Por Oscar Mondragón/Desinformémonos
Mientras la ley peñista en telecomunicaciones (maquillada por Javier Lozano) discrimina a comunidades y sectores vulnerables, abre la puerta a que las empresas limiten a su competencia y no considera el acceso a internet como un derecho, la iniciativa “Internet para todos” es una oportunidad para reducir la desigualdad, fomentar la participación, construir una sociedad más equitativa y preparada, y colocar a políticos y gobierno en un escrutinio más cercano de la sociedad.
El 5 de marzo de 2013, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado recibieron la iniciativa ciudadana del colectivo Libre Internet para Todos (LIPT), como un proyecto de ley para garantizar el acceso libre a internet en México. A más de un año de la entrega de esta propuesta, los senadores cumplieron con su función burocrática de recibir el documento, firmarlo y enviarlo a la carpeta de archivos. El actual maquillaje a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones – realizado por el senador Javier Lozano al documento de presidente Enrique Peña – es sólo la muestra de que los intereses políticos y económicos se sobreponen al beneficio de los mexicanos.
En LIPT proponemos que se incluya la obligatoriedad del Estado para garantizar el acceso libre a internet en territorio nacional, con énfasis en comunidades de alta y muy alta marginación, así como en aquellas donde se establezcan proyectos educativos, de salud, trabajo y participación ciudadana basados en esta red. Este servicio público de conexión debe prestarse bajo los principios de libre acceso, neutralidad tecnológica y protección de datos personales.
Siendo el Estado garante del acceso a Internet, debe asumir la obligación de prestar el servicio apoyado en la infraestructura (recursos, muebles e instalaciones) de las entidades de la Administración Pública Federal, así como de la de las entidades federativas y los municipios, cuando medie convenio de colaboración con dichos niveles de gobierno. La Comisión Federal de Electricidad debe jugar también un papel fundamental, al ceder a la Comisión Federal de Acceso Libre a Internet el uso de su red de fibra óptica para hacer llegar el servicio a todo el territorio.
Se trata de establecer un programa estratégico de conectividad, como instrumento base para asegurar la prestación del servicio de manera incluyente y bajo altos estándares de calidad.
El acceso libre a internet permite e incentiva a la población a conseguir información y generar conocimiento sobre acontecimientos nacionales y mundiales, lo que a largo plazo, acompañado de políticas públicas que lo promuevan, se convierte en un impulsor de innovación que genera competitividad.
La actual ley peñista presenta un modelo de cobertura universal como programa y no como derecho. Con la posibilidad de que existan sitios públicos en oficinas de gobierno, discrimina abiertamente a comunidades que por su condición geográfica se encuentran lejos de los centros urbanos. Además, al no prever esquemas de acceso gratuito a sectores vulnerables, la iniciativa condena a millones de mexicanos a no acceder a la experiencia de internet.
La disposición del Artículo 186 sobre los sitios públicos de acceso a internet es particularmente grave, ya que deja abierta la posibilidad de no prestar el servicio, en términos de lo dispuesto por el párrafo 4 del Artículo 14 transitorio de la reciente reforma constitucional.
Internet para todos es una oportunidad para reducir la desigualdad, fomentar la participación, construir una sociedad más equitativa y preparada, y colocar a políticos y gobierno en un escrutinio más cercano de la sociedad.
A los legisladores se les olvida que el internet es un instrumento que favorece ampliamente a los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información. Por eso, cuando hablamos de neutralidad de red nos referimos a la no discriminación por tipo de paquete, protocolo o contenido, pero la actual ley pone en peligro el futuro del internet que actualmente conocemos y que utilizamos para comunicarnos, compartir información, crear y organizarnos libremente. Todo esto se ve vulnerado en el Artículo 146, al indicar que “los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”. Esta disposición va directamente en beneficio de los proveedores y no respeta el principio de la diversidad, y los habilita para afectar servicios que compitan con los suyos (como Skype y Netflix), pudiendo desde darles distinta velocidad o calidad hasta llegar a bloquearlos.
Libre Internet para Todos también plantea que haya una apertura de un mercado auténtico, el cual cuente con una variedad de oferentes que le permitan al usuario disponer de una amplia gama de servicios, calidad y precios en donde cada quien pueda elegir el que mejor le convenga.
Exhortar a las autoridades a que fulminen el monopolio que actualmente controla un sólo empresario, utilizando los recursos legales que le brinda la Constitución, nos dará el tan esperado paso hacia un mercado competente.
Con los espacios blancos, el Estado podrá proveer servicios de internet de banda ancha a los consumidores porque es espectro público, ya que son frecuencias de muy alta calidad capaces de penetrar árboles, bardas y llegar a largas distancias. Este espectro radial – actualmente subutilizado – se está convirtiendo en parte clave para proveer acceso universal a la banda ancha y además puede funcionar como una solución para la creación de nuevos dispositivos de conexión a internet.
Con las tecnologías inalámbricas, como la denominada “Super WiFi”, los gobiernos municipales pueden proveer de internet a sus ciudadanos adquiriendo esta clase de equipos junto con el mantenimiento de la conexión de fibra óptica. Así, aprovecharán el espectro público y ofrecerán a los mexicanos el servicio de forma gratuita. Nuestro objetivo es que todos los ciudadanos tengamos el servicio a internet, sin importar la condición económica ni la demarcación geográfica; que no haya restricciones en su uso, ni tampoco agentes espías en las redes.
