras carpetas de investigación”.
Explicó que actualmente hay al menos dos procesos abiertos en contra de otros imputados, que incluso fueron mencionados por los testigos en diferentes etapas del juicio. A lo que se suma que aún es necesario iniciar diversos procesos y carpetas de investigación, ya que no sólo fueron localizados los restos de estas 11 jóvenes en el predio conocido como Arroyo el Navajo.
Se han podido identificar al menos 27 víctimas, más algunos restos que no coincidieron con ninguna de las muestras de la base de datos.
“También se deben considerar las víctimas que se registran desde los años 90 y aún no han accedido a la justicia y es importante mencionar que durante el juicio conocimos de muchas jóvenes víctimas de trata de personas y feminicidio de las que no tenemos registro, quiénes eran o cómo murieron, de esta magnitud es el problema que hoy se empieza a atender”, advirtió Marrufo.
Finalmente señaló que es indispensable que la Procuraduría General de la República investigue la presunta red de corrupción y complicidad que operó en estos casos entre los imputados y diversas autoridades judiciales.
La individualización de la pena se dará el próximo viernes cuando se dicten la sentencia y los años de cárcel para cada uno de los culpables.
