En El Salvador, los reportes sobre cadáveres abandonados en la carretera o en zonas poco transitadas son algo común. El país sigue manteniéndose en la lista de países violentos de Centroamérica. Solo en mayo la cifra de homicidios alcanzó los 484 muertos.
Mientras que el gobierno se niega a tratar el tema de las desapariciones como un problema de país y sus funcionarios prefieren decir que el país se está convirtiendo en un lugar “cool” para visitar. “Al fin la gente ya no nos ve a El Salvador como el reino de la guerra o como el reino de las pandillas. Hoy nos ven como el país más cool de Latinoamérica”, dijo el jefe de los diputados oficialistas Cristian Guevara en una de las sesiones de la Asamblea Legislativa.
“Siguiendo la de levantar escenarios ilusorios de avance y éxito de la gestión gubernamental, es de esperar que en lugar de generar investigaciones de calidad técnica para encontrar a las personas desaparecidas, más bien se monte próximamente un nuevo escenario protagonizado por el expolicía, ahora en calidad de testigo criteriado y beneficios legales- Para eso cuentan con su propio fiscal, en función de intereses de ocultar la verdad y mantener una permanente campaña proselitista”, dijo la experta en derechos humanos, Celia Medrano, al Americas Program.
A mediados de mayo de este año, tras responder a una llamada de emergencia, la policía encontró una casa que parecía sacada de un guión de alguna película de terror en la que hasta ahora han encontrado docenas de cadáveres enterrados, la mayoría de niñas y mujeres. Los detectives que continúan exhumando restos humanos creen que en el lugar hay por lo menos 40 cuerpos. La vivienda, que está localizada en una zona rural de Santa Ana, en Chalchuapa al occidente de la capital salvadoreña, es propiedad de un ex policía retirado. Agentes de la Policía salvadoreña llegaron para investigar sobre el asesinato de una mujer y su hija que ocurrió en la propiedad- Más tarde ,Hugo Ernesto Osorio Chávez, el expolicía, confesó haber asesinado a estas dos personas.
El Sindicato de Empleados y Empleadas Judicial de El Salvador, que incluye a trabajadores y forenses de Medicina Legal (SEJES) denunció que el director de la instancia, Pedro Martínez, ordenó a los forenses que no se realicen las pruebas para determinar las causas de la muerte de todos los restos encontrados en las fosas en Chalchuapa.
“Hay protocolos a seguir, lineamientos estandarizados de cómo se hace el procedimiento de autopsia, es nuestra función principal. Y cuando nos dicen que hagamos otro tipo de exámenes incompletos, se está sesgando la información, se está sesgando la realidad. Son medidas arbitrarias, peligrosas y nos debemos a la sociedad que demanda peritajes robustos y se está centralizando la información”, dijo a periodistas María de los Ángeles Álvarez, forense de Medicina Legal.
En la casa había al menos siete fosas con restos humanos. Osorio ya había sido investigado por delito sexuales y por violación antes y según dijo la Policía en los últimos años ha sido miembro de una banda criminal que opera en la zona occidental del país. Cuando se habló de la participación de otras diez personas en el caso, la Fiscalía anunció que a cambio de colaboración le había dado al expolicía el beneficio de participar en el caso como testigo protegido.
Desde que se supo la noticia muchos salvadoreños se han acercado a la zona donde continúan las excavaciones con la esperanza de tener noticias, buscando a sus hijos, hermanos o familiares desaparecidos. De acuerdo con datos recabados por organizaciones de derechos humanos, hasta ahora 5,381 salvadoreños se encuentran reportados como desaparecidos.
Pero la prensa rápidamente desvió la atención del público del macabro hecho luego que el presidente Bukele anunciara el uso de “bitcoin” como moneda en el país.
El gobierno de Bukele se ha caracterizado además por esconder y bloquear el acceso a la información, especialmente la información relacionada con la corrupción, los asesinatos, la violencia y los salvadoreños desaparecidos. En abril, el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista en un canal de televisión salvadoreño, que el dato de las desapariciones en el país es “una sensación” provocada por la reducción de homicidios.
“No es extraño que un gobierno que ha logrado una alta concentración de poder, basado en un complejo y eficaz aparataje de mentiras tenga como prioridad ocultar la verdad en detrimento de los derechos y el sufrimiento de víctimas de crímenes tan horrendos como la desaparición y desaparición forzada de personas”, dijo Celia Medrano.
Israel Ticas, forense experimentado de la Fiscalía, fue sancionado por haber confirmado a los medios de comunicación que en el terreno había por lo menos unos 40 cuerpos y restos humanos. Varios periodistas que cubrieron el hallazgo dijeron al Americas Program, que empleados de Casa Presidencial llegaron al lugar e impidieron que todos los periodistas no oficiales tuvieran acceso a la información.
“Al principio, los forenses que están en la escena nos dijeron que es muy probable que haya más de 40 cadáveres en la casa, pero poco después de que todos los medios empezaron a llegar, llegó gente de Casa Presidencial que nos dijo que toda la información la iban a manejar ellos y de ahí todo ha sido bien hermético”, dijo una periodista salvadoreña que estuvo en la casa, donde aún se realizan excavaciones para recuperar más cuerpos y restos humanos.
Dos semanas después, el ministro de Seguridad pidió públicamente a las personas que tienen familiares desaparecidos no publicar fotos y mensajes de denuncia, sobre las desapariciones y además, criticó el uso de las redes sociales para hacer estas denuncias. Un mes antes de que se encontraran los cuerpos en la propiedad del ex policía, el director de la Policía salvadoreña, Mauricio Arriaza Chicas, restó importancia a las denuncias sobre desaparecidos y negó los datos.
Entonces, el jefe de la policía confirmó que desde marzo hay un incremento de denuncias o quejas por personas desaparecidas, pero dijo que esto se debe a que los desaparecidos cambian de domicilio o dejan el país sin informarle a sus familiares al respecto. “Hemos tenido un leve incremento, pero en realidad estos casos tienen multicausas, los factores ocasionan que una persona se vaya de un lugar a otro o que salga del país”, aseguró el jefe policial.
Ni el presidente, ni la primera dama del país, ni otro funcionario de alto rango del gobierno salvadoreño han hablado o han enviado algún mensaje sobre los cuerpos que siguen encontrando en la casa del expolicía. Los diputados oficialistas se negaron a rendir un minuto de silencio en la sesión de la Asamblea la semana pasada.
Esta semana, miembros de la PNC dijeron a algunos periodistas que el expolicía tiene otra casa en Zacatecoluca, al norte de la capital salvadoreña y que no descartan la posibilidad de que en la propiedad haya también cadáveres escondidos.
